Canadá y Honduras firmaron un tratado bilateral de libre comercio el 5 de noviembre, en medio de la represión política, una creciente militarización y controvertidas inversiones canadienses en la nación centroamericana.
Ed Fast, el Ministro del Comercio Internacional de Canadá, y el Ministro de Industria y Comercio hondureño Adonis Lavaire, firmaron el pacto en Ottawa, a menos de tres semanas de las elecciones generales que se anticipa cambiarían el panorama político en Honduras.
“Está muy incierto lo que pueda pasar con las elecciones,” dijo Karen Spring, una activista canadiense de los derechos humanos que radica en Honduras. “Es menos probable que Canadá tenga un gobierno, y las condiciones políticas y económicas en Honduras que aprobar0a el tratado de libre comercio o que dejara que se apruebe.”
Dos candidatos presidenciales aventajan los demás, según las encuestas: Xiomara Castro, candidata del nuevo partido LIBRE y esposa de Manuel Zelaya, quien fue derrocado como Presidente en el golpe de Estado el 28 de junio del 2009; y el candidato del Partido Nacional gobernante, Juan Orlando Hernández, quien fungió como Presidente del Congreso Nacional hasta que cedió el cargo para presentarse como candidato.
Se anticipa que las elecciones generales el 24 de noviembre marcarían el fin del sistema bipartidista. Participan nueve partidos políticos y es improbable que algún partido tenga mayoría en el Congreso.
“Debido a la fuerza política del partido LIBRE y de sus bases, el Frente Nacional de Resistencia Popular, hay una buena posibilidad de que ganen bastantes aspirantes al Congreso o que puedan ganar la presidencia,” dijo Spring. No existe una certeza de que diputados de LIBRE aprobarían o no el tratado de libre comercio, pero no hay duda de que cambiará el escenario político. “Creo que el gobierno canadiense sabe muy bien que después de las elecciones del 24 de noviembre, será mucho más difícil aprobar cualesquiera tratados de libre comercio,” apuntó.
Las negociaciones que llevaron al Tratado de Libre Comercio Canadá-Honduras iniciaron en el 2001, aunque al principio eran para un TLC entre Canadá y los países C4: Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Después de casi una década de pláticas multilaterales y algunos impasses, Canadá y Honduras optaron por perseguir un acuerdo bilateral en el 2010, el año después del golpe de Estado.
Antes de entrar en vigencia, el TLC tiene que ser aprobado tanto por el Parlamento canadiense como el Congreso Nacional de Honduras. Los actuales diputados hondureños seguirán en sus cargos hasta unos días antes de que tome poder la nueva administración el 27 de enero del 2014.
En el 2012, Canadá exportó bienes valorados en $38 millones e importó desde Honduras $218 millones. Las mayores exportaciones de Honduras hacia Canadá son productos agrícolas y textiles, mientras que de Canadá hacia Honduras lideran los fertilizantes. No son disponibles recientes datos del gobierno de Canadá sobre la inversión directa canadiense en Honduras.
En su comunicado de prensa oficial anunciando la firma del TLC, el gobierno canadiense se enfocó en la eliminación de aranceles y una mayor entrada para la exportación de carne de res y cerdo de Canadá hacia Honduras. No obstante, las industrias de minería, maquilas y turismo canadienses podrían beneficiarse de las medidas de protección a la inversión contempladas en el capítulo 10 del tratado bilateral.
“Los procesos de apertura de la economía nacional en un país como Honduras en competencia mediante los tratados de libre comercio con países con economías asimétricas, como Canadá, solo ha traído el asentamiento de empresas transnacionales que funcionan e implementan sistemas de trabajo explotadores para las obreras hondureñas,” escribió el Colectivo de Mujeres de Honduras (CODEMUH) en un pronunciamiento ante la firma del TLC con Canadá.
La organización atiende actualmente a más de 100 personas que han padecido de problemas de salud relacionado con las condiciones de empleo de la Gildan Activewear, una empresa transnacional de confección de ropa con sede en Montréal. La empresa tiene instalaciones de costura y fabricación en Honduras, así como en Nicaragua, Haiti, la República Dominicana y Bangladesh. Las ganancias brutas de la Gildan llegaron casi a los $400 millones en el 2012, mientras que sus beneficios netos sumaron $148.5 millones.
“(Las) condiciones de trabajo explotadoras y esclavizantes que promueven los Estados y los acuerdos comerciales, como por ejemplo en Gildan Activewear, con casa matriz en Canadá, con jornadas ilegal ordinaria diaria de once horas con treinta minutos y con obligatoriedad de hacer horas extras prolongan la jornada semanal hasta de 69 horas,” de acuerdo al pronunciamiento del CODEMUH.
Están en el punto de mira las empresas e inversionistas canadienses en Honduras no sólo por su tratamiento de trabajadores, sino también por sus impactos en comunidades.
“Nosotros hemos podido ver de que el turismo canadiense ha sido el más agresivo en los últimos años en las comunidades Garífunas,” dijo Miriam Miranda, Coordinadora General de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), una federación indígena Garífuna. Las tierras y los territorios de las 46 comunidades Garífunas a lo largo de la costa caribeña de Honduras se han convertidos en blancos para proyectos de turismo. “No hay ningún respeto a lo que son los derechos de los pueblos,” señaló.
El proyecto Banana Coast del inversionista canadiense Randy Jorgensen en la zona de Trujillo tomó vuelo después del golpe de Estado. Con el apodo del Rey de Porno por el éxito que tuvo en Canadá con su cadena de tiendas de videos pornográficos, Jorgensen presionó a los vecinos Garífunas de Río Negro para que vendieran las parcelas donde vivían para apoderarse de la propiedad costera en Trujillo para la construcción de un muelle de cruceros Panamax y un centro comercial.
“La Ley de Expropiación Forzosa la utilizaron en el caso de Trujillo, pero para afectar a las comunidades Garífunas. Nunca la utilizan para devolver la tierra a las comunidades Garífunas,” dijo Miranda. “Las últimas personas que se opusieron a vender, les dijeron si ustedes no venden, les vamos a quitar la tierra.”
La primera fase del muelle Banana Coast se inauguró en junio del 2013. También tiene Jorgensen un proyecto de villas privadas en los territorios tradicionales de las comunidades Garífunas de Santa Fe, Barrio Cristales y Río Negro. No son los únicos proyectos canadienses en la región, dijo Miranda. También se han visto otras incursiones por inversionistas canadienses en y entre las comunidades Garífunas de Río Esteban, Guadalupe, San Antonio, Santa Fe, Río Negro y Barrio Cristales, con lo cual se busca ligar un corredor de costa desde Río Esteban hasta Trujillo. Y es un fenómeno que no se restringe a la costa.
“Hay como una especie de puesta en mesa de todo lo que son los territorios para ver de qué manera se puedan aprovechar, no solamente en la minería, no solamente en el turismo, sino que todo aquello donde puedan ser explotados los bienes comunes, los recursos,” dijo Miranda. Existe hoy en día un aprovechamiento sin igual de los recursos por parte de la capital transnacional y extranjera en Honduras, y el gobierno pos-golpe ha hecho todo en su poder para proteger la inversión extranjera, apuntó. “Los canadienses están – junto con los taiwaneses y los chinos – son los que están en ese momento con mucho más agresividad hacia los territorios.”
Así como es el caso con muchos TLCs, acompañan al tratado Canadá-Honduras acuerdos sobre el trabajo y el medioambiente, pero Raúl Burbano, Director de Programas de Common Frontiers, y Stacey Gómez, Coordinadora de Americas Policy Group, ambas organizaciones canadienses, mantienen que son únicamente para aparentar. “Los acuerdos paralelos sobre el trabajo y el medioambiente son de pura fachada, dado que no los acompaña ningún mecanismo real para asegurar que se los respete,” escribieron en una Carta Abierta con fecha de 5 de noviembre.
El capítulo 10 del TLC mismo incluye una breve mención de los derechos laborales, ambientales y humanos, pero, contrario a las medidas de protección a la inversión, no existen medidas de ejecución de sanciones. “Cada Parte deberá animar a las empresas operando dentro de su territorio, o las empresas sujetas a su jurisdicción, a que incorporen de forma voluntaria a los estándares internacionalmente reconocidos de responsabilidad social corporativa en sus políticas internas,” según el artículo 10:16 (traducción no oficial). El texto completo del acuerdo se publicó en inglés hasta después de que se había firmado.
Mientras que el TLC se firmó en Ottawa, la realidad en Honduras sigue siendo una de creciente militarización y represión crónica.
Siguen los asesinatos de periodistas, abogados, y campesinos e indígenas involucrados en luchas por tierras y recursos en el país, el cual registra una de las tazas de homicidios más altas del mundo. También se han vuelto blancos personas involucradas en el partido LIBRE. Karen Spring ha venido investigando la violencia política pre-electoral y recopiló un listado de asesinatos y ataques armados en contra de candidatos y activistas de los partidos políticos entre mayo del 2012 y el 19 de octubre del 2013.
“El listado demuestra que el partido LIBRE ha sufrido más ataques armados y asesinatos en el último año y medio que todos los demás ocho partidos en conjunto,” dijo Spring. “Sólo son los ataques armados y asesinatos. No incluye la persecución política, amenazas de muerte, desapariciones, y de allí también los asesinatos y ataques armados contra quienes no forman parte del proceso de campaña electoral pero que sí tienen roles importantes en el movimiento social.”
La militarización viene en aumento junto con la represión desde el golpe de Estado en el 2009. No sólo ha venido patrullando las calles el ejército de forma conjunta con la policía nacional, sino que también salió a las calles una nueva fuerza de policía militar en octubre del 2013. Están en marcha acciones legales cuestionando la constitucionalidad de la nueva fuerza de seguridad, la cual opera directamente bajo mando militar. En respuesta, el 6 de noviembre, el candidato presidencial del Partido Nacional Juan Orlando Hernández introdujo al Congreso una propuesta para reformar el artículo 274 de la Constitución de la República para dar rango constitucional a la policía militar, que viene siendo un pilar de su campaña electoral.
La controversia que rodea la policía militar ha salido en los medios en Honduras, pero la participación de las empresas mineras y otros sectores privados en el financiamiento de las fuerzas de seguridad del Estado ya no es noticia. Ratificada en enero del 2013 después de una revisión por asesores pagados por el gobierno canadiense, la Ley General de Minería e Hidrocarburos incluye en su régimen de regalías una regalía de dos por ciento para la Tasa de Seguridad. Ese fondo viene financiando la creciente militarización en las calles de Honduras.
Está en el aire quién ganará las elecciones el 24 de noviembre. Pero cual sea el partido político que triunfe en las urnas, si el Congreso Nacional de Honduras apruebe el Tratado de Libre Comercio Canadá-Honduras, ganarían empresas e inversionistas canadienses.
Sandra Cuffe es una periodista independiente quien radica actualmente en Honduras.