Elliot Abrams, un antiguo funcionario de alto rango del Departamento de Estado durante la década de 1980, declaró la semana pasada que el Gobierno de Reagan estaba al tanto de los robos sistemáticos de bebés pertenecientes a activistas de la democracia asesinadas o encarceladas cometidos por la junta militar de Argentina, y de la posterior entrega de los bebés a familias de derecha amigas del régimen.
En una reunión con el embajador de la junta en Washington, el 3 de diciembre de 1982, Abrams sugirió que la dictadura podía “mejorar su imagen” implementando, junto con la Iglesia Católica, un método para devolver a los niños, algunos de los cuales nacieron en cámaras secretas de tortura, a sus familias legítimas. El contenido de esa reunión fue registrado en un memorándum escrito por Abrams, desclasificado por el Departamento de Estado en 2002, y que ha pasado a ser una prueba decisiva contra antiguos funcionarios de la junta en este juicio de alto perfil.
“Mientras los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos, y este fue, en cierto modo, el problema humanitario más grave”; esto fue lo que leyó Abrams de su cable, en la declaración que brindó mediante videoconferencia ante un tribunal federal en Buenos Aires. Pero sus palabras no disuadieron al Departamento de Estado, que en ese momento concedió a la Argentina un certificado en el que se indicaba que la situación de los derechos humanos en ese país estaba mejorando.
Alan Iud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes reclaman que nada menos que 500 niños fueron secuestrados, dijo que la declaración de Abrams “superó nuestras expectativas”. Sin embargo, la relación que mantenían Abrams y el Gobierno de Reagan con la junta militar no fue conflictiva, un aspecto que se ha perdido, si no en el juicio, sí en el relato. De hecho, en 1978, incluso antes de ser elegido presidente, Ronald Reagan escribió un artículo en The Miami News que combatía las críticas de Jimmy Carter sobre los antecedentes de violaciones de derechos humanos en Argentina. Reagan respondió que la junta militar “se dispuso a restablecer el orden” y que se estaba exagerando el encarcelamiento de “unos pocos inocentes”. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos estiman que decenas de miles de personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas durante “la guerra sucia” en Argentina. Una de las primeras medidas de Reagan como presidente fue rechazar las restricciones a la ayuda militar efectuadas por Carter como resultado de la horrorosa trayectoria del régimen en materia de derechos humanos. El Gobierno incluso fue anfitrión de los generales argentinos “en una elegante cena de Estado”. Además, Reagan pagó a miembros del tristemente afamado escuadrón de la muerte para que viajaran a Honduras a entrenar a los Contras y, también, a paramilitares hondureños, como los que integraban en infame escuadrón de la muerte llamado Batallón 3-16, tal como reveló el Baltimore Sun en un informe de denuncia de 1995.
Mientras tanto, Argentina no es el único país latinoamericano que está afrontando su pasado sangriento, y Abrams también desempeñó un papel en esas atrocidades de Estado.
En Guatemala, Efraín Ríos Montt está siendo juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Ríos Montt, un general evangélico que gobernó Guatemala en 1982 y 1983, después de tomar el poder mediante un golpe del Estado, era un estrecho aliado de Washington que recibió entrenamiento en la infame “Escuela de las Américas”. A Montt se lo acusa de ser el responsable de “1771 muertes, 1400 violaciones de derechos humanos, y el desplazamiento de 29000 indígenas guatemaltecos”.
Reagan, con la ayuda de Abrams, no sólo ocultó, sino que además instigó, los crímenes de guerra y el genocidio en Guatemala. Por ejemplo, Reagan viajó a Guatemala en diciembre de 1982 para declarar que Ríos Montt estaba recibiendo una “acusación falsa”, mientras que alababa “los esfuerzos progresistas” del dictador y su dedicación en pos de la democracia y la justicia social. Pocos días después de la visita presidencial de Reagan, el ejército guatemalteco masacró a 251 personas en Las Dos Erres, entre ellas, mujeres y niños.
En otro caso reciente, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, se disculpó y pidió perdón por la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981, en la que el batallón Atlacatl, un escuadrón de la muerte entrenado por EE.UU., asesinó nada menos que a mil personas. Como en Guatemala y Argentina, Reagan, con la ayuda de Abrams, facilitaba y ocultaba simultáneamente las violaciones a los derechos humanos cometidas en El Salvador. El país soportó una guerra civil de doce años que dejó unos 70.000 muertos, 90% de los cuales se cree que fueron responsabilidad del Gobierno apoyado por Reagan, y de los paramilitares. En 1993, cuando el Congreso planeó investigar el papel del Gobierno de Reagan en las violaciones a los derechos humanos en El Salvador, Abrams, indignado, dijo que se trataba de “una acusación reprensible y macartiana”, y agregó que “la trayectoria del Gobierno de El Salvador es una de logros fabulosos”.
Lamentablemente, mientras Latinoamérica busca reconciliarse con su pasado indeseable para forjar un futuro más justo y humano, los Estados Unidos arremeten ciegamente, y nunca miran hacia atrás. Los medios de comunicación estadounidenses están desperdiciando una oportunidad excelente para utilizar la carrera de Abrams como vehículo de examen y reflexión sobre la historia sangrienta y bárbara de los Estados Unidos en el hemisferio. Uno podría argumentar incluso que debería haber un Comité de la Verdad en los Estados Unidos. Sin embargo, debido a la ignorancia premeditada y la impunidad institucionalizada, es posible que Abrams, descrito por el Philadelphia Inquirer en un raro momento de claridad editorial, en 2001, como una “persona fraudulenta y engañosa que mima a los tiranos latinoamericanos” y un “vendedor impenitente de mentiras”, resurja en Washington como miembro del consejo nacional de seguridad del presidente George W. Bush y como asesor informal del presidente Barack Obama.
En 2009, cuando le preguntaron si se disculparía por el papel de la CIA en el golpe de Estado chileno de 1973, Obama dijo: “Me interesa ir hacia adelante, no mirar hacia atrás. Pienso que los Estados Unidos han sido una enorme fuerza positiva para el mundo”.
Si no queremos que la historia se repita, el presidente y los ciudadanos estadounidenses necesitan volver a pensar, y revisar su historia para que la justicia pueda avanzar.
Cyril Mychalejko es editor de www.UpsideDownWorld.org.