México: La nueva Ley General de Víctimas debe aplicarse para ser efectiva

Es preciso adoptar medidas concretas para respaldar la nueva ley promulgada con objeto de garantizar los derechos de la víctimas de los delitos y abusos contra los derechos humanos que se cometen en la situación de violencia constante causada por la lucha contra la delincuencia organizada en México, ha manifestado Amnistía Internacional.

El nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto,  firmó el pasado miércoles la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas.

Desde 2006, más de 60.000 personas han muerto y millares más han desaparecido en la situación de violencia de la delincuencia organizada y como consecuencia de operaciones de las fuerzas de seguridad. Con frecuencia se ha hecho caso omiso de las víctimas y sus familias, a quienes se niega de manera habitual el acceso a la justicia.

Los esfuerzos de las ONG mexicanas –incluidas las víctimas mismas de la violencia– han sido decisivos para la aprobación de la medida, y cabe esperar que se garantice que se trata con respeto a la víctimas, se investigan los delitos y se ofrecen indemnizaciones, para contribuir con ello a impedir que se repitan abusos similares en el futuro.

“Esta ley es el resultado de una presión constante de la sociedad civil y constituye un importante avance para las víctimas de violaciones de derechos humanos y de delitos en México”, ha señalado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

“La decisión del nuevo presidente de levantar el veto al proyecto de ley, impuesto por el ex presidente Calderón, es una positiva señal del interés de este gobierno por empezar a ocuparse verdaderamente de los derechos de las víctimas de violencia.” 

“Pero para que la ley comporte realmente un cambio, las autoridades mexicanas de todos lo niveles deben garantizar que se aplica de manera efectiva. Cuando se cometen abusos, las víctimas y sus familias tienen derecho a conocer la verdad -para lo cual ha de llevarse a cabo una investigación completa y efectiva-, a recibir protección y apoyo y a tener acceso a una reparación. Mantendremos la presión sobre las autoridades para conseguir que sea así”, ha manifestado Zúñiga

La nueva ley establece diversas medidas judiciales, administrativas y socioeconómicas con que proteger los derechos humanos de las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, pero corresponde ahora a la nueva administración y a los legisladores garantizar medios suficientes y legislación de implementación para hacer esa protección efectiva.

Aunque recibió el apoyo unánime del Parlamento mexicano el año pasado, la Ley General de Víctimas no entró en vigor, pues el ex presidente Felipe Calderón la paralizó.

Los carteles de la droga y otros grupos de la delincuencia organizada son responsables de la mayor parte de la violencia, pero las fuerzas de seguridad y la policía actúan a menudo en colusión con ellos y están también implicadas. Las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en operaciones de mantenimiento del orden eran habituales con el gobierno de Calderón, e incluían desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias. La falta de investigaciones sobre la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos creó una cultura de impunidad y de falta de acceso a la justicia para las víctimas.

En octubre del año pasado, Amnistía Internacional publicó un informe donde se documentaba la existencia de una epidemia de tortura en el país.

Cuando Peña Nieto tomó posesión de su cargo en diciembre de 2012, Amnistía Internacional le instó a romper con este legado de abusos contra los derechos humanos y aplicar medidas concretas para combatir la impunidad, incluidas las establecidas en la Ley General de Víctimas.

“No basta con aprobar la ley para proteger los derechos de las víctimas”, ha explicado Zúñiga.

“El presidente Peña Nieto tiene ahora que comprometerse a hacer un seguimiento de esta nueva ley garantizando que las autoridades mexicanas adoptan tan pronto como sea posible medidas efectivas para ayudar a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos y garantizar que esos abusos no se repiten en el futuro.”