La política de seguridad pública de la ciudad de Río de Janeiro ocupa un lugar destacado entre las políticas públicas del estado brasileño. Se trata de superpoblar de policías militares determinadas zonas, alcanzando a ocupar escuelas públicas de ser necesario. En ese marco se produce una disputa en el territorio de las escuelas públicas de las favelas, entre el paradigma policíaco controlador y el de la educación como derecho y oportunidad.
La Ciudad de Río de Janeiro, al asumir su condición de ciudad global, se posiciona a escala mundial como la vidriera de América Latina. La “ciudad maravillosa”, elegida como sede para el desarrollo de múltiples megaeventos, consolidó una gestión empresarial de la ciudad. A partir del memorable show de los Rolling Stones en Copacabana en 2006, pasando por la Jornada Mundial de la Juventud que trajo la visita del Papa Francisco en 2013, hasta los megaeventos deportivos de la copa mundial de fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016. Esos eventos han servido como justificativa para una intervención avasalladora de la iniciativa público-privada en la reconfiguración de su espacio urbano.
La implantación de una política “pacificadora”, es la punta de lanza para abrir un proceso de gentrificación en determinadas favelas de la ciudad, consolidando un corredor turístico en la zona sur. Tomando la experiencia del sistema aplicado en Bogotá (Colombia) y en Nueva York (EEUU), con la base filosófica de la teoría de la “ventana quebrada”, y con acciones concretas de capacitación militar de Israel. La elaboración, organización y el trabajo de inteligencia del programa de “pacificación” son hechos por la secretaría de seguridad del Estado de Río de Janeiro. Principalmente dos departamentos de la Policía Militar son los encargados de la realización: el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) y las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs). En algunas circunstancias, las fuerzas policiales también reciben el apoyo de las Fuerzas Armadas, como sucedió durante la ocupación del complexo del Alemão en 2010 o en la Rocinha durante el año 2011.
Según datos del Instituto Brasileño de Geografía e Estatística (IBGE), más del 14% de la población de la “ciudad maravillosa” vive en favelas. Son más de un millón y medio de personas viviendo en 43km2 de asentamientos informales. Se cuentan casi 1000 favelas, pero las ocho más grandes concentran el 40% de los habitantes totales en este tipo de barriadas.
Las UPP creadas a partir del 2008 -a través del emblemático caso de “la favela modelo”, Santa Marta en Botafogo-, se conciben como un “modelo de policía comunitaria”. Según datos del Instituto Pereira Pasos, después de 7 años de implementación del programa, la reducción de homicidios en las zonas de instalación de las UPP entre el 2009 y el 2012, a partir del 2013 se reduce generando registros de nuevos picos de violencia. Según datos del Nupevi (Núcleo de Pesquisa das Violências), citados por el investigador Marcos Barreira en el libro “Hasta el último hombre”, las UPPs están presentes en menos de 3% de las mas de mil favelas de Río, mientras que las milicias dominan el 41,5% y el tráfico el 56%. Pero eso sí, las UPPs, cubren el 100% de las favelas de la zona Sur. La UPP forma corredores de seguridad y áreas militarizadas protegidas en las regiones de gran inversión: “La zona oeste está prácticamente olvidada y la Baixada Fluminese, que tiene los mayores índices de homicidio en el Estado, está completamente olvidada. Las armas y el poder paralelo se mudaron para el interior” (información verbal de un profesor de una escuela de la Rocinha.)
La “Pacificación” no es la puerta de entrada para las políticas sociales, ni la respuesta a graves problemas de estructura y vivienda, sino para el mercado. Inclusive en declaraciones oficiales de Beltrame (jefe de seguridad del estado de Rio de Janeiro) se refuerza que “los beneficios de la política de pacificación se observan principalmente en el turismo, en el precio de inmueble, en la llegada de inversiones.”La política de pacificación trae como consecuencia el ingreso del mercado a la favela, con la esperanza de una ascensión de la población favelada a clase media, o la expulsión definitiva del territorio, diferenciando las favelas de zona sul, por medio de un aumento de precios en un proceso de gentrificación avanzado. Varias organizaciones no gubernamentales realizan sus acciones apuntalando la “tarea social” en las comunidades en este sentido. Van desde organizaciones de turismo alternativo (donde el territorio escolar tiene un rol legitimador de la iniciativa), hasta brindar datos que permitan el desarrollo de emprendimientos para gente de bajos ingresos.
“La panza de la mujer de la favela es una fábrica de bandidos”, dijo Sergio Cabral Filho, ex gobernador del estado de Río de Janeiro (PMDB), que tuvo que renunciar después de las masivas movilizaciones de junio de 2013. Ocurre que las diferentes concepciones del sujeto que habita en las periferias urbanas llevan al desarrollo de diversas políticas públicas. Cabral es el responsable por la implementación de las UPP. Es que la “pacificación” se basa en una lógica propia de la guerra, una modalidad particular del ejercicio del poder, en la cual una de las partes en conflicto somete a la otra por medio del uso de la violencia. Pacificación en enfrentamiento con vistas la dominación. Pacificar la sociedad desde esa concepción supone entonces que una de las partes del conflicto se presente como externa a él, presentando un discurso que se esfuerza por hacer creer como orden universalmente válida, una forma particular de ordenamiento del mundo.
Es lo que el profesor universitario Carlos Vainer llama de ciudad de exepción: “un modelo basado en el control del acceso a los espacios públicos, a los espacios urbanos de una forma general. La ciudad de excepción no comienza con el agregado de los grandes eventos, comienza antes de eso, pero con certeza ella se consolida con los megaeventos y corre el riesgo de eternizarse, o sea, alterar de un golpe todos los paradigmas urbanos de la ciudad”. Básicamente, “esa ciudad de excepción”, está caracterizada por una gestión autoritaria y militarizada del espacio urbano.
La Pacificación y el territorio de la escuela
En el año 2014 fue creado el Programa Estatal de Integración en la Seguridad (Proeis), resultado de un convenio entre la Secretaria de Educación (Seeduc) e la Secretaría de Seguridad (Seseg). A través del mismo, las UPPs desarrollan “acciones sociales” en las 38 comunidades en las que se encuentran, utilizando como base de actuación, entre otros, el territorio escolar. De esta forma, por ejemplo, policiales “pacificadores” están encargados de “acompañar” el ausentismo escolar, además de garantizar la “seguridad” en la escuela por medio de su presencia en el cotidiano escolar.
En las publicidades difundidas ampliamente en los medios sobre el accionar policial de “proximidad con la comunidad”, se observan encuentros culturales, musicas, deportes. Sobre el carácter comunitario de la UPP, Beltrame afirma: “En el ámbito de las acciones sociales, el foco principal será la escuela.” Las acciones sociales destinadas directamente a la construcción de hegemonía, pasan y entran en el “territorio escolar” a veces a través de el apoyo escolar en la mayoría de las favelas. En otras directamente la UPP funciona dentro del edificio escolar ocupando su territorio material.
Entrevistada sobre la presencia policial en la favela, la madre de un alumno de la escuela de la Rocinha descarga su opinión: “Esa idea de la UPP controlando el ausentismo escolar es ridícula. ¿Y cuando mi hijo falta a clase que sucede? ¿Le dan una cachetada? ¿Cuál es la formación que el policía militar tiene para lidiar con la educación de nuestros hijos? Queremos mas jardines de infantes, mas puestos de salud, mas proyectos sociales. Ahora que todo el mundo está viendo que ese plan de seguridad es un fracaso, nuestro secretario de seguridad pública viene a decir que está sólo. La UPP es política de control social y exterminio de pobre, solo no lo ve quien no quiere verlo.”
Un estudio hecho por la investigadora Joana Monteiro, de la Fundación Getúlio Vargas, afirma que estudiantes de escuelas instaladas en áreas de riesgo (incluyendo zonas de UPPs) obtienen menor puntaje en las pruebas. Los números lo confirman: Por lo menos en los resultados referentes a la Escuela Estadual Caic Theophilo de Souza Pinto, del Complexo do Alemão, en 9º ano del nivel de enseñanza fundamental obtuvo notas bajas. En los dos años que la escuela convivió con la presencia de una UPP en su território, no alcanzó los promedios estaduales.
El caso del Complexo do Alemão
En el año 2012, después de haber recibido un fuerte ataque en el container precario en el que funcionaba la UPP de Nova Brasilia en el complexo de Favelas llamado el Alemão, la secretaría de seguridad tomó la decisión de instalar la base de la UPP en el patio de la escuela de la favela.
La presencia de la Policia Militar en el Colegio Theophilo de Souza Pinto trajo una serie de conflictos en el cotidiano escolar que van desde, el patrullaje en horarios de entrada y salida de la escuela, revisar a alumnos a la entrada del edificio escolar o de camino para la escuela, hasta el impacto de balas en el frente de la escuela. En la escuela actualmente estudian 820 alumnos. Antes de la instalación de la base de UPP, la escuela supo recibir el doble de alumnos como matrícula, la deserción escolar es alarmante.
Padres de alumnos, estudiantes y profesores dicen que es común que la Policía Militar (PM) use la parte interna del colegio para intercambiar tiros con los grupos de traficantes, y ha ocurrido que alumnos quedan en la línea de tiro. Una serie de declaraciones pueden graficar la situación de la escuela. Las declaraciones que siguen fueron obtenidas durante el trágico mes de abril de 2015 en el territorio del Complexo, en el que varias muertes por “balas perdidas” afectaron la población, entre ellas el emblemático caso de Eduardo, un niño de 10 años:
“Mi escuela, querida, maltratada por el desprecio de este gobierno estadual. De acuerdo con la dictadura de la “pacificación”, en el Complexo, la escuela es un granero de vagabundos, y sus trabajadores conspiradores.” (Relato de una profesora del complexo do Alemão.)
“Esta escuela que se transformó en una porquería desde que la base militar entró.” (Relato de la madre de un alumno).
“La presencia ostentosa de policiales fuertemente armados en el interior de la escuela pone en riesgo toda la comunidad escolar, violenta principios pedagógicos y limita considerablemente el desarrollo de la educación. Para nosotrxs lxs profesores hoy el problema de violencia es la presencia de la UPP en la escuela.” (Declaraciones del SEPE, Sindicato Estadual de Profesionales de la Educación.)
“El patrullaje del barrio es en el mismo horario de la entrada y salida de la escuela. Usan a los chicos como escudo, yo digo, están errados. ¡Yo con mis impuestos ayudo a pagar el salario y las municiones de quienes están matando a mis vecinos amigos! Antes era común ver un barrilete y niños corriendo, ahora acá nadie corre porque recibe un tiro en la espalda. ¡Y esos nenes tienen que ver a esos mismos policías en la escuela!” (declaración de un vecino integrante de organizaciones de la favela.)
Sin embargo desde los lugares de poder se realizan declaraciones como las de la Secretaria de Estado de Educación (Seeduc) que afirmó:
“la presencia de la unidad de policía no trajo daños para el colegio. Los reclamos no representan la mayoría de los profesores y alumnos” (Declaración de representante de la secretaría)
El 4 de mayo del 2015, producto de la organización de los vecinos de la comunidad y los profesores de la escuela, se llevó a cabo una audiencia pública de comisiones de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, en el patio de la escuela. Asistieron varios diputados, dirigentes de las fuerzas de seguridad. Después de un nutrido intercambio, se pautó la salida de la UPP del territorio escolar.
“La fachada del colegio está cubierta de marcas de tiros, En la sala de la directora, al lado de la silla hay agujeros de tiros de fusil. Es incuestionable lo que la presencia de la sede de la UPP trajo para aquella escuela.” (Declaración del diputado Marcelo Freixo -PSOL-)
“Eso es incompatíble con el proceso pedagógico. Hay que elegir o la escuela o la UPP.” (Declaración del profesor elegido para hablar en representación del colectivo.)
El gremio estudiantil no se animó a participar de la audiencia por considerar que no tenian garantizada su seguridad al exponerse. Dejó una carta que fue leida por los profesores donde decían:
“Nuestro objetivo es restablecer la paz en nuestro ambiente de estudio, traer de vuelta los proyectos que perdemos para que la escuela sea un territorio neutro en este conflicto, así como lo era hace tres años atrás”. (fragmentos de la carta del gremio estudiantil leída durante la audiencia pública 4/5/2015)
Educación para todos y la estrategia de incluir para segregar
La obligatoriedad de la educación media ya sancionada en Argentina, México y creciente en muchos países del continente. En Brasil, la Enmienda Constitucional (EC) 59, establece el año 2016 como plazo final para la implementación de una Educación Básica Obligatoria hasta los 17 años de edad. Particularmente, en Río de Janeiro, la “ciudad maravillosa”, se renueva una disputa territorial en las escuelas de la periferia. la Enmienda Constitucional 59, sancionada en Noviembre de 2009, todos los sistemas de enseñanza de Brasileños deben adecuarse para garantizar 14 años de enseñanza escolarizada gratuita. Esta política que pone en tensión el viejo mandato selectivo y de de la enseñanza media, esconde la estrategia de “incorporar para segregar”.
No es lo mismo hablar de escuelas de la periferia, que de escuelas del centro de las grandes ciudades. ¿Alguien podría imaginar estos eventos policíacos en una escuela privada de los barrios nobles de la ciudad maravillosa? No son las mismas funciones para las escuelas de los centros que para las de las periferias. Las diferentes ofertas educativas, sumadas al avance de la privatización de la enseñanza, llevaron a la consolidación de diversas trayectorias escolares que generan el encierro de los diferentes sectores sociales en instituciones socio-culturalmente homogéneas. Es así que el mandato hegemónico actual de incorporar a toda la población en la escuela publica con un proyecto educativo precarizador, y diversificar la oferta educativa según los sectores sociales, torna mas efectiva la segregación proyectada en el modelo de ciudad planificado. Desde la infancia, se consolida un mundo fragmentado donde las poblaciones viven vidas paralelas que difícilmente se crucen entre sí. Se apunta a la construcción de un mundo fragmentado, donde las poblaciones viven vidas paralelas.
En este mundo patas para arriba, se invierte también la función de la escuela de la periferia. Donde debería nacer el germen de esperanza de una transformación a través de la educación, se consolida por medio de la presencia policial, el modelo controlar que usa la violencia y la represión constante. Favorable al desarrollo del capital, y a la estructuración de la ciudad modelo, la política “pacificadora” en América Latina vuelve a violar sistemáticamente los derechos de la población.
De todas formas la resistencia siempre perdura, y bajo la piedra pesada de los tiempos, la flor vuelve a darnos su escándalo. La organización de la comunidad viene dando una disputa por su territorio. La escuela pública, a pesar de una desigual relación de fuerzas, se erige como el territorio de mayor legitimidad para la participación de padres, madres, alumnos/as y profesores/as, La escuela es todavía un lugar para el encuentro y la organización de los/as trabajadores, para expresar con dignidad la rabia cotidiana y para practicar colectivamente la construcción de alternativas.
Diego Ferrari es Asistente Social, Militante de Derecho Humanos, integrante de la Agrupación Filhos e netos por Memoria Verdade e Justiça en Rio de Janeiro. Participó de movimientos sociales como el Frente Popular Dario Santillán en Argentina, Y contribuyó como Coordinador Político Pedagógico en la ENFF del Movimiento Sin Tierra en Brasil.