El 16 abril pasado en Acteal, pequeña comunidad de los Altos de Chiapas, se llevó a cabo la primera audiencia preliminar del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) enfocada en la masacre que ocurrió en el pueblo en 1997.
El TPP fue creado en 1979 por Lelio Basso, con el fin de examinar las causas de violación de los derechos fundamentales de los pueblos. La idea de Basso fue que, siendo muchas veces el Estado y el Derecho puestos al servicio de intereses particulares, fuera necesario un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental que pudiera determinar si hubo violación de derechos y denunciar los autores de dichas violaciones ante la opinión pública internacional.
El 22 de diciembre de 1997, más que 300 personas de etnia maya tzotzil, sobre todo desplazados por la violencia de militares y paramilitares, se encontraban reunidas en Acteal para un día de rezo y ayuno para la paz en Chiapas. El evento era promovido por la Sociedad Civil Las Abejas, organización católica y pacifista que comparte las reivindicaciones del EZNL, aunque se declare contraria a la lucha armada.
Alrededor de las 11 de la mañana, un grupo de unos 90 paramilitares irrumpieron en Acteal y masacraron 45 personas que estaban participando en la misa: nueve hombres, quince niños y veintiuna mujeres, entre ellas cuatro embarazadas. Según varios analistas, la presencia de un puesto de operaciones mixtas de fuerza militar a unos 300 metros de Acteal y el hecho que, a pesar de que los disparos se pudieran escuchar de lejos, los militares no intervinieron, demuestran el encubrimiento del Gobierno a las operaciones paramilitares.
“Los autores intelectuales de la matanza nunca han sido llevados a juicio, y se han afanado para hacer excarcelar a los autores materiales, pagando abogados de prestigio, escritores y medios de comunicación. Seguiremos luchando, exigiendo justicia y respeto de los derechos humanos, porque el caso Acteal no quede impune”, denuncia José Alfredo Jiménez Pérez, ex presidente de la Mesa Directiva de la Sociedad Civil Las Abejas.
La lucha de Las Abejas ya alcanzó un importante logro: en diciembre 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha declarado admisible la petición promovida en 2005 por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Según la CIDH el Estado – que siempre ha negado su responsabilidad en la masacre, justificando los hechos como el resultado de conflictos religiosos y étnicos entre grupos indígenas – es responsable por lo ocurrido en Acteal sea por acción que por omisión. “Por acción, porque alegan que la masacre se habría consumado en el contexto de una política de Estado encaminada a cometer ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, ejecutados por grupos paramilitares financiados, adiestrados y protegidos por las mismas autoridades nacionales, para debilitar las bases del EZLN y las comunidades que le habrían manifestado su simpatía. Por omisión, por la presunta deliberada falta de intervención de la Policía de Seguridad Pública durante la consumación de los hechos denunciados. Asimismo, alegan una denegación de justicia que persistiría hasta la fecha del presente informe”, se lee en el documento de la CIDH.
La CIDH no es la única que vislumbra la responsabilidad de las instituciones mexicanas en la masacre: según el analista político Gilberto López y Rivas, un documento de la fiscalía que no ha sido muy destacado por los medios concluye que el entonces jefe del Poder Ejecutivo y otros altos funcionarios son responsables por el crimen.
En su intervención durante la sesión del TPP, el colaborador de La Jornada Rafael Landarreche ha recordado el testimonio del ex general Francisco Gallardo, que hablaba de la existencia de tres planes que mueven al ejercito mexicano: el DN1, que contempla la necesitad de defender la patria en el caso de ataques externos; el DN3, que involucra al ejercito en apoyo a la población en caso de desastres; y el nunca mencionado DN2, que es un plan de contrainsurgencia, o sea un plan del ejercito en contra de la población civil. Landarreche ha destacado también la existencia de un Manual de Guerra Irregular de la Secretaría de Defensa Nacional y de un plan llamado “Campaña Chiapas 1994”, donde se habla de la creación de grupos paramilitares en contra no sólo del EZLN, sino también de quienes lo apoyan.
Con base en este documento, el 16 de septiembre pasado 10 familiares de las personas muertas en la masacre de Acteal han presentado, frente a un tribunal federal de Connecticut y de forma anónima, una demanda en contra del ex presidente Ernesto Zedillo por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se le acusa de conspiración para encubrir su vínculo y responsabilidad por la matanza, además que de haber fallado en prevenir a la matanza y castigar a los responsables. La Sociedad Civil Las Abejas se ha deslindado de esa demanda que tiene carácter sólo civil, y que dicen parecer motivada más por dinero y política que por interés en la justicia.
Del otro lado Zedillo, que hoy es un prestigioso profesor de Yale, calificó las acusaciones de infames e irresponsables, afirmando que carecen totalmente de bases y son obviamente falsas. Con una nota diplomática, el gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos de otorgar al ex presidente la misma inmunidad de la que gozan los mandatarios en funciones, y añadió que no hacerlo implicaría violar la soberanía de México. Sin embargo, pedir inmunidad por el solo hecho de haber sido presidente de la República no es un argumento jurídicamente viable, y los crímenes de lesa humanidad son considerados imprescriptibles por la legislación internacional.
De todos modos, habrá que esperar varios meses para que la CIDH y el tribunal federal estadounidense den su sentencia. Hasta ahora, lo único cierto es que 52 paramilitares que se encontraban en la cárcel por haber participado en la masacre han sido excarcelados.
El primero de febrero pasado, los ministros del máximo tribunal mexicano concedieron el reconocimiento de inocencia a siete de los inculpados, mientras que los demás habían sido excarcelados anteriormente con el argumento de que se violó el debido proceso en su contra. Según José Ramón, juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Esta resolución no equivale a pronunciamiento de inocencia de los acusados, sino esta determinada por haber encontrado irregularidades formales en el procedimiento judicial”.
De todos modos, es difícil dudar sobre la culpabilidad de los paramilitares excarcelados, puesto que los sobrevivientes a la masacre no pueden equivocarse en reconocerlos, tratándose de sus vecinos, conocidos, y en algunos casos parientes. “No sabemos qué podría sucederles a los testigos y sobrevivientes, porque regresaron los paramilitares y tienen enterradas sus armas”, escribe la Organización Sociedad Civil Las Abejas en un comunicado.
Para entender lo que está pasando con el caso Acteal, quizás haya que prestar atención a la teoría de Landarreche, que ve la existencia de tres elementos en un crimen de Estado: planeación, ejecución y encubrimiento. Éste tiene que ver con la utilización de la inteligencia militar para conseguir jueces cómplices que permitan la impunidad y poder contralar a los medios de comunicación, para que descrediten a los oponentes.