Paraguay: La expansión de la soja

La expansión de la soja continúa provocando violentos desalojos y represión contra campesinos paraguayos

En Paraguay, la expansión de monocultivos como la soja lleva a un modelo agrícola en el que los campesinos no tienen cabida. La producción de la soja se basa en un modelo productivo agroindustrial orientado a la exportación, que genera riqueza para pocos y pobreza para muchos. En el país, la mitad de la población está compuesta por campesinos e indígenas, mientras la concentración proporcional de la tierra en manos de grandes terratenientes es una de las más altas del mundo. La falta de acceso a la tierra causa pobreza, desnutrición, marginación social, desempleo rural y la migración de cientos de familias. Por esta razón, la reforma agraria es uno de los desafíos más importantes que enfrenta el país. Desde julio, la MCNOC (Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas) ha reintensificado la campaña por una reforma agraria integral, en la cual la distribución de la tierra asume un rol central. En respuesta, las comunidades han sido violentamente reprimidas por las fuerzas militares y policiales. Miles de familias se encuentran actualmente viviendo bajo amenaza.

Desde el 10 de julio, 12.327 familias de la MCNOC se han movilizado y han organizado ocupaciones en 8 de los 17 Departamentos del país. Más de 2000 familias de sin tierras[1] formaron parte de la campaña, ocupando tierras que estarían legalmente destinadas a la reforma agraria pero que, a través de la corrupción, fueron a parar a manos de los grandes terratenientes y empresas dedicadas sobre todo a los monocultivos de soja[2]. Otras familias campesinas e indígenas se han movilizado durante varias semanas en todo el país bajo el lema "Globalicemos la lucha! Globalicemos la esperanza!" apoyando a las 1570 familias asentadas en 15 nuevos campamentos y a las demás de asentamientos antiguos. En varios lugares ellos fueron reprimidos, desalojados, apresados. Muchos sufrieron disparos de bala y otros fueron torturados.

La violencia es la verdadera cara de la hipocresía del gobierno paraguayo.

En Paraguay la economía depende fundamentalmente de las exportaciones de tres productos: carne, azúcar y soja[3]; un mercado dominado por empresas extranjeras. Materia prima y alimentos son producidos para la exportación mientras que se estima que alrededor de la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Los Departamentos en los que más se han expandido las plantaciones de soja (como Caazapá y San Pedro) son precisamente aquellos que muestran índices más altos de personas viviendo en la pobreza extrema[4]. La tierra, cada vez más, se está concentrando en las manos de grandes terratenientes; los productores con más de 1000 hectáreas (1% de las fincas) poseen el 77% de las tierras cultivables[5]. Principalmente son extranjeros como los brasileros y japoneses quienes se dedican a la producción de soja GM[6]. En 2005 las plantaciones de soja ocuparon 2 millones de hectáreas de superficie[7], lo que significa casi la mitad de la superficie del territorio Holandés. Se estima que la mitad del terreno cultivado fue plantado de manera ilegal en tierras destinadas a la reforma agraria. Muchas de estas tierras son obtenidas por productores brasileros a través de diversas formas de corrupción.

Cínicamente, el actual presidente Nicanor Duarte Frutos ha afirmado públicamente que "los capitalistos sojeros", contan con un proyecto productivo "egoísta y excluyente y no son capaces de dar 2 hectáreas de tierras a los labriegos para sembrarla", asegurando que "Latinoamérica no necesita esa clasa de modelo económico"[8]. Mientras tanto él ha permitido numerosas operaciones de represión a las manifestaciones de comunidades campesinas por parte de policías y militares. Bajo el gobierno de Duarte Frutos más de 2000 campesinos fueron procesados, cientos de familias mutiladas y más de 15 líderes campesinos asesinados[9]. La presencia de tropas estadounidenses en Paraguay ha agravado la criminalización de las organizaciones campesinas. De acuerdo con los estudios del Serpaj el peor caso de represión contra los campesinos ha tomado lugar en áreas con la mayor concentración de tropas norteamericanas: "La milicia norteamericana está instruyendo a policías y militares paraguayos cómo tratar con estos grupos de campesinos… ellos están enseñando tanto en teoría como en prácticas técnicas a las fuerzas policiales y militares paraguayas… las tropas estadounidenses forman parte de un plan de seguridad para reprimir a los movimientos sociales paraguayos"[10]. La soberanía nacional, el bienestar y la sostenibilidad de su población no parecen tener mucho valor para este gobierno mientras que los empresarios del agronegocio siguen llenando sus bolsillos. La próxima estación para la plantación de soja (principalmente transgénica) comienza en septiembre. ¿Será este el motivo de la intensificación de los desalojos?

Los acontecimientos de las últimas semanas muestran que la represión contra los campesinos se está intensificando. Durante un cierre de ruta, el 19 de julio, en el que participaron más de 1000 campesinos de la MCNOC, 51 personas fueron arrestadas, incluyendo muchos niños y una mujer embarazada. Ocho personas resultaron gravemente heridas y tuvieron que ser llevadas a un hospital. Durante la represión dos niños desaparecieron. Alrededor de 200 manifestantes fueron brutalmente torturados durante más de dos horas[11].

El miércoles 9 de agosto, los desalojos se produjeron en áreas de reciente o antigua expansión sojera. Alto Paraná, un departamento al este de Paraguay ha soportado la invasión del campo desde los años setenta. Con el avance de la frontera de la soja hacia el oeste del país, San Pedro y Caazapá, Departamentos situados más hacia el centro del Paraguay han sido abiertos para la explotación de la soja en los últimos años a medida que la soja comienza a abrirse paso hacia el oeste del país.

En una comunidad de San Pedro, 90 familias luchan desde hace cinco años por 1001 hectáreas de tierra. Varias veces fueron desalojados, apresados, heridos y perseguidos. El 2 de agosto la policía y otros hombres armados, bajo la supervisión de la fiscala Lilian Ruiz demolieron las casas de dos habitantes. Ellos fueron arrestados y uno de ellos, Antonio Escalante, recibió un disparo de arma de fuego en el muslo. Ambos están presos y Antonio no recibió asistencia médica. Una semana más tarde, el 9 de agosto a las 5 de la mañana cientos de policías antimotines y civiles armados contratados por el terrateniente Saguier reprimieron y detuvieron a los pobladores y quemaron sus casas. Destruyeron 600 hectáreas de cultivos de autoconsumo, nuevamente bajo la atenta mirada de la fiscala del distrito Lilian Ruiz. Calixto Saguier posee unas 1500 a 2000 hectáreas rentadas a productores de soja brasileros.

El mismo día, en el asentamiento Limoy II de 5 años de antigüedad, productores de soja brasileros con hombres armados, acompañados por las fuerzas policiales y militares (pero sin la presencia del fiscal del distrito) trataron de desalojar a los pobladores de las tierras que recuperaron del poder de los productores de soja. La tierra, que les fue asignada por el INDERT (institución oficial para la distribución de la tierra) con el pasar de los años fue ilegalmente[12] obtenida por los productores de soja.

También el 9 de agosto en Yuty, Caazapá, cientos de policías, cascos azules y brasileros armados desalojaron a 200 familias. Desde el 11 de julio las familias ocuparon unas 5000 hectáreas que estaban de hecho en posesión de productores de soja, pero sin posesión de título alguno. Las familias están acampando en el costado de la ruta y son constantemente amenazadas con el desalojo y el arresto. El viernes 11 de agosto la policía allanó la casa de Ernesto Alvarenga con el pretexto de buscar armas. Confiscaron un rústico machete, robaron 500.000 guaraníes y aterrorizaron a los niños. Su esposa, Rosa Civil, tuvo un ataque al corazón y debió ser internada. Según Ramón Medina de la MCNOC: "esta maniobra es para amedretar a los que apoyan la lucha de los sintierra. Ellos atacan a los campesinos sintierra y a sus aliados para aislarlos y destruir su lucha"[13].

En otro Departamento dominado por la soja en el sudeste de Paraguay, Itapúa, una ocupación campesina fue desalojada el 31 de julio por quinta vez en seis años. Hace seis años las 140 familias de la comunidad obtuvieron 140 hectáreas de tierra mediante el INDERT (exIBR). Luego de unos meses ellos ocuparon un área adyacente -en ese entonces- improductiva de 800 hectáreas. En diciembre de 2005, los vecinos productores de soja, con la ayuda de la GOE de la Policía Nacional (una fuerza especial de la policía para proteger campos de soja) violaron y torturaron a los campesinos. Ellos amenazaron a los niños y una mujer embarazada recibió un disparo. Con la ayuda de una topadora destruyeron 700 hectáreas de producción de autoconsumo[14].

En el marco de la campaña lanzada en julio por la MCNOC ellos reocuparon 1000 hectáreas. A fines de julio fueron desalojados por la GOE y miembros de la policía de María Auxiliadora. Cinco campesinos fueron detenidos. Todos ellos (uno de ellos de 68 años de edad) fueron apresados durante días en una celda de no más de 1 metro por dos cerrada con una puerta de hierro con una ventana de 10cm x 10cm. Ellos fueron acusados de invasión de inmueble, coacción grave y asociación criminal.

Según Ramón Medina (MCNOC) esta es la continuación de la política de judicialización y criminalización de la pobreza social. Para la MCNOC el gobierno ha proyectado "un proyecto deliberada para liquidar todos los movimientos sociales, principalmente las organizaciones campesinas que resisten a la política capitalista neoliberal del gobierno de Duarte Frutos. La reactivación productivo, mucho menos la reactivación economica es inexistente. La reforma agraria no está en la agenda política. Esta es la razón por la cual, mediante la organización, la formación y la movilización que saque a luz los genuinos reclamos de nuestra gente, se debe responder a estos ultimos hechos de violencia".

Los movimientos campesinos exigen el derecho a la tierra, a la autodeterminación y al desarrollo rural, pero el gobierno continúa jugando el juego de los grandes propietarios. La respuesta del gobierno a las demandas de los campesinos es el desalojo, la quema de sus casas, la destrucción de sus cultivos, el arresto, asesinato e intimidación. Un discurso público que señala a los campesinos como delincuentes y agitadores sociales es sostenido, mientras que ellos están simplemente demandando y reclamando el cumplimiento del derecho a la tierra y a la vida.

 

Esta es la crítica situación que se vive en Paraguay, mientras que al mismo tiempo representantes de grandes ONGs internacionales como la WWF están dando luz verde al modelo productivo que causa esta violencia. En la segunda Mesa Redonda sobre la "Soja Responsable" a finales de este mes, un proceso así llamado multi-accionista tendrá lugar en Asunción, la capital de Paraguay. En la agenda se encuentra la elaboración de una "marca" de soja "responsable". Esto se realiza en miras a "suavizar" los efectos de la expansión de la soja que alcanzará las 300 millones de toneladas en 2020 (un incremento del 60%). ONGs como WWF, Solidaridad y Guyra Paraguay (Birdlife International) estarán compartiendo la mesa con empresas como Unilever, Grupo Andre Maggi, inversores como el ABN-AMRO y el lobby de la soja. Las organizaciones de la sociedad civil y las ONGs involucradas en este proceso, promoviendo la sostenibilidad, parecen olvidar que hablar de sostenibilidad y responsabilidad no es compatible con un modelo de mercado que tienen como único objetivo la ganancia y la expansión.

Guiar un modelo productivo devastador con certificaciones voluntarias y consultorías no significa nada en un país como Paraguay donde reinan la corrupción y la impunidad, las leyes no son cumplidas y el monitoreo es prácticamente nulo. ¿De qué sirve un esquema como este a los indígenas y campesinos que no tienen siquiera acceso a la tierra o a títulos de propiedad, oportunidades de inversión y un ambiente sano?

20 de Agosto de 2006

Más información sobre la faceta violenta de la expansión del modelo sojero: report "Paraguay sojero": http://www.aseed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=127

Casos recientes de intoxicación por agrotóxicos en Paraguay: http://www.grr.org.ar/

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[1] Se estima que en Paraguay existen 300.000 familias campesinas sin tierra. [2] Grandes porciones de tierra fueron distribuidas bajo el régimen dictatorial del general Stroessner a sus leales.[3] En 2005, el 71% de la producción de soja fue destinado a la exportación (www.capeco.org.py/index2.html)[4] Fogel, Ramón (2005) in Enclave Sojero. Merma de soberanía y pobreza.

[5] http://www.fao.org/ag/agp/agpc/doc/c

ounprof/paraguay/paraguay.htmHYPERLINK \

l "_ftnref6"[6] De los 60.000 productores de soja, 40% son brasileros, 36% descendientes de Alemanes, Japoneses o Mennonitas y 24% son paraguayos (http://212.58.226.40/1/hi/business/4603729.stm).[7] www.capeco.org.py/index2.html 

[8] http://www.mre.gov.br/portugues/

noticiario/internacional/selecao_detalhe.asp?ID_RESENHA=247746[9] http://www.abc.com.py/articulos.php?fec=2006-08

06&pid=270431&sec=5&jer=1[10] http://upsidedownworld.org/main/

content/view/361/1/[11] Comunicado de prensa de la MCNOC, 19 de julio de 2006.[12] La tierra obtenida del INDERT es intransferible.[13] Comunicado de prensa de la MCNOC y comunicación personal con Ramón Medina de la MCNOC.[14] Entrevistas del abogado Juan Martens (INECIP-Codehupy)