El 2010 ha sido un año de reconocimiento del pasado en Argentina. Cerca de dos docenas de oficiales militares de alto rango han sido procesados por tortura, secuestro, asesinato y desapariciones. Aunque la justicia por crímenes que se retrotraen a 1976 han seguido un curso lento en la nación sudamericana, Argentina finalmente ha tomado el liderazgo en terminar con la impunidad que protegió a miembros de dictaduras violentas de ser procesados por abusos a los derechos humanos.
Estos procesos de derechos humanos también han alimentado una campaña por parte de los que apoyan la dictadura, quienes abiertamente defienden las acciones militares durante el gobierno de la junta de 1976 a 1983 que desapareció a más de 30.000 personas.
Los activistas de derechos humanos han informado que desde que los juicios fueron reabiertos en el 2005 se han realizado amenazas en contra de jueces y fiscales, testigos citados a declarar en los juicios venideros y a sobrevivientes de la tortura. Las preocupacilón por la seguridad de los testigos culminó en el 2006 con la desaparición de Julio López, un testigo clave de la fiscalía. López desapareció hace tres años luego de atestiguar en el caso de un jefe de policía que fue condenado por crímenes contra la humanidad y genocidio. Julio estaba citado para testificar en más juicios sin embargo se presume que está muerto. Hay en marcha más de diez juicios de alto perfil para juzgar a docenas de militares, policías y civiles acusados de participar en el plan sistemático para hacer desaparecer a los llamados “disidentes”. Julio López y Silvia Suppo pudieron haber atestiguado en juicios que actualmente se encuentran en curso en La Plata., en la ciudad natal de López y en Santa Fe, provincia natal de Suppo. Sin embargo, sus ausencias en los juzgados envían dolorosos recuerdos de represión con impunidad y temores sobre la posibilidad de violentas repercusiones contra los sobrevivientes y testigos que participan en los juicios de derechos humanos. No obstante, los testigos, familiares de las víctimas y activistas de derechos humanos quieren que los juicios se aceleren y que el Estado desmantele los bloqueos judiciales que entorpecen los procedimientos.
Silvia Suppo
Santa Fe tuvo su primer juicio por derechos humanos, que involucraba a un juez y a otras cinco personas en 2009. Víctor Brusa y los ex-oficiales de la policía Argentina Héctor Colombini, Juan Calixto Perizotti, María Eva Aebi, Mario Facino y Eduardo Ramos fueron sentenciados de 18 a 23 años en prisión por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina.
Silvia Suppo fue detenida a la edad de 17 años por un grupo comando en Santa Fe. Fue llevada al recinto Policial número 4, donde fue violada en repetidas ocasiones. Cuando se descubrió que Suppo estaba embarazada, Juan Calixto Perizotti y su secretaria María Eva Aebi la transfirieron a otro centro clandestino de detención para practicarle un aborto. Fue allí que Suppo conoció a Patricia Isasa, una joven de 16 años también fue detenida en Santa FE. “Silvia hablaba de violencia sexual y violación como método de tortura, una práctica sistemática y un crimen reservado contra las mujeres”, dijo Patricia Isasa, compañera sobreviviente de torturas, en una entrevista con el diario nacional Página 12.
Suppo, de 51 años de edad, proporcionó un testimonio clave en el juicio contra el juez y los policías. Los militares protegían sus identidades obligando a los detenidos a usar capuchas o vendas en los ojos. Mientras ella estaba en el centro de detención clandestino La Casita sometiéndose a un aborto, Suppo logró ver las caras de sus ejecutores cuando le quitaron la venda.
Desde 1997, Patricia Isasa reunió documentación exhaustiva para poner tras las rejas a sus perpetradores. Sin embargo, las leyes de “punto final” y “obediencia debida” implementadas a comienzos de los 90 impidieron cualquier juzgamiento exitoso de ex-líderes militares por crímenes contra derechos humanos por parte de las cortes. En 2005 lal Suprema Corte vetó las leyes de amnistía que protegían a exoficiales militares que sirvieron durante la dictadura.
Desde que se anularon las leyes de amnistía muchos de esos procesados, no sólo disfrutaban de impunidad para ser juzgados por sus crímenes, sino que a menudo ocupaban puestos prominentes en el gobierno, incluso dentro del sistema judicial. Brusa trepó los grados jerárquilcos judiciales hasta ocupar el cargo de Juez Federal. Despues de sesiones de tortura, 18 sobrevivientes testificaron que Brusa participaba directamente en los interrogatorios y obligaba a los detenidos a firmar confesiones amenazándolos con enviarlos de vuelta a la sala de torturas si no confesaban por ejemplo haber participado en lucha armada.
Fasino se desempeñó como alcande de San José del Rincón, Santa Fe en la década del 90. Ramos fue nombrado Secretario de Cultura en Santa Fe. Columbini estaba a cargo de la división de drogas ilícitas en la fuerza policial. “La desgracia de haber fracasado en llevar a estas personas a juicio no sólo resultó en impunidad, sino que fueron recompensados por sus crímenes” dijo Isasa en una
entrevista en el 2006.En el 2006, Patricia Isasa recibió una serie de llamadas telefónica preocupantes en su celular y en su domicilio. Patricia ingresó a un programa de protección de testigos y se marchó del país por varios meses, con la esperanza de que el juicio comenzara pronto. A partir del asesinato de Suppo, Isasa nuevamente ha entrado a un programa de protección de testigos.
La policía detuvo a dos hombres por el asesinato de Suppo, sin embargo, los testigos de derechos humanos y familiarees han venido ejerciendo presión para que las autoridades continúen investigando el caso. Los familiares de Isasa y Suppo han manifestado sus dudas de que el crimen fuera un simple robo, dado el perfil de la víctima y las circunstancias de la muerte de Suppo. El crimen ocurrió en horas de la mañana en el negocio de Suppo y los robos con violencia no son comunes en la ciudad de Rafaela, donde fue muerta la víctima. Más de 1.500 personas marcharon hacia el trilbunal local para pedir a las autoridades que continúen con la investigación.
Al igual que muchos otros testigos en los procesos por crímenes contra la humanidad, Suppo había recibido amenazas. Hace casi dos años, cuando comenzaron los procedimientos en el juicio del Juez Brusa, dos hombres se pararon en la entrada de su negocio para intimidarla. Suppo inflexiblemente dio su testimonio del terror que vivió y se negó a ingresar en un programa de protección a testigos.
Julio López y el paradigma de desapariciones forzadas
Julio López desapareció hace tres años el 18 de septiembre del 2006 en su ciudad natal de La Plata, Argentina. Sin embargo, el 18 de septiembre del 2006 este padre, obrero de la construcción, activista y sobreviviente a la tortura fue desaparecido por segund vez. La primera desaparición forzada de Julio López ocurrió durante la dictadura militar argentina de 1976-1983, cuando fue secuestrado de su casa durante la noche por un grupo comando, llevado a un centro de detención secreto y torturado en diferentes barracas policiales que servían como red clandestina para desaparecer a miles de personas. Durante su secuestro y sesiones de tortura de 1976 fue torturado varias veces con una picana eléctrica. Fue allí que conoció a Miguel Etchecolatz, el jefe policial que coordinaba secuestros y tortura en centros de detención clandestinos en La Plata, a 30 millas de Buenos Aires.
El testimonio de López durante un juicio histórico de derechos humanos en el 2006 llevó a la condena de Etchecolatz. El jefe policial fue sentanciado de por vida a prisión por crímenes contra la humanidad y genocidio durante la dictadura. Julio López se perdió de ver la cara de su torturador, Etchecolatz, vestido en uniforme policial y chaleco anti balas, besando un rosario mientras era sentenciado a prisión de por vida. En lo que muchos consideran una señal ominosa de nuevos ciclos de impunidad, López- a la edad de 77 años—había desaparecido por segunda vez en su vida antes de conocer los resultados del juicio para el cual había trabajado tan duro y arriesgado tanto.
Casi cuatro años luego de su desaparición, familiares y compañeros activistas no tienen ninguna información del paradero de López. López hubiera testificado en otro juicio de alto perfil este año. El juicio comprende el procesamiento de 14 oficiales de policía y guardias de seguridad que trabajaban en la prisión “Penal 8”, que los trilbunales han descrito como “régimen de terror y exterminio”. Cuando el juicio se inició, el asiento de la primera fila del tribunal reservado para López estaba vacío. Un pañuelo blanco se apoyaba en su asiento para conmemorar al testigo faltante.
La desaparicion de López ha reabierto dolorosas heridas. Queda poca esperanza de que López sea encontrado vivo. Las investigaciones no han proporcionado respuestas sobre dónde podría localizarse a López, vivo o muerto. “Trees años después de la desaparición de Julio López, la investigación sobre su paradero está prácticamente paralizada”, dijo Myriam Bergman, fiscal que representó a López durante el juicio contra Etchecolatz. “Sentimos como que ha habido una absoluta negación de justicia”. El único sospechoso interrogado por la policía, Osvaldo Falcone, fue el médico personal de Etchecolatz que visitó al torturador convicto en la cárcel sólo días antes de que Lopez desapareciera.
Grupos de derechos humanos presentaron una carta formal a la Suprema Corte acusando a las autoridades de demorar la investigación en la desaparición forzada de López. Grupos sospechan que policías y autoridades judiciales con lazos con oficiales que participaron en abusos han interrumpido la investigación sobre la desaparición de López.
Militares no arrepentidos
Los militares, policías y civiles acusados de una serie de actos de secuestro, tortura y asesinato han sido escoltados a los tribunales esposados para enfrentar las acusaciones. Abogados defensores han solicitado implacablemente ausencias por enfermedad para los acusados y han tratado de detener los procedimientos con cambios de último minuto de representantes legales.
Sin arrepentimiento, muchos oficiales de las fuerzas armadas han testificado en su defensa, se han negado a proporcionar informacion y han descartado propuestas para confesar. Algunos abiertamente defienden sus acciones como la ejecución de órdenes militares para “pelear una guerra contra la subversión”. Por primera vez este año, Jorge Rafael Videla aparecio en la corte en marzo. Cientos de policías protegieron al ex dictador de las cámaras de reporteros mientras era ingresado y retirado apresuradamente de la sala del juicio. En un impactante incidente, un oficial de policía apuntó con una pistola a un fotógrafo que trataba de tomar una foto de Videla, quien dirigió el golpe y el plan para hacer desaparecer por la fuerza a 30.000 personas. Videla tendrá que subir al estrado nuevamente en otro mega juicio en la provincia de Córdoba, junto con otros 24 acusados de crímenes contra la humanidad en el asesinato de 32 víctimas.
Los crímenes cometidos son inimaginables por su crueldad, y por el terror y dolor que se infligió. La ESMA—Escuela de Mecánica de la Armada sirvió como el mayor centro de detención clandestina y ha sido comparada con Auschwitz por la naturaleza de los abusos y miles de personas que perecieron dentro de barracas militares. Alfredo Astiz, también conocido como el “ángel rubio de la muerte” es uno de los 17 ex oficiales de la ESMA acusado de crímenes contra la humanidad en la ESMA. El día que debia responder a las acusaciones, se vistió con pantalon de mezclilla y sueter azul marino. No negó los crímenes de los que era acusado. No mostró arrepentimiento. No pidió ser perdonado. Admitió los crímenes, justificando sus actos como la necesidad de “exterminar terroristas”, y afirmando que las “fuerzas armadas actuaron en defensa de la Nación”.
La junta concibió un complejo sistema de cientos de centros clandestinos de detención, 370 según la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, para sistemáticamente torturar y hacer desaparecer a cualquiera que se considerara un disidente. En la lastimosa lista de desaparecidos se incluían estudiantes de secundaria, profesores, artistas, sindicalistas, estudiantes universitarios, trabajadores, sacerdotes, monjas, trabajadores sociales, activistas, madres, padres, hijos, hijas, esposos, esposas y compañeros. Dada la maganitud de desapariciones y el número de centros de tortura, miles de individuos estaban involucrados, dijo Estella Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo. En el 34 aniversario de la instauración de la sangrienta dictadura militar, decenas de miles inundaron la histórica Plaza de Mayo para su conmemoración con gritos de “nunca más”.
Valientes testigos
José Shulman, un sobreviviente del centro de detención Brusa en Santa Fe, dijo que a pesar de las amenazas y de la desaparición de López, ninguno de los 2.500 testigos han retirado su testimonio o se han negado a testificar en los juicios por derechos humanos. El interpretó las amenazas como una “señal de que los que apoyan a la dictadura se sienten débiles ante la derrota judicial que ahora están enfrentando”.
En el mismo juzgado donde Astiz defendió sus acciones, testificó la hermana de la monja francesa Alice Domon, quien fue desaparecida en un operativo dirigido por Astiz. La primera testigo en este juicio, Gabrielle Domon afirmó que su hermana “no era una terrorista” y que ella tenía la esperanza de que como resultado del juicio a la ESMA, los familiares de las víctimas “conocerian la verdad y tendrian algunas respuestas a sus preguntas”.
Muchos testigos incluyen hijos de desaparecidos que actualmente están entre los 30 o 40 años de edad. Junto con las abuelas y abuelos que han vivido para ver los juicios, ellos están testificando cómo la ausencia de madres y padres que fueron desaparecidos afectó sus vidas. El padre de Ramiro Poce, Ricardo César Poce, desaparecio en 1978. “Es importante que los juicios se hagan oir en circuitos de centros de detenciónn clandestina para evitar que los testigos tengan que declarar en repetidas ocaicones en juicios separados sobre la base de caso por caso”, dijo Poce en el día que se inició el juicio del Atlético, Banco y Olimpo, que examinará los crímenes cometidos en tres lugares secretos de detención donde miles fueron torturados y desaparecidos.
Aunque los juicios han progresado, con 1.464 oficiales militares, policías y civiles acusados de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura, sólo 75 han sido sentenciados, dice el Centro de Estudios Legales (CELS). Además, las cortes sólo han condenado a 649 personas, y solamente 75 han sido sentenciados. De los 649 que esperan juicio, 421 están bajo arresto mientras que 228 llevan vidas normales en sus domicilios.
Familiares de los militares acusados de crímenes conta la humanidad, genocidio, secuestro, tortura, violación y asesinato han intentado reunir apoyo en defensa de las acciones de la dictadura. El ex presidente interino, Eduardo Duhalde, con esperanzas de ser candidato a la presidencia en el 2011, ha solicitado un plebiscito para decidir sobre dar una amnistía a los militares, a lo que llamó como una era de “caza de brujas”.
Durante la marcha masiva de este año por la conmemoracion de los 30.000 desaparecidos en Argentina, manifestantes y grupos de derechos humanos expresaron preocupaciones inmediatas por las demoras en los procedimientos legales y jueces que ofrecen resistencia lo que contribuye a demoras en los juicios por derechos humanos. “Sólo unos pocos que formaron parte de este genocidio están siendo juzgados en el sistema de justicia. Quedan aún muchísimos por ser acusados” dijo Estella Carlotto.
Grupos de derechos humanos dicen que para garantizar la seguridad de los testigos, los juicios necesitan progresar a tiempo y que los acusados sean enviados a cárceles regulares y que tengan vigilancia respecto a su contacto con el mundo exterior. Adriana Calvo que fue secuestrada y forzada a dar a luz en un centro de detención dirigido por Etchecolatz ha admitido que el asesinato de Silvia Suppo “ha generado temores, como la desaparición de Julio López. A menos que las autoridades puedan probar los motivos detrás del asesinato, pensamos que la muerte de Suppo tuvo un motivo político para amenazar brutalmente a los testigos”.
Calvo, una sobreviviente de la tortura que ha participado en el movimiento por derechos humanos durante tres décadas, agregó que si el asesinato de Suppo tuvo la intención de intimidar a los testigos, no funcionó. La sobreviviente a la tortura, dijo que aquellos responsables por los crímenes durante la dictadura no han logrado su objetivo porque los activistas continúan luchando y “el terror no nos ha paralizado”.
Marie Trigona es una perioidista con base en Argentina y escribe regularmente para el Programa de las Américas (www.ircamericas.org). Puede ser contactada en mtrigona(at)msn.com.