Fuente: Colombia Informa
Luego de dos semanas de movilización pacífica contra la explotación petrolera en Arauca, el 12 de febrero de 2013 se dio inicio al paro cívico anunciado en días pasados por las organizaciones sociales de este departamento, como respuesta a los reiterados incumplimientos por parte del gobierno nacional y las empresas transnacionales.
El último intento de diálogo se produjo el lunes 11 de febrero, entre la Comisión vocera (compuesta por delegados de indígenas, campesinos, jóvenes, mujeres, trabajadores y comunales) y representantes del Ministerio del Interior así como de las empresas petroleras que operan en la región, a fin de establecer las condiciones en que se daría cumplimiento a los compromisos que éstos últimos han hecho desde mayo de 2012.
Los incumplimientos reiterados por parte del gobierno y las empresas, y la dilación del proceso de negociación causó el rompimiento de ese espacio de diálogo, ante lo cual se procedió al uso de la fuerza estatal: aproximadamente 1200 efectivos del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) llegaron a desalojar violentamente a las comunidades en los sitios de concentración.
El primer hecho se presentó en la vereda San Isidro, sobre la vía que de Tame conduce a Arauca capital, en el punto de acceso al complejo petrolero Caricare explotado por la transnacional OXY, donde el ESMAD, la Policía y el Ejército agredieron a las comunidades movilizadas incendiando los potreros aledaños, disparando sus armas de dotación, destruyendo bienes civiles (una escuela), saqueando las provisiones de alimentos que tenían los manifestantes en el sitio, golpeando y reteniendo a cuatro personas.
Como consecuencia de lo anterior una mujer indígena en estado de embarazo, que transitaba por el lugar, perdió su bebe por el efecto de los gases lacrimógenos, y debió ser traslada de urgencia a un centro de atención médica.
La fuerza pública ha impedido la labor periodística de los medios de comunicación locales y nacionales al obstaculizar el paso de corresponsales de CM&, RCN y otros medios locales que se desplazaban hacia Cari Care; el ejército nacional efectuó un retén en el sector del Lipa y determinó que “por razones de seguridad” los periodistas no podían pasar. Cabe recordar que en los hechos del Quimbo (Huila) la fuerza pública también restringió la presencia de los medios de comunicación y se produjo una serie de hechos de violatorios de los derechos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Frente a esta situación la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierrra emitió una Acción Urgente en la cual manifiestan su preocupación por la detención de las personas, la agresión y brutal violencia ejercida contra campesinos e indígenas, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por la fuerza pública al violentar y destruir instalaciones civiles, y, el saqueo de víveres destinados a la alimentación de los manifestantes, expresaron. La Fundación, también instó al Estado colombiano a respetar las normas de los derechos humanos y el DIH.
En el mismo sentido, la Acción Urgente denuncia una serie de vulneraciones a los derechos de los manifestantes por parte de la fuerza pública, cuyos miembros se han dedicado a fotografiar constantemente a quienes participan de la jornada de protesta, han retenido, interrogado y reseñado a algunos de ellos, han hecho presencia hombres vestidos de civil y armados a altas horas de la noche en cercanías a los lugares de concentración, entre otros casos.
Fotografía de Trochando Sin Fronteras
En los demás sitios de concentración de manifestantes, tales como el punto de acceso al complejo petrolero de Caño Limón en el municipio de Arauca, el campo Caricare en Arauquita, la línea del oleoducto bicentenario en Tamacay y el Tigre (Tame) y en Villamaga (Saravena) y la subestación de bombeo de Banadías (Saravena), las autoridades han enviado contingentes del ejército, la policía nacional y el ESMAD, por lo que se teme que ocurran hechos similares a los acontecidos en Caricare.
Es importante anotar que en este momento no se presenta movilidad de personas y vehículos por vía terrestre hacia fuera del departamento de Arauca por las dos únicas vías de acceso (Casanare y Norte de Santander), el comercio y todas las actividades han sido paralizadas por completo en esta región del país.