Nueva ola de criminalización de los movimientos sociales en Ecuador

 

Los movimientos antimineros e indígenas de Ecuador denuncian nuevos intentos por parte del gobierno de Correa de criminalizar las protestas. Más de treinta personas, entre ellas máximos líderes del movimiento indígena nacional, están siendo investigadas por acusaciones de terrorismo y sabotaje, como resultado de su participación en protestas relativas a controversias por la minería del oro y el cobre, y a los derechos indígenas y el agua.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Marlon Santí, ha sido citado, junto a otras personas, apenas algunos días después de que se celebrara en el norte de Ecuador una Cumbre de la Alianza Bolivariana (ALBA), en la que los derechos indígenas fueron un asunto prioritario en la agenda. La CONAIE expresó su rechazo a la cumbre del 24 y 25 de junio, cuestionando por qué el ALBA trataría el tema de los derechos indígenas sin la representación de organizaciones indígenas importantes como la suya.

Apenas finalizada una marcha de once días desde el Amazonas hasta la capital de Quito, realizada en conmemoración del vigésimo aniversario del primer gran levantamiento indígena en Ecuador, varios miles de personas participaron de la protesta. Querían hacerle llegar un comunicado al presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, presente en la reunión del ALBA, en el que se detallaba la preocupación de los indígenas por quedar excluidos de ese encuentro, sus inquietudes respecto de las soluciones al cambio climático basadas en el mercado, y la continua dependencia en la industria extractiva que busca el presidente Correa, y que ellos temen que pondrá en riesgo las vidas y medios de vida de las comunidades indígenas y campesinas afectadas. Cuando se hizo evidente que no podrían ver a Morales, se retiraron para reunirse en un parque cercano al lugar.

Según el abogado y profesor Mario Melo, quien cita documentos relativos al periodo de investigación previa, Santí y otros han sido acusados de terrorismo y sabotaje por traspasar el perímetro policial, y por un par de esposas que se habrían extraviado durante la refriega. Escéptico de que eso pueda ser suficiente para justificar un cargo por terrorismo, Melo considera que las investigaciones penales intentan “intimidar y desmovilizar a las organizaciones y sus líderes” (1)

Lourdes Tibán, miembro de la Asamblea Nacional por el partido indígena Pachakutik, también cuestionó cómo es posible que se acuse a los líderes indígenas cuando la Asamblea Nacional acaba de aprobar una resolución para declarar el 21 de junio día cívico de conmemoración, por “las grandes contribuciones del movimiento indígena durante los últimos veinte años”. Tibán recuerda un episodio ocurrido en 2007, en el que un líder del partido Pachakutik elegido a nivel provincial fue acusado después de participar en protestas por la redistribución de la renta petrolera, y luego se determinó que era inocente. (2)

Marlon Santí dice que los fundamentos de las investigaciones son “ridículos”, pero afirma que participará en el proceso penal. (3) Sin embargo, agrega que “hay cuestiones subyacentes que deben discutirse, y estas investigaciones no nos silenciarán”. (4) Las tensiones entre el gobierno nacional y el movimiento indígena nacional han ido en aumento durante los últimos años. Hace pocos meses, la CONAIE, en alianza con otras organizaciones indígenas, como la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN) y la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), han estado en constante disputa con el gobierno nacional y la asamblea legislativa sobre la propuesta ley de aguas. (5)

Por su parte, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, acusa a los líderes indígenas de violencia, y dice que “es imposible dialogar con [ese tipo de personas]”. Aunque Correa encabezó la Declaración de Otavalo (6) firmada por líderes del ALBA, que promete construir sociedades que respeten los derechos de los pueblos indígenas y de origen africano, y ratifica el compromiso de esos líderes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, desestima los reclamos de la CONAIE y alega que sólo intentan derrocarlo. Les advirtió a los líderes de la CONAIE que no interpreten los cargos como una persecución política, y dijo: “Aquí, como en Venezuela y Bolivia, hay varios grupos conspirando contra nuestros gobiernos”. (7)

Sin embargo, durante las últimas semanas ha crecido el número de personas que enfrentan investigaciones penales graves. Además de las investigaciones a líderes nacionales, unos treinta activistas y líderes comunales de las provincias del centro y sur del país están siendo procesados por acusaciones de gravedad similar relacionadas con conflictos de larga data que mantienen con compañías mineras de capitales canadienses, y ahora también chinos. En dos casos, los cargos por terrorismo y sabotaje hacen referencia a protestas recientes contra la minería del oro.

Retroceso en avances pasados

La situación representa un paso atrás para la pequeña nación Andina que en su Constitución Política de 2008 consagró el derecho a la protesta, los derechos de la naturaleza, y el derecho al agua. También es apropiado recordar que la Asamblea Nacional Constituyente otorgó amnistía en marzo de 2008 a más de 350 activistas que enfrentaban una serie de cargos como resultado de su oposición a proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos. Sin embargo, aliados políticos como el entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Alberto Acosta, que ayudaron a lograr la amnistía y apoyaron las luchas por la ampliación de derechos en la constitución, se han alejado del movimiento político de Correa, Alianza PAIS.

Organizaciones ambientales y de derechos humanos de Ecuador consideraron el 14 de marzo de 2008, cuando la Asamblea Nacional Constituyente dictó la amnistía, un “día trascendental”. (8) El entonces Presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, dijo que la decisión era “un mensaje muy claro de que la manipulación del sistema judicial para ejercer presión sobre ciertos procesos sociales no puede permitirse”. (9) El comunicado de prensa oficial se refirió a los activistas como “compatriotas” que “protagonizaron episodios de protesta, en defensa de sus comunidades y de la naturaleza, frente a proyectos de explotación de los recursos naturales”. (10) Hoy, Alberto Acosta, también ex Ministro de Minas y Energía de Correa, afirma que las acusaciones contra activistas por terrorismo y sabotaje son “tremendamente vergonzosas”, y agrega que “no tienen fundamento en la justicia o en un sistema judicial democrático”. (11)

También se encuentran bajo renovada amenaza organizaciones que apoyan a los movimientos sociales que cuestionan el modelo de desarrollo económico del país. En marzo de 2009 han cerrado las puertas de la organización ambiental Acción Ecológica, con base en Quito, cuando el gobierno revocó su estatus legal, lo que desató protestas nacionales e internacionales. Más recientemente, durante un comunicado de principios de este mes por radio nacional, Correa lanzó un nuevo aviso a las organizaciones que reciben apoyo internacional: “Vienen estos gringuitos con la panza bien llena a convencer a los indígenas de que no se puede extraer el petróleo ni (operar) las minas. Les pasan plata a los indígenas y cuando logran su objetivo se van y los indígenas quedan más pobres que antes”. Correa insinuó que aquellos que intervengan en la lucha de los movimientos indígenas podrían ser expulsados del país. (12)

La insinuación del presidente de que Ecuador quedará empobrecido sin la minería resuena a antiguas campañas de publicidad de las compañías mineras de capitales canadienses, tales como Corriente Resources (recientemente vendida a un empresa conjunta de origen chino), cuyos slogans “Trato justo” y “Pobres sin cobre” eran emitidos por televisión en horario central, y distribuidos en publicaciones nacionales. Hoy la diferencia es que Correa promociona un mayor control estatal y una redistribución de los beneficios.

Aun así, las vagas promesas de que la minería del oro y el cobre será ambientalmente responsable todavía no tranquilizan a las comunidades indígenas y no indígenas a nivel local, que están preocupadas por los impactos potenciales de la minería en bosques y aguas, y en consecuencia, en sus vidas y modos de vida. En otras palabras, creen que podrían verse empobrecidos a causa de la minería. “He escuchado el discurso de Rafael Correa”, dijo Marlon Santí en una entrevista reciente con el investigador canadiense Jeffrey R. Webber, “de que estamos sentados en una montaña de oro y que sería estúpido no explotarla. Pero eso es pensar en el corto plazo, pensar sólo en el presente. ¿Y qué hay de nuestro futuro?” (13)

El conflicto se consolida

Desafortunadamente, en lugar de ayudar a tratar puntos de disenso entre el movimiento indígena y el gobierno central sobre el manejo de los recursos naturales, y entre los conflictos locales y los imperativos económicos locales, la actual ola de investigaciones penales contra líderes de movimientos sociales como Santí representa una mayor consolidación de esos conflictos. Con el poder actualmente en manos del estado y las compañías, mientras que la nueva ley garantiza protección a las empresas mineras en sus operaciones, estas acusaciones sirven para marginalizar las voces de organizaciones indígenas y campesinas que históricamente han tenido que luchar por cada derecho obtenido, pero los obligan a seguir luchando.

Jennifer Moore es una periodista independiente canadiense que ha estado informando desde Ecuador durante varios años.

Notas:

1.  Melo, Mario, 1 de julio de 2010, “Organizaciones Indígenas ecuatorianas en indagación previa por el delito de terrorismo”

2. CONAIE, 1 de julio de 2010, “Pachakutik denuncia criminalización del movimiento indígena”

3. CONAIE, 1 de julio de 2010, Grabación de la conferencia de prensa: http://www.youtube.com/watch?v=Ghx_Zkj5Wgs

4. CONAIE, 7 de julio de 2010, Grabación de la conferencia de prensa en Quito, Ecuador: http://www.youtube.com/watch?v=S1Bnt4TBFHM

5. Para más información, véase Upside Down World, 7 de mayo de 2010, “Ecuador: The Debate in the Streets”http://upsidedownworld.org/main/ecuador-archives-49/2483-ecuador-the-debate-in-the-streets- y Upside Down World, 18 de mayo de 2010, “Decision delayed over Ecuador’s new water law”http://upsidedownworld.org/main/ecuador-archives-49/2495–decision-delayed-over-ecuadors-new-water-law

6. ALBA, 25 de junio de 2010, “Declaración de Otavalo: Cumbre ALBA-TCP con Autoridades Indigenas y Afrodescendientes”; http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6544

7. El Ciudadano, 26 de junio de 2010, “Presidente Correa; El diálogo está agotado con la dirigencia indígena”;http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=14317:presidente-correa-el-dialogo-esta-agotado-con-cierta-dirigencia-indigena&catid=1:actualidad&Itemid=42

8. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), 14 de marzo de 2008, “Carta de Reconocimiento”

9. Alberto Acosta, 13 de marzo de 2008, Conferencia de prensa

10.Sala de Prensa Jose Peralta, 14 de marzo de 2008, Boletín 633, “Alrededor de 357 ciudadanos se beneficiaron de este recurso”

11. Upside Down World. Jeffrey R. Webber, July 12th 2010, “Ecuador’s Economy Under Rafael Correa: Twenty-First Century Socialism or the New Extractivism? – An Interview with Alberto Acosta”;http://upsidedownworld.org/main/ecuador-archives-49/2586-ecuadors-economy-under-rafael-correa-twenty-first-century-socialism-or-the-new-extractivism–an-inteview-with-alberto-acosta

12. “Hoy”, 10 de julio de 2010, “ONGs que intervengan en política serán expulsadas, dice Correa”;http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ongs-que-intervengan-en-politica-seran-expulsadas-dice-correa-418108.html

13. Global Research, Jeffrey R. Webber, 13 de julio de 2010, “Indigenous Struggle, Ecology, and Capitalist Resource Extraction in Ecuador”; http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20118