Fuente: http://www.comambiental.com.ar, Publicado 3 de Junio, 2013
Derechos humanos para los pueblos originarios. Dirigentes de comunidades de todo el país se reunirán durante tres días en una inédita Cumbre Indígena, en Formosa. Despojo territorial, extractivismo, violencia, el rol de los gobiernos, la violación de derechos, el armado de una plan de acción nacional y una marcha en las calles formoseñas. Todo ante la mirada de Gildo Insfrán.
“Por memoria, verdad y justicia para los pueblos indígenas”. Es la convocatoria a la inédita Cumbre de pueblos originarios que comenzará mañana en Formosa, la provincia sindicada como el epicentro de la violencia sobre las comunidades ancestrales. Dirigentes de todo el país, de una veintena de pueblos indígenas, se reunirán durante tres días para respaldar a los pueblos Qom, Wichi, Pilagá y Nivaklé de Formosa. Y también articularán un plan de lucha nacional contra el avance territorial de las industrias extractivas y la complicidad política y judicial. “Marchamos desde todos los puntos del país porque no estamos dispuestas a permitir que se siga derramando la sangre de nuestros hijos, marchamos porque así nos lo demanda la madre tierra”, explicó Argentina Paz Quiroga, “amta” (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San Juan.
El Consejo Plurinacional Indígena nació meses antes del Bicentenario. Numerosas organizaciones indígenas y sociales confluyeron para hacer visible a los pueblos originarios, un sector ignorado en las celebraciones de los 200 años de la Revolución de Mayo. La principal acción fue una marcha histórica que partió, en tres columnas, desde el NOA, NEA y Patagonia. Y confluyeron, miles de indígenas –como nunca antes– frente a Casa de Gobierno el 20 de mayo.
El reclamo fue claro: territorio, rechazo a las empresas que los desalojan, respeto a su cultura ancestral y justicia frente a los atropellos del pasado y del presente. “La tierra, robada, será recuperada”, fue el canto con el que las comunidades indígenas de diez provincias ingresaron, esa tarde histórica, a la Plaza de Mayo. Denunciaron el rol extractivo y contaminante de las compañías mineras, agropecuarias y petroleras, y también a la dirigencia política “que por acción u omisión permite nuestra opresión”. Aclararon que no marcharon para festejar el Bicentenario, sino para “mostrar que seguimos vivos”.
Fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero no hubo respuesta sobre las demandas de los marchantes. Al contrario: la Presidenta les reconoció que si existiera petróleo en una comunidad, se iba a dar prioridad al hidrocarburo por sobre la decisión de los indígenas. Fue la explicitación, al más alto nivel, de la prevalencia del extractivismo por sobre los derechos de los pueblos originarios.
El Consejo Plurinacional sintió el golpe. Las organizaciones más cercanas al kirchenerismo dejaron de reclamar por los derechos territoriales de los pueblos indígenas, contaron con el abrigo de los subsidios estatales, celebraron la entrega de radios comunitarias y dejaron de denunciar la avanzada extractivista y la complicidad del Gobierno Nacional.
Pero numerosas organizaciones permanecieron en el Consejo Plurinacional, mantuvieron los periódicos encuentros, fortalecieron la articulación y mantuvieron vivos los reclamos del Bicentenario.
En noviembre pasado, durante dos días, se reunieron en Buenos Aires organizaciones indígenas de todo el país, entre ellas el Consejo Plurinacional Indígena. Elaboraron un documento que será una de las bases de la Cumbre de Formosa. Llamado “Derechos Humanos para los Pueblos Originarios” y dirigido a la Presidenta, apuntaron de lleno al modelo extractivo. “Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión. Nuestra realidad es un tema de derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los pueblos indígenas es sólo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan sólo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales”, denuncia el documento y remarca la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas.
El documento puntualiza en la decenas de indígenas y campesinos asesinados en los últimos años, y en el trasfondo de complicidad empresaria, judicial y política.
Formosa 2013
“Somos un Gobierno que también nos hemos hecho cargo del costo político que significa no reprimir a un solo argentino porque corta una calle o porque piensa distinto (…) Sabemos que no es justo que otro argentino llegue tarde a su trabajo, a su casa o a sus obligaciones, sabemos que tienen razón en enojarse, pero les pido perdón, le pido perdón a cada uno de esos argentinos que se enoja y dicen que así no se puede vivir más. Yo no voy a ser una Presidenta que le dé palos a nadie, eso se los puedo asegurar”, destacó Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso del 25 de mayo pasado, ante una multitud.
A su lado, primera fila, Gildo Insfrán, gobernador de Formosa desde hace 18 años, sindicado como el principal responsable de la violencia sobre campesinos e indígenas de la provincia, en especial de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera).
Félix Díaz, referente de La Primavera, lamentó el respaldo presidencial al gobernador. “Nos dio una enorme preocupación. No fue casualidad que el gobernador esté ahí. Y es un apoyo a que siga haciendo lo que hace. La Presidenta sabe que Insfrán reprime de distintas maneras y todo los días. Y tenerlo a su lado es un respaldo para él”, advirtió Díaz y recordó que el 23 de noviembre de 2010 (cuando reprimieron a la comunidad y asesinaron al abuelo qom Roberto López) actuaron de manera coordinada la Gendarmería Nacional y la policía provincial.