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Tuesday, 30 September 2014
Corte Constitucional de Guatemala convoca audiencia en caso histórico en contra de la Ley Minera PDF Print E-mail
Written by Center for International Environmental Law/MiningWatch Canada   
Friday, 20 July 2012 11:37
(Washington D.C./Guatemala City) Hoy, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala llevará a cabo una audiencia en un caso que cuestiona la constitucionalidad de la ley minera de 1997 por falta de consultación con los pueblos indígenas del país, quienes constituyan más de la mitad de su población. La demanda, presentado por el Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO), argumenta que tanto la ley nacional como la ley internacional requiere que el gobierno consulte a los pueblos indígenas antes de aprobar políticas que tendrán impactos significativos sobre sus territorios.

Hace tres semanas, el Presidente Otto Pérez Molina propuso reformas contravertidas a la ley minera actual, incluído la participación del Estado en los proyectos mineros. También, levantó la moratoria interpuesta por la administración anterior sobre el otorgamiento de concesiones mineras nuevas. La moratoria empezó en 2008 cuando la Corte de Constitucionalidad falló en contra de la constitucionalidad de siete artículos en la ley minera, postergando la aprobación de cualquier licencia minera nueva hasta que se pudiera lograr consensos sobre las reformas mineras.

Después de solamente seis meses del nuevo gobierno, la administración de Pérez Molina ya ha aprobado 68 nuevas licencias para la explotación y  exploración minera. En total, se han otorgado 387 concesiones mineras hasta la fecha, con 734 en trámite, muchos en territorios indígenas.

“En 1996, el gobierno de Guatemala ratificó el Convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización Internacional de Trabajo y firmó el Acuerdo sobre los Derechos y la Identidad de los Pueblos Indígenas como parte de los Acuerdos de Paz. Hace mucho que se debería cumplir con su obligación para respetar los derechos de los pueblos indígenas de este país,” dijo Francisco Mateo Morales del CPO. “Esta es una oportunidad histórica para la corte superior de Guatemala.”

La falta de consulta y consentimiento previo a nivel de las políticas y de los proyectos en el sector minero guatemalteco es al raíz de mucho conflicto y violencia. Hasta la fecha, más que 70 municipalidades han convocado consultas populares en donde casi un millon de personas han votado en contra de la minería en sus tierras y territorios, pero ni el gobierno ni las empresas mineras han respetado los resultados. Mientras tanto, la violencia y la criminalización de los que se oponen a la minería siguen creciendo.

En el noroeste de Guatemala, la mina Marlin de la empresa minera Goldcorp ha sido sitio de conflicto desde hace antes de entrar en operación en 2005, y por lo tanto diversos organismos de los derechos humanos a nivel internacional han recomendado que se suspende la mina por falta de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas Maya Mam y Sipapakense, además por amenazas a las fuentes de agua y la salud pública. El Tribunal Popular Internacional de la Salud llevado a cabo en la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán hace una semana también falló que Goldcorp debería suspender sus operaciones debido a tales riesgos.

En el este de Guatemala, en la municipalidad de El Estor, el conflicto sobre la mina de niquel Fénix ha resultado en tres demandas en contra de la empresa minera HudBay Minerals ante las cortes canadienses. Las demandas interpuestas refieren a la violación de once mujeres durante el despojo forzado de la comunidad de Lote Ocho en enero de 2007, y el asesinato del líder comunitario Adolfo Ich y el herido de Germán Choc en septiembre de 2009.

Cerca la capital de Guatemala, miembros de las municipalidades de San José de Golfo y de San Pedro Ayampuc mantienen un bloqueo en contra de la entrada de la empresa minera Radius Gold con sede en Vancouver. Voceros locales han registrado denuncias por amenazas recibidas, mientras que Yolanda Oquelí se encuentra recuperando de que dos sujetos le disparó el 13 de junio cuando estaba saliendo del bloqueo.

En la municipalidad suroeste de San Rafael de las Flores, en donde Tahoe Resources quiere realizar su proyecto Escobal, terceras partes respaldadas por la empresa han utilizado procesos judiciales en contra de un grupo de organizadores comunitarios quienes recogieron unos 1,000 firmas para que la municipalidad convoque una consulta vecinal para que ellos no pudieron participar en la comisión responsable de vigilar el proceso de consulta.

“La ley internacional claramente protege los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados sobre legislación que afectará sus territorios,” comentó Kris Genovese, abogada en el Centro para el Derecho Ambiental Internacional en Washington D.C. “Un fallo favorable en este caso sería un paso necesario para atender los conflictos existentes y para demostrar a la comunidad internacional que el estado de derecho existe en Guatemala.”

La Corte Constitucional tendrá veinte días hábiles después de la audiencia para emitir su fallo. En el caso de que la Corte no emita un fallo en su favor, el CPO recurrirá a la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, habiendo agotado los recursos legales disponibles en el país para atender las violaciones a los derechos humanos e indígenas como resultado de la ley minera.

 

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