El 5 de diciembre de 2011 en Mérida (México) se concluyó la 13° cumbre del Mecanismo de Concertación de Tuxtla, que ha visto la participación de los representantes de México, Colombia y de los países centroamericanos. El objetivo principal de la cumbre fue discutir el estado del avance de los proyectos nacidos en el marco del Proyecto Mesoamérica, nueva versión del Plan Puebla Panamá (PPP).
El PPP, lanzado por el gobierno mexicano en 2001, preveía la creación de una red infraestructural para conectar todo Mesoamérica: de Puebla, al sur de la Ciudad de México, hasta Panamá, en nombre del desarrollo y del bienestar de los habitantes de la región. La idea era de facilitar las inversiones de parte de las trasnacionales, a través de incentivos a la creación de maquiladoras y de empresas de extracción. Para que el diseño neoliberal tomara plenamente forma, fue planeada la abertura de un gran número de hidroeléctricas capaces de suministrarles enérgia, y de vías de comunicación que facilitaran el tráfico de las mercancías en la región. El PPP era financiado sobre todo con préstamos procedentes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que los ciudadanos habrían debido repagar.
Pronto los pueblos centroamericanos se han movilizado y desenmascarado los verdaderos objetivos del plan, escondidos por las promesas de desarrollo de los gobiernos: crear las condiciones para despojarlos de las riquezas naturales de su tierra, sacarlos de las comunidades para luego contratarlos como obreros en las maquiladoras, mal pagados y privados de sus derechos. La resistencia ha sido fuerte y el PPP ha desaparecido del discurso oficial.
Los gobiernos y las organizaciones internacionales siguieron implementando algunos proyectos hasta cuando, con la Declaración de Villahermosa de junio 2008, el PPP fue nuevamente propuesto bajo el nuevo nombre de Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, o Proyecto Mesoamérica (PM). Éste presenta el 95% de proyectos en menos (basados en dos ejes estratégicos: interconexión física y económica y cooperación para el progreso social), pero se ha ampliado geográficamente incluyendo también a República Dominicana y Colombia. Si se considera que en Sudamérica existe otro proyecto de interconexión infraestructural, el llamado IRSSA, emerge la tentativa de parte del gran capital de interconectar toda Latinoamérica. Por lo tanto, sus riquezas son cada vez más libres de circular en el continente, y dejarlo para los puertos estadounidenses, europeos o chinos.
El documento salido de la 13° cumbre del Mecanismo de Concertación de Tuxtla está enfocado sobre todo en los problemas de seguridad de la región, y avanza la ingenua solicitud a los Estados Unidos y a los demás países productores y vendedores de armas de crear instrumentos eficaces para regular sus venta, y medidas capaces de reducir sensiblemente la demanda de estupefacientes. Además, el documento reitera el empeño de los gobiernos firmantes en la lucha al crimen organizado. De hecho, el PM no es un acuerdo de naturaleza únicamente económica, sino trata abiertamente el tema de la seguridad regional y de la lucha al narcotráfico.
Un texto muy útil para entender las reales implicaciones del PM es el boletín de CIEPAC “Integración para el despojo: el Proyecto Mesoamérica o la nueva escalada de apropiación del territorio”, donde Mariela Zunino no sólo detalla los proyectos contemplados por el PM, sino ofrece una perspectiva que mira mucho más allá de las declaraciones oficiales. Zunino nota: “Con este nuevo ingrediente en materia de seguridad, el PM se vuelve más claramente un plan geoestratégico diseñado por los EEUU para que todos los países – de México a Colombia – se adecuen a sus intereses de seguridad nacional. […]Según el Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, la estrategia de salida a la profunda crisis económica implica el impulso de su complejo industrial-militar, por medio de dos vertientes. Por un lado, la parte coercitiva de la estrategia, que comprende la instalación de nuevas bases militares en países como Colombia, Perú y Panamá, el apoyo al golpe de estado en Honduras o la reactivación, después de medio siglo, de la Cuarta Flota. Por el otro, la parte consensuada, a partir de la firma de Tratados de Libre Comercio”.
La primera vertiente, subraya Zunino, es expresada también en el documento salido de la 11° cumbre del Mecanismo de Concertación de Tuxtla, firmado a Guanacaste (Costa Rica), que incluye diez puntos sobre la lucha a la criminalidad organizada y expresa la necesidad de “acoger con satisfacción la Iniciativa Mérida, como un importante instrumento de cooperación internacional en el combate a la delincuencia organizada transnacional, en particular al narcotráfico”.
La Iniciativa Mérida (o Plan México) prevé grandes inversiones estadounidenses a favor de la seguridad – es decir de la militarización – de México y de los países centroamericanos en vista de la lucha al narcotráfico, que se concretan en el envío de equipos y en el entrenamiento de éstos por parte de los militares norteamericanos. Un programa totalmente parecido, llamado Plan Colombia, está siendo impulsado en el país andino desde 2000. El objetivo no declarado de ambos programas es hacer espacio a las grandes empresas a través del “reordenamiento territorial”, que consiste en desalojar indígenas y campesinos de las comunidades que se encuentran en zonas consideradas estratégicas, para dejar el campo libre a las inversiones de las transnacionales.
En una entrevista concedida a Fernando Arellano Ortiz del Observatorio Sociopolítico Latinoamericano, a propósito de la política estadounidense en el continente, la periodista argentina Stella Calloni afirma: “En esta ocupación geopolítica con el Plan Colombia, que es un plan de recolonización del continente, se ha pasado al Plan Mérida de México. Este plan es un copia del Plan Colombia y de hecho en seis años México ha caído en una violencia atroz. En ese lapso tenemos el mismo número de muertos que en Colombia y a eso hay que añadirle la destrucción del campo mexicano y de la cultura profunda de los pueblos con el Tratado de Libre Comercio (TLC) que tiene con Estados Unidos y Canadá”.
Sin embargo, durante la cumbre de Mérida, el presidente mexicano Calderón ha declarado que “el TLC de América del Norte es un gran activo para el país”, y ha firmado un nuevo tratado con los gobiernos centroamericanos que unifica acuerdos bilaterales ya existentes, creando un área de libre comercio en la región. Los gobiernos centroamericanos, casi todos derechistas, siguen por lo tanto los dictámenes del imperialismo norteamericano en su política de promoción del librecambio.
Los Estados Unidos han firmado tratados de libre comercio, además que con Centroamérica y República Dominicana, también con Chile, Perú y, recientemente, con Colombia. Por lo tanto en Colombia, como en México y en los países centroamericanos, los planes del neoliberalismo armado estadounidense están alcanzando sus objetivos, gracias a la vigencia de tratados de cooperación, económica y militar.
El 6 de diciembre ha sido anunciada la firma de un acuerdo entre Estados Unidos, Panamá y Colombia para la creación de una nueva academia militar en Panamá. Según Andrés Mora Rodríguez de AUNA-Costa Rica, no es una casualidad si el anuncio de la nueva academia y la firma del TLC mesoamericano hayan sido dados pocos días después del cierre de la cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), donde los representantes latinoamericanos han hecho un paso fundamental hacia la integración latinoamericana y sus independencia de los intereses de Washington. Los Estados Unidos están mandando un claro mensaje a los gobiernos de América Latina: no vamos a renunciar a nuestra influencia en el continente.