Diciembre es un mes especial en Argentina. El 10 de diciembre de 1983 asumió un presidente elegido por voto popular, dando fin a la última dictadura militar y marcando el inicio de la recuperación democrática. Este mes, se cumplieron 25 años de ese día y abundaron los balances. Muchas cosas están pendientes para poder hablar de democracia real, y numerosos análisis hicieron hincapié en la “calidad institucional” y en la pobreza extendida que alcanza grados de miseria en amplias zonas del país (hay unas 25 muertes diarias de niñas y niños vinculadas al hambre). Pero pocos fuera del movimiento de mujeres resaltaron la persistencia de un fenómeno que obedece ahora a causas distintas que las que tuvo durante la dictadura pero cuyo peso simbólico debería ser insoportable: la desaparición forzada de personas.
En 1977, también el 10 de diciembre, desapareció en Buenos Aires Azucena Villaflor, secuestrada por miembros de las fuerzas armadas. Azucena fue la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, las mujeres que en plena dictadura se organizaron para demandar a los militares conocer el paradero de sus hijas e hijos. Miles de mujeres desaparecieron o fueron asesinadas durante la dictadura. Desde la recuperación democrática, alrededor de 600 mujeres y niñas permanecen desaparecidas, secuestradas por quienes manejan el negocio de la prostitución esclava, en prostíbulos, bares y departamentos privados donde las mujeres quedan encerradas. Se sabe que muchas de ellas aún están con vida. No son, como durante la dictadura, luchadoras populares, guerrilleras, militantes políticas y sociales. Son mujeres jóvenes, la mayoría pobres, la mayoría del interior del país. No son secuestradas por fuerzas militares y policiales para obtener de ellas información. Son secuestradas y engañadas por mafias, integradas o protegidas por la policía, el poder político y el judicial, para obtener de ellas ganancias. No se las tortura con picana eléctrica. Se las tortura con la prostitución forzada, con el comercio de sus cuerpos, con golpizas y hambre. Como durante la dictadura, a las cautivas se las priva de su propio nombre, se les prohíbe usarlo. Un elemento más de la tortura psicológica para quebrar su resistencia. Las víctimas son trasladadas entre provincias y ciudades, pasando de un prostíbulo a otro. En la dictadura, las/os detenidas/os desaparecidas/os también eran trasladados de un centro de tortura a otro. Esto dificulta la creación de lazos entre las víctimas, el conocimiento certero del lugar y la posibilidad de identificar a los captores, todo lo cual hace más difícil la huida.
La pobreza y la trata de personas
Después del neoliberalismo salvaje, en los años ’90, quedaron en el país marcas estructurales del desastre económico. En el segundo trimestre de 2008 la tasa de desempleo rondó el 8%, pero lo más alarmante es que alrededor del 40% de los empleos están en el sector informal, precarios, mal pagos y sin ningún tipo de derecho laboral. Tener empleo no garantiza no ser pobre: según un estudio publicado este mes por el Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales, en 8 de las 24 provincias más del 40% de la población es pobre (entre ellas, Misiones, Tucumán, Corrientes, Santiago del Estero) y en otras 7, más del 30% es pobre. Es decir, más de la mitad de las provincias tienen situaciones de gran vulnerabilidad social. Este es el sustrato sobre el que se asientan la prostitución y la trata de personas, que muchas veces utilizan promesas de trabajo y de mejoras económicas para engañar a las víctimas o que ofrecen dinero a las familias para que entreguen a sus niñas/os.
Sólo en Argentina, alrededor de 400.000 personas son víctimas de trata para explotación sexual y laboral, y la situación tiende a empeorar tanto en el país como en Latinoamérica. El negocio es cuantioso: mundialmente, produce 32 mil millones de dólares anuales de ganancia, sólo detrás del tráfico de drogas. La trata de personas consiste en captar por engaños o por la fuerza, transportar y acoger a mujeres, niñas, niños y hombres para su explotación. Ésta puede tomar la forma de trabajo esclavo (frecuente en la industria textil) o de esclavitud sexual: prostitución, turismo sexual y pornografía. En Argentina, la trata con fines de explotación sexual representa alrededor del 90% de los casos denunciados. Otro componente mucho menor de la trata de personas en el país está vinculada a la extracción de órganos y tejidos. Queda fuera del texto legal la compra y venta de bebés, que tiene dimensiones importantes en el país, en la que intervienen tanto argentinos como extranjeros, especialmente europeos.
En el mundo globalizado, las mercancías van para donde quiere el capital mientras que las personas encuentran abundantes fronteras físicas y legales que les impiden desplazarse libremente. Pero cuando las personas mismas se han convertido en mercancías con “dueños”, las fronteras vuelven a diluirse. Según el Estudio Exploratorio sobre Trata de Personas en la Argentina, Chile y Uruguay, realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2006, Argentina es país de salida, de tránsito y de llegada de mujeres, niñas y niños para fines de explotación sexual. La provincia de Buenos Aires es, sobre todo, “un punto de destino de víctimas de trata tanto interna como internacional”. En noviembre hubo 39 allanamientos en la ciudad turística de Mar del Plata, y se encontró a mujeres que eran explotadas sexualmente provenientes de República Dominicana, Rusia, Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay. El 62% de las víctimas de trata en Paraguay habrían sido trasladadas a Argentina. Las mujeres de República Dominicana que han llegado engañadas son miles.
De acuerdo a la OIM, la trata interna ha tenido un desarrollo muy importante en Argentina. Tucumán y Misiones son las provincias con mayor número de víctimas, que son trasladadas hacia zonas ricas del país o a países limítrofes, México y Europa. Misiones es una zona del noreste, limítrofe con Paraguay y Brasil en lo que se conoce como “Triple Frontera”, un punto geopolítico estratégico. Estados Unidos viene intentando instalar bases militares en la zona, alegando la supuesta presencia de terroristas islámicos. Tucumán es una provincia pequeña donde el aparato represivo que dejó la dictadura nunca fue desmantelado.
La participación de la policía
Ningún negocio ilegal es posible sin la participación de la policía. Cuando se trata de prostitución callejera, la policía hostiga a las mujeres, deteniéndolas arbitrariamente como forma de obligarlas a pagar por “protección”. En el caso de la prostitución esclava, en espacios cerrados, quienes deberían estar buscando a las mujeres desaparecidas son parte muy importante del negocio.
Marcelo Salomoni es fiscal de la provincia de Córdoba y desde hace cinco años persigue proxenetas y bandas que actúan en los límites con Santa Fe. Dijo públicamente que “En la mayoría de las causas detectamos que un alto porcentaje de las mujeres que se prostituyen proviene de esa provincia. [ ] Son bandas que forman parte de un negocio muy redituable, a veces hay involucrados personal policial, judicial o de legisladores”. Santa Fe, cuyas dos principales ciudades registran las tasas de desempleo más altas del país, es otra provincia con alto número de víctimas, que habitualmente son trasladadas a otras provincias. Una fuente judicial local aseveró, refiriéndose a las redes de trata para prostitución, que “En seis horas trasladan y en 24 pueden sacar a cualquier chica del país”. Semejante rapidez sería imposible sin la complicidad de elementos del estado.
En la ciudad capital de Tucumán, existen 32 prostíbulos, la mayoría de los cuales pertenecen a policías y cuentan con habilitación “legal” municipal como bares. Cuando se realiza algún procedimiento policial para verificar el lugar, los dueños son alertados. Además, la policía recibe pagos ilegales por parte de los dueños para no investigar lo que sucede en ellos. La justicia muchas veces resulta cómplice, como en un caso en esta provincia donde se encontró a siete mujeres que eran explotadas sexualmente en un prostíbulo pero el dueño del lugar sólo fue acusado de posesión de arma de fuego.
En Misiones, en la zona del Triple Frontera, además de la policía está implicado el personal de migraciones y de Gendarmería, que son los encargados de monitorear el paso de personas a través de la frontera. Es una zona donde está muy promocionado el turismo sexual, especialmente el “infantil” (incluido en el precio de ciertos paquetes turísticos) y el “exótico”, del que son víctimas personas de los pueblos originarios. Los explotadores aprovechan que las naciones originarias están presentes en Argentina, Brasil y Paraguay y que es habitual para estas personas moverse de un estado a otro, lo que demora detectar su falta en sus comunidades. Numerosos turistas europeos llegan a la Triple Frontera en busca de aventuras sexuales con niñas y niños de los pueblos originarios.
En los últimos meses fueron denunciados decenas de prostíbulos arreglados con las comisarías en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el caso extremo son unos veinte prostíbulos que funcionan en los
alrededores del Departamento Central de Policía. Estos prostíbulos pagarían 800 mil pesos (unos 230 mil dólares) mensuales a dos comisarías de la zona a cambio de “protección”. En muchos de ellos hay niñas, niños y adolescentes así como mujeres extranjeras y habría también un importante comercio de drogas, con control de carteles internacionales. Sobre el accionar de la recientemente creada División Trata de Personas de la Policía Federal, dijeron fuentes de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana: “Esto está generando mucho malestar entre los jefes y comisarios que usan a los proxenetas como fuente de recaudación”. El máximo responsable de la Policía Federal estaría implicado.
Una ley polémica
Desde 2003 el movimiento feminista y algunas ONGs venían reclamando la sanción de una ley que castigara específicamente el delito de la trata de personas. Argentina es un país abolicionista desde el año 1949, cuando se ratificó la Convención contra la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena, de Naciones Unidas. Es decir, que no se debería perseguir ni penar a las personas en estado de prostitución pero sí se pena a quien explota la prostitución ajena. Esta ley apuntaba a los proxenetas, que tienen contacto directo con las mujeres que explotan y que eran considerados como individuos que actuaban aisladamente. Sin embargo, no había una ley que apuntara a las organizaciones que estructuran y manejan la trata de personas, a pesar de no ser un fenómeno reciente. A principios del siglo XX operó una organización llamada Zwig Migdal, que engañaba a mujeres europeas, especialmente jóvenes judías, con promesas de trabajo y matrimonio en Buenos Aires y que luego las mantenía como esclavas sexuales.
En abril de este año el Congreso Nacional aprobó una Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, de alcance federal, para cubrir ese vacío. Sin embargo, no fue bien recibida por las organizaciones feministas y algunas ONG, que pretendían que la trata de personas fuera considerada una violación de derechos humanos, donde los estados serían responsables por acción (cuando sus agentes forman parte de estas redes) y por omisión (cuando no ponen en marcha mecanismos para impedirla). Las víctimas, su asistencia y la erradicación de las condiciones materiales y culturales que posibilitan, fomentan y naturalizan la prostitución deberían estar en el centro de las acciones públicas. La crítica fundamental es que se impuso la concepción de Estados Unidos que la considera un problema que afecta a la seguridad de los estados. La ley se encuadra en las acciones que pretenden ampliar la llamada “guerra contra el terrorismo”, poniendo bajo sospecha a toda persona que no está en su país de origen, sin importar cómo y por qué se ha trasladado a otro. Según el diputado nacional Claudio Lozano (economista de la Central de Trabajadores de Argentina), se quiso hacer un gesto hacia Estados Unidos. El 10 de abril, al día siguiente de la aprobación de la ley en el Congreso, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos estadounidense, Tom Shannon, se reunió con la presidenta Cristina Fernández y le manifestó el beneplácito que la ley causó al gobierno de George Bush. Shannon dijo que Estados Unidos “compromete, en la medida que lo requieran las autoridades argentinas y bajo los acuerdos de cooperación existentes, su firme apoyo a la implementación de la nueva legislación”. Estados Unidos había considerado a Argentina “país en observación” por carecer de una ley federal que penara la trata de personas.
Por eso la ley contiene un artículo que establece que en el caso de mayores de edad, es necesario demostrar que las víctimas fueron captadas mediante “engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o pagos”. Sara Torres, co-coordinadora de la Red No a la Trata y presidenta en la Argentina de la Coalición Internacional Contra la Trata de Personas, también consideró que la ley fue hecha bajo influencia de Estados Unidos, cuya embajada felicitó al gobierno por su aprobación. Rechazó de plano la necesidad de probar que no hubo consentimiento por parte de las víctimas, ya que eso legitima la trata cuando no puede darse esa prueba: "Cualquier definición de trata debe decir claramente que el delito se configura aunque la víctima haya prestado su consentimiento, cualquiera sea su edad. Proxenetas y explotadores son delincuentes por sus acciones y no por hechos o condiciones de la víctima. Si además el tratante actuó mediante engaño, abuso, violencia, o si las víctimas son menores de 18 años, estas condiciones deben ser agravantes del delito y no constitutivos de la figura penal."
Las organizaciones de mujeres denuncian que las víctimas que han sido explotadas sexualmente, muchas veces se niegan a declarar ante la Justicia por miedo a represalias contra ellas mismas o contra sus familias. Por otro lado, se pasa por alto que muchas de las víctimas de las redes de prostitución pasan años en poder de sus captores. Marita Verón está desaparecida desde 2002. Andrea López desde 2004. Fernanda Aguirre desapareció en la provincia de Entre Ríos en 2004, cuando tenía 13 años. Aún no apareció, pero este 18 de diciembre una mujer de 26 años que logró escapar de un prostíbulo de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, dijo en el noticiero Informe Central, del canal de televisión América TV, que la vio en ese mismo prostíbulo hace ocho meses. Hoy, Fernanda tiene 17 años y el estado argentino aún no la encontró ni la liberó. Si la rescatan el año que viene o después, ella tendrá ya 18 años y según la nueva ley tendría que probar que no está en el prostíbulo por su propia voluntad. Un absurdo cruel.