Activistas Mexicanas en riesgo luego de haber recibido amenazas de muerte Amnistía Internacional ha instado a las autoridades mexicanas a proporcionar protección para dos prominentes mujeres activistas que han sido forzadas a huir sus casas después de recibir amenazas de muerte por su trabajo en los derechos humanos.
Marisela Ortiz y Maria Luisa García Andrade dejaron Ciudad Juárez, el estado de Chihuahua en donde continúa una campaña de acoso e intimidación. Las amenazas siguen una tendencia de ataques contra mujeres defensoras de derechos humanos en el estado de Chihuahua , en donde las autoridades mexicanas han fallado al realizar investigaciones efectivas.
“Las vidas de estas mujeres activistas, y de sus familias, están en peligro y el gobierno debe tomar medidas urgentes para protegerlos,” dijo Susan Lee de Amnistía Internacional.
“Las autoridades también deben investigar las amenazas y los ataques recientes contra Marisela Ortiz y Maria Luisa García Andrade y llevar ante la justicia a los responsables”.
Temprano el pasado 10 marzo, una gran manta fue colgada en la escuela donde Marisela Ortiz enseña, en donde se leía: “Si quieren seguir ayudando la perra llamada Malu, jodiendo a la maestra Marisela Ortiz, dañaremos a su familia comenzando con su hijo Rowe, a quien ya lo tenemos en la lista”.
Las mantas mostradas públicamente contienen amenazas que son frecuentemente utilizadas por grupos del crimen organizado en México. El 16 de febrero, la casa de Maria Luisa (Malu) García Andrade fue atacada al ser incendiada por individuos desconocidos.
Marisela Ortiz y Maria Luisa García Andrade son bien conocidos por su activismo como defensores de los derechos humanos al fundar la Asociación Nuestras Hijas de Regreso un Casa y por hacer campaña por hacer justicia y poner fin a la impunidad para el secuestro, violación y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez.
En 2008, la Comisión de Interamericana en Derechos humanos le ordenó a México proteger a Marisela Ortiz y Maria Luisa García Andrade.
Sin embargo, el gobierno ha fallado al no otorgarles ninguna protección y los responsable de amenazas y actos de intimidación no han sido identificados ni han sido llevados a la justicia.
Josefina Reyes, que había sido una gran activista en protestas contra la violencia ligada a violaciones a los derechos humanos cometidas por el crimen organizado y por el ejército, fue asesinada cerca de Ciudad Juárez en Enero de 2010. Cuatro de los miembros de su familia han sido también asesinados desde que ella murió.
En diciembre 2010, la activista local Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada en la plaza principal de la Ciudad Juáraez durante una protesta en donde demandaba justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo.
El 10 de enero 2011, el cuerpo de Susana Chavez, defensora de los derechos humanos, fue encontrado en Ciudad Juárez central.
La violencia ligada al crimen organizado ha crecido en espiral en México desde 2007.
En los medios se han reportado más de 30.000 asesinatos en Ciudad Juárez, todos ellos relacionados con los cárteles de la droga.
La administración del presidente Felipe Calderón ha procurado combatir los cárteles de la droga desplegando a miles de policías federales y a más de 50.000 militares en las áreas de mayor afectación, pero esto no ha reducido la violencia sin embargo los reportes de abusos por el ejército han aumentado considerablemente.