Fuente: IRC Americas
El 29 de noviembre el conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de fábricas de celulosa en el fronterizo río Uruguay, tuvo un vuelco espectacular. Los medios informaron que el gobierno uruguayo había decidido que las fuerzas armadas se hagan cargo de la custodia de la planta de la multinacional finlandesa Botnia, lo que abre las puertas a la militarización del conflicto binacional.
"Con los milicos NO", tituló el diario argentino Página 12 su edición del 1 de diciembre, mostrando que el camino tomado por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez podía llevar la situación de tensión hacia un callejón sin más salida que el deterioro de las relaciones entre ambos países. En Uruguay, el semanario Brecha recordó que la izquierda, cuando era oposición, criticaba con dureza cualquier intento de emplear a las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interna. Tanto los ministros del gobierno de izquierda como los dirigentes del Frente Amplio, que sustenta al gobierno de Vázquez, prefirieron mirar hacia otro lado antes que disentir con la decisión militarista de su presidente.
La decisión de emplear a las fuerzas armadas para proteger las 550 hectáreas de Botnia no representa sólo un viraje en las relaciones bilaterales, sino también un cambio de fondo en la política de la izquierda uruguaya. El secretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, hermano del presidente y ex guerrillero, aseguró a los medios que la defensa de la multinacional es "un problema del país"1.
El gobierno argentino consideró la movilización de tropas uruguayas como "desmedida", y el presidente Néstor Kirchner dijo: "No nos merecíamos semejante afrenta. Le pedimos que rectifique ese error". La situación tiende a agravarse ya que al acercarse la temporada de turismo estival todos los puentes entre ambos países pueden quedar cortados. El punto de mayor fricción es el puente general San Martín, que une a la uruguaya Fray Bentos (donde se instala Botnia) y a la argentina Gualeguaychú, cuyos vecinos vienen realizando los cortes de puentes más importantes de los últimos años. En esta ciudad argentina desde hace algunos años viene floreciendo el ecoturismo, del que viven buena parte de sus habitantes, que sería seriamente perjudicado por la contaminación de la planta de celulosa. La única luz en un conflicto que puede afectar al conjunto del Mercosur, es la gestión que está realizando el enviado del rey de España que actúa como mediador.
Tensión creciente
En los últimos meses se sucedieron varios hechos contradictorios. Uruguay obtuvo tres victorias diplomáticas internacionales: la Corte Internacional de La Haya desestimó en julio la petición argentina de que las obras de Botnia fueran interrumpidas; el Banco Mundial aprobó en noviembre un préstamo asegurando que la planta no produce daño ambiental; el tribunal del Mercosur señaló que el gobierno argentino debe impedir los bloqueos de los puentes internacionales. Pero Argentina también obtuvo una importante victoria: la empresa española ENCE, que había comenzado sus obras para instalarse a poca distancia de Botnia, también sobre el río Uruguay, decidió retirarse y ahora estudia la relocalización de su emprendimiento.
Pero el conflicto, que durante meses transcurrió en el terreno diplomático y sin que se produjeran cortes de los puentes, escaló durante el mes de noviembre, sobre todo luego del préstamo concedido a la multinacional finlandesa por el Banco Mundial. Como señaló un editorialista argentino, a partir de ese momento "la población de Gualeguaychú sospecha, a la luz del resultado obtenido ante el Banco Mundial, que el gobierno argentino no puso todo lo que hay que poner"2.
Del lado uruguayo, los ambientalistas que critican el emprendimiento de las plantas de celulosa y la política forestal del gobierno se sienten aislados. Un miembro del grupo Guayubira reclamó de su gobierno un cambio de rumbo: "Es increíble que la gente se haya olvidado que estos que hoy se aplican eran los planes de los gobiernos de derecha anteriores"3. Sin embargo, la inmensa mayoría de la población considera que la defensa de las plantas de celulosa es una cuestión "nacional" y hasta el movimiento sindical apoya las medidas del gobierno.
Llama la atención que los políticos de izquierda no hayan reparado que la decisión del gobierno uruguayo de enviar militares a la frontera a custodiar la planta de Botnia, se basa en un decreto de 1974, emitido por la dictadura militar. Este decreto habilita a los militares la custodia del orden interno, algo que el Frente Amplio siempre había rechazado de modo tajante. Lo cierto, es que la tensión entre las poblaciones de la ribera del río Uruguay crece sin cesar, al punto que meses atrás pescadores argentinos denunciaron que fueron atacados con disparos por la prefectura naval uruguaya.
Las razones de unos no son consideradas por los otros. Para los uruguayos se trata de una cuestión de soberanía y de visualizar las plantas de celulosa como una salida a la crisis de empleo. No se comprende por qué el gobierno de Kirchner no desaloja los puentes y reprime a los piqueteros que cortan los puentes. El analista conservador Rosendo Fraga ofrece un argumento sólido acerca de los límites de Kirchner: "Para la mentalidad argentina, a partir de los dos piqueteros muertos en el puente Avellaneda (en Buenos Aires) en junio de 2002, que precipitó la salida adelantada de Eduardo Duhalde del gobierno, se considera políticamente riesgoso usar la fuerza pública para contener protestas"4. El analista argentino recuerda que hace más de medio año la Universidad de Buenos Aires no puede elegir sus autoridades por un conflicto interno y que hace poco tiempo en la Patagonia los trabajadores ocuparon una planta petrolera con armas, y en ambos casos se prefirió ceder para evitar enfrentamientos con posibles muertes que el gobierno no está en condiciones de asumir.
En efecto, luego de las insurrecciones del año 2001, la frágil gobernabilidad argentina entiende que no hay margen para la represión. Se trata de límites impuestos por una sociedad civil que no está dispuesta a tolerar la represión, en virtud de una historia reciente jalonada de desapariciones, torturas y muertes. En suma, la sensibilidad social argentina hace que el propio gobierno se vea forzado a negociar y, en este caso, cualquier actitud represiva puede volverse contra las autoridades que podrían verse obligadas a abandonar el poder.
La internacionalización del conflicto
Los asambleistas argentinos no dejan pasar desde hace casi un año a los camiones chilenos que transportan insumos para la construcción de la papelera de Botnia. Esto ha provocado problemas en las relaciones entre Argentina y Chile, pero la medida está llevando a la empresa finlandesa a enviar los insumos por barco hasta Uruguay. Pero el principal problema lo enfrenta ahora el Mercosur, que no está siendo capaz de abordar y resolver un conflicto entre sus socios.
Uruguay viene reclamando hace tiempo a Brasil que tome cartas en el asunto. El gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva pretende construir un liderazgo regional para promover la integración. En ese sentido, la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) celebrada en Cochabamba el 9 de diciembre, es una de las piezas más importantes del proyecto integrador brasileño. Sin embargo, Lula se niega a intervenir en el conflicto binacional de la celulosa ya que podría resultar contraproducente.
La posición argentina es que el problema debe resolverse entre ambos países, sin intervención regional. Para Brasil, la alianza con Argentina tiene la mayor importancia y durante los últimos años se han venido implementando medidas de fondo para acotar y resolver un viejo problema comercial que afecta a las industrias de ambos países. En este contexto, Lula no quiere arriesgar su alianza con Argentina, pero no intervenir también puede tener costos graves que terminen por erosionar el Mercosur y todo su proyecto de integración regional.
Las razones hay que buscarlas en la posición uruguaya tendiente al acercamiento con Washington. Hasta ahora, los que se vienen oponiendo a la firma de un tratado de libre comercio (TLC) Uruguay-Estados Unidos han conseguido aplazarlo. Pero la prolongación y la agudización del conflicto puede favorecer a quienes, como el ministro de economía uruguayo Danilo Astori, buscan acelerar los pasos de un amplio tratado comercial con la superpotencia. Si este acuerdo se concretara la unidad regional sufriría un fuerte revés, ya que las multinacionales estadounidenses contarían con una buena base territorial para hacer ingresar sus productos a dos grandes mercados como Brasil y Argentina.
Durante la reciente Cumbre Iberoamericana realizada en Montevideo, surgió la propuesta de una mediación por parte de la corona española. El rey Juan Carlos de Borbón designó como "facilitador" del diálogo entre ambos países a Juan Antonio Yáñez Barnuevo, quien de inmediato se reunió con las autoridades de ambos países. Ni siquiera la afinidad política entre los presidentes de la región pudo conseguir que Kirchner y Vázquez se sienten a negociar. Luego de dos rondas de conversaciones, la única posibilidad es que los dos presidentes se reúnan en España, pero el uruguayo adelantó que no negociará si los puentes siguen cortados.
¿Qué se está negociando? Meses atrás el gobierno argentino consiguió, gracias a sus buenos contactos con el gobierno español, que ENCE se relocalizara aunque aún no definió si lo hará en Uruguay o en algún otro país. Lo cierto es que el paso dado por ENCE podría inducir a pensar que la empresa finlandesa diera un paso similar. Se manejan dos posibles soluciones: trasladar la planta de Botnia utilizando para ello fondos del Mercosur, o construir un colector que vierta los residuos contaminantes río abajo, lejos de Gualeguaychú. Pero Botnia ha dicho de forma clara que no piensa trasladarse ni quiere interrumpir las obras. En ese sentido el gobierno español viene conversando con el de Finlandia para flexibilizar la postura de la multinacional.
Las multinacionales depredadoras
No es éste, por cierto, el único caso en que la intervención de empresas multinacionales produce graves consecuencias sobre la población. La inversión de la industria minera ha sido denunciada en Perú y Argentina, entre otros, por sus consecuencia para el medio ambiente y la población. El monocultivo de soja y de palma aceitera destruye las culturas campesinas y fuerza la emigración a las ciudades. El caso de las plantas de celulosa se inscribe en esta tendencia global. La búsqueda de energías alternativas al petróleo y el gas (el ex presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, adelantó que la celulosa podría ser una de las varias candidatas para sustituir a los hidrocarburos) está llevando a muchos países a adoptar la generación de biocombustibles que, de modo inevitable, supone el avance de los monocultivos y el despojo de tierras indígenas y campesinas.
El caso de Colombia es elocuente. El presidente Alvaro Uribe se propone alcanzar en 2010 el millón de hectáreas cultivadas de palma, cuando en 2003 había apenas 118 mil hectáreas. "Este tipo de megaproyectos aumenta la concentración de la tierra en pocas manos y favorece la continuidad del despojo territorial que han sufrido las comunidades indígenas durante todas las épocas a partir de la llamada conquista española", sostiene Darío Mejía de la Organización de Nacionalidades Indígenas de Colombia5. Tatiana Roa, de la organización Censat-Agua Viva, sostiene que primero se compran grandes extensiones de tierra en silencio, y a partir de ahí comienza la expulsión de comunidades indias y campesinas. "Es la historia de los bosques desaparecidos para transformarse en plantación. Es la historia de las culturas ancestrales transformadas en proletariados palmícolas. Son esas voces las que reclaman detener la destrucción que proponen los defensores del biodiesel", señala.
En toda América Latina va quedando claro que estamos viviendo la tercera etapa del despojo reciente. Entre los años 70 y los 80 fue la deuda externa, contraida a menudo por las dictaduras militares, que consiguió una fenomenal transferencia de recursos hacia el Norte. En los 90, gracias al Consenso de Washington, fue el tiempo de las privatizaciones de las empresas estatales, de las que se beneficiaron las multinacionales de los servicios, la comunicación, el agua y el petróleo. Ahora, estamos en el tiempo de la biodiversidad y la búsqueda de "alternativas" a la crisis de los hidrocarburos. Como en los casos anteriores, se buscan más ganancias y más poder para las elites locales y mundiales. En el fondo, el conflicto argentino-uruguayo forma parte de una vasta escalada de las grandes multinacionales del Norte para seguir dominando el planeta.
Notas
1. Brecha, 1 de diciembre de 2006.
2. Mario Wainfeld en Página 12, 22 de noviembre de 2006.
3. Brecha, 1 de diciembre de 2006.
4. Rosendo Fraga, "¿Se militariza el conflicto entre Argentina y Uruguay?", Nueva Mayoría.
5. Helda Martínez, "Colombia. Biodiesel se mezcla con guerra", IPS, en www.ipsnoticias.com.
Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Es colaborador mensual con el IRC Programa de las Américas (www.ircamericas.org).
Recursos
Fabián Werner, "Verde que te quiero verde", 1 de diciembre de 2006, www.brecha.com.uy.
Guillermo Waksman, "Jugar con fuego", 8 de diciembre de 2006, www.brecha.com.uy.
Helda Martínez, "Colombia. Biodiesel se mezcla con guerra", IPS, en www.ipsnoticias.com.
Mario Wainfeld, "El aguante y la política, 22 de noviembre de 2006, www.pagina12.com.ar.
Rosendo Fraga, "¿Se militariza el conflcito entre Argentina y Uruguay", 4 de diciembre de 2006, www.nuevamayoria.com.