Fuente: Semilleros de Pensamientos
La vida política de Guatemala transcurre hoy entre tensiones y disensos. Al mismo tiempo, se desarrolla una nueva forma de contrainsurgencia, que en algún momento llamábamos remilitarización de la sociedad. Hoy no nos cabe la menor duda que no es una simple remilitarización, sino que es un proyecto pensando por Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea y ejecutado por la alianza histórica: oligárquico-burguesa-militares, a través del gobierno de turno. Decimos pensado, porque no nos cabe la menor duda que el proyecto militar hoy, es parte fundamental para el fortalecimiento del modelo de desarrollo extractivista o economía verde, siendo único objetivo y fundamental la destrucción de los bienes de la naturaleza en territorios indígenas. De esa cuenta no nos cabe la menor duda que la nueva insurgencia para el modelo de desarrollo, son los pueblos que se oponen a la destrucción de sus territorios.
En este articulo, solo presentamos a vuelo de pájaro, como se está construyendo la nueva contrainsurgencia en Guatemala, quiénes la dirigen, de dónde salen las ideas, qué planes pretende cumplir, cuál debería de ser el rol de la cooperación solidaria y del movimiento social histórico en este contexto. Planteamos que se debe dar paso al movimiento de pueblos, como centro de la resistencia, pero a la vez como el caracterizado insurgente hoy.
Guatemala: nueva contrainsurgencia
El gobierno del General Otto Pérez Molina y el Partido Patriota está desarrollando un control militar mucho más refinado. Por ejemplo, tenemos conocimiento que en el Palacio de la Gobernación Departamental de Alta Verapaz se ha instalado una oficina de inteligencia militar con estudiantes o profesionales de criminalística, egresados principalmente de universidades privadas. Por otro lado, el modelo de Estados Unidos de utilizar contratistas para el control militar, está siendo tomado al pie de la letra por el gobierno de Guatemala y las élites empresariales, al contratar policías privadas para el resguardo de los lugares en donde piensan o está ejecutando algún proyecto. Este esquema se completa con la contratación de ONG que están haciendo trabajo de “lavado de cerebro” en las comunidades, utilizando estudiantes de las universidades (privadas y pública), sobre todo de Trabajo Social, Forestal, Agronomía.
En su discurso de toma de posesión, el ahora presidente Otto Pérez Molina habló de cambio, pero a la vez manifestó que este gobierno va a restablecer el respeto a la autoridad. Este respeto a la autoridad se ha convertido en una “respeto no a la autoridad civil sino militar”. Por ejemplo, en la Aldea Monte Olivo se intenta instalar un destacamento militar el 19 de abril; se impone el Estado de Sitio en Barillas, Huehuetenango; se intimida a la lideresa de San José del Golfo (Yolanda Oquelí); se manipulan las demandas de la Marcha Indígena y Campesina; son asesinados varios líderes comunitarios; se imponen los desalojos; se concesionan territorios indígenas para minería, hidroeléctricas; se arremete contra el movimiento de las escuelas normales a nivel nacional; hay un excesivo control por parte de militares (nombrados funcionarios civiles) en todo el país; se instalan de nuevo las reservas militares; se coopta a personas vinculadas con la ex guerrilla como funcionarios públicos y se les coloca en puestos estratégicos donde tienen relación con movimientos sociales[2], lo que repercute en capitalizar a favor del gobierno la opinión de los medios de comunicación: esto fue muy visible con la masacre del 4 de octubre en Totonicapán, en la que Miguel Ángel Balcárcel ha jugado un papel importante para lavar la imagen del gobierno.
No cabe duda que el Plan Colombia, el Proyecto Mérida, Plan Mesoamérica, el Plan Martillo, entre otros, demuestran que son estrategias del mismo proyecto de intervención del gobierno de los Estados Unidos. Por eso la estrategia que está siguiendo el gobierno de Pérez Molina tiene su vinculación directa con las prácticas de gobiernos como el de Colombia (Santos) y México (Calderón) cumpliendo con lo pactado en todos esos planes y la estrategia de control militar del gobierno de los Estados Unidos.
Siguiendo el análisis sobre el control militar hacia las comunidades, a pesar que en repetidas veces se dice que la institucionalidad de la Policía Nacional Civil no tiene la capacidad de controlar el nivel de violencia que impera en el país, es el Ministro de Gobernación[3] quien tiene el control de las fuerzas de tareas que se han creado durante este gobierno, cinco fuerzas de tarea para el control de la criminalidad en Guatemala fueron al principio, pero actualmente se crea la Fuerza de Tarea Maya. Todo esto vinculado a sus tres grandes pactos y acuerdos nacionales[4]. En los tres pactos propuestos, se hace referencia a que, de cualquier modo, lo que hay que resolver es la situación de seguridad del país y entonces funciona la frase norteamericana: “El terror hay que enfrentarlo con terror” y por eso se fortalece la figura de “terrorista”[5]. Por ello, una de las principales actividades del Ministro de Gobernación ha sido la creación de fuerzas de tarea especiales: contra extorsiones, robos y asaltos, sicariato, asesinato de mujeres y secuestros[6], conformados por miembros de la PNC, del Ejército, MP.
De Centroamérica nunca se fueron los militares y los terratenientes. Es decir, nunca hemos tenido una democracia dirigida por civiles propiamente dicha, y las clases ricas siguieron construyendo su modelo, haciendo creer al grueso de la población que los conflictos armados se habían alejado de los territorios indígenas.
El narcotráfico, si bien es cierto que es un fenómeno muy complejo[7], no solamente por la forma de operar, sino porque desde el gobierno anterior y este nuevo, las estructuras han cambiado e hipotéticamente podemos considerar que algunas de ellas están siendo retomadas por la vieja estructura, dirigida por militares de la época contrainsurgente. No nos sorprende que después de la captura de Turcios, Lorenzana, Chamalé (operadores del narcotráfico) y de la muerte natural del Coronel Fernández Ligorría, militares que ahora están de funcionarios dentro del gobierno del Patriota, estén retomando el control del crimen organizado. Solo veamos estos hechos: a pocas horas de la toma de posesión del nuevo Presidente, son asesinados los hermanos Leal de San Juan Chamelo, Alta Verapaz; el atentado en contra del diputado Arévalo de Totonicapán; la elección de los gobernadores de la región de la Franja Transversal del Norte, que no solamente obedecen a procesos de consolidación de la propuesta patriota, sino también a la consolidación y a la “retoma” de los territorios por parte de los viejos narcotraficantes, como decíamos anteriormente, vinculados no solo a los militares[8] sino a la estructura de la vieja burguesía guatemalteca. Esto se demuestra con el hecho de que hay una gran cantidad de militares vinculados a la política contrainsurgente del conflicto armado guatemalteco, que son funcionarios del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Fona paz y de otros programas de gobierno. Al mismo tiempo, la oligarquía guatemalteca mantiene el control de los tres poderes del Estado, como el nuevo presidente del congreso de la republica[9].
Pero esto obedece no solamente al reposicionamiento de los militares de mano dura y vinculados al narcotráfico, sino también al fortalecimiento del modelo de desarrollo extractivita de Estado Unidos y de la Unión Europea, que habiendo dejado en manos de las multinacionales la construcción de dichos modelo en la reunión de Río+20, tiene como objetivo, destruir los territorios indígenas, de acuerdo a lo pactado en la guerra contra el comunismo de los años de 1960.
Esta militarización se concentra en las esferas de la seguridad nacional y seguridad pública desde las cuales se logra poder político y control poblacional, control del enemigo y equilibrios y desequilibrios de fuerzas con respecto a sectores con los que hay que balancear y/o negociar el poder, sea este político o económico. Pero el objetivo concreto es reposicionar a la institución armada como única garante de la seguridad en el país, lo cual abre las puertas para rencontrarse como actor de poder político, papel debilitado en los últimos cincos lustros[10]. Pero además para ser garante de las acciones y sus intereses económicos, sobre todo en lo relacionado al narcotráfico, control de los Zetas, seguridad para sus fincas que les fueron cedidas a militares sobre todo en la región de la Franja Transversal del Norte y para ello, en departamentos con mayor población indígena y en donde se está reconstruyendo un nuevo modelo de movimiento social, con apoyo de gobernadores y alcaldes se están creando oficinas de inteligencia, que además de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), y de Inteligencia del Estado (SIE), están haciendo su labor neo-contrainsurgente, dirigida a líderes comunitarios o líderes de organizaciones sociales que históricamente han participado en organizaciones de izquierda.
Al mismo tiempo, el control se ejerce por medio de personas que durante el conflicto armado formaron parte de la izquierda guerrillera o de la izquierda social, como: Adrián Zapata, Elmer López, Jorge Morales Troj, Claudia Villagrán, Francisco Raymundo y otras que, sin estar ligado a los movimientos de izquierda, conocen a la mayor parte del liderazgo del movimiento social. Por otro lado, este control no se hace necesariamente desde la institucionalidad del Estado, sino mediante la creación de ONG como CEDER, Empresarios Juveniles, el movimiento Cabañil y otros.
Lo que sí es cierto es que este gobierno, a pesar de haber firmado sendos documentos de entendimiento con organizaciones nacionales e históricas, tanto sindicales como campesinos, indígenas y populares, no le apuesta a la estatización o nacionalización, o el control de los servicios públicos estratégicos o de riquezas naturales como la energía eléctrica, el transporte público, las telecomunicaciones, o el petróleo o el agua …. Al contrario, la política es dejarlos en manos de familias y grupos corporativos privados y de trasnacionales que tienen el control del poder económico[11].
Después de la creación del estado criollo guatemalteco, la alianza: BURGUESIA-MILITARES E IGLESIA, ha sido permanente. Esta alianza se solidifica bajo los gobiernos liberales y principalmente con el gobierno de Justo Rufino Barrios, sobre todo para limitar la movilización indígena. Posiblemente este el momento fundacional de lo que después vamos a llamar la democracia burguesa, es decir, una democracia dirigida por la Asamblea y el Mercado[12]. Una democracia que tiene como estrategia política el racismo y la discriminación.
Hoy esta alianza se manifiesta en las decisiones políticos-militares del gobierno del Partido Patriota, como bien lo define la Asociación El Observador: el gobierno del Partido Patriota constituye un intento de renacionalizar la vieja alianza oligárquico-militar, solamente que ahora con los militares vestidos de civil consolidados como factor indiscutible de poder y ya no como meros actores-reproductores de los intereses de las oligarquías nacionales. Hoy pueden hablar de tú a tú con el gran empresariado y lo hacen en nombre propio para defender sus intereses[13].
Retos para la Cooperación y el Movimiento Social
Hay que hacer la diferencia entre la cooperación internacional multilateral, bilateral y de solidaridad. Primero la cooperación multilateral o bilateral, es la que llega a un país de acuerdo a las negociaciones entre los Estados. Esta no necesariamente es cooperación, porque a veces suele ser una especie de deuda, aunque algunas veces no se tienen que devolver como prestamos, pero se negocia bajo condiciones. Por ejemplo, el apoyo que suele dar Estados Unidos para el combate al narcotráfico, está condicionado para que las empresas norteamericanos entren al país sin mayores restricciones. Los aportes de la Unión Europea son en muchas ocasiones para que se permita la llegada de empresas europeas para el desarrollo del modelo extractivista, principalmente lo relacionado a las hidroeléctricas.
La cooperación multilateral y bilateral se ejecuta de acuerdo a sus estrategias de intervención en un país o en la región. Al mismo tiempo están acompañadas de los compromisos políticos, adquiridos por ser miembros de organismos internacionales como las Naciones Unidas, la OEA, la OIT, el BM, el FMI, etcétera. Por esto, muchas veces, estos organismos son el pivote para condicionar a los países a asumir los modelos que las potencias quieren implementar en los países más pobres. De allí que la lucha contra el terrorismo se considera como el elemento fundamental para limitar el fortalecimiento de movimientos sociales en los países donde tienen intereses de invertir su capital las empresas multinacionales y esto cobra más fuerza, después que en la reunión de Rio+20[14] la ONU dejará en manos de las empresas privadas la ejecución del modelo de desarrollo. Esto trae como consecuencia que los proyectos financiados vía cooperación multilateral y bilateral, sirvan solo para maquillar a los Estados, como el de Guatemala y por eso, es el excesivo financiamiento sobre VIH-Sida, participación ciudadana, jóvenes emprendedores, folklor[15] y arte, entre otros.
De esa cuenta, a este tipo de cooperación no le interesa profundizar sobre la nueva forma de militarismo y contrainsurgencia en el país, aunque pueden verter su opinión al respecto, pero solo bajo el criterio de recomendaciones, como lo hicieron los embajadores de los diferentes países acreditados en Guatemala en la reunión que sostuvieron con el presidente Pérez Molina, los Ministros de la Defensa y del Ejercito, después de los acontecimientos del 4 de Octubre en Totonicapán, cuando recomendaron que el Ejército no participe en el control de las manifestaciones[16].
Entonces, la cooperación anteriormente descrita no tiene la función de apoyar los procesos de emancipación de los pueblos en contra del modelo establecido. Tendría que ser la cooperación solidaria (Oxfam, Hegoa, Acsur, IBIS, Actionaid, etcétera), quien aporte sus acciones o la búsqueda de recursos para apoyar a los pueblos, dejando de lado las estrategias de los Estados y comprometerse con la liberación de los pueblos. Dejando de lado los marcos lógicos de la cooperación oficial de los Estados, porque el resurgimiento de un modelo contrainsurgente en el país exige acciones inmediatas y no tardías. Además, porque la presencia de empresas de otros países en la explotación de los recursos, y de países de donde vienen la ONG de cooperación internacional, exige que se pronuncien ante sus Estados para limitar el abuso de autoridad que ejercen en los territorios indígenas con la complicidad del Estado guatemalteco, de la oligarquía guatemalteca y la institución militar[17].
Entonces, la cooperación solidaria tiene como reto, acompañar y comprender el proceso de recuperación y defensa de sus tierras, ante cualquier forma de intervención del Estado y de las oligarquías nacionales e internacionales. Por eso, no deben exigir a los movimientos y a las comunidades hacer lo que no está en los parámetros de la liberación, como el dialogo con un gobierno y un Estado que se ha construido excluyendo las demandas de los pueblos. Apoyar a las comunidades y pueblos en la construcción de su propio paradigma del buen vivir, que tiene como base los valores y principios de las cosmovisiones de los pueblos originarios.
Si la cooperación solidaria tiene que ser diáfana y clara en sus acciones, aportes e intervenciones con el pueblo, los movimientos sociales, ante la situación que hoy viven los pueblos y que no son nuevos, sino es la continuación del colonialismo de 1492, deben de achiquitar la brecha que los separa con los pueblos y darle cabida a la construcción de un nuevo movimiento social, donde los sujetos sean los colectivos: a esto le llamaremos un movimiento de pueblos[18].
La situación que actualmente vive Guatemala no es posible enfrentarla si no construimos conciencia étnica, conciencia social, conciencia de clase, conciencia de género y conciencia comunitaria. La suma de estas conciencias debe permitir el surgimiento de un nuevo movimiento que al final termine de doblegar al Estado colonial hoy extractivista y neo-militarista, que promueve un modelo contrainsurgente, en donde el insurgente es el pueblo.
Conclusión
En estas páginas hemos presentado un breve análisis de cómo se está construyendo el nuevo modelo contrainsurgente en el país, y cuáles son los objetivos que persigue, para confirmar que el nuevo insurgente hoy es el pueblo. Un pueblo que diario a diario está defendiendo sus tierras y territorios ante la embestida del modelo de desarrollo extractivista o de economía verde. Pero que a la vez pide a la cooperación solidaria mejores formas de acompañamiento para dar paso a un nuevo movimiento social, que denominamos movimiento de pueblos.
Notas:
[1] Maya Poqomchi, antropólogo, docente universitario, columnista de Prensa Libre, investigador, escritor y analista desde la perspectiva maya.
[2] Adrián Zapata, Elmer López, Jorge Morales Toj, Carlos Batzin, Miguel Ángel Balcárcel y otros no tan visibles, pero que están haciendo trabajo de inteligencia para el gobierno del Patriota.
[3] De la masacre de Totonicapán, quien sale bien librado es el Ministro de Gobernación y quien recibe la mayor parte de la crítica y costo político es el Ministro de la Defensa, al ser detenidos los militares implicados. Sólo esta situación merece un análisis especial, porque demuestra que hay una lucha de posiciones dentro del gobierno.
[4] Ver. Discurso del Presidente Otto Pérez Molina, www.prensalibre.com.gt.
[5] La mayoría de campesinos (hombres y mujeres) presos en las cárceles de Guatemala y quienes tienen orden de captura, están bajo la figura de “Sedición y terrorismo”.
[6] Gámez Douglas y Gustavo E. Méndez, http://www.agn.com.gt/index.php?opt…
[7] insight crime Grupos de Poder en Petén: Territorios, Política y Negocio, http://www.insightcrime.com/compone…, Julio, 2011.
[8] Solano Luis, En manos de quién estará la seguridad del futuro gobierno patriota; Enfoque, Análisis de la Situación, año 2, No. 18, 28 de noviembre de 2011.
[9] Ba Tiul, Kajkoj Maximo, Estado Secuestrado, www.prensalibre.com.gt
[10] El Observador, 34 y 35, enero a junio 2012, Guatemala.
[11] ibídem
[12] Fernández Liria, et al, Educación para la Ciudadanía, Akal, España, 2007.
[13] Los Gramajistas le apuestan a consolidarse en bloque en el poder, El Observador, 34 y 35, enero a junio 2012, Guatemala.
[14] Ba Tiul, Kajkoj Maximo, Río+20, www.prensalibre.com.gt
[15] Ver la participación de la comunidad internacional para promover el proyecto sobre el Oxlajuj B’aktun del gobierno del Patriota. Ver, Ba Tiul, Kajkoj Máximo, Nuevo Baqtun, www.prensalibre.com.gt
[16] Ver. www.prensalibre.com.gt
[17] Ver Declaración del Consejo de Pueblos de Tezulutlán después del encuentro comunitario del 8 y 9 de agosto 2012 en Monte Olivo, Cobán Alta Verapaz, www.albedrio.org.
[18] Ba Tiul, Kajkoj Máximo, Movimiento o movimientos mayas, (borrador FONGI), www.i-dem.org, 2008.