Antecedentes sobre la situación de los mapuches en Chile y una mirada en el papel de Canadá

 

En las raíces de la resistencia mapuche

Más de 34 presos políticos mapuches en Chile llevan a cabo una huelga de hambre de 69 días para llamar la atención sobre su lucha y forzar cambios significativos en la forma que el Estado chileno trata al pueblo mapuche.

La huelga de hambre entró en una fase crítica y posiblemente mortal: Bobby Sands, un revolucionario irlandés, y una víctima reconocida de la huelga de hambre, murió después de 66 días. Otros huelguistas han sobrevivido por más tiempo, incluyendo la mujer mapuche y ex-presa política, Patricia Troncoso, quien rechazó los alimentos por 112 días para protestar por “el modelo económico inhumano y predador” en Chile, y por las leyes anti-terroristas que son empleadas actualmente para criminalizar el pueblo mapuche.

Las principales demandas de los huelguistas y sus partidarios son que las personas mapuches sean procesadas en tribunales civiles en lugar de tribunales tanto militares como civiles, y que la legislación antiterrorista vigente desde la época de la dictadura no se utilice contra ellos. Su lucha, en sus raíces, es en defensa de su territorio y cultura, y de alguna manera se asemeja a las luchas indígenas alrededor del mundo.

En efecto, la situación entre el pueblo mapuche es grave. Su lucha para mantener su libertad e independencia se remonta a la primera invasión española de su territorio ocurrida en 1541. Desde entonces, su tierra base ha ido disminuyendo hasta una serie de reservas que fueron divididas en terrenos individuales bajo la dictadura de Augusto Pinochet.

Desde el fin de la dictadura en 1990, se han aprobado leyes que reconocen a los indígenas sus derechos a la tierra, pero estas leyes no se han cumplido y el pueblo mapuche continúa organizándose contra las actividades de corporaciones transnacionales en sus tierras.

“Aunque se han implementado muchas políticas chilenas e internacionales para fortalecer y apoyar a las comunidades mapuches —tales como financiación para la salud intercultural y programas de desarrollo sostenible, los procesos legales para los reclamos de tierras, apoyo internacional y nacional para los derechos humanos e indemnización por la violación de los mismos, programas de la lengua mapuche, etc.– el modelo dominante de desarrollo industrial incluida la inversión extranjera todavía impone estructuras de poder sobre el pueblo mapuche, en vez de colaboración con ellos”, escribió Claire Sieber (una antropóloga graduada de la Universidad de Victoria en Canadá, que ha realizado trabajo de campo con los mapuches) en un correo electrónico a la Media Cooperative.

Represas ubicadas por todo el territorio mapuche han inundado vastas extensiones de territorio y han desplazado comunidades enteras. En los años 90, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), de propiedad española, empezó un proyecto de construcción de seis represas en el río Bio Bio, en tierras pewenche de los mapuches. Unos de estas represas fue financiada con préstamos de la Corporación Financiara Internacional del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Los efectos de las represas y de las inundaciones en el territorio mapuche aún se sienten. “Aunque ENDESA suministró a algunos pewenches en El Barco nuevas casas y electrodomésticos (sin la electricidad gratuita o oportunidades de empleo para pagar la factura de electricidad…He visto los hornos de gas y lavarropas usados como armarios), y parcelas rectangulares con cercas de alambre de púas (contrario a la organización terrenal comunal y semi-nomada de los Pewenche)- lo hicieron sin tomar en cuenta la movilidad estacional y la organización de las comunidades de los pewenche,” escribió Sieber.

“El verano pasado en Chile, conocí a familias angustiadas por las nuevas vallas de propietarios ajenos (no pewenche) que impiden que las familias lleven su ganado a las zonas de pastar que han sido usadas por generaciones”, escribió. “Los propietarios cobraban por cabeza de ganado para dejarlos pasar por su tierra. Precios que los agricultores Pewenches no pueden pagar.”
También a finales de los 90, en otro ejemplo de la criminalización de la resistencia mapuche, estallaron discusiones de la silvicultura y “en diciembre de 1997 la policía peleó con manifestantes mapuches de las comunidades de Pichi-Lincoyan y Pilil-Mapu. Las comunidades estaban reclamando sus tierras, y esto generó conflicto porque el gobierno ignoró los reclamos de los mapuches”, según el escritor mapuche, Aldisson Anguita Mariqueo. Él señala que en este momento:

“La respuesta del gobierno ‘democrático’ de Chile fue detener a doce mapuches bajo la pretensión de la Ley de Seguridad Interna. Esta ley, heredada de la dictadura militar, permite que las fuerzas de seguridad revisen residencias privadas y puedan detener e interrogar a cualquier individuo ‘sospechoso’ sin la intervención judicial. Cuando los manifestantes mapuches fueron tomados bajo esta ley, sus familias no recibieron nada de información sobre donde estaban, lo cual intensificó la confusión, el miedo, y la desesperanza de sus familias y comunidades”.

La construcción de carreteras y de un aeropuerto ha aumentado las incursiones al territorio mapuche, y continúa amenazando la sobrevivencia del pueblo mapuche. En un informe de 2008, Amnistía Internacional señaló que disputas territoriales relacionadas a las industrias de extracción forestal han causado “tensión que resulta en violencia”:

“Los líderes mapuches nos han informado que los policías usaron fuerza excesiva, incluido gases lacrimógeno y balas de goma, tirando balas desde los helicópteros, incluidas balas de plomo, para reprimir las manifestaciones, en detrimento de la integridad física y psicológica de personas que a menudo no están involucradas en las acciones, particularmente niños, mujeres, y adultos mayores”.

La huelga de hambre que continua en Chile hoy día es un llamado de atención al mundo sobre la criminalización del pueblo mapuche que sigue en pie de lucha para defender sus tierras.
La relación de Canadá con Chile se ha basado por mucho tiempo en la minería y el libre comercio, tras la firma de un acuerdo bilateral de libre comercio, en 1997. En 2008, la inversión directa extranjera de Canadá en Chile se midió $8.346 miles de millones. Los sectores principales canadienses en Chile son entre ellos que más han empeorado los conflictos mapuches, entre ellos “la minería, la silvicultura, la pesca, y las industrias agrícolas.”


Inquietantemente, entre otros programas, entre los años 2005 y 2008, la Agencia de Desarrollo Internacional Canadiense financió un programa llamado “Asegurando los Derechos de los Acusados en Chile”, que “transfiere la experiencia canadiense en el campo de la defensa criminal para fortalecer el reformado sistema de justicia chileno”.

El partidario colombiano Manuel Rozental escribe que poner a prueba la resistencia mapuche “bajo legislación anti-terrorista es absurdo, y de hecho transforma la lucha por la vida a una actividad terrorista, un precedente de Chile al continente, y, en efecto, el mundo.”

Un día de acción global para apoyar a los presos políticos en Chile está previsto el 24 de Septiembre.