En los últimos días el gobierno de Alan García ha iniciado una ofensiva militar en la región surandina de Ayacucho, específicamente en el Valle del Río Apurímac Ene (VRAE) con el objetivo de exterminar a las sobrevivientes milicias del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) y derrotar al narcotráfico. Sin embargo, esto se produce precisamente cuando se han instalado más de un centenar de marines norteamericanos en Ayacucho con fines humanitarios, los cuales fueron rechazados en las calles por la población de Huanta. Quienes vieron que los marines llegaron armados y realizaron vuelos con sus helicópteros de guerra a baja altura, entonces, no podían tener fines nobles. Huamanga la capital de la región Ayacucho sería un lugar estratégico para colocar una nueva base militar de los EE.UU. en América del Sur y reemplazar a la de Manta en Ecuador. Para conversar sobre este tema, Upsidedownworld entrevistó a Ricardo Soberón Garrido, abogado peruano, especialista en temas de drogas y militarización, investigador del Transnational Institute (TNI) con estudios de Política Internacional y Seguridad en la Universidad de Bradford, Inglaterra, quien ha publicado libros como “Hablan los diablos. Cuatro ensayos sobre políticas de drogas” y “Asilo y Refugiados en las fronteras de Colombia”.
– ¿Cuál es tu análisis de la guerra contra las drogas dirigida por EE.UU. y el gobierno peruano?
– En 1989 se inició esta guerra contra las drogas promovida por el presidente George Bush (padre) y en 1998 la comunidad internacional decidió establecer unas metas muy concretas para lograr la reducción de la oferta y de la demanda. El 2008 y 2009 se inicia el proceso de evaluación y reflexión que emprende la comunidad internacional para ver cuánto ha conseguido en una década. La verdad que es un fracaso desde todo punto de vista. Por el enfoque, las metas no cumplidas, los daños colaterales, esta guerra no ha tenido ningún resultado positivo. Por el lado del enfoque de pretender librar una guerra contra las drogas, a partir de la lucha contra los sectores más vulnerables como los productores campesinos, consumidores, microcomercializadores y permitir que el sistema económico conviva con los jefes del narcotráfico en el lavado de dinero, es una muestra evidente del poco éxito del enfoque de la reducción de la oferta. Además revisaba ahora, que entre el año 2000 y el 2005 los EE.UU. colocaron 4 mil 726 millones de dólares para la lucha contra las drogas en el marco del Plan Colombia, han fumigado 866 mil hectáreas de tierra y no han logrado detener la provisión de cocaína. Los cultivos se han estabilizado, cuando no han aumentado, se han dispersado por diversos departamentos de Colombia. En el caso peruano, si bien los montos no han sido los mismos, obviamente, la guerra contra las drogas ha tenido otro tipo de fracaso. Porque EE.UU. apoyó, sustentó, reafirmó a la dictadura de Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos, sabiendo de las claras relaciones entre Montesinos y el Narcotráfico y los dejó estar. Lo cual evidencia que para EE.UU. en verdad el objetivo fundamental no es la guerra contra las drogas, esta es una justificación para intereses superiores como lo son, el control del territorio, los recursos naturales, la presencia militar y el sostenimiento de regímenes políticos que son útiles y funcionales para el Departamento de Estado y el de Defensa. Los daños colaterales son evidentes, el sistema de justicia, la democracia, el medio ambiente, la seguridad ciudadana, todos son elementos que han sufrido las consecuencias de una guerra imposible de ser luchada y aún más, imposible de ser ganada.
– El Plan VRAE tiene el mismo objetivo que el Plan Colombia o el Plan Mérida? ¿Cuánto está avanzado? ¿Tiene algún soporte económico o sólo es un bluff más del gobierno de Alan García?
– El Plan VRAE se inicia a finales de la gestión de Alan Wagner (2007) con un intento del sector Defensa de hacer presencia en una zona estratégica como en el Valle del Río Apurímac – Ene. Que es una región, que ha sufrido la ausencia persistente del Estado, tanto económica, política como jurídica y esto ha llevado a que la colonización promovida en la década del sesenta y el setenta haya estado focalizada fundamentalmente hacia la economía ilícita del narcotráfico. El intento del sector Defensa de hacer presencia chocó contra las previsiones del Departamento de Estado norteamericano, de DEVIDA (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas) que es la entidad local encargada de ejecutar los fondos provenientes de la cooperación de EE.UU.. Y en definitiva no ha sido más que un bluff, que ha implicado la readecuación de las partidas presupuestales de los sectores como Transportes, Salud, Educación o Producción con miras a presentarlo como una intención de gestión y de promoción del desarrollo, por parte del Estado peruano, algo que no ha ocurrido. El Plan VRAE no ha hecho presencia en la zona, no son reconocidos por la población, esta no ha sido consultada, tienen más bien el formato de los planes Mérida, Colombia, Plan Puebla Panamá y ahora Plan VRAE. Para la población el ver helicópteros artillados que llegan y traen el desarrollo no es una buena imagen, y eso es lo que ha expresado y reflejado el gobierno del presidente Alan García y la administración del Ministerio de Defensa, presidida por Antero Flores Araoz en lo que significa el Plan VRAE. Me temo que lejos de resolver el problema, el Plan VRAE va provocar mayores problemas y desconfianza a la región. En circunstancias en donde los remanentes del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) son un actor completamente distinto al actor que conocíamos anteriormente bajo el liderazgo de Abimael Guzmán (Hoy en prisión). Es un actor muy articulado a actividades económicas, está con capacidad de manejo y control territorial, y por lo tanto se vincula fuertemente a las bandas organizadas de traficantes, cobra cupos a las actividades legales e ilegales como hidrocarburos, industria forestal o contrabando. Y se permite sacar ventaja de todas las falencias y omisiones que incurre el Estado peruano al momento de hacer presencia en el VRAE. Así que, del Plan VRAE no espero nada.
– ¿Qué panorama tienes sobre las supuestas bases militares instaladas en las ciudades de Chiclayo y Huamanga?
– Lo más complicado es que EE.UU. no ha resuelto como reemplazar Manta. Tenía la posibilidad de llevarlo a Colombia, pero en realidad ninguna parte del territorio colombiano resuelve el problema estratégico del Comando Sur de tener un control satelital y de monitoreo aéreo del hemisferio occidental de la costa del Pacífico Sur, desde Buenaventura, Colombia hasta Valparaíso, Chile y eso, sólo se lo ofrece el territorio peruano. Todos los intentos elaborados y ejercicios militares como UNITAS, Panamax, Nuevos Horizontes que han venido realizándose, a mi juicio son intentos que realizan las Fuerzas Armadas de ambos países, para estudiar las condiciones estratégicas, políticas y sociales sobre las cuales podría confirmarse la instalación militar. Hasta ahora nada ha funcionado, en términos de que había una relativa oposición política y social al tema, pero el marco jurídico está ahí, la voluntad política del gobierno de Alan García y del norteamericano continúan, pero en el momento en que nos descuidemos y permitamos que eso se produzca ahí entran. De hecho me temo que efectivamente instalaciones de los EE.UU. como Palmapampa en Ayacucho, Mazuco en Puno, Santa Clotilde en Iquitos, Mazamari, Santa Lucía y Ancón están disponibles. Estoy seguro que el grupo consultivo del ejército norteamericano que está adscrito a la embajada de EE.UU. en Lima, tiene relaciones estrechísimas con sus contrapartes en cada una de estas instalaciones y no estoy hablando a nivel de Generales de División, sino a niveles operativos de capitanes y mayores. Ahí está la situación, ahí están las condiciones, ahí están los escenarios, lo que hay que estar es atento para impedirlo o en caso de descubrirlo, para levantarlo y hacerlo público.
– ¿Cuál es el interés geopolítico de EE.UU. para colocar bases militares en Perú?
– Primero, hacer un círculo de seguridad alrededor del conflicto armado colombiano. Segundo, poner un muro de contención al avance del proyecto bolivariano en América del Sur. En tercer lugar, confrontar el modelo de seguridad brasileño de protección y propiedad sobre la Amazonía y finalmente, la apropiación de territorio para efecto de la explotación de recursos naturales. Esos son los cuatro ejes, sobre los cuales debemos de pensar el actual despliegue militar norteamericano en América Latina. Quizás habría que buscar un quinto, que es el creciente rol de Rusia y China en los asuntos que tienen que ver con la cooperación internacional, energética y militar, en países como Venezuela y Bolivia. Pensando de que en América del Sur se desarrolla un tipo de escenario como el de Guerra Fría o carácter regional y entren en tensión los intereses norteamericanos con los chinos y rusos.
Yásser Gómez es periodista, corresponsal de Upsidedownworld en Perú y editor de Mariátegui. La revista de las ideas. / yassergomez(arroba)gmail.com