Fuente: Programa de las Américas
El 11 de marzo del corriente el gobierno argentino estableció un incremento de las retenciones sobre las exportaciones de soja, elevando el canon del 33% al 44% y aplicando un sistema de retenciones móviles que varía de acuerdo al precio internacional de la soja. La respuesta por parte de los productores sojeros no dejó de esperarse.
El objetivo declarado del incremento en las retenciones fue el de dar un paso en los intentos del gobierno en la redistribución de la riqueza al mismo tiempo que intentar frenar el avance del monocultivo de soja apoyando con esos fondos otras producciones.
Pocos días después cuatro entidades del agro (Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa y la Federación Agraria Argentina) que agrupan a distintos sectores de los productores sojeros (desde los grandes terratenientes a los medianos y pequeños productores) lanzaron en conjunto un lock-out agrario, cortando las principales rutas de transporte de alimentos y provocando un grave problema por el desabastecimiento de alimentos. El único reclamo de estas protestas es el de la eliminación de esta medida.
Junto a ellos, los poderosos medios de comunicación ligados a estos intereses empresariales inundaron los noticieros hablando de un "paro histórico" y de la vuelta de los "cacerolazos". Muy lejos están estos cacerolazos de aquellos que se hicieron oír en todo el mundo en diciembre del 2001.
A pesar de la invitación al diálogo de la presidenta, las organizaciones rurales han decidido continuar con la medida de fuerza creando un panorama de incertidumbre e inestabilidad insólito por ser producido por el sector que más se enriqueció en los últimos años con la situación creada en Argentina a partir de la devaluación del año 2002.
Muy lejos de ellas las organizaciones campesinas apoyan las retenciones pero exigen una profundización de las medidas que reviertan el modelo de "republiqueta sojera" instalado en la Argentina a partir de la década de los 90.
Frente a la actual crisis provocada por el cierre patronal de los productores rurales de soja, vale la pena detenerse a mirar un poco más allá de la actual coyuntura para entender de qué se trata y poder dar una mirada que no oculte detrás de un árbol el bosque de problemas que nuestra sociedad enfrenta. Sin embargo parece que el avance de la frontera agrícola durante las últimas décadas nos ha dejado no solamente sin bosques reales sino también sin la capacidad de ver los bosques de ideas que se ocultan detrás de esta situación emergente.
Sin duda el debate sobre la necesaria distribución de la renta agraria o la manera de aplicar las retenciones a grandes y pequeños productores es parte de un proceso necesario y adeudado por la sociedad argentina.
Pero de ninguna manera podemos dejar de analizar como hemos llegado a esta situación, cuáles son los verdaderos problemas que enfrentamos y sobre todo, cuáles son las consecuencias de un modelo que ha invadido la Argentina en tan sólo 12 años. Este modelo produce ganancias espectaculares para algunos y problemas gravísimos para toda una sociedad que aún no reacciona, aturdida por los cantos de sirena de las "producciones record".
El avance de la soja
Fue a mediados de la década del 90 cuando el gobierno menemista, de la mano del entonces Secretario de Agricultura Felipe Solá, autorizó el cultivo de la soja transgénica en Argentina. A partir de allí, en un crecimiento nunca antes registrado en la historia de la agricultura mundial, la soja transgénica comenzó a invadir nuestra tierra para llegar a ocupar hoy más del 50% de la superficie agrícola.
La imposición de este modelo sin ningún tipo de regulación gubernamental abrió las puertas para lo que acertadamente algunos investigadores dieron en llamar "una maquinaria de hambre, deforestación y devastación socioecológica" 1 en la que la destrucción de hábitat, la pérdida de bosque nativo, la invasión de transgénicos, el monocultivo, la contaminación ambiental, el desplazamiento de producciones regionales, la concentración de la tierra y el desplazamiento de la población rural formaron un combo explosivo del que todos los argentinos pagaremos las consecuencias.
Abordemos solamente uno de los impactos de este modelo: la situación de los suelos. Es absolutamente imprescindible tomar conciencia de que con las exportaciones de soja lo que estamos haciendo es vender uno de los más ricos de los recursos naturales que poseemos los argentinos que es nuestro suelo. La brutal extracción de nutrientes que se realiza en las 17 millones de hectáreas de soja que parten hacia China o la Unión Europea para engordar su ganado va desangrando nuestro territorio, dejando tierra rasa para las futuras generaciones.
No en vano el gobierno nacional anunció junto al aumento de las retenciones un plan de apoyo para la fertilización agrícola. Lo que el gobierno no comprende es que no hay ningún tipo de fertilización a gran escala que pueda devolver la vida a un suelo que ha sido esquilmado de la manera en que se lo está haciendo.
Pero por otra parte este suelo no es "propiedad" de los propietarios de la tierra, sino que, como recurso natural y tal como lo plantea la Constitución Argentina en su reforma de 1994, es un patrimonio de todos los argentinos. Vale la pena recordar su artículo 41: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo … Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales".
Por otro lado la misma Constitución plantea en su artículo 17 el reconocimiento de "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos" y allí se compromete a "Garantizar el respeto a su identidad … y Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten".
Ninguna de estas obligaciones ha sido cumplida hasta ahora por el Estado Argentino y esta es una de las principales deudas internas tanto con el total de la sociedad como con los pueblos indígenas. Tampoco ninguna de las entidades rurales que hoy protestan ha hecho absolutamente nada en resguardo de estos bienes comunes. Todo lo contrario: cada productor ha avanzado hasta donde pudo (incluyendo banquinas) con el desierto verde de la soja.
Los verdaderos ganadores
Por supuesto que los "padres" del modelo, las grandes corporaciones agroalimentarias (Monsanto, Syngenta, Cargill) permanecen silenciosas y no emiten ninguna declaración ni opinión ni están presentes en los cortes de ruta.
Sin embargo ellas han sido las que, como acaba de definir Raúl Montengro 2, nos han hecho "rehenes de Monsanto" con la invasión de soja transgénica que hoy representa el 99% de los cultivos de soja en Argentina. Mientras los sojeros argentinos cortaban las rutas, Monsanto anunciaba el día martes 25 en Nueva York el aumento de su pronóstico de ganancias para el 2008 "citando la fuerte demanda de maíz y semillas de soja y la mayor demanda de herbicidas" 3 y a principios del 2008 informaba que había triplicado sus ganancias con respecto al mismo trimestre del año anterior 4.
Evidentemente no se muestran muy preocupados por las retenciones en Argentina.
Tampoco Cargill, Dreyfus, ADM o Bunge son parte de la protesta, aunque como bien lo señala el Grupo de Reflexión Rural 5 ellos son los verdaderos exportadores y quienes deberían estar asumiendo el costo de las retenciones.
Ni siquiera son de la partida algunos de los grandes pooles de siembra, como el grupo Grobo de Gustavo Grobocopatel que no pertenece a ninguna de las entidades que convocan a la protesta y que representan la mayor parte del cultivo de soja en Argentina, pero a los que seguramente poco les afecta un 10% más o menos de retenciones.
Soberanía Alimentaria
Las organizaciones campesinas e indígenas han expresado claramente su rechazo a este modelo desde hace más de una década. Ya en la "Marcha por la defensa de nuestros derechos, Contra la precarización de la vida, el saqueo de los bienes naturales y la contaminación" realizada el 24 de septiembre del 2007 hablaban de "Un saqueo paulatino que en algunos años nos dejará sin las riquezas de la naturaleza. Riqueza que para ellos son recursos. Pero para nosotros son los bienes naturales y culturales de nuestros pueblos." 6
Ahora, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), integrado por 15,000 familias de siete provincias, con absoluta claridad plantea que "esta es una oportunidad para redefinir las estrategias de desarrollo en función de la agricultura campesina indígena, el pequeño agricultor que vive en su predio, el trabajador rural. Esa estrategia debe contar como actores fundamentales a las organizaciones campesinas y los pueblos originarios, destinar recursos a créditos y subsidios que mejoren la infraestructura comunitaria, productiva y de servicios sociales en el campo profundo, detener los desalojos de familias campesinas e indígenas, planificar la redistribución de la tierra y el repoblamiento del campo, garantizar la producción de alimentos sanos para la población y centralizar en el Gobierno las exportaciones para regular los precios internos y redistribuir los ingresos." 7
Es hora de que escuchemos a quienes siempre han alimentado a nuestro pueblo y lo seguirán haciendo en el futuro a pesar del agronegocio y los discursos rimbombantes de la gente "del campo". Es hora de que aprendamos a ver el bosque y cuidarlo.
Carlos A Vicente es responsable de información para América Latina de GRAIN (www.grain.org ) y contribuidor al CIP Programa de las Américas (www.ircamericas.org).
Referencias
- La soja transgénica en América Latina: una maquinaria de hambre, deforestación y devastación socioecológica, http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/23297
Recursos
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