(IPS) – A las 08:00 horas del 25 de octubre de 1975, el periodista brasileño Vladimir Herzog se presentó en el Destacamento de Operaciones de Informaciones del Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI-CODI), de São Paulo, uno de los centros de detención y tortura de la última dictadura.
Entonces Herzog era director del Departamento de Teleperiodismo de TV Cultura y había sido llamado a “prestar declaración” sobre la acusación de pertenecer al Partido Comunista. La fotografía de su cuerpo ahorcado en una simulación de suicidio, divulgada poco después, se convirtió en el símbolo de una farsa.
Denunciada por el Sindicato de Periodistas Profesionales de São Paulo, la muerte de “Vlado”, como le llamaban, generó protestas y dio pie al movimiento popular que contribuyó esencialmente a derribar la dictadura que se extendió en Brasil de 1964 a 1985.
Más de 37 años después, el asesinato de Herzog podrá abrir una nueva puerta para revelar lo acontecido en ese largo periodo dictatorial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó el caso y decidió investigar la responsabilidad del Estado brasileño por entender que este país no activó los mecanismos judiciales correspondientes para aclarar el crimen y castigar a sus responsables.
La Comisión presentará un informe con recomendaciones al gobierno centroizquierdista de Dilma Rousseff y, en caso de no ser cumplidas, será elevada una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los dos organismos forman parte del que forma parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos.
En 2010, Brasil fue condenado por ese mismo tribunal continental por no esclarecer ni determinar las responsabilidades penales y las sanciones correspondientes por la “detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de 70 personas durante la dictadura, entre miembros del Partido Comunista y campesinos de la región”, involucradas en la guerrilla del Araguaia, un grupo que actuó entre 1972 y 1974 en la región de Marabá, en Pará.
Los intentos de llevar a la justicia a los torturadores del periodo militar en Brasil son obstaculizados por la Ley 6.683, de 1979, que amnistió a todos los involucrados en delitos políticos y contra los derechos humanos perpetrados entre el 2 de septiembre de 1961 y el 15 de agosto del mismo año de emisión de la norma, en plena dictadura.
Aún así, el gobierno de Rousseff logró un gran avance con la aprobación de la Ley 12.528, de 2011, que creó la Comisión Nacional de la Verdad, con el objetivo de investigar los casos de desaparecidos políticos durante la dictadura.
Esa ley fue promulgada en 2012 y tiene dos años para concluir su labor. Según el documento “Direito à Memória e à Verdade” (Derecho a la memoria y a la verdad), elaborado por el gobierno, al menos 150 opositores permanecen aún desaparecidos tras ser apresados o secuestrados por agentes de la represión en ese entonces.
Los familiares buscan los cuerpos o cualquier información sobre el destino que corrieron sus seres queridos.
Cada día surgen en el país nuevas comisiones, con representantes estaduales, de estudiantes y de trabajadores.
“Todo acto de verdad y justicia, que organiza a las nuevas generaciones para el conocimiento y la lucha por los derechos humanos en Brasil significa derrotar una vez más a la dictadura y al estado de excepción”, afirmó la ministra Maria do Rosário Nunes, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, en el lanzamiento el 19 de este mes de la Comisión de la Verdad de los Periodistas.
“Brasil llega con un poco de atraso al debate de las comisiones de la verdad para recuperar la memoria y llegar a la justicia en relación a los muertos y desaparecidos durante la dictadura en comparación con otros países, como Uruguay y Argentina”, dijo a IPS la secretaria general de la Federación Internacional de Periodistas (FIJ), Beth Costa.
“Pero la FIJ y la Federación Nacional y Latinoamericana de Periodistas dan la bienvenida a la decisión firme del gobierno brasileño”, agregó.
Costa reconoció la dificultad del gobierno para contraponerse a las resistencias históricas, que datan del periodo de redemocratización del país.
“Durante años hubo resistencia del sector militar, que todavía desempeña un papel de impacto debido a la representación que en el parlamento tienen los partidos conservadores, muchos de los cuales apoyaron el régimen militar”, dijo.
Los integrantes de la Comisión Nacional de la Verdad tienen el desafío de llenar las lagunas de información sobre las desapariciones y los asesinatos, así como de documentos de los archivos que fueron puestos a disponibilidad para la investigación, pese a que Rousseff firmó la Ley de Acceso a la Información junto con este cuerpo especializado.
“En total, 25 profesionales de la comunicación fueron muertos durante la dictadura”, dijo a IPS el periodista Audálio Dantas, quien fue presidente del Sindicato de Periodistas Profesionales de São Paulo y lideró las protestas para desenmascarar la farsa del suicidio de Vlado.
Dantas, hoy presidente de la Comisión Nacional de Memoria, Justicia y Verdad de los Periodistas Brasileños, constató faltas importantes en la documentación al recabar datos para escribir el libro “As duas guerras de Vlado Herzog” (Las dos guerras de Vlado Herzog), publicado en 2012 por Editora Civilização Brasileira.
Además, para acceder al material disponible sobre el caso Herzog, le pidieron una copia del certificado de defunción. “La exigencia era, además de absurda, irrespetuosa de la memoria de Vlado. Cumplirla significaba aceptar como verdadero el laudo necrológico que el médico Harry Shibata, colaborador del DOI-CODI, firmó sin ver el cuerpo, declarando la muerte como suicidio”, escribió Dantas en su libro.
“Finalmente, la Comisión de la Verdad consiguió que se rectificara el documento”, relató a IPS. Ahora se indica que la muerte fue consecuencia de “lesiones y maltratos sufridos en la dependencia del segundo Ejército de São Paulo (DOI-CODI)”.
Beth Costa considera que la recuperación de la historia de los periodistas desaparecidos por la dictadura será fundamental para la memoria y la redemocratización de las instituciones, especialmente en este momento en que el país figura en la lista de quienes presentan un gran número de reporteros asesinados en el ejercicio de la profesión.
El derecho a la libertad de informar y de ser informado está en riesgo nuevamente. Esto quedó claro cuando los periodistas André Caramante, del diario Folha de São Paulo, y Mauri Konig, de la Gazeta do Povo, de Paraná, tuvieron que abandonar el país debido a amenazas de muerte tras denunciar a las policías de sus respectivos estados.
Dantas recordó que, más allá de garantizar la protección de los profesionales de la comunicación en su trabajo, los gobiernos deben enfrentar a los grupos de exterminio dentro de las policías, resquicio de los tiempos de la dictadura.
“Es una vergüenza que nosotros, que luchamos contra la represión política, no seamos capaces de luchar contra la represión que ocurre diariamente en las periferias de las grandes ciudades y dentro de las delegaciones de la policía”, sostuvo.
“Los gobiernos tienen miedo de enfrentar esa cuestión, tal vez porque la mayoría de la clase media y de la elite considera que se debe aprehender y matar sin mediar juicio. Es la situación más vergonzosa que el país vive hoy”, sentenció.