El secretismo del acuerdo extrajudicial entre Quito y Bogotá, que evitó a Colombia un juicio ante la Corte Internacional de Justicia por los daños de sus fumigaciones antidrogas en la zona fronteriza de Ecuador, es una de las razones del descontento de los afectados.
El acuerdo firmado el 9 de septiembre, cuyo texto completo obtuvo IPS, llevó a que Ecuador retirara la demanda que había presentado en 2008 ante el tribunal con sede en La Haya.
Colombia deberá pagar una indemnización de 15 millones de dólares, que se invertirán en la zona ecuatoriana afectada por las aspersiones con una mezcla del herbicida glifosato que se realizaron sobre cultivos colombianos de coca, materia prima de la cocaína. Pero aún no se ha explicado cómo ni en qué tiempo se realizarán esas inversiones.
Bogotá se compromete asimismo a no realizar fumigaciones aéreas durante un año, desde la firma del acuerdo, en una franja de 10 kilómetros “en la frontera de los departamentos de Putumayo y Nariño en (el sudoeste de) Colombia, en donde existe presencia de cultivos ilícitos, que linda con las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, en (el norte de) Ecuador”.
Pero esa franja de 10 kilómetros podrá de hecho reducirse a cinco y a dos kilómetros, al cabo de dos años, según las condiciones que se explicitan en el Anexo 1.
Allí se detalla que, transcurrido el primer año, luego de revisar los análisis y pruebas científicas, un “Grupo Técnico Binacional determinará si la deriva de las aspersiones aéreas realizadas en el marco del Programa le Erradicación de cultivos ilícitos ha alcanzado o no territorio ecuatoriano; en caso de que no fuera así, la zona de exclusión se reducirá a cinco (5) kilómetros, por el término de un año”.
Del mismo modo se procederá para reducir, transcurrido otro año, la zona de exclusión a una franja de dos kilómetros.
Allí radica la principal preocupación de los afectados por el glifosato.
Achicar la zona de exclusión a dos kilómetros es “algo injusto, pero el acuerdo ya se firmó y, como se hizo de gobierno a gobierno, nosotros nos quedamos cortos, pero seguimos en la lucha”, dijo a IPS el presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (Forccofes), Daniel Alarcón.
El acuerdo entonces no implica una solución definitiva porque “seguirán fumigando cerca de nosotros”, dijo.
“Nos va a afectar, esperamos que sea en la mínima proporción, pero cuando caiga una gota de glifosato nosotros estaremos protestando porque estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para que se repare el daño causado”.
Alarcón se refería a los problemas de salud y al deterioro de la calidad de vida que padecieron decenas de miles de personas por las fumigaciones realizadas entre 2000 y 2007 por autoridades colombianas para erradicar cultivos de coca, muy cerca del territorio ecuatoriano.
Según un censo de Forccofes, en el cordón fronterizo habitan unas 15.000 familias y las más afectadas, unas 10.000, viven a orillas del río San Miguel.
“Todavía hay secuelas, la tierra no ha vuelto a su nivel normal de producción. Anteriormente no se conocía el cáncer y ahora (la gente) muere continuamente de cáncer por el glifosato, que dejó contaminadas las fuentes de agua”, relató Alarcón, habitante de la comunidad 5 de Agosto, en la fronteriza parroquia General Farfán.
El acuerdo entre los dos países se refiere a una composición química del herbicida que figura en el Plan de Manejo Ambiental autorizado por el Ministerio de Ambiente de Colombia mediante la Resolución 1054 de 2003, es decir que Bogotá mantiene en la frontera la concentración que dice utilizar en todo su territorio.
De acuerdo a esta resolución, la mezcla es 44 por ciento de la “formulación comercial” de glifosato en concentración de 480 gramos por litro, uno por ciento del coadyuvante Cosmoflux y 55 por ciento de agua.
La etiqueta del Roundup, marca comercial del glifosato de la corporación Monsanto, recomienda en Estados Unidos concentraciones de 1,6 a 7,7 por ciento y nunca superiores a 29 por ciento. No hay estudios sobre el impacto del Cosmoflux.
Un estudio econométrico de 2013 de dos profesores de la privada Universidad de los Andes, de Bogotá, sobre los efectos de las fumigaciones aéreas en la salud, indicó que estas tienen un impacto “muy significativo” en la probabilidad de que ocurran abortos.
El estudio comprobó asimismo la relación entre las aspersiones antidrogas y las afecciones dermatológicas.
La internacionalista uruguaya Laura Gil, que divulgó en Colombia los términos del acuerdo el 1 de octubre, dijo a IPS que es “inaceptable que a los ecuatorianos se les dé más garantías que a los colombianos”.
Con todo, “los acuerdos así refuerzan las relaciones. Es mejor que se busque arreglar negociando y no a través de una sentencia, si bien la Corte Internacional de Justicia es un mecanismo de solución pacífica de controversias”, dijo Gil.
“Pero no es aceptable que sea mediante diplomacia secreta”, agregó, puesto que el contenido del acuerdo binacional no pasó por el parlamento colombiano. “Es obvio por qué: porque los congresistas van a exigir el fin de las fumigaciones”, indicó.
Amira Armenta, experta del Programa Drogas y Democracia del Transnational Institute, sostuvo en un artículo del 12 de septiembre que “en lo que concierne al programa de fumigaciones del gobierno colombiano, no cambia nada. Es decir, Colombia seguirá fumigando sus departamentos fronterizos”.
Según el último censo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Nariño y Putumayo son los departamentos con mayor densidad de plantaciones de coca, con 22 por ciento y 13 por ciento, respectivamente, de la superficie total sembrada a fines de 2012.
“Nariño ha sufrido en la última década los niveles más altos de fumigación de todo el país, a pesar de lo cual sigue ostentando el título de mayor productor”, arguyó el artículo de Armenta.
Otro punto del acuerdo añade que, antes de realizar una fumigación fronteriza, el gobierno de Colombia avisará a su homólogo de Ecuador con 10 días de anticipación, indicando los lugares precisos y las fechas de las operaciones.
“Esto es mucho más de lo que podía haberse alcanzado en un fallo, porque es muy difícil para un Tribunal Internacional obligar a un país a establecer un compromiso de esta naturaleza porque puede alegarse que está afectando su soberanía”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, al justificar la firma del documento. “Pero cuando es un acuerdo amistoso, es posible lograrlo”.
Las partes también acordaron firmar un “Protocolo especial, expedito y sencillo para la atención de quejas en la frontera” por parte de ciudadanos “nacionales de Ecuador”. Ese texto, que debía adoptarse “dentro de los 15 días calendario” a partir del 9 de septiembre, sigue sin hacerse público.
Con aporte de Constanza Vieira (Bogotá).