La situación política está tensa en Costa Rica desde el anuncio que una flota estadounidense llegaría a las orillas de ese país. Durante el último año, en América Latina muchos han sido alarmados por una expansión repentina de la presencia militar norteamericana en la región. Ahora se está propagando hacia una nación reconocida por la ausencia total de una milicia permanente, extranjera o nacional.
Después de recibir el pedido de la embajada EEUU, el 1 de julio la asamblea legislativa costarricense aprobó una moción sin precedentes al conceder a una flota estadounidense acceso a sus aguas. Los barcos de la marina norteamericana estarán al menos seis meses en operaciones de asistencia contra el narcotráfico para ayudar a las autoridades costarricenses. Es conocido que Costa Rica es usada como punto de tránsito hacia el norte de drogas provenientes de Colombia y Panamá.
No son nuevos los esfuerzos conjuntos entre EEUU y Costa Rica. Desde 1999, un acuerdo marítimo entre ambos países llamado “Patrulla Conjunta” ha permitido la operación de la Guardia Costera norteamericana en territorio marino costarricense por propósitos semejantes. No obstante, este nuevo acuerdo va mucho más allá de lo establecido anteriormente. El acuerdo Patrulla Conjunta solamente permitía el personal de la Guardia costera, y las autoridades legales costarricenses podían acompañarlo si consideraba alguna actividad sospechosa, y viceversa.
Bajo el nuevo acuerdo, los barcos, con capacidad para 7,000 marines y 200 helicópteros, trabajarán con la Guardia Costera, y según la carta de le embajada “gozarán de la libertad de movimiento y el derecho de llevar a cabo las actividades que se consideren necesarias para cumplir su misión, la cual incluye usar sus uniformes mientras ejerzan su oficio”.
Puesto en otras palabras, los soldados gozarán de inmunidad en cualquier acción que realicen en nombre de salvaguardar las aguas.
El contrato ha creado confusión sobre el propósito de las naves, mas que todo por la desconfianza general del accionar de EEUU en la región, probablemente basada en eventos recientes como el golpe de estado en Honduras que aparentemente tuvo aprobación estadounidense (y las noticias de la semana pasada de nuevos planes para construir otra base militar allí), así como también el acuerdo polémico de establecer siete nuevas bases militares en Colombia.
El anuncio ha provocado una reacción violenta en Costa Rica. La medida, que puede renovarse después del 31 de diciembre, ha sido objeto de crítica tajante tanto por los legisladores como la población civil. Los críticos dicen que el desembarco masivo de una milicia extranjera no solo viola la Constitución actual sino que también amenaza el tejido moral de una nación que abolió constitucionalmente su propio ejército en 1949.
En un discurso apasionado durante la votación del gobierno, el líder del parlamento José María Villalta, del partido Frente Amplio, planteó que además de considerar las consecuencias legales, cabe recordar que la medida va en contra de los ideales costarricenses.
“No podemos quedar silenciosos”, dijo Villalta. “Los valores fundamentales del estado costarricense están en riesgo, los valores centrales que han distinguido este país —un país de paz que rechaza el militarismo, donde tenemos una declaración de neutralidad perpetua con respecto a los conflictos militares en otros países— y ahora queremos ser cómplices en una estrategia de militarización que tiene lugar en América Latina.”
En una entrevista con Upside Down World, Francisco Cordero-Gené, el que sirvió como avisador a la asamblea legisladora durante las dos administraciones pasadas (anteriores de la de la presidenta actual Laura Chinchilla, quien ha dado su apoyo a la nueva medida), resumió las principales contenciones legales de aquellos que se oponen al uso de aguas costarricenses por parte de la marina estadounidense.
“Aparte del procedimiento oscuro por cual se aprobó el permiso, es que se permite claramente un acceso sin límite a los puertos por las tropas del departamento naval de defensa, no solo por las autoridades legales de la Guardia Costera. Entonces, sostenemos que la razón ofrecida por el permiso ha sido invalidada. Excede las responsabilidades del Congreso –ninguna base para autorizar esta invasión es solamente suya,” dijo Cordero-Gené.
En efecto, el artículo 12 de la Constitución 1949 dice: “Se proscribe el ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias. Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil; no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva.”
A causa de esta cláusula, se han sometido cinco escritos legales de “recursos de amparo” que se oponen a la decisión del Congreso, en su intento de declarar inconstitucional tal aprobación.
Organizaciones como el Quaker Friends Peace Center, de cual Cordero-Gené es parte, ponen en duda los motivos de los barcos. Como ahora existen violentos conflictos laborales en Panamá (debido a protestas que los obreros de bananeras realizan en contra de nuevas políticas que debilitarían los sindicatos laborales y permitirían el despido de trabajadores que participan en huelgas.) Cordero-Gené dice que no le sorprendería que hubiera una conexión.
“La falta de debate en el Congreso le hace a uno sospechar que vayan a llevar a cabo operaciones militares y no necesariamente limitarse a las operaciones contra el narcotráfico,” dijo Cordero-Gené. “¿Es una coincidencia que los barcos llegan cuando se lleva a cabo una nueva administración que elimina la autoridad de la agencia estatal JAPDEVA (Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica) y su grupo de obreros portuarios sindicalizados…y previene la posibilidad de huelgas, paros, e incidentes en Limón, como los de Panamá?”
Hasta ahora no existe ninguna respuesta a éstas y otras preguntas, tal como la de porque los fondos que se usan para esta operación no se dirigen para entrenar y equipar la Guardia costera costarricense.
Incluso la Washington Office on Latin America (WOLA), generalmente considerado la autoridad no-gubernamental más fuerte en los EEUU con respecto a America Latina, parece confundida.
“Otra vez, el gobierno no ha hecho pública ninguna declaración sobre esto—nadie dice nada,” dijo Adam Isacson, un colegiado del programa de Política de Seguridad Regional de la WOLA. “Con certeza, hay un problema de drogas en esa área, pero no sabemos si el numero 7,000 (de marinos) de que se habla ahora es más grande que lo que se permite según el acuerdo de 1999. El aumento podría ser justificado, pero nosotros simplemente no sabemos.”
Cordero-Gené está de acuerdo en que la seguridad de drogas es un tema popular en Costa Rica, pero es un problema de percepción puesto que las estadísticas de crimen no se incrementan.
“El problema de las drogas no es, esencialmente, un problema de seguridad; ya que los asaltos y delitos cometidos son debido a la pobreza y a una cultura cada vez más violenta…Es obvio que este desplazamiento es una respuesta a la carrera armamentista y las alianzas para neutralizar los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA),” dijo. “Este frente está vinculado sin duda a las acusaciones de los dos presidentes de Colombia (Presidente actual Álvaro Uribe y presidente entrante Juan Manuel Santos) que Hugo Chávez apoye los guerrillas-narcotraficantes.”
Cordero-Gené no es el único que piensa así—hay muchas más explicaciones ofrecidas por la oposición desde que se dio el anuncio en Costa Rica. Por ahora, quedan solo como teorías, pero dentro del contexto de los acuerdos norteamericanos para construir nuevas bases militares y entrenar personal en países como Colombia, Brasil, y Perú, muchos las ven como posible y no sorprendente.
La indignación pública contra la medida está creciendo en Costa Rica. Ya se hicieron manifestaciones contra la militarización en San José, y pocos días después del anuncio, un grupo del Facebook titulado “¡No a la presencia militar en Costa Rica!” ya tenía más de 20,000 miembros. Se planea una gran manifestación entre los sectores públicos para el 26 del Julio cuando lleguen los primeros barcos.
A pesar del intento, quedan incertidumbres sobre las condiciones del acuerdo. La llegada inesperada de una milicia extranjera a una nación con la tradición orgullosa de la paz, la neutralidad, y el desarme ha creado muchas más preguntas que respuestas.