REDD (Reducción de Emisiones por la Deforestación y Degradación evitada), es un programa de las Naciones Unidas para combatir el cambio climático. Entrará en función después del vencimiento del Protocolo de Kyoto (2012), e incluye los bosques en el Mercado de los Bonos de Carbono.
Con REDD, las empresas más contaminantes del planeta podrán continuar su actividad si, en cambio, financian a las comunidades del Sur del mundo que viven en los bosques para que los conserven. Según los promotores del programa, éstos absorberán las emisiones de Co2 de las empresas, salvando así nuestro planeta, y al mismo tiempo las comunidades crecerán económicamente. “Estos mecanismos cumplen con los objetivos de desarrollo sustentable: combaten la pobreza y al mismo tiempo el cambio climático”, declaró el presidente mexicano Calderón durante la COP16 de Cancún.
Pues se pretende combatir el calentamiento planetario sin reducir las emisiones de gases a efecto invernadero, y sin poner en discusión el sistema capitalista y sus excesivos consumos, verdaderas causas del desastre ambiental.
Analizando la aplicación de REDD a la Selva Lacandona, en el estado mexicano de Chiapas, sobresalen todos los problemas que el programa lleva consigo. California y el Estado de Acre (Brasil) desde hace tiempo han puesto los ojos sobre la selva chiapaneca, segundo pulmón latinoamericano. En noviembre de 2010, los dos gobiernos han firmado un acuerdo con el gobernador Juan Sabines Guerrero, que pone las bases a la entrada de REDD en Chiapas.
Ya en 2009 el gobierno del Estado inició el Programa de Acción ante el Cambio Climático en Chiapas (PACCCH), gracias al apoyo de la Embajada Británica, Conservación Internacional, ONG conservacionistas (que tienen el importante papel de hacer de intermediarios con las comunidades) y académicos. Entre ellos, los investigadores de ECOSUR (El Colegio de la Frontera Sur) que, junto a otros sujetos como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), están elaborando un documento para implementar REDD+ en México. ECOSUR está también creando un Inventario Forestal y de Suelos, para identificar áreas prioritarias en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero y a sumideros de carbono, para facilitar las inversiones en el marco de REDD+.
Además, ECOSUR colabora en la implementación de proyectos para abrir la vía a REDD en la Selva Lacandona, llamados, no al azar, “Acciones Tempranas.” En particular, ECOSUR promueve proyectos de reconversión productiva en el marco de la iniciativa Corredor Biológico Mesoamericano. El objetivo del Corredor, según quien lo apoya, es conectar las áreas naturales protegidas de la región mesoamericana para conservar la biodiversidad, promoviendo proyectos ecoturísticos o el cultivo de monocultivos como frutales o palma aceitera. Según otros, el verdadero objetivo de la reconversión productiva es lo de preparar las comunidades a la entrada de REDD.
En la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, que es parte de la Selva Lacandona, instituciones como CONAFOR y Proárbol están trabajando a la entrada de REDD a través de los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), cuyo objetivo declarado es el mismo de REDD: reducir la deforestación y la pobreza.
Además, el gobernador Juan Sabines Guerrero ya está pagando 2000 pesos mensuales a algunas familias de indígenas lacandones para preservar la zona. “No podemos permitir asentamientos humanos en el interior de la Reserva”, ha declarado Sabines. Es cierto que la colonización de la Selva Lacandona ha creado un desastre ambiental: para crear un espacio para las casas, cultivos y crianzas, los colonos han cortado una gran cantidad de árboles. Sin embargo, ¿no serán las empresas madereras las mayores responsable de la deforestación de la selva?
Para entender lo que está pasando en la Lacandona y el empleo político que el Gobierno del Chiapas está haciendo de REDD, es necesario abrir un pequeño paréntesis histórico. En 1972 el gobierno federal entregó 614 mil 321 hectáreas de selva a 66 indígenas lacandones (que no es su verdadero nombre, ni son pobladores originarios de esa región), amenazando treinta y siete comunidades de otras naciones indígenas con ser desalojadas, a pesar de estar asentadas, a veces legalmente, en esta tierra. Los lacandones, a cambio, firmaron un acuerdo en el que prometían a la empresa Cofolasa 35000 metros cubicos de madera al año durante diez años.
La ley de titulación, llamada Decreto de la Comunidad Lacandona, fue el primer paso (y REDD es el ultimo) para la abertura de la “brecha lacandona”, es decir la tentativa de delimitar físicamente el territorio de los lacandones, que siguen cooperando con las políticas gubernativas, dejando afuera quien no lo hace. Un paso ulterior en la abertura de la brecha fue la creación, en 1978, de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules: las áreas naturales protegidas son políticas para despojar a los pueblos indígenas de los derechos sobre sus territorios. Al interior del Reserva existe una zona “a uso restringido”, donde ha sido prohibida la presencia de asentamientos humanos: las familias que vivían en el área han estado desalojadas y reubicadas de manera forzosa, también con operativos paramilitares, como ocurrido en 2006 en la comunidad de Viejo Velasco. El año siguiente, las comunidades El Buen Samaritano y San Samuel fueron ocupadas por el ejercito y desalojadas.
En el documental “REDD: la codicia por los árboles”, Francisco Alfonso de Amador Hernández afirma que, por miedo, muchas comunidades han iniciado a negociar con el gobierno el traslado a una Ciudad Rural Sustentable. Las Ciudades Rurales Sustentables son núcleos de vivienda, impersonales y miserables, dónde vienen reubicadas personas que llegan de comunidades diferentes, pertenecen a diferentes naciones indígenas y no hablan el mismo idioma. De esta forma, el gobierno puede ejercer un mayor control sobre ellas, y emplearlas como mano de obra barata en el cultivo de agrocombustibles.
En el folleto “Visión de México sobre REDD+”, el gobierno federal subraya la importancia de “respetar los derechos de propiedad social y promover el manejo forestal comunitario, tanto en lo que se refiere a la propiedad y posesión de sus tierras, como en los beneficios que del manejo de las mismas se deriven. Se reconoce la importancia de la participación de las comunidades en el diseño e implementación del proyecto”. En realidad, los indígenas no han participado en el diseño de REDD, y sus supuestos beneficios no están distribuidos igualmente entre las comunidades ni, a menudo, dentro de la misma: por ejemplo, en Frontera Corozal, dónde viven unos 1100 habitantes, el acuerdo si firmó con sólo 60 comuneros. Por lo tanto, REDD y los proyectos que están preparando su entrada no hacen que agudizar la tensión ya presente en la Lacandona.