(IPS) – Con hallazgos periódicos que causan gran impacto en las familias y en la sociedad, avanza en Argentina la identificación de restos de desaparecidos por la última dictadura (1976-1983) enterrados en fosas clandestinas o arrojados al mar.
“Fue una experiencia muy fuerte recuperar el cuerpo de mi padre, con sentimientos encontrados, pero el balance es positivo”, explicó a IPS en una entrevista Sandra Márquez, hija del exsenador provincial Damián Márquez, secuestrado en 1977.
Después de casi 35 años de estar desaparecido, sus restos y los de otras 14 víctimas fueron hallados en la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, en la noroccidental provincia de Tucumán, donde operaba un centro clandestino de detención durante los gobiernos militares.
En marzo, la organización civil humanitaria Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), creada para la búsqueda de cuerpos de desaparecidos, logró identificar los esqueletos de tres detenidos, uno de ellos el exsenador.
Estaban en una de las cinco fosas donde también hallaron fragmentos de huesos, junto con restos de vestimenta y de gomas de neumático quemadas. “Había 15 osamentas enteras y miles de fragmentos óseos que se nota que intentaron quemarlos y por eso ahora es difícil extraer de ellos muestras de ADN para la identificación”, explicó a IPS la coordinadora del EAAF, Cecilia Ayerdi.
Los antropólogos avanzaron sobre la información aportada a la causa judicial que investiga las desapariciones.
En la pesquisa por la represión en Tucumán, un testimonio clave había sido el del exgendarme Omar Torres, quien declaró que vio al ya fallecido exgeneral Antonio Domingo Bussi fusilar a prisioneros en Arsenales.
Según el relato de Torres, el ex hombre fuerte de la provincia llegaba al centro clandestino a medianoche vestido de combate junto a otros oficiales.
Allí se realizaban pozos de cuatro metros de ancho por dos de profundidad, según Torres, y se obligaba a los prisioneros a arrodillarse con los ojos vendados junto a la fosa donde les daban un tiro en la cabeza.
Luego los cuerpos eran quemados junto con leña y neumáticos, detalló. La versión es coincidente con los hallazgos que van haciendo los expertos.
Bussi fue interventor de facto de Tucumán (1976-1978), y aunque tras el retorno a la democracia fue expulsado del ejército, enjuiciado y condenado por crímenes como secuestro, asesinato y peculado, resultó amnistiado por la ahora anulada Ley de Punto Final y llegó a ser gobernador provincial entre 1995 y 1999.
Desde 2003 debió enfrentar diferentes juicios por casos de muertos y desparecidos y en 2008 fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, en un ejemplo de las idas y venidas de la justicia con los responsables de la muerte de unas 30.000 personas durante la dictadura. Bussi murió en 2011.
La recuperación de restos en Tucumán es uno de los descubrimientos más recientes, pero hay otros en cementerios y centros clandestinos de otras provincias y también en Uruguay, el vecino país adonde fueron a dar algunos cuerpos de prisioneros arrojados al Río de la Plata o al océano Atlántico.
Victoria Montenegro es hija de desaparecidos. Fue apropiada en el momento en que secuestraron a sus padres, dos meses antes del golpe de Estado de marzo de 1976 que dio origen a la dictadura, y supo recientemente que los restos de su padre estaban en Uruguay.
Tras su secuestro, el cuerpo de Roque Montenegro fue arrojado al Río de la Plata. Sus restos aparecieron en mayo de 1976 a orillas de la sudoccidental ciudad uruguaya de Colonia. Allí, Montenegro fue enterrado como “NN” (sin nombre) junto a otros siete cuerpos entregados por el mar.
Tras la identificación de Victoria, que vivía con sus apropiadores, fue posible tener muestras de ADN para identificar el cuerpo. Como resultado, en mayo lograron ser reconocidos los restos de Montenegro, 36 años después de su muerte.
Para la hija la noticia fue a la vez una satisfacción y una enorme pena. “Me abrazo al milagro de que mi papá haya aparecido cuando el Estado terrorista hizo todo lo posible para que nunca jamás apareciera”, declaró.
En el EAAF hay más de 8.400 muestras de ADN de familiares de detenidos desaparecidos, que corresponden aproximadamente a unas 4.500 víctimas. Hasta ahora fueron identificados 515, pero hay 600 cuerpos recuperados sin identificar.
Según explicó Ayerdi, hay casos en los que no sobrevivió ningún familiar directo. Por eso están solicitando permisos para realizar exhumaciones y obtener muestras de familiares fallecidos que sirvan para la identificación.
Pero también hay quienes no aceptan someterse al cotejo de sangre. “Hay gente que no quiere recibir huesos o que considera que ya cerró su duelo, y también están quienes no saben que pueden hacer esta búsqueda”, dijo.
De hecho, la amplia repercusión del caso de Montenegro en los medios de comunicación desató una gran cantidad de llamadas de personas dispuestas a realizarse una extracción para dejar una muestra en el Banco de Sangre de Familiares de Desaparecidos.
El Banco fue creado en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, lanzada en 2007 por el EAAF, y que dio un gran impulso a la tarea de remoción de restos e identificación.
Hasta entonces, apenas se habían identificado 250 cuerpos, mientras que ahora ya se duplicó esa cifra y se siguen encontrando. Además de los casos de Tucumán, otro hallazgo último fue en Rosario, la principal ciudad de la nororiental provincia de Santa Fe.
En octubre pasado se hicieron en el cementerio La Piedad de Rosario más de 120 excavaciones en tumbas donde se habían ocultado restos. Obtuvieron unos 300 conjuntos óseos y en lo que va del año pudieron identificar a 12 personas
Ayerdi adelantó que, además de las identificaciones pendientes, seguirán trabajando en centros clandestinos de la oriental provincia de Buenos Aires, como Campo de Mayo, de la central provincia de Córdoba, como La Perla, y en otras expresiones clandestinas.
“Lo que necesitamos son más muestras de sangre”, remarcó. A pesar de la campaña en medios de difusión, todavía hay resistencia a la realización del test que permitiría ampliar el rango de cotejo con los restos humanos que van apareciendo.
Sandra Márquez contó a IPS que, si bien ella y sus hermanos siempre buscaron al padre secuestrado cuanto tenía 42 años, en momentos en que entregaron sus muestras de sangre no creyeron que conduciría a la identificación.
Sin embargo, la información brindada por el EAAF les permitió retirar los restos, velarlos por algunas horas y sepultarlos.
“Fue algo muy fuerte toparnos con sus huesos, pero estamos muy agradecidos porque para los familiares es muy importante. Sirve para cerrar una etapa. Ojalá otros puedan tener esta experiencia. Mi padre ya no es un desaparecido”, aseguró.