(IPS) – “Chile está cambiando, perdió el miedo al conflicto, y de eso tenemos que hacernos cargo todos los ciudadanos”. Con esa premisa, señalada por la lideresa sindical Bárbara Figueroa, el movimiento social se organiza para impulsar cambios estructurales y la reforma de la Constitución.
Figueroa, presidenta electa de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo a IPS que la demostración de que los chilenos dejaron atrás el temor a expresarse “lo vemos, no solo en las movilizaciones por el derecho a la educación gratuita y de calidad, sino también en acciones territoriales y barriales para poner sobre la mesa sus demandas”.
Para definir caminos de acción y viabilizar los cambios a partir de una plataforma concreta, la CUT y decenas de otras organizaciones realizaron el viernes 7 y este sábado 8 en Santiago la Primera Cumbre Social para construir un “nuevo Chile”.
La propuesta que se elabore entre esta primera cumbre y una segunda programada para 2013 será luego presentada a los partidos políticos con el fin de “superar las insuficiencias de la actual democracia”.
El primer paso dado fue la elaboración de 17 ejes temáticos entre los que se cuenta un modelo de desarrollo alternativo al actual, la reforma tributaria, educación pública de calidad y gratuita, salud para todos y todas, protección del ambiente, energía y recursos naturales y medios de comunicación democráticos.
También se avanzó en lineamientos para llegar a la verdad y justicia en relación con los delitos contra los derechos humanos perpetrados por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), sobre trabajo y reformas pendientes, pueblos originarios y política multicultural.
Uno de los puntos esenciales que trabajó la Cumbre fue la elaboración de una nueva Constitución, que incluye cambios sustanciales al sistema político y electoral imperante.
El modelo actual fue diseñado en 1980 por la dictadura. Es una de las denominadas “leyes de amarre” del régimen que forman parte de la ley fundamental promulgada ese mismo año y que, salvo algunas modificaciones, se mantiene aún vigente.
Uno de los puntos más rechazados por la ciudadanía es el llamado sistema electoral binominal, en el cual cada partido o coalición presenta dos candidatos para cada distrito o circunscripción electoral y se suman los votos de cada agrupación para determinar los dos elegidos.
Esto ha privilegiado la existencia y dominio de dos grandes conglomerados: la centroizquierdista Concertación de Partidos Por la Democracia, que gobernó entre 1990 y 2010, y la derechista Coalición por el Cambio, que sustenta la presidencia de Sebastián Piñera.
En esa línea, el lunes 3 de septiembre un grupo de organizaciones sociales, respaldadas por parlamentarios de oposición, ingresaron al Congreso legislativo un proyecto de ley para establecer una “cuarta urna” o urna plebiscitaria que en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2013 permita establecer la creación de una asamblea constituyente.
Para el sociólogo Manuel Antonio Garretón, la Cumbre se realiza en un momento clave en la historia del país, gatillado por el empoderamiento de la clase social a partir de las movilizaciones por la preservación del ambiente, regionales y, principalmente, estudiantiles.
Garretón, ganador en 2007 del Premio Nacional de Humanidades, precisó a IPS que, a partir del movimiento ciudadano, quedó planteada la necesidad de una reformulación de las relaciones entre lo político y lo social.
“Por un lado hay un movimiento social que aspira a una transformación, hay un orden político que lo impide y una clase política que ha perdido relación con el mundo social”, afirmó.
Añadió que no se trata de eliminar a la dirigencia política ni de excluirla, sino de “establecer nuevas relaciones, en que ya no podrá ser el partido el que expresa la organización y el orden social.
En ese nuevo esquema, “tendrán que ser los partidos y los movimientos sociales autónomamente los que hagan y establezcan un diálogo y una nueva alianza”, sostuvo.
Por su parte, Figueroa, quien será la primera mujer en América Latina en presidir una central de trabajadores, indicó que en el fondo del debate está el avanzar hacia una democracia más plena.
“Hoy día se está constituyendo la urgencia y la necesidad de que la opinión de la inmensa mayoría de chilenos y chilenas tengan un espacio real de atención y no sólo sea mirado con buenos ojos, pero sin voluntad alguna de hacerse cargo de sus demandas”, apuntó.
“Cualquier organización ya sea social, sindical y los partidos políticos tienen que hacerse cargo de estos cambios que se están desarrollando, de lo contrario, lo que va a ocurrir es que la historia les va a pasar por el lado”, completó.
El documento que surja de la cumbre se convertirá en la plataforma de la mesa social para profundizar en encuentros regionales y comunales.
Después de la segunda cumbre, prevista para el año próximo, se presentará un documento al país emplazando a las instancias políticas a recoger las propuestas respectivas.
Para Garretón, las demandas de la Cumbre Social son “refundacionales, es decir que no están solo ligadas al consumo, al mejoramiento de vida, sino también a la demanda de derechos ciudadanos, que llevan a la formación del campo en el que cada una de ellas se mueve”.
“Todas las movilizaciones apuntan a un cambio estructural y se trata de poner en conjunto por parte de las distintas organizaciones y movimientos que participan en esto, algo así como un pliego de Chile”, indicó.
“Pero esto no basta, porque es imposible que se pueda hacer con la Constitución que tenemos, de modo entonces que se hace necesario un planteamiento de tipo más general que instaure un nuevo orden político para superar la Constitución de 1980 que consagró el modelo de Pinochet”, explicó.
Garretón entiende que “la fórmula es combinar movilización y presión social con reforma institucional y para eso hay que movilizar al país en torno a una reforma constitucional que permita que la gente diga si quiere o no una Asamblea Constituyente representativa”.
Este es exactamente el camino a seguir, añadió el experto. Pero, advirtió, esta fórmula no será escuchada por políticos y autoridades “si no hay una profunda movilización social”.