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Wednesday, 23 April 2014
Ecuador: Correa busca reabrir proyecto minero impopular en Junín PDF Print E-mail
Written by Carlos Zorrilla, Traducción por Nancy Piñeiro   
Friday, 04 June 2010 08:12
Un sitio web oficial revela que el gobierno de Correa planea invertir $180.000 en “estudios sociales y ambientales” durante 2010, para determinar la factibilidad del yacimiento de cobre de Junín. El estudio sería el primer paso dado por la compañía minera estatal, de reciente creación, para tratar de reactivar un proyecto minero que ha dejado como resultado el fracaso de dos compañías mineras transnacionales a manos de las comunidades y organizaciones de Intag. Ahora se está preparando el escenario para posibles confrontaciones entre las comunidades y los gobiernos locales, enfrentados con el gobierno nacional y su compañía minera estatal.

El proyecto minero cuprífero de gran escala de Junín, situado en uno de los bosques más amenazados y con mayor biodiversidad del mundo1, también ha dado lugar a innumerables ilegalidades y violaciones de derechos humanos. Entre ellas: invasión de tierras, graves conflictos sociales, enfrentamientos violentos, empleo de fuerzas paramilitares contra las comunidades, criminalización de líderes de la oposición, y un abuso atroz del sistema judicial del país. El resultado neto, a pesar de que la mina nunca se abrió, ha sido una agitación social trágica, comunidades y familias profundamente divididas, y una sensación de incertidumbre e inseguridad. La nueva propuesta del gobierno llega en momentos en que las divisiones comenzaban a superarse. Vale la pena resaltar que todos los abusos de los derechos humanos y el estrago y agitación sociales ocurrieron a pesar de que la compañía minera no pudo siquiera acceder a sus concesiones para finalizar las tareas de exploración, debido a una oposición local generalizada.

La amenaza de la mina también movilizó a las comunidades y organizaciones de Intag para rechazar con éxito, y de manera pacífica, la presencia de compañías mineras y el modelo de desarrollo que éstas representan. El movimiento antiminero en Intag es responsable del desarrollo de nuevas formas de oposición a este tipo de proyectos extractivos, entre ellas: crear alternativas económicas a la minería, llevar a la corte de Canadá a la compañía y la Bolsa de Valores de Toronto, y lograr que la compañía ya no pueda cotizar en la bolsa2. En ese proceso, ha surgido un modelo de vida comunitario y sustentable más sano para nuestra región. Ahora ese modelo está en riesgo, nuevamente.

En este contexto, se hace imperioso que el mundo conozca algunos datos más sobre el plan del gobierno para explotar los recursos de cobre de Intag —que las personas dentro y fuera de Intag consideran inconstitucional— y lo que está en juego.

Democracia fuera de acción


Primero, las comunidades y gobiernos locales de Intag y el Cantón Cotacachi (donde está ubicada la mina) han expresado en repetidas ocasiones su rechazo al proyecto minero. Lo han hecho en ámbitos legalmente reconocidos, democráticos y participativos desde 1996, como la Asamblea de Unidad Cantonal anual, decenas de asambleas comunitarias y asambleas anuales del Gobierno Parroquial. Las asambleas cantonales son espacios donde cientos de representantes de todas las comunidades del Cantón, gobiernos locales y organizaciones se reúnen durante varios días para establecer políticas para el gobierno local. Las asambleas anuales del Gobierno Parroquial tienen fines similares (estos gobiernos son como municipios muy pequeños) y a ellas asisten residentes de las distintas comunidades dentro de la Parroquia (Juntas Parroquiales). Además, en la última Asamblea de Intag, celebrada en mayo de 1996, cientos de representantes de las comunidades y organizaciones de Intag, junto con los representantes legalmente elegidos de los siete Gobiernos Parroquiales de Intag, expresaron su sólido rechazo a la presencia de compañías mineras y exigieron que se las expulse de nuestro territorio.

Ni siquiera en uno de esos entornos democráticos se ha dado apoyo al desarrollo minero.

Y ahora, el gobierno de Correa, que se representa a sí mismo como la vanguardia del Socialismo del siglo XXI y gasta millones en anunciarse como el gobierno de la “Revolución Ciudadana”, planea imponer a las comunidades y gobiernos locales de Intag este proyecto tan destructivo. De prosperar, los planes del gobierno podrían reactivar fácilmente los conflictos sociales que han sembrado tanto daño en nuestras comunidades. Además, esos planes dejan expuesta la afinidad del gobierno hacia la concentración de poder en el ejecutivo, mientras que ilustran una espantosa falta de preocupación por los planes de desarrollo locales que se han estado gestando durante tres años, y que se han preparado con amplia participación comunitaria.

Hay una razón por la cual las comunidades de Intag han logrado derrotar a dos corporaciones mineras transnacionales. Sabemos, basándonos en el único estudio de impacto ambiental3 realizado para la relativamente pequeña mina de carbón a cielo abierto, que el impacto social y ambiental sería tal que esta área de belleza espectacular y gran biodiversidad quedaría inhabitable por generaciones.

Algunos de los impactos sociales y ambientales identificados en el estudio de impacto ambiental son:

a) Impactos en el Área Natural Silvestre Cotacachi-Cayapas (una de las más biodiversas del mundo)

b) “Deforestación masiva” (término exacto utilizado en el estudio)

c) Impactos en el clima local, que llevarían a la desertificación (término que se utiliza en el estudio)

d) Impactos en las decenas de especies de mamíferos amenazadas (mono araña de cabeza café, oso de anteojos, jaguar) y muchos otros animales y plantas en peligro

e) Contaminación de ríos y cauces de agua con plomo, arsénico, cadmio y cromo

f) Reubicación de 100 familias de cuatro comunidades

g) Aumento del delito

Después de la publicación del Estudio de Impacto Ambiental por Bishimetals, la compañía japonesa a cargo de la exploración durante la década de 1990, se descubrió cuatro veces más cobre del que se tuvo en cuenta para realizar el estudio. En otras palabras, los impactos reales serán muchísimo mayores de lo estimado, y afectarán a otras tantas comunidades.

El estudio no ahonda en los impactos sociales vinculados a la reubicación forzosa de comunidades, ni en el impacto sobre el tejido social de toda la región. Tampoco realiza proyecciones sobre el efecto que tendría un ambiente más seco en los miles de pequeños agricultores que dependen de las lluvias para cultivar. Asimismo, no evaluó el impacto que puede tener la mina en las mujeres, ni en los derechos humanos colectivos e individuales. De más está decir que este estudio tampoco analizó la “maldición del recurso”: el famoso impacto negativo que tiene la minería de gran escala sobre la economía de un país, cuando éste depende de la exportación de minerales.

Agregado a lo anterior, dado que los japoneses no trataron ni analizaron los efectos causados por el drenaje ácido de mina—un impacto ambiental natural y duradero que es común en el mineral de cobre rico en azufre, como el de Junín—los posibles impactos identificados en el estudio palidecerán en comparación con los que habrá realmente si el estado permite que se abra esta mina. Algunas minas que vierten metales pesados en el medioambiente como consecuencia del drenaje ácido aún están contaminando ríos y arroyos, miles de años después de haber sido cerradas. De hecho, después de 15 años de investigar los impactos sociales y ambientales de la minería de gran escala, he llegado a la conclusión de que las condiciones climáticas, geológicas y ecológicas en el área de Junín son tales que si se permite el avance de este proyecto, será el más devastador de todos los proyectos mineros del mundo.

Entonces, ¿por qué el gobierno permitiría que esto suceda? En el caso de Ecuador, y en términos muy generales, la causa principal es que el gobierno se ha vendido mediante la idea simplista de que el cobre equivale a dinero para destinar a programas sociales. Esta es una nación que ha vivido a costa de la mayor parte de sus riquezas petroleras, y las ha malgastado, durante las últimas tres décadas y media. Treinta y cinco años después, los ecuatorianos no están mucho mejor económicamente, pero muchos de sus ríos del Amazonas están contaminados, muchos grupos indígenas han sido devastados culturalmente, y el cáncer prolifera. El petróleo se está acabando, y en lugar de desarrollar y brindar apoyo a sectores económicos que no enfermarán a la población ni degradarán o destruirán su riqueza étnica y su medioambiente, el gobierno actual está listo para repetir esta mega tragedia con la minería.

Por otro lado, esta locura refleja la locura de otros gobiernos, como los que permiten que las destructivas plataformas petroleras offshore hagan perforaciones en el lecho marino. Las políticas de Ecuador, como las de la mayoría de los países del mundo, son producto de las enormes presiones que ejercen las industrias mineras, petroleras y de gas muy poderosas y los gobiernos ricos en los que se encuentran. Es, en esencia, una incapacidad de proyectar otro tipo de desarrollo, y también una falta de voluntad política para hacerle frente a las presiones. En el caso de Ecuador, un país mega diverso en términos de culturas y biodiversidad, es una locura insistir en la apertura del país a la minería de gran escala.

Ecuador es el único país andino libre de minas metálicas de gran escala. Tiene otras alternativas, mucho mejores, basadas en el uso sustentable de los recursos renovables, como son el turismo rural y ecológico. Este pequeño país produce uno de los mejores cacaos y cafés del mundo, y tiene más especies de orquídeas y colibríes que Brasil, que tiene 32 veces el tamaño de Ecuador. Esta nación simplemente no necesita la explotación minera para sustentar su economía.

Si el gobierno elige imponer la minería en Intag, bien podría ser la tercera vez que las comunidades de Intag impiden que los intereses mineros devasten su bienestar social y ambiental (por cierto, un derecho que garantiza la actual Constitución “progresista”). Pero uno se pregunta qué costos sociales y políticos puede suponer esto. El precio de las últimas dos victorias, y sobre todo la que se obtuvo contra la Copper Mesa Mining Corporation en 2008, fue muy alto. Ya no pueden ignorarse esas externalidades: factores sociales y ambientales que normalmente no se toman en cuenta cuando se calcula el costo-beneficio de este tipo de proyectos.

Basándonos en los desastrosos impactos ambientales y los abusos de los derechos humanos que se asocian a los acuerdos entre las compañías mineras privadas y estatales en proyectos mineros de gran escala en el exterior, como el caso de las minas de oro y cobre de Papúa Nueva Guinea e Indonesia, combinados con el gobierno verticalista de Correa, es muy difícil vislumbrar cómo la nueva era de la minería estatal en Ecuador calmará los temores que albergan los campesinos y las comunidades indígenas. Tampoco ayuda el hecho de que la compañía petrolera estatal de Ecuador tenga un historial ambiental espantoso. Pero el que haya más posibilidades de que se utilicen las fuerzas armadas para defender las minas debido a que los recursos minerales son de importancia estratégica en la constitución progresista de ecuador es más perturbador aun.

Hay muchas preguntas en torno de la presencia de la compañía minera estatal en proyectos como los de Junín. Por ejemplo: ¿el gobierno elegirá defender los derechos humanos y colectivos por encima de la necesidad de financiar su presupuesto mediante la renta minera? ¿Cómo se regulará el estado a sí mismo? ¿Cómo hará el llamado gobierno progresista ecuatoriano para fijar un precio al trastorno causado en las comunidades, a la violación de derechos humanos, a los costos de las granjas abandonadas y la caída en la producción de alimentos? A los individuos afectados, ¿se los puede compensar de alguna manera por los impactos psicológicos de perder el soporte social de la propia comunidad?

El gobierno de Correa, ¿evaluará objetivamente las consecuencias de la destrucción de un desarrollo sustentable y comunitario que está emergiendo en Intag? El gobierno de la “Revolución ciudadana”, ¿podrá valuar correctamente los millones de dólares en servicios del ecosistema, que proveen cada año nuestros bosques nublados primarios, páramos, ríos y arroyos? ¿Cómo calcularán el costo de la degradación del hábitat del jaguar, el mono araña de cabeza café, altamente amenazado, o el tucán andino piquilaminado? ¿Cómo determinarán el impacto económico de largo plazo que implica el trastorno del equilibrio climático tan frágil de Intag? ¿Podrán, o querrán, adscribirle un valor realista a las consecuencias que tendrá en la salud (y otros ámbitos) la contaminación con metales pesados que emana río abajo la mina? ¿Es siquiera posible hablar de la restauración de los hábitats cuando éstos seguirán siendo contaminados miles de años después de que se cierren las minas? ¿Y qué hay de los costos vinculados a la migración de los refugiados ambientales que escapan de un Intag más seco? Y entonces, ¿qué fórmula económica usarán para asignarle un valor monetario a la destrucción del enorme potencial ecoturístico de un área, o para calcular el costo real que tiene destruir cuencas y, en consecuencia, eliminar la posibilidad de utilizar los ríos para generar hidroelectricidad a perpetuidad?

Esos son algunos de los temas incómodos (las externalidades) que las compañías mineras odian tratar y se esfuerzan por ignorar, o que solo defienden de la boca para afuera, ya sean corporaciones privadas o compañías mineras estatales. Es lo que deben hacer. De otro modo, en áreas tan biodiversas, con cantidad de ríos prístinos, bendecidas por altas precipitaciones, y con los recursos para fomentar otras alternativas económicas sustentables, estos proyectos no tienen sentido alguno. Ni desde el punto de vista ambiental, ni desde el social, ni desde el económico.

Basándonos en declaraciones públicas del presidente de Ecuador en las que apoyaba la minería en gran escala, y en el modo agresivo en que manejó la reciente huelga de alcance nacional organizada por los sectores indígenas y campesinos en rechazo a la Ley de Aguas propuesta (que, en su forma actual, no prohíbe la contaminación por metales pesados de mina), todo parece indicar que el gobierno resaltará el beneficio económico de corto plazo que supone la minería, por encima de todos los otros aspectos del desarrollo. Exactamente igual que las corporaciones mineras privadas.

Los indígenas han adoptado un enfoque más radical hacia el plan del presidente Correa de imponer leyes y proyectos extractivos que pueden afectar sus territorios y derechos. Por ejemplo, el 17 de mayo, el grupo indígena más importante de Ecuador emitió un claro mensaje en el que le advertía a Correa que conservarían y protegerían los recursos renovables y no renovabes4 dentro de sus territorios. El boletín de prensa además acusa a Correa de discriminación racial y del uso de fuerza excesiva por parte de la policía durante las manifestaciones que se llevaron a cabo en todo el país, en mayo de este año, y que vieron a miles de indígenas tomar las calles para protestar la aprobación de la Ley de Aguas.

El gobierno ha dado claros signos de que no permitirá que ciertas cuestiones como los derechos constitucionales a la Sumak Kawsay (“una buena vida”) y los derechos de la naturaleza se interpongan en su agenda minera. En especial porque según la constitución, los recursos minerales son de importancia estratégica. Aún queda por verse cuán lejos está dispuesto a llegar el gobierno para proseguir con su plan de imponer el desarrollo minero a comunidades y gobiernos locales como los de Intag. Bien podría ser que Junín resulte ser el próximo campo de pruebas.

Notas:

1. La mina sería ubicada en el noroeste de Ecuador, dentro de bosques nublados primarios que son hogar de decenas de especies de animales y plantas amenazadas, y que también protegen las cabeceras de ríos y arroyos cristalinos. El sitio está dentro del Hotspot Biológico de los Andes Tropicales, el más diverso entre los 34 hotspots de biodiversidad del mundo.

2. Para más detalles, véase www.decoin.org

3. El estudio fue realizado por la Metal Mining Agency of Japan (Agencia de Minería Metálica de Japón) y la Japan International Cooperation Agency (Agencia Japonesa de Cooperación Internacional), y publicado en 1996.

4. http://www.conaie.org/en/the-news/162-boletin-de-prensa-confenaie

5. Sumak Kawsay es un término quechua que denota bienestar espiritual, cultural, ambiental y material.

 

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