Brazos Extendidos Para Aborto Seguro en Mexico

(IPS) – Desde antes de las cinco de la mañana, decenas de mujeres hacen fila al costado de una clínica de la capital de México. Vienen acompañadas por sus madres, hermanas, amigas, novios o esposos. Otras, las menos, llegan solas.

Sentados sobre la acera, mujeres y acompañantes intentan dormitar, pese al frío, mientras amanece y comienza la repartición de fichas para ser atendidas. Sólo las primeras 30 lo lograrán. El resto tendrá que regresar otro día.

El sistema de salud local dispone de 15 hospitales para garantizar el derecho de las mujeres a un aborto seguro, pero la Clínica de Salud Reproductiva Beatriz Velasco concentra la cuarta parte de las interrupciones legales de embarazos registradas en la capital mexicana desde abril de 2007.

Entonces, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, asiento de buena parte de Ciudad de México, aprobó una ley que permite el aborto hasta las 12 semanas.

“Los hombres son rebuenos para traerlas aquí, pero no para hacerse cargo de mantener a los niños”, comentó a IPS una madre que acompañaba a su hija menor de edad en la fila una madrugada.

Detrás, una oficinista confió que era la tercera vez que intentaba conseguir turno y que nadie en su familia o su trabajo sabe de su embarazo. “Aunque digan que no, todavía hay muchos prejuicios y sí te marcan (estigmatizan)”, aseguró la joven. “Ya tenemos dos hijos y este año los dos quedamos desempleados, así que ni me cuestiono otra cosa”, explicó secamente otra mujer, arropada por su esposo.

En tres años, unas 65.000 mujeres consultaron sobre los procedimientos y 40.000 ejercieron su derecho a decidir, informó este mes la Secretaría de Salud distrital. De éstas, 9.500 viven en otros estados y se desplazaron a la capital para poder abortar en forma segura y legal.

La gran mayoría proviene del vecino estado de México, por la que se expande esta megalópolis latinoamericana de cerca de 20 millones de habitantes. El resto, unas 1.200 mujeres, tres por ciento de los casos, provienen de los otros 31estados del país.

Entre ellas, 550 mujeres interrumpieron legalmente su embarazo el último año gracias a un grupo de jóvenes que trabaja en el Fondo de Aborto para la Justicia Social Maria.

Maria (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento) fue creado en mayo de 2009 para suministrar información, apoyo y recursos económicos a quienes quieren abortar y no residen en la capital.

“Se trata de hacer que la ley del Distrito Federal extienda sus brazos”, dijo a IPS Oriana López Uribe, directora operativa del proyecto.

Maria integra la Red Nacional de Fondos de Aborto de Estados Unidos y recibe financiamiento de organizaciones mexicanas que trabajan a favor de la salud reproductiva. Desde diciembre cuenta además con una red de donantes individuales para fortalecer la seguridad económica del proyecto, que ya alcanza a 203 miembros.

Es un sistema novedoso, al que se puede aportar incluso con tarjetas de regalo. Actualmente, el objetivo del grupo es capacitar a los acompañantes, que hasta ahora efectúan un apoyo “más bien logístico”.

“El concepto de que es un derecho es todavía muy débil. Lo sienten, más que tenerlo claro, como que hay una discrepancia entre lo que creen y lo que es correcto, y lo que les han dicho”, dijo López.

El Distrito Federal es gobernado desde 1997 por el izquierdista y opositor Partido de la Revolución Democrática.

En abril de 2007, su parlamento reformó el Código Penal y aprobó la ley de Interrupción Legal del Embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación.

Según el gobierno distrital, 83 por ciento de los abortos se realizan con medicamentos, 12 por ciento por aspiración y en cinco por ciento por legrado.

La ley provocó una contrarreforma de los sectores más conservadores de México, impulsados por la jerarquía de la Iglesia Católica y ahora en 18 estados se criminaliza el aborto incluso en los tres supuestos que está despenalizado en el país: peligro de muerte para la madre, incesto o violación y malformación fetal.

La Suprema Corte de Justicia debió ratificar el 27 de mayo la obligación de todos los centros de salud de ofrecer a las víctimas de violación la píldora anticonceptiva de emergencia, como establece la Norma Oficial Mexicana 046, ante una demanda del derechista gobernador del estado de Jalisco, Emilio González, contra su aplicación.

Católicas por el Derecho a Decidir lanzó el 31 de mayo la campaña “Otra mirada católica del aborto”, a través de grandes vallas publicitarias y anuncios radiales.

Precisamente, de los estados de Jalisco, México, Puebla, Veracruz y Oaxaca, todos en el centro y sur del país, proceden la mayoría de las mujeres que acude al Fondo Maria.

“No podemos hacer difusión directa en los estados, porque estaríamos invitando a hacer algo que es ilegal en parte de ellos. Pero creamos redes con organizaciones y buscamos medios aliados”, explicó López.

Las mujeres se contactan mediante correo electrónico, un formulario en la página digital del fondo o una línea telefónica gratuita.

“Para nosotras es mejor el teléfono, porque podemos platicar”, planteó.

“No asumimos de entrada que quieren interrumpir el embarazo”, dijo la activista, y detalló que suministran a las mujeres apoyo sicológico e incluso espiritual, en alianza con otras organizaciones, como Católicas por el Derecho a Decidir.

Si la gestante determina que quiere abortar, se traslada a la capital un día antes de la intervención y se aloja en un hotel cercano a la clínica.

En casos especiales se utiliza la atención privada. Por ejemplo, cuando la mujer fue violada y requiere apoyo psicológico, o cuando le es imposible faltar a su trabajo, dado que los centros públicos sólo realizan las interrupciones voluntarias los días laborables.

Según el gubernamental Consejo Nacional de Población, el aborto es la tercera causa de muerte entre las embarazadas en México. Las más afectadas son mujeres jóvenes y pobres, precisa el Grupo de Información en Reproducción Elegida.

De las mujeres que han interrumpido el embarazo en el Distrito Federal, más de 2.000 eran niñas o adolescentes, 5,5 por ciento del total, y unas 300 tenían menos de 14 años.

Maria ha apoyado unos 60 casos de menores de 18 años, aunque el promedio de edad de quienes solicitan ayuda es de 20 años.

“Es un trabajo difícil, porque escuchas historias que no siempre son agradables y hay que tener habilidad para no engancharte, porque no ayudas si te metes al pantano con ellas”, dijo López.

“El objetivo del Fondo no es asistencialista, sino que da a las mujeres las herramientas para que se hagan cargo de su cuerpo y de su vida, y que tengan conciencia de que es un apoyo para ejercer un derecho, no un favor”, concluyó.