Las escenas recientes de bloqueos de carreteras, huelgas e incluso un atentado con dinamita en la casa de un vice-ministerio en el departamento boliviano de Potosí, recuerdan los tiempos de los anteriores gobiernos neoliberales y han dejado a muchos preguntándose qué está sucediendo realmente en la “nueva” Bolivia del presidente indígena Evo Morales.
Desde el 29 de julio, la ciudad de Potosí, que tiene 160.000 habitantes, se ha parado abruptamente. La gente está enardecida y preparada para luchar por lo que ellos perciben como una falta de apoyo del gobierno nacional para el desarrollo regional.
Potosí es el departamento más pobre del país, pero el más importante para la industria minera, que está a punto de superar al gas como principal producto de exportación, debido a los crecientes precios de los minerales.
Julio Quiñonez, líder de una cooperativa de mineros, dijo a El Diario el 4 de agosto: “No queremos seguir siendo la vaca lechera de la cual todas las otras regiones viven, como siempre lo han hecho. Potosí puede avanzar mediante la independencia, la federalización o la autonomía, como se ha establecido en la Constitución.”
Los medios locales informaron que 100.000 personas asistieron a una manifestación en la ciudad de Potosí el pasado 3 de agosto. También iniciaron una huelga de hambre más de 600 líderes políticos y sociales incluyendo el Gobernador, algunos diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), aliados con Morales, y 20 trabajadores sexuales.
Lo que provoca las manifestaciones es una antigua polémica sobre la demarcación de la frontera con el vecino departamento de Oruro, luego de que se descubriera que una colina en la zona contiene los minerales que se usan para hacer cemento.
La gente está exigiendo que el gobierno invierta más en la región, de allí su descontento por la irresolución de un departamento pobrísimo cuya tasa de mortalidad infantil es de 101 de cada 1.000 infantes nacidos –pese a tener el 50% del litio del mundo.
Los pobladores proponen construir una fábrica de cemento, terminar una carretera entre Potosí y el departamento de Tarija, la reapertura de la planta metalúrgica Karachipampa, y abrir un aeropuerto internacional para este destino turístico de Bolivia.
Otra exigencia es la preservación de Cerro Rico, montañas legendarias con vista a la ciudad de Potosí que tenían la mina de plata más grande del mundo. Ahora están en peligro de derrumbarse como resultado de siglos de saqueo rapaz que data de la época colonial, cuando Potosí era del mismo tamaño que Londres y financió gran parte del desarrollo de Europa.
Los pobladores locales han ocupado una planta eléctrica y amenazan con cortar el flujo del suministro de una propiedad vecina a la mina japonesa San Cristóbal –la más grande de Bolivia.
Las provisiones de comida y otros productos esenciales se están agotando.
Se han levantado muchos de los bloqueos de carreteras, pero las negociaciones entre el gobierno y las autoridades locales se estancaron cuando exigieron la presencia del presidente Morales y no sus ministros “de derecha”.
Mientras tanto, el pueblo de Uyuni, en el sur del departamento, famoso por sus lagos de sal y las reservas de litio de Bolivia, votó el 12 de agosto en contra de las manifestaciones organizadas por el Comité Cívico de Potosí. Pues afirman que dicho comité busca que se construya una planta de procesamiento de litio más cercana a la ciudad para que solo Potosí se beneficie.
También están exigiendo que el gobierno instale un sistema eléctrico interconectado en Uyuni y que se construya la autopista Uyuni-Huancarani.
Estas protestas fueron precedidas por otras semejantes aunque en menor medida como la protesta de obreros respecto de sus sueldos; los enfrentamientos entre organizaciones campesinas rivales de la localidad de Caravani por la nueva ubicación de una planta procesadora de cítricos, y una marcha donde los pueblos indígenas amazónicos exigen ser consultados antes de cualquier acción estatal para explotar recursos naturales.
Estas son señales de alerta de algunos de los desafíos que enfrenta el proceso de cambio en Bolivia.
Para entender las protestas es necesario examinar la relación que existe entre los movimientos sociales, el gobierno y Morales.
El MAS, o el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), como se conocía originalmente, emergió como resultado del proceso de descentralización del sistema político a través de la creación de municipios y diputados locales de la Asamblea Nacional en los principios de los 90, como por la crisis que sucedió en el sistema político durante el mismo periodo.
Cuando los partidos políticos tradicionales que gobernaban estuvieron en un estado de decadencia terminal, y cuando los antiguos grupos izquierdistas se habían desintegrado o incorporado al sistema partidario tradicional, fueron las organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia que gestaron su “instrumento político”, con el objetivo de entrar en la arena política y cambiar desde la resistencia al poder.
El centro de este nuevo instrumento político era la confederación campesina, CSUTCB, las “Bartolinas,” una confederación de mujeres campesinas; la confederación de colonizadores, CSCB (conocido como Comunidades Interculturales, CSIB), y los cocaleros de Chapare, de cuales emergió Morales.
Tras ganar el control de una serie de consejos y algunos escaños del Congreso, los cocaleros se convirtieron en el núcleo alrededor de cual varias organizaciones regionales y sectoriales se fusionaron en los fines de los 90 para crear el IPSP (más conocido como MAS, su nombre inscrito electoralmente).
En el 2ooo, un importante ciclo de la lucha revolucionaria estalló, a partir de la oposición a la privatización del agua en Cochabamba y los levantamientos para apoyar la autodeterminación indígena en el altiplano aymaras.
La primera ola de este ciclo culminó con el derrocamiento del presidente Gonzalo Sanchez de Lozada, en octubre de 2003, cuando un gran conglomerado de organizaciones obreras, campesinas, e indígenas se unieron contra los intentos del gobierno para exportar gas hacia Chile a un precio ínfimo. El movimiento exigió la renuncia del presidente después de la masacre de más de 60 personas.
Una segunda ola de resistencia derribó al sucesor de Sanches de Lozada en junio 2005, nuevamente se trató de diversas organizaciones luchando por el asunto de gas. Esto facilitó el camino para el triunfo de Morales en las elecciones presidenciales en diciembre de 2005, con una mayoría histórica de 54.7% del voto.
La resistencia feroz de la élite tradicional, que sentía que estaban siendo desplazados del poder, provocó la tercera y más poderosa ola revolucionaria en este ciclo de lucha.
Instalada en los estados orientales más adinerados, la oposición de derechas desencadenó acciones con la meta de derrocar a Morales. No obstante, las acciones conjuntas del gobierno de Morales, de los movimientos sociales, y de las fuerzas armadas aplastaron el golpe de estado intentado en septiembre 2008, un acontecimiento del que la oposición aún no se ha recuperado.
Irónicamente, mientras su base electoral creció al 64% en diciembre 2009, el MAS fue debilitado en gran medida.
El MAS nació en el campo, donde las estructuras del “instrumento político” y las organizaciones campesinas e indígenas eran uno solo. Pero comenzó a expandirse hacia las ciudades después de su victoria en el 2005, cuando las organizaciones sociales eran mucho más débiles y la afiliación individual prevalecía.
En muchos casos, debido a la falta de profesionales entrenados en las organizaciones campesinas e indígenas, Morales tuvo que confiar con “invitados” de la burocracia estatal existente para gestionar el Estado.
La mayor parte del primer gabinete provenía de estos sectores, lo que causó preocupación entre las organizaciones fundadoras del MAS, quienes sentían que no estaban siendo tratados como debía ser, con las cuotas en el gobierno.
Si bien las organizaciones sociales relativamente autónomas se unieron para defender “su” gobierno durante los momentos de intensa confrontación, también han tendido a retirarse a exigencias más locales y sectoriales.
Ahora en el gobierno, muchos de estos grupos han empezado a ver el MAS como un medio al acceso del empleo en la administración pública, al igual que como hacían las clases medias con sus partidos cuando tenían poder.
La ausencia de estructuras internas en el MAS que permita un debate sobre su futuro causó que se volviera cada vez más irrelevante, nada más que como un lugar para buscar empleo.
Por encima de todo esto estaba Morales: al mismo tiempo que él lidera el proceso de cambio, es jefe de estado, líder del MAS y aun sigue como cabecilla del sindicato de cocaleros en Chapere.
Como un MAS debilitado, Morales cada vez desempeña el papel de mediador entre los ministros, las organizaciones sociales, los partidarios, los militantes, y los ¨invitados¨.
Esto creó un aumento en los reclamos hacia el gobierno por varios sectores, los que habían apoyado ¨su¨ gobierno a través de las batallas intensas en los últimos años, quieren que les resuelvan todos los problemas heredados durante siglos de colonialismo.
Con esto, el gobierno encuentra varios desafíos. Hay una burocracia estatal que trabaja más para socavar de antemano los proyectos del gobierno, y organizaciones sociales con problemas políticos heredados de la sociedad anterior. El gobierno afirma que es imposible resolver de la noche a la mañana problemas que han existido por siglos.
Según un artículo publicado por Pablo Stefanoni, el 9 de agosto, Morales considera como problemas claves la lucha contra el narcotráfico y contrabando, los bajos niveles de la inversión pública, las ambiciones personales y la industrialización de recursos naturales.
¨Es en la construcción del estado donde sucederá el éxito o fracaso de las reformas actuales¨, dijo Stefanoni.
Pero para hacer eso, es necesario reconstruir un instrumento político que realmente pueda convertirse en un espacio del intercambio de ideas y debates sobre el futuro del proceso, capaz de generar propuestas y unir los esfuerzos necesarios para implementar un proyecto coherente de cambio.
De lo contrario, la indecisión, la improvisación, la inacción y la incoherencia seguirán dificultando el proceso de cambio en Bolivia.