Décima Caravana de Madres Centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos

 

El pasado 7 de diciembre terminó en Tapachula, Chiapas, la décima Caravana de Madres Centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos. Salió el 20 de noviembre de Tenosique, Tabasco, la Caravana recorrió casi 4 mil kilómetros, a lo largo de diez estados y veinte y tres ciudades de la República Mexicana. Fue una investigación sin descanso, en las plazas, a lo largo de las vías del tren tristemente conocido como La Bestia, en los albergues para migrantes, en las estaciones migratorias y centros de detención donde el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), la asociación organizadora, tiene noticia de la presencia de un alto número de centroamericanos indocumentados.

Como en las nueve ediciones precedentes, las actividades de esta Caravana nombrada “Puentes de Esperanza” fueron una mezcla de compromiso político, denuncias y emociones. En cada etapa del recorrido, las madres y sus acompañantes se enfrentaron con aspectos diferentes del contradictorio y complejo universo que es la migración.

Entre los momentos más impactantes, estuvieron los cuatro encuentros ocurridos durante el viaje: dos fueron planeados gracias al infatigable trabajo de las asociaciones organizadoras (como el MMM o el Comité de Familiares Migrantes del Progreso); dos se dieron de manera fortuita, confirmando la importancia de la Caravana como única oportunidad, por un lado, para buscar y, por el otro, para ser encontrado.

Los números de los migrantes desaparecidos en México alcanzan, de hecho, los de una tragedia humanitaria y son, obviamente, controvertidos. Según el Informe Mundial México 2014 de la organización internacional Human Right Watch, son cientos de miles los indocumentados que cada año cruzan el territorio mexicano y, durante el trayecto, sufren abusos por parte de la delincuencia organizada, las autoridades migratorias y los miembros de las fuerzas de seguridad. El Instituto Nacional de Migración (INM), en cambio, reporta que entre 2010 y 2014 los migrantes desaparecidos fueron “sólo” 3 mil 177. Sin embargo, en el mayo de este año, Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reveló que, desde 2005 hasta la fecha, tienen un registro de 24 mil 800 personas cuyo paradero se desconoce. Los datos de organizaciones como Amnistía Internacional son aún más impresionantes: las cifras que se manejan oscilan entre los 70 y 120 mil migrantes desaparecidos.

Para el sistema judicial mexicano la única instancia competente en materia es la Procuraduría General de la República (PGR) pero, a pesar de la instalación de una Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas como parte de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de dicha institución, organizaciones de la sociedad civil como el MMM denuncian que esta unidad no cuenta con un mecanismo nacional articulado y reiteran que el 90 por ciento de los casos de migrantes desaparecidos sigue siendo indocumentados. “No existen dispositivos para la denuncia, ni en los países de origen ni en México”, declara el activista Rubén Figueroa. “Para venir a denunciar la desaparición de un migrante, un familiar tendría que entrar en México también de manera indocumentada, caminando”. Por eso la Caravana se ha vuelto una ocasión única, y también en esta décima edición sus logros han sido visibles para todos.

El primer encuentro se dio en Coatzacoalcos, Veracruz, donde Leonila Guerra y su hermano Oswaldo, originarios de Cerro Blanco, en la región hondureña de Comayagua, pudieron abrazarse después de diez y siete años, gracias a la valiosa información proporcionada por una vecina de Oswaldo que, contactando el MMM, se hizo “puente de esperanza” entre los dos hermanos.

Figueroa resaltó la importancia del apoyo de la sociedad civil mexicana para reunir las familias centroamericanas divididas por el drama de la migración. Un apoyo que permitió también la reunión de la hondureña María Delmi Valle con su hijo Yanel, que desde diez y seis años vivía indocumentado al servicio de un terrateniente en el pueblo de San Sebastián Tenochitlán, Hidalgo. En este caso el “puente de esperanza” fue Rocío Mendoza Martínez, la hija de los vecinos de Yanel, que por primera se dio cuenta de la condición de semiesclavitud en qué vivía este joven, originario de otro país y que por un largo tiempo ni siquiera supo el nombre de su paradero.

Entre los riesgos que corren los migrantes, de hecho, uno de los mayores es de ser cooptados como trabajadores ilegales, y no sólo por parte de caciques locales que aprovechan de su vulnerabilidad para emplearlos como peones. Casi todo el territorio mexicano está plagado por el narcotráfico y muchas desapariciones son relacionadas con este tipo de reclutamiento. En las organizaciones criminales los migrantes sirven como esclavos en los narcolaboratorios, para mover droga o trabajar en el narcomenudeo. De esta manera, se vuelven muy expuestos al riesgo de caer en operativos de las fuerzas de seguridad que, a su vez, se vuelven causa de desaparición. Acusados sumariamente de crímenes de los cuales no se pueden defender, los migrantes detenidos desaparecen en el engranaje de un sistema penal que implica la presunción de culpa y sigue llenando las cárceles mexicanas de indocumentados cuyo verdadero nombre y nacionalidad se perdieron en expedientes que nadie revisa. El tercero encuentro, inesperado, fue un claro ejemplo de este tipo de injusticia burocrática. Durante la visita al Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, Juana Oliva encontró un detenido que reconoció su hijo: unas horas después estaba sentada frente a su muchacho, desaparecido desde casi quince años y que pasó los últimos trece en el Reclusorio Varonil Santa Martha Acatitla del Distrito Federal, registrado como veracruzano y acusado de un homicidio por el cual se declara inocente. Los abogados que colaboran con el MMM se han encargados de recompilar la información necesaria para reabrir este proceso y denunciar las irregularidades. Lastimosamente, a la mayoría de los migrantes que se encuentran en esta situación no tocará la misma suerte de Carlos Humberto Murillo Oliva cuya voz, aunque con trece años de atraso, será por fin escuchada.

El último encuentro se dio en Tapachula, Chiapas donde se halló la hondureña María Luisa Herrera Hernández, de 27 años y quien tenía tres sin saber de su familia. La casualidad fue que la Caravana no buscaba a ella sino a su hermana, Itzia Verónica, desaparecida desde dos años. La joven contó que su presencia en esta ciudad frontalera es debida a las dificultades de continuar un viaje que se ha vuelto en los últimos meses aún más peligroso: “la implementación del Plan Frontera Sur para impedir a los migrantes de llegar a Estados Unidos, está provocando que más indocumentados queden estancados en la frontera”, comenta Figueroa a este propósito.

La denuncia del Programa Frontera Sur

El Programa Frontera Sur, anunciado en el julio del año pasado e implementado en seguida, tiene como principales lineamientos evitar que los migrantes pongan en riesgo su integridad usando “La Bestia”, un tren que es de carga y no de pasajeros; desarrollar estrategias puntuales que garanticen la seguridad y la protección de los migrantes; combatir los grupos criminales que vulneran sus derechos. Estos tres objetivos se alcanzarían reforzando el componente preventivo, la seguridad en vías e instalaciones ferroviarias y con un mayor patrullaje y presencia del Estado para evitar la comisión de delitos.

Sin embargo, integrantes del MMM, destacan que estas acciones se basan en dos ideas erróneas. “La primera, es que el problema sea el tren. Si pensamos que el problema es el tren, no vemos las causas de la migración y nos quitamos de responsabilidades, mientras aumentamos los riesgos para los migrantes. La segunda, es la intensificación de la colaboración entre autoridades migratorias y fuerzas de seguridad: son instancias con problemas estructurales de corrupción y falta de controles que requieren reformas de fondo, una colaboración entre las dos no sirve”. Además, las autoridades no han adoptado hasta la fecha medidas adecuadas para proteger el personal de centros de acogida de migrantes que suele ser objeto de amenazas y hostigamiento por parte de grupos delictivos y funcionarios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de agosto 2014 titulado “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México” ha expresado su preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad de las personas migrantes en México, recomendando una serie de medidas que sin embargo el país no ha tomado en cuenta, concentrándose sobre una única estrategia: la militarización del territorio.

Fray Tomás, fundador del albergue “La 72” de Tenosique, comenta a este propósito que “tan sólo en Tenosique hay mas de 100 agentes de migración despegados entre El Ceibo y la ciudad, y de Tenosique a Zapata. Aunque no haya Marina, el ejercito es presente con la 38 zona militar y, mientras antes no había federales, ahora hay 8 patrullas con por lo menos 5 agentes cada patrulla. También los estatales participan del plan. En Chiapas, Tapachula es totalmente militarizada: de Tapachula a Arriaga son como 10 retenes”.

Cabe destacar que a través de este programa, que busca controlar el flujo migratorio hacía los Estados Unidos, la frontera sur de este país se extiende sobre México que se promueve, de esta manera, como espacio de contención, regulación y ordenamiento de la migración centroamericana, trasladando los mecanismos represivos y persecutorios fuera del territorio norteamericano. Ulterior demostración es que el financiamiento de esta iniciativa deriva de algunos fondos aprobados dentro de la Iniciativa Mérida, el tristemente famoso tratado de combate al narcotráfico que costó a México 136 mil 100 muertos, según el informe de la organización civil italiana Libera. Fray Tomás destaca que “no hay documentos que hablan abiertamente de la inversión estadounidense y las organizaciones civiles se quejan de esta falta de claridad que incluye también el programa de la iniciativa, de la cual se publicaron sólo los objetivos estratégicos”.

Las palabras con qué las madres centroamericanas de la Caravana se expresaron a este propósito fueron contundentes. “Nosotras tenemos bien claro que este Plan Frontera Sur se ha dado a raíz de la emergencia humanitaria declarada en Estados Unidos ante el aumento de la migración de niños y niñas. Pero nosotras vemos como ha sido manejada esta emergencia, como va llegando nuestra gente maltratada, nuestras mujeres victimas de violaciones, nuestros niños frustrados, con traumas que necesitan atención psicológica. El objetivo de este plan, nosotras las madres, lo tenemos bien claro y queremos que todo el mundo lo sepa: es detener la migración de personas centroamericanas y de otras nacionalidades con destino a los Estados Unidos, utilizando el ejercito”. Un análisis sencillo, que resume la realidad de un plan oficialmente finalizado a proteger los migrantes que pero se traduce en una política reactiva que prioriza el control e la implementación de prácticas persecutorias. Y, como denuncian los integrantes del MMM, que no toma en cuenta las reales causas de la migración masiva desde Centroamérica.

El contexto centroamericano y las verdaderas razones del “viaje pal Norte”

Si tradicionalmente la casi totalidad de los migrantes que cruzaba México se dirigía hacía los Estados Unidos en búsqueda del así llamado “sueño americano”, hace algunos años este viaje se ha vuelto más bien una fuga de la “pesadilla centroamericana”. Como denuncian los organismos de derechos humanos y las asociaciones civiles que trabajan con migrantes, lo que los “gobiernos del Norte” no quieren tomar en consideración en sus análisis sobre la migración son las verdaderas causas de este fenómeno: pobreza, explotación, desempleo, violencia.

Como destaca el Programa Estado de la Nación 2013 Pobreza rural en Centroamérica, “la pobreza en Centroamérica es extendida y severa, particularmente en las zonas rurales. Cerca de 20 de los 42 millones de habitantes de la región se encuentran en esta condición, 8 millones de ellos son indigentes (pobreza extrema)”. Según datos fornidos por el MMM, los leves márgenes de crecimiento que presentaron algunos países centroamericanos durante los primeros años del nuevo milenio, se vieron interrumpidos y hasta revertidos por la crisis internacional de 2008-2009, un impacto que se percibió asimismo en las cifras sobre la pobreza: en  casi todos los países del istmo los niveles de pobreza para 2010 fueron prácticamente iguales a los de 2005 o años anteriores, y muy superiores al promedio latinoamericano. Como igual de superior fue la tendencia creciente de los datos de desempleo, como releva el Programa Estado de la Nación 2011. La violencia estructural, social y política, completa el cuadro de esta región donde imperan desigualdad y falta de oportunidades. El Programa Estado de la Nación 2011 denuncia que Centroamérica se ha convertido en el territorio más violento de Latinoamérica y, por causas distintas a las de un conflicto bélico, en una de las zonas más peligrosas del planeta.

Honduras presenta la situación más extrema en prácticamente todos los aspectos: los mayores niveles de violencia, las mayores tasas de emigración y desplazamiento forzado, los más altos índices de pobreza y desempleo, y la mayor afectación por cambio climático y desastres naturales.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística hondureño, los porcentajes de pobreza para el período 2001-2010 presentan una tendencia al aumento en el caso de la pobreza extrema (de 19.5% a casi 40%), y de estancamiento en el caso de la pobreza. En relación al desempleo, Honduras incorpora anualmente 200.000 jóvenes a la población económicamente activa pero su economía solamente logra ofrecer 70.000 empleos al año (Observatorio de los Derechos de los niños, niñas y jóvenes en Honduras 2012). Estas condiciones de desigualdad y precariedad constituyen terreno fértil para la violencia social: la Oficina sobre Drogas y Crimen de Naciones Unidas (UNODC, por sus siglas en inglés) en su estudio para el año 2012 identificó este país como el más violento del mundo, con una tasa de homicidios al ubicarse en 90.4 por cada 100,000 habitantes. Las respuestas del Estado han sido la militarización y el combate frontal, lo que ha agudizado el carácter bélico del conflicto.

Frente a esta situación, no asombra que el número de los migrantes hondureños y, por consecuencia, de los desaparecidos hondureños, sea tan alto. No es casualidad que la experiencia de la Caravana de las Madres Centroamericanas tuvo origen en este país, con el trabajo del Comité de Familiares de Migrantes de Progreso. Dos de las fundadoras del COFAMIPRO estuvieron presentes también en esta última edición de la Caravana: Edita Maldonado acompañó la gira mexicana, Rosa Nelly Santos participó a la Caravana de Solidaridad que hubo lugar en Italia en las mismas fechas donde, por primera vez, se registró una caravana de personas desaparecidas por migración, a demostración de que el problema migratorio es un problema mundial.

A pesar de los logros de esta décima Caravana, que registró cuatros encuentros y cinco pistas ciertas, y que logró establecer un enlace con asociaciones europeas que se ocupan del mismo tema, las madres y los integrantes del MMM consideran que falta todavía mucho trabajo. En la búsqueda de los desaparecidos, en la sensibilización de la sociedad, para obtener que los gobiernos se responsabilicen. Por eso, en la conferencia de clausura de la Caravana, encabezados por las fundadora Edita Maldonado y Marta Sánchez, se dijeron ya listos para la próxima edición.

Valentina Valle Baroz es una periodista italiana independiente y vive en México.