El Comité Internacional en Solidaridad con San Juan Sacatepéquez redacta este documento con el objetivo de explicar lo que en este momento ocurre en Guatemala. Mujeres y hombres de las 12 comunidades kaqchikeles desde hace más de 10 años vienen organizando una lucha por la defensa de sus territorios ante el despojo que se intenta imponer para la construcción del proyecto Cementero San Gabriel (parte de la Cementera Progreso) y contra la construcción de un anillo regional que no será otra cosa que una carretera para los fines extractivos de la cementera.
El día lunes 22 de septiembre de 2014 fue liberada la compañera periodista Norma Sancir, que había sido apresada por estar cubriendo el desalojo de las comunidades Chortís en el Puente de Jupilingo, Camotán, Chiquimula el jueves 18 de septiembre. La liberación fue resultado de los esfuerzos de varias miles de mujeres y hombres que se manifestaron de distintas maneras: mandando cartas de repudio, exigiendo en la embajadas, redactando columnas en los medios de comunicación escritos, por la gestión de abogados comprometidos y gracias el apoyo de cientos de personas que no están conformes y se manifiesta contra las infamias que el gobierno de Guatemala esta cometiendo contra los derechos humanos. El juzgado primero de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Chiquimula no tuvo otra opción que fallar por falta de mérito en favor de Sancir, lo que la dejó en libertad. Fue una victoria colectiva.
Ese mismo día corrió el rumor de que se estaba preparando un Estado de Excepción para el municipio de San Juan Sacatepéquez. Ante los rumores, las compañeras de las comunidades comenzaron a denunciar e iniciaron una campaña para solicitar apoyo y solidaridad. Con información de Prensa Comunitaria nos enteramos que lo que se decretó fue el Estado de Prevención número 6-2014 (un Estado de Sitio con otro nombre).
Al revisar los criterios legales para el establecimiento de un Estado de Sitio, según la Ley de Orden Público y el artículo 139 y 151 de la Constitución de la República de Guatemala, para establecer un Estado de Prevención y suspender garantías constitucionales, es preciso notificar con 48 horas de anticipación la ejecución del mismo y esta notificación debe ser publicada en el diario oficial y en los diarios de mayor circulación. Lo que sucedió fue lo contrario, pues el día lunes 22 de septiembre a las 6:00 A.M. el ejército ya estaba en las aldeas de San Juan y luego publicaron el decreto.
En el discurso del ministerio de gobernación que fue transmitido por los medios de comunicación se decía que la imposición de esta medida respondía al objetivo de resolver y garantizar la seguridad después de la masacre de 9 personas ocurridas en la aldea Pajoques, localidad que pertenece a San Juan Sacatepéquez. La pregunta que hay que respondernos es ¿Por qué poner un Estado de prevención violando las normativas y procedimientos de manera tan apresurada?
Los hechos:
1. Tuvimos conocimiento de la masacre a través de los medios de comunicación escrita de Guatemala, supimos que habían asesinado a 9 personas en la comunidad los Pajoques. Se decía en los medios de comunicación que la masacre se había llevado a cabo debido al enfrentamiento entre comuneros. El argumento es el siguiente: algunos comunitarios han vendido su tierra para la construcción del denominado anillo regional, que es una carretera que sirve como vía de acceso a la cementera San Gabriel. Se dice que hay una división en las comunidades y que ésta responde al criterio de vender o no la tierra para que se construya la carretera del anillo regional; y que ante tal situación se ha generado una disputa entre los comunitarios lo que ha llevado a una matanza entre ellos. El Periódico escribió lo siguiente: “Un grupo de comunitarios rodeó su residencia – de Marcelo Pajoc Max quien supuestamente trabaja en la cementera- desde la noche del viernes y éste disparó contra los pobladores, matando a dos personas. Posteriormente, entraron a su casa y lo asesinaron a él y a cinco integrantes de su familia.” (tomado del periódico el martes 23 de septiembre de 2014).
El estado de prevención durara 15 días y su objetivo es resguardar las seguridad y las propiedades de los comunitarios, declaró el ministro de gobernación . Según éste, se están buscando a los responsables de la masacre y a un grupo paramilitar que intimida a la gente para que no vendan sus terrenos . Contraria a esta versión, los comunitarios manifiestan que tales alegatos no son verdaderos, pues lo que ha sucedió es que la gente de la cementera está falsificando escrituras, han inventado dobles títulos y de esa forma presionan a la gente a vender sus tierra.
Las imágenes de las fotografías que colocaron a mujeres y hombres ensangrentados, recuerdan a las que vimos reiteradamente en los tiempos de la guerra guatemalteca y en los momento en que los militares cercenaban los cuerpos de las mujeres y los hombres, cuando saqueaban las casas y las quemaban. Si se revisan los libros de testimonios sobre la manera en que la gente narra las formas en que los militares desaparecían pueblos (REMHI o el Informe de la Memoria Histórica) veremos que se imágenes se repiten. Eso nos lleva concluir lo siguiente: Quienes estuvieron a cargo de perpetrar esa masacre fue gente entrenada en producir la muerte de la misma forma en que lo han hecho los militares guatemaltecos.
¿Qué dicen los comunitarios? Es que los promotores de la empresa son los que mataron a los vecinos, eso queda claro en el siguiente testimonio de un habitante de las comunidades que prefiere no dar su nombre por resguardar su seguridad: “Nosotros somos gente de paz, no estamos armados. A los baleados los llevamos al hospital pero fallecieron, escuchamos los balazos y vimos a los carros quemarse, dimos aviso a la policía, le llamamos para que interviniera, pero nunca llegaron, gastamos el saldo de nuestros celulares, llamamos al 110 y nos respondieron que pronto vendrían pero nunca llegaron. Quienes cometieron la masacre es gente que es pagada por la empresa cementera.”
Los muertos son compañeros que pertenecen a la lucha contra la cementera y que dejan en la orfandad a niñas y niños
2. Cuando el ejército ingresó ilegalmente a San Juan Sacatepéquez el día lunes 22 de septiembre a las 6 horas A.M. Las comunidades se reunieron en el campo de futbol y hábilmente obligaron los militares y policías a una reunión de negociación. En esa reunión se concretó un acuerdo. Los comunitarios solicitaron que no destruyeran las casas, ni rompieran los vidrios de las ventanas, que respetaran la integridad de lo niños y de las mujeres y a cambio ellos dejarían que se realizaran las allanamientos e informaran a las comunidades el motivo de la masacre. El representante de los militares firmó el acta comunal, sin embargo los testimonios de los comunitarios demuestran que en la práctica los militares no cumplieron su palabra e ingresaron a las viviendas causando destrozos.
Los testimonios de las mujeres y hombres de las comunidades de San Juan afirman que el resultado del Estado de Prevención ha beneficiado a la Cementera San Gabriel:
a) Mientras el ejército allana viviendas y concretiza las órdenes de captura, los trabajos de la cementera se han reiniciado, según una compañera: “Ellos están comenzando a hacer ya la carretera para el anillo regional”. También dicen: “El Ministro de Gobernación aprovecha esta situación para reprimir a las comunidades con la intención de callar a las comunidades, porque los dirigentes comunitarios no son terroristas como nos han llamado, somos defensores de derechos humanos y estamos exigiendo que haya un respeto a los derechos… pero se ve claramente que este señor está favoreciendo a la cementera”
b) Han apresado a Tomás Pajoj Xolix, de 25 años de edad y Jesús Pajoj Xolix de 31, Rafael Santos Pajoc Xolix y José Dolores Pajoc Pirir, que están detenidos en la comisaria de Mixco y los acusan de ser responsables directos de la masacre. Uno de los capturados, don José Pajoc, es papá de un joven asesinado y de otros dos que están heridos. Don José pasó por el hospital, la morgue y ahora está en la cárcel.
c) Están exigiendo y obligando a los niños y niñas que den los nombres de las autoridades comunitarias. “De esta manera se les está intimidando y obligando a los niños que dieran nombres de los dirigentes comunitarios”
Parece un rompecabezas que se ha planificado para que no se entienda. Pero lo que las comunidades tienen claro es:
A) La masacre es un hecho construido que ha costado varias vidas. El objetivo de este evento violento es imponer el Estado de Sitio (con el nombre de Estado de Prevención), para continuar con las obras de construcción del Anillo Regional, que es clave y estratégico para la culminación de los objetivos de la Cementera San Gabriel.
B) Las órdenes de captura se están dictando contra las y los dirigentes comunitarios, porque el objetivo de este montaje es desestrucuturar a la organización comunitaria.
C) En el Estado de Prevención, los comunitarios no se sienten protegidos, al contrario, temen por su integridad y sus vidas, porque la historia del ejército no hace otra cosa más que dar cuenta de su espíritu represor.
El Comité Internacional en Solidaridad con San Juan Sacatepéquez