El defensor de derechos humanos, Sebastián Alonso Juan, fue asesinado durante una manifestación pacífica en contra de una hidroeléctrica en el norte de Guatemala. Ahora, otros están luchando por la justicia y para parar a los proyectos que condenan sus comunidades a la muerte.
Nueve meses han pasado desde que Sebastián Alonso Juan, un defensor de los derechos humanos, fue asesinado en una manifestación pacífica en la región de Ixquisis en Guatemala y su comunidad aún sigue esperando justicia.
El 17 de enero del 2017, Sebastián Alonso Juan participó en una manifestación pacífica comunitaria en contra de Promoción y Desarrollos Hídricos (PDH), S.A, el subsidiario guatemalteco de una empresa internacional detrás de la construcción de tres hidroeléctricas polémicas: Pojom I, Pojom II, y San Andrés. Juan murió, después de sufrir heridas de balas y machetes, cuando hombres armados dispararon contra la multitud de manifestantes pacíficos, quienes estaban bajo la vigilancia de la policía y seguridad privada contratada por PDH S.A.
Pero esta violencia no es nada nueva para los comunitarios en Ixquisis. Ubicada en Huehuetenango cerca de la frontera con México, estas comunidades Chuj, Q’anjob’al, Akateco y Mestizo viven aisladas de los servicios básicos del Estado como educación, salud y electricidad. Hoy en día, la única clara presencia del Estado se limita a las fuerzas militares y policiales.
Impunidad impulsa ciclos de violencia
Treinta y cinco años y seis meses antes del asesinato de Sebastián Alonso Juan, el 17 de junio del 1982, durante el auge del conflicto armado interno de 36 años, el ejército guatemalteco masacró a aproximadamente 350 personas de la Finca San Francisco en el norte de Huehuetenango, quemando mujeres vivas en sus casas y asesinando niños, ancianos, y hombres. Aunque la memoria de estas atrocidades todavía sigue viva en las comunidades locales, la falta de voluntad política para procesar los crímenes de lesa humanidad del conflicto armado ha permitido a la mayoría de los perpetradores seguir impunes.
En cambio, la impunidad reina por los crímenes cometidos por el ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno y muchos ex-oficiales militares todavía tienen poder político. El partido de Jimmy Morales, FCN- Nación, por ejemplo, está respaldado por antiguas élites militares, algunas de las cuales actualmente están siendo investigadas por abusos de derechos humanos durante el conflicto armado interno.
La violencia física, difamación, incertidumbre y amenazas tienen un impacto fisiológico que permea cada momento del día.
El anterior presidente Otto Pérez Molina, quien participó también en algunos de los peores abusos durante el conflicto armado, como el genocidio contra los pueblos indígenas de los 80s, restableció los campamentos policiales y militares en Ixquisis en 2014, provocando temores que la historia se repitiera en la región. En Barillas, un pueblo vecino, la administración de Pérez Molina declaró un estado de sitio en 2012 en respuesta a las manifestaciones en contra de las hidroeléctricas, lo cual resultó en una suspensión de los derechos constitucionales y la detención de más de doce comunitarios, Un comité de las Naciones Unidas luego declaró once de las detenciones arbitrarias.
Militarización alimenta represión
Las bases militares han provocado miedo en las comunidades del resurgimiento de las tácticas represivas usadas durante el conflicto armada, incluyendo patrullas civiles, amenazas de violencia sexual, secuestro, e intimidación con la meta de silenciar la organización comunitaria. El Ministerio de Defensa afirma que las nuevos campamentos militares y policiales tienen como objetivo el restablecimiento de la paz en la región, pero el hecho de que ambas bases están ubicadas en la propiedad privada de la empresa PDH S.A. pone en duda las declaraciones oficiales.
Comunitarios me compartieron cómo la militarización aumentada impacta su vida cotidiana. Cuando un campesino está seguido por agentes armadas quienes gritan “hoy es tu último día”, su camino a casa vuelve un acto de valor. Cuando le dicen a una madre, “Si no logramos a matar su padre, vamos a matar su hijo”, los tres minutos que su hijo toma para caminar hasta la casa desde la escuela vuelva una espera de agonía. La violencia física, difamación, incertidumbre y amenazas tienen un impacto fisiológico que permea cada momento del día.
Los proyectos hidroeléctricos amenazan la sobrevivencia
Estos grandes proyectos hidroeléctricos amenazan la sobrevivencia de las comunidades locales. Pojom I, Pojom II, y San Andrés han sido la fuente de la degradación ambiental y violaciones continuas de derechos humanos desde la llegada de la empresa al territorio. Las comunidades han denunciado reiteradamente el desalojo y los impactos ambientales que resultan de la construcción de los proyectos, irregularidades en el Estudio de Impacto Ambiental, además de la aprobación anómala de los proyectos y la falta de una consulta comunitaria por parte de las autoridades, de acuerdo con el convenio 169 de la OIT sobre el derecho a una consulta libre, previa, e informada.
El impacto al agua potable amenaza directamente la posibilidad de vivir en la región de Ixquisis. El desvío de los ríos que estos proyectos requieren quita acceso al agua potable para las comunidades alrededor. Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para los proyectos minimizó en gran parte los eventuales impactos ambientales. Activistas y defensores atribuyen eso a los vínculos entre las personas que redactaron los estudios y las empresas involucradas en proyectos hidroeléctricas en Guatemala. El EIA para Pojom II y San Andrés fue escrito por el Grupo Sistemas Integrales de Gestion Ambiental, S.A. (SIGA) en colaboración con el ingeniero Otto Manfred García Mansilla, quien era el representante legal de Hidro Santa Cruz, S.A., la empresa detrás de la hidroeléctrica en Barillas. SIGA ha sido denunciada públicamente por su relación corrupta con el anterior Ministro del Ambiente y Recursos Naturales, Roxana Sobenes García, quien era la única administradora y representante legal de SIGA. El estudio no incluye ningún plan para mitigar los impactos ambientales ni un análisis completo sobre el impacto a las comunidades de la pérdida del agua.
Para comunidades que se mantienen a través de la agricultura de subsistencia, la pérdida de fuentes de agua condena comunidades ya marginalizadas a ser “cada vez más pobre”.
Sin embargo, los comunitarios han visto que la construcción masiva de carreteras y túneles y la introducción de tráfico de camiones pesados resultan en la contaminación de los ríos que se usan para beber, bañarse, pescar y sostener las necesidades básicas. Los comunitarios sostienen que la empresa de construcción israelí, Solel Boneh, usa el agua del Río Negro para limpiar su maquinaria y como un baño por sus empleos y un basurero. El uso del agua ha creado lugares donde ya no se puede usar el agua del río, lo que obliga a los comunitarios recolectar agua de lluvia que se encuentra en hoyos al lado de la carretera o caminar más de una hora para encontrar nuevas fuentes de agua. Para comunidades que se mantienen a través de la agricultura de subsistencia, la pérdida de fuentes de agua condena comunidades ya marginalizadas a ser “cada vez más pobre”.
Con estas preocupaciones en mente, las comunidades mayormente indígenas de San Mateo Ixtatán organizaron una consulta comunitaria en 2009 en la cual 99 porcentaje de los 25,646 personas que participaron votaron en contra de todos los proyectos mineros e hidroeléctricos en su territorio. A pesar del claro consenso comunitario, dos años después el Ministerio de Energía y Minas autorizó varios proyectos hidroeléctricos en el territorio sin la consulta previa de la población. Las comunidades llevan más de siete años en la lucha por el reconocimiento de la consulta comunitaria de 2009.
Comunidades resisten a la destrucción y los desalojos
A pesar de la lucha constante, las políticas económicas de desarrollo que prioriza la extracción de recursos naturales – en combinación con la represión estatal – niegan y atacan los derechos ancestrales al territorio y los esfuerzos para resistir los proyectos. En este contexto, cansados de las violaciones de derechos humanos y la falta de responsabilidad estatal y empresarial, las comunidades de Ixquisis organizaron la manifestación pacífica el 17 de enero de 2017 donde reunieron más de 1,000 comunitarios para manifestar pacíficamente en contra del proyecto hidroeléctrico e inspeccionar los daños ambientales causados por la construcción de la hidroeléctrica. Los comunitarios fueron al túnel construido a través de la montaña, donde la empresa desviará los ríos, y siguieron más allá de la maquinaria y sitios de construcción de PDH S.A.
En camino de regreso a Ixquisis, agentes armadas dispararon a los manifestantes pacíficos de todos lados. Varios testigos informaron que la seguridad privada de la empresa PDH S.A. se escondieron detrás del lugar donde la empresa guarda su maquinaria, “dispararon para matar”. Mientras comunitarios huían, el anciano Sebastian Alonso Juan, se quedó atrás y recibió un disparo en el costado.
Una hora y media más tarde, cuando su familia y vecinos regresaron para recoger a su cuerpo, se dieron cuenta que aún estaba vivo con señales de tortura. Su cara, boca, y cuello fueron macheteado por agresores desconocidos. Después de que la policía y los centros médicos no respondieron a las llamadas de auxilio, la familia de Juan empezó el viaje al centro médico. Juan falleció en el viaje. Su familia devolvió el cuerpo a Ixquisis y se juntaron con la comunidad para decidir sobre sus próximos pasos.
Un llamado a la justicia ignorado
La exigencia comunitaria para una investigación inmediata del asesinato de Sebastián Alonso Juan y el reconocimiento de las violaciones continuas de derechos humanos que sus familiares y comunidades enfrentan todos los días han sido mayormente ignorados. Aunque la empresa suspendió la construcción de la hidroeléctrica por algunos meses después del asesinato, se reanudaron las operaciones en marzo, sin consultar a las comunidades ni reconocer su demanda que los responsables sean identificados. Casi no ha habido seguimiento a la investigación y la respuesta estatal ha sido un incremento en la criminalización de líderes comunitarios.
Pero las comunidades de Ixquisis no dejan de luchar. En marzo, las comunidades afectadas – en conjunto con organizaciones internacionales – llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C., donde resaltaron la criminalización de defensores indígenas de la tierra en casos de proyectos hidroeléctricos en Guatemala. En mayo, nueve miembros de las comunidades afectadas interpusieron dos amparos por la falta de una consulta comunitaria y las irregularidades en el Estudio de Impacto Ambiental. Tales amparos son recursos legales que en algunos casos han resultado en una suspensión de los proyectos hasta una consulta comunitaria, como se requiere según la Convención 169 de la OIT, ratificada por Guatemala.
A pesar de la represión, las comunidades siguen luchando de manera pacífica, más recientemente el 30 de agosto. Además de la lucha por la justicia por las violaciones de los derechos humanos, las comunidades afectadas siguen exigiendo a la cancelación permanente de los proyectos hidroeléctricos no deseados que amenazan los ríos que sostienen la vida y a un alto a la militarización de la región.
Zia Kandler era testigo presencial de este conflicto durante 10 meses en su labor como observadora internacional de derechos humanos con la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA, por sus siglas en inglés).
