(IPS) – El saliente presidente de México, el conservador Felipe Calderón, volverá a las urnas, pero no para competir por un cargo público, sino para afrontar el veredicto popular en un juicio de ciudadanos que lo acusan de violar la Constitución.
El tribunal erigido por una plataforma de mexicanos descontentos con el gobierno de Calderón, al que apenas le resta menos de un mes de mandato, reúne demandas individuales y colectivas y prepara un pliego que someterá a votación popular a partir del próximo domingo 18.
La iniciativa se compone de un catálogo de 11 conceptos, como violación de las garantías individuales, establecimiento y promoción de un estado de violencia generalizada, eliminación de fuentes de empleo y disminución de los derechos de los trabajadores, empobrecimiento y desatención a problemas sociales, así como permisividad y fomento a la corrupción.
Desde el 18 de octubre, cuando fue lanzado, el movimiento acoge 78 demandas, de las cuales 27 provienen de la Ciudad de México, nueve del vecino estado de México y ocho del sudoriental Veracruz, estos dos últimos distritos aquejados por la violencia ligada al tráfico de drogas ilícitas por agrupaciones que pugnan por la provisión al lucrativo mercado estadounidense.
Uno de los acusadores y quien se ha apuntado para formar el jurado de la acusación es el artista Carlos Vigueras, director del Museo Casasola, en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos y una de las urbes más violentas del país.
“La complicidad de Calderón en esta bélica y sanguinaria maniobra para controlar los recursos de México es producto del pago que tuvo que hacer para gobernar un país vulnerable y ocupado”, dijo a IPS este artista en alusión a la guerra contra las drogas lanzada por el gobernante apenas después de asumir el cargo en diciembre de 2006.
Esa campaña ha dejado más de 90.000 muertos, al menos 14.000 desaparecidos y unos 250.000 desplazados de sus hogares, según organizaciones de derechos humanos, recuentos periodísticos y fiscalías estaduales.
Esos números funestos, cuyo origen achaca el gobierno a las bandas de narcotraficantes, encabezan el descontento popular hacia Calderón, que entregará el gobierno el 1 de diciembre a Enrique Peña, del tradicional Partido Revolucionario Institucional.
En la página electrónica del tribunal se han inscrito 309 personas para formar parte del jurado.
La iniciativa arguye que “existen razones conocidas y suficientes para poner en duda el cumplimiento del juramento expresado por el señor Calderón, el 1 de diciembre de 2006”, en referencia a su compromiso de respetar y hacer valer la Constitución cuando juró por la más alta magistratura del país.
Las denuncias presentadas, sustentadas bajo cualquiera de los 11 principios, serán la base para estructurar una querella sujeta a la votación de la ciudadanía.
Para este fin, los ciudadanos podrán emitir su sanción (voto) de manera individual, registrándolo en la página Tribunal Ciudadano MX, de forma colectiva colocando mesas de consulta en las plazas de las ciudades el domingo 18 o bien realizando reuniones vecinales, familiares, laborales, deportivas o culturales” para atraer a los votantes.
El profesor de español David Porcayo también optó por interponer su demanda.
“Ahora soy un desempleado más, por la gracia de Calderón, quien se ha desempeñado mal como presidente y no ha cumplido, como la ley lo exige, en trabajar por el bien del país”, declaró a IPS este maestro bilingüe, que cuenta con una maestría en literatura otorgada por la estadounidense Universidad de Georgia.
En la localidad de Temixco, a unos 95 kilómetros al sur de la Ciudad de México, Porcayo tiene desde 2006 una escuela de enseñanza de español para visitantes extranjeros y administra con sus hermanos una empresa de recorridos turísticos.
“Debido a ‘la guerra contra las drogas’ y la violencia desatada, estudiantes universitarios de Estados Unidos han dejado de venir, las universidades ya no les dan permiso a sus estudiantes y profesores para que tomen mis cursos de español, literatura e historia por miedo a la violencia y la inseguridad que se respira en nuestro estado (Morelos), denunció el maestro.
“Ante la impunidad que reina en México, sabemos que será muy difícil hacerle cargos penales a Calderón y a los verdaderos responsables, empezando por los vecinos y sus barones globalizados”, aseveró Vigueras, autor del libro “México, país de las maravillas”.
Calderón ya fue demandado internacionalmente. Un grupo de activistas presentó en noviembre de 2011 una petición de investigación ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, sobre el mandatario mexicano, sus secretarios (ministros) Genaro García, de Seguridad Pública, Guillermo Galván, de Defensa Nacional, y Mariano Saynez, de Marina, para constatar su grado de responsabilidad en la violencia que azota al país.
La solicitud incluye también a Joaquín “El Chapo” Guzmán, jefe del narcotraficante Cartel de Sinaloa, el más poderoso de esta nación latinoamericana.
Los acusadores consideran que le corresponde a la CPI investigar las violaciones cometidas por soldados, entre las que se cuentan homicidios de civiles en retenes militares, desapariciones forzadas y torturas, así como los ataques perpetrados por narcotraficantes a hospitales y centros de rehabilitación y los asesinatos masivos de inmigrantes.
“Estamos conscientes de que no es el primer presidente que actúa de esta manera, pero también decididos a establecer de facto, el derecho y la obligación que nos otorga la Constitución, de demandar al presidente cuando, como sociedad, pensamos que el compromiso establecido no ha sido cumplido debidamente por éste”, resalta el Tribunal Ciudadano.
Calderón termina su mandato de seis años con la aprobación de 49 por ciento de las personas consultadas, menor que la de sus antecesores, según una encuesta difundida el lunes 12 por la consultora BGC y el periódico Excelsior.