(IPS) – Para frenar lo que consideran un proceso en curso de privatización del agua en América Latina, organizaciones de la sociedad civil comienzan a coordinar acciones conjuntas en la región. Denuncian la aplicación “de diversas formas sutiles” que tienden a dejar este recurso fuera del control estatal.
Aunque admiten que el diagnóstico sobre la situación del control del agua no esta todavía claro, el foro de organizaciones “trabaja en ese debate”, explicó a IPS el sacerdote católico Nelito Dornelas, asesor de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) en el Foro Nacional de Cambios Climáticos.
Lo que sí está claro es que hay muchas situaciones puntuales en cada país tendientes a ese fin, según los organizadores del “Seminario Internacional: Panorama Político sobre Estrategias de Privatización del Agua en América Latina”, realizado el miércoles 20 y el jueves 21 en la sede de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
“En Brasil está en curso un proceso de enajenación del agua semejante al que ocurrió con la energía eléctrica cuando, después de la privatización, las tarifas aumentaron cerca de 400 por ciento”, sostuvo a modo de ejemplo el “Movimiento de los Afectados por las Represas” (MAB, por sus siglas en portugués)
“Tenemos que movilizar a la población alrededor de ese debate”, consideró Dornelas.
Para los participantes del seminario es necesario convocar a un referéndum en los países de la región, como el realizado en 2004 en Uruguay y que le dio el control social a los recursos hídricos de ese país, o el más reciente de Italia. Entre otros puntos sometidos a votación, 95 por ciento de los que participaron de la consulta adhirió al No a la privatización del agua.
“Queremos que el gobierno se ocupe del servicio de aguas y del recurso de manera general”, subrayó.
América Latina tiene hoy el mayor control y posesión de los recursos naturales del planeta y, por eso, es importante comenzar a movilizarse para preservar esa riqueza, según explicó en entrevista con IPS Rogerio Hohn, de la coordinación nacional del MAB.
En ese sentido, el seminario “buscó promover un amplio debate de las organizaciones de cada país para aportar soluciones conjuntas”.
Para el MAB, la privatización del agua se expresa de diversas formas sutiles, además del control del servicio de abastecimiento domiciliar.
Por ejemplo, entregando a los municipios la administración de ese recurso para debilitar negociaciones a nivel nacional, cobrando por su uso o apropiándose a través de sectores como la agricultura, la minería o el de las empresas de saneamiento.
“Inclusive los embalses para generación de energía eléctrica son una forma de privatización del agua, porque no se vende sólo energía sino el agua que está en el embalse”, destacó Hohn.
La ministra de Medio Ambiente de Brasil, Izabella Teixeira, llamó la atención sobre un aspecto del informe nacional sobre disponibilidad y calidad de recursos hídricos, presentado últimamente por la Agencia Nacional de Aguas (ANA).
El estudio muestra que 69 por ciento de los recursos hídricos brasileños son utilizados para la irrigación de cultivos y pasturas, y que más de 90 por ciento de eso va para el sector privado.
“Tenemos que ver si esas áreas de irrigación están en zonas vulnerables de oferta de recursos hídricos en el futuro, para que podamos asegurar la producción agrícola con oferta de agua, o sea necesario reencauzarlas”, dijo Teixeira, al referirse a una eventual falta de agua para el sector en algunas regiones.
El informe, que el gobierno de la izquierdista Dilma Rousseff tomará como base para la implementación de políticas de administración de recursos, explicita que, en el sector agropecuario, el consumo de agua de los animales equivale a 12 por ciento, mientras que la demanda de ciudades es de 10 por ciento y de la industria de siete por ciento. Brasil es considerado la gran reserva de agua dulce del mundo, ya que posee 11,6 por ciento de la disponible en el planeta y 53 por ciento de la de América del Sur.
Según el estudio del ANA, cada brasileño tendría a su disposición 34 millones de litros de agua dulce por año. Una oferta que podría mermar si avanzan los proceso de privatización del sector, según Edson Aparecido da Silva, coordinador del Frente Nacional por el Saneamiento Ambiental.
En entrevista con IPS, Aparecido da Silva explicó que en Brasil todavía gran parte de la operación de servicios de saneamiento es pública, puesto que atiende aún a casi la totalidad de los 190 millones de habitantes del país. El sector privado sólo abarca a nueve millones de personas, detalló.
Sin embargo, los privados ya manifestaron “que en poco tiempo pueden ampliar su inserción en el área de saneamiento en alrededor de 30 por ciento de la población”. “Es decir que convivimos todo el tiempo con la amenaza de más privatización”, alertó.
Ese proceso va a contramano de lo que ocurre en países como Argentina, Alemania, Francia e Italia, donde vuelven a poder del Estado los servicios de saneamiento, afirmó.
Servicios “que eran privados y vuelven a ser públicos porque los gobiernos percibieron que se encarecían para la población y, con ello, se excluía a muchos ciudadanos, sobre todo en los países más pobres”, concluyó.