Grupos de solidaridad en el extranjero exigen una investigación exhaustiva y denuncian el Tratado de Libre Comercio (CAFTA)
El activista quien se opuso al proyecto de minería de oro propuesto por la empresa Pacific Rim en El Salvador, Ramiro Rivera Gómez, fue asesinado el 20 de diciembre en el departamento de Cabañas. Rivera fue vice-presidente del Comité Ambiental de Cabañas y líder comunitario en la lucha contra la minería que amenaza el medio ambiente en la región. Según testigos, Ramiro y su acompañante fueron asesinados por sicarios, y la hija de Rivera también fue herida en el ataque.
En agosto de este año, Ramiro Rivera había sido baleado ocho veces en una agresión. Una persona implicada en los atentados contra activistas anti-mineros en el pasado, Oscar Menjívar, había sido arrestado en el caso, y habitantes de Cabañas reportan que Menjívar había trabajado por Pacific Rim (aunque la empresa lo niega). Despues del atentado Rivera tenía la protección de dos miembros de la Unidad de Protección para Víctimas y Testigos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Cientos de personas en los Estados Unidos y Canadá han mandado mensajes a Rodolfo Delgado, director de la Unidad de Crimen Organizado de la oficina de la Fiscalía General de El Salvador, exigiendo una investigación exhaustiva de estos crímenes y sus motivos. Alexis Stoumbelis, directora del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), dijo que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA) “tiene mucho que ver con el conflicto en Cabañas”, y entonces “es la responsabilidad de las personas en los países norteamericanos de impulsar un sistema de comercio justo que no permita este tipo de proyecto minero.”
Según fuentes en El Salvador, el ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, del partido FMLN, dijo que el asesinato "muy probablemente" se trató de "un asunto planificado" y no "un asalto común y corriente".
En junio fue asesinado otro activista en Cabañas, Marcelo Rivero (no familiar de Ramiro), con señales de tortura, y los ataques y amenazas de muerte en contra de miembros de la comunidad han persistido. Muchas organizaciones e individuos salvadoreños están impulsando una campaña contra la mina El Dorado en Cabañas. El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) le negó los permisos a Pacific Rim para la explotación del oro. Pacific Rim es una empresa canadiense con domicilio en Vancouver que después interpuso una demanda judicial de por lo menos $77 millones de dólares en contra del estado de El Salvador bajo el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
A pesar de la naturaleza política que caracteriza esta serie de hechos violentos, la policía local y el Fiscal General anterior declararon estos crímenes “violencia común”. En El Salvador y el exterior se ha criticado fuertemente al PNC y a la Fiscalía General por su incapacidad y falta de voluntad para proteger a activistas como Rivera y para detener los atropellos de los derechos humanos. Según el activista Héctor Berríos, “La empresa minera Pacific Rim en la actualidad ha demandado al estado de El Salvador
y además impulsa una campaña de terror contra los que resisten al proyecto.”
Francisco Pineda, coordinador del Comité Ambiental de Cabañas, dijo que "Nosotros vemos que la causa fundamental no puede ser otra más que estar en contra de estos proyectos y estar en defensa de la vida de las presentes y futuras generaciones."
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