Fuente: InfoBae
Comunidades enteras pagan las consecuencias del modelo extractivista que el kirchnerismo profundizó en la última década en busca de engordar la “caja”. Los grandes ganadores y la contaminación ambiental
Soja, petróleo, pasteras y megaminería son pilares del modelo extractivista que rige la economía de nuestro país: la provisión de dólares, energía e inversión extranjera resultan un objetivo fundamental para cualquier Gobierno. Al mismo tiempo, grandes corporaciones y poderosas empresas gozan del beneplácito estatal para alzarse con ganancias ilimitadas. Como contracara, poblaciones enteras son víctimas del despojo de sus territorios y la destrucción del medio ambiente. Comunidades rurales e indígenas se enfrentan día a día a un real envenenamiento de su aire, su agua y su suelo, que se traduce en problemas alimenticios, graves enfermedades, malformaciones, abortos espontáneos y muerte.
Pero las voces que se alzan para denunciar lo que sucede no encuentran eco en la clase dirigente ni en los medios masivos de comunicación. Tampoco en las clases medias urbanas, que no perciben riesgo alguno, a no ser que un contáiner con agroquímicos reviente en el puerto de Buenos Aires y expanda una nube tóxica en el ambiente.
Darío Aranda es periodista de Página/12 y autor del libro Argentina Originaria. Trabaja desde hace 10 años en comunidades campesinas e indígenas, y en su segundo trabajo editorial, Tierra Arrasada (Sudamericana), realizó un exhaustivo mapa del extractivismo local, en el que da cuenta de las consecuencias de un modelo que se inició en el menemismo y que el kirchnerismo ha profundizado de manera exponencial en los 12 años que lleva en el poder.
– ¿Quién gana y quién pierde con el sistema extractivista?
Hay varios ganadores. En primer lugar las corporaciones como Monsanto, Barrick Gold, Chevron, Panamerican Silver, Alto Paraná y muchas otras infinitamente más grandes que Clarín, y contra las cuales el gobierno no ha dado ninguna batalla. En segundo lugar, los gobiernos, que lo ven como una caja a través de las retenciones. Y en bastante menor medida los productores, aunque habría que hacer una gran distinción según el tamaño. No es lo mismo un pool de siembra que un pequeño productor que tiene 100, 200 o 300 hectáreas. Parte de los medios de comunicación aliados a los agronegocios también se ven beneficiados, y por eso son estos sectores los que más prensa tienen. Los afectados son infinitamente más, pero siempre sectores populares: campesinos, indígenas, pequeños pueblos. Hay que ir al campo para ver la cantidad de enfermedades que hay, que antes no existían.
– ¿Cuál es el grado de responsabilidad del Gobierno?
Estos temas involucran al Gobierno nacional y a sus aliados provinciales. Claro que también hay una fuerte pata empresaria en este modelo. Pero todas las leyes, la ingeniería legal que permite la avanzada petrolera; la explotación forestal; la forma de aprobación de transgénicos fue sancionada en los 90 y profundizada en la última década, en la que se aplicó el extractivismo a rajatabla: en el 2003 había 40 proyectos mineros en estudio, en la actualidad, hay 600. Cuando llegó el kirchnerismo había 12 millones de hectáreas con soja, hoy hay casi 22.
– ¿Como opera el Estado a la hora de controlar la contaminación que causan las empresas?
El modelo extractivo tiene la particularidad de contar con la complicidad, la asistencia y el andar en el mismo camino de poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Si el poder judicial hiciera cumplir la ley, el modelo no podría avanzar. La Argentina tiene frondosa legislación, sobre todo de protección indígena, que obliga a consultar y obtener el consentimiento de las comunidades. En Vaca Muerta, debería haber habido, pero no lo hubo. Y ahí tiene mucho que ver el poder judicial. Es muy curioso también que los que se oponen a que el pueblo decida son los propios poderes del Estado que llegaron por el voto popular. La lucha contra el extractivismo no es solamente una lucha ambiental, es social, política y económica. Y al mismo tiempo pone en evidencia los límites de la democracia actual, que termina siendo selectiva y conservadora.
– Esto no lo plantea ningún partido o candidato opositor de peso o con chances de acceder al poder
Cualquier candidato que pueda llegar a un cargo ejecutivo nacional o provincial se va a basar en el mismo modelo extractivo, porque todos lo visualizan como una caja de recursos. A todas las consecuencias sociales, sanitarias o ambientales las ven como daños colaterales. Hay que remarcar que todos los Gobiernos de la región actúan igual, sean de derecha, de centro o de izquierda. Correa o Evo Morales, quizás con matices, terminan haciendo lo mismo.
– ¿Quién lo cambia entonces?
Creo que los cambios van de abajo hacia arriba, nunca vienen desde los Gobiernos. Muchas comunidades han logrado frenar las actividades extractivas votando en plebiscitos y proponiendo otro modelo. En Malvinas Argentinas, Córdoba, han logrado frenar a Monsanto. Vienen periodistas e investigadores de todo el mundo a ver cómo es el caso de esa pequeña localidad que pudo frenar al monstruo. Ahí está el gobierno nacional, de un signo político, el provincial de (José) De la Sota, de otro, y la intendencia, que es radical. Los tres se oponen a que la población vote.