(IPS) – Pese a que el imaginario social las vincula con la resistencia a las dictaduras en los años 70 y 80, las organizaciones de derechos humanos latinoamericanas hace tiempo que expandieron sus preocupaciones, para atender asuntos como los ambientales y la violencia contra mujeres, aborígenes e inmigrantes.
Los conflictos socio-ambientales por el acceso a la tierra y los recursos naturales, que se generan en torno a industrias extractivas contaminantes o a proyectos de expansión agrícola a expensas de los bosques, están ahora entre las prioridades de los activistas.
También aparecen destacados en la agenda de los líderes humanitarios las violaciones a los derechos de los pueblos originarios, la violencia y abusos contra las mujeres, los derechos laborales, de los inmigrantes y de las minorías sexuales.
“Los temas principales de la nueva agenda se derivan de la tensión entre el desarrollo económico que avanza sobre el ambiente y los derechos humanos”, dijo a IPS el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier.
El director de este centro no gubernamental especializado inauguró este lunes 5 el “Encuentro de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en América Latina”, con la participación de más de 70 representantes de organizaciones humanitarias de 14 países de la región convocados por el CELS.
El objetivo de la cita es analizar los nuevos temas, identificar a otros actores que violan los derechos humanos, citar los retos que afrontan muchos de sus líderes amenazados –incluso algunos han sido asesinados por sus denuncias– y evaluar distintos mecanismos de protección a nivel local, nacional o regional.
“Hoy no solo el Estado viola los derechos humanos, sino también empresas, agencias paraestatales y miembros del crimen organizado”, explicó Chillier. Luego recordó diversos casos de activistas asesinados últimamente en Argentina y en el resto de América Latina.
Tradicionalmente, el CELS y otras organizaciones similares en América Latina surgieron al calor de los regímenes autoritarios de los años 70 y 80, que dejaron un saldo de miles de desaparecidos, muertos, torturados y perseguidos en cada país.
Las entidades, algunas formadas por familiares de víctimas de las dictaduras, otras por dirigentes políticos y abogados, denunciaban las violaciones y exigían justicia. Y a medida que los países se democratizaron, ampliaron los temas a la violencia policial y a las torturas en cárceles.
Pero en los últimos años, los asuntos desbordaron la temática político-institucional para avanzar hacia conflictos económicos y sociales crecientes, en los cuales el Estado no es necesariamente el actor principal en las violaciones a los derechos humanos.
En Argentina, cada vez son más los conflictos que involucran a pueblos originarios y campesinos sin tierra en la defensa de parcelas de uso comunal y en contra del avance de la frontera agropecuaria, como se le llama a los desmontes para plantar productos de exportaciones como la soja.
Pero lo mismo sucede en otros países de la región frente a diversas industrias.
En diálogo con IPS, la brasileña Andrea Caldas, de Justicia Global, contó cómo la organización que integra fue abarcando los nuevos temas. Al comienzo abordaban asuntos de violencia institucional, cárceles y acceso a la justicia.
Ahora también Justicia Global, con sede en Río de Janeiro, documenta casos de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales causadas por firmas multinacionales vinculadas a la minería o a la construcción de grandes represas, que afectan a las comunidades más pobres y vulnerables.
“Brasil avanza en un proyecto de desarrollo basado en mega obras de infraestructura y en la promoción de grandes corporaciones, como por ejemplo la siderúrgica Vale, la mayor del mundo en su rubro”, remarcó.
Caldas aseguró que Justicia Global comprobó violaciones a los derechos al territorio, al ambiente y a la salud de dos comunidades del nororiental estado de Maranhão, rodeadas de siderúrgicas de Vale que, asegura, contaminan los cursos de agua.
Ante esas denuncias, los defensores corren riesgos crecientes. Desde el panel de debates, el brasileño Edmundo Rodrígues Costa, de la católica Comisión Pastoral de la Tierra, denunció que 1.855 defensores de derechos humanos fueron amenazados en la última década por conflictos con la tenencia de la tierra, 42 de los cuales fueron asesinados.
“No hay seguridad para los defensores. La impunidad es lo que prevalece, por eso las grandes empresas mineras y del negocio agrícola exportador actúan como quieren en los territorios, directamente matando personas por medio del contrato de pistoleros y custodios privados”, denunció.
Rodrigues Costa recordó el caso de la monja católica estadounidense Dorothy Stang, asesinada en 2005 en el norteño estado de Pará tras denunciar el avance de la deforestación de hacendados privados sobre comunidades de campesinos sin tierra.
También citó el caso más reciente de la pareja de defensores asesinados en mayo pasado por sus denuncias contra la extracción ilegal de madera en el norte del país. José Claudio Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo fueron acribillados a balazos.
Consultado por IPS, el peruano Francisco Soberón, de la Asociación Pro Derechos Humanos, también se refirió a los conflictos socio-ambientales por la extracción minera a cielo abierto, que afectan el suelo y los cursos de agua.
“Hay múltiples conflictos por la minería, el petróleo, el gas, la madera. El extractivismo y la conflictividad social que genera es un tema fundamental de la nueva agenda de los derechos humanos”, subrayó.
Soberón advirtió que en el parlamento peruano hay un proyecto de legisladores derechistas para darle mando a las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, una iniciativa que, dijo, esperan que no prospere.
En el encuentro, también tuvieron lugar las activistas que reclaman por los derechos de las mujeres. Carmen Herrera, de Abogados y Abogadas por la Justicia y los Derechos Humanos en México, detalló a IPS sus nuevos desafíos.
“El nuevo reto es visibilizar la doble discriminación que sufren las indígenas. Estamos denunciando que los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (fijados por los gobiernos en 2000 en la Organización de las Naciones Unidas) no se cumplen jamás entre los indígenas y esto parece normal”, dijo.
A su turno, Andrea Medina, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, señaló a IPS que las 10 organizaciones que conforman la red no sólo denuncian la brutal violencia contra las mujeres en esa norteña ciudad mexicana, sino también la que sufren las defensoras.
“Hace un año asesinaron a Marisel Escobedo, madre de una desaparecida, y hace unos días Norma Andrade, madre de otra joven asesinada, sufrió un atentado a balazos y está en condición crítica en el hospital”, denunció.
Esos casos revelan, dijo, que no sólo persiste la impunidad sobre estos delitos, sino que hay “una cultura de discriminación que sostiene la violencia contra las mujeres”.
“Hoy las personas más amenazadas en México son aquellas que denuncian las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra las mujeres”, aseguró.