(IPS) – El ataque incendiario contra una finca rural de la sureña región chilena de la Araucanía, en el que murieron un empresario y su esposa, puso otra vez sobre el tapete el conflicto mapuche. Analistas entienden que pone en evidencia la “ignorancia supina” de las autoridades respecto de la historia nacional.
El incendio sucedió a una serie de ataques ocurridos en las últimas semanas en la denominada “zona roja”, epicentro de la lucha del pueblo mapuche, muchas veces violenta y otras tantas reprimida a sangre y fuego por las fuerzas de seguridad. Son territorios reivindicados por esta etnia aborigen, la principal de Chile conformada hoy por poco más de 700.000 personas.
Werner Luchsinger y su esposa Vivianne McKay murieron como consecuencia del atentado perpetrado en la madrugada de este viernes 4 en la comuna de Vilcún, ubicada 640 kilómetros al sur de Santiago.
Los informes policiales preliminares señalan que los autores fueron 20 encapuchados que le prendieron fuego a la casa principal de este empresario del sector forestal de 75 años, quien repelió a balazos a los atacantes hasta ser abatido.
Una persona, que fue detenida horas atrás por la policía en relación con el hecho, está herida de bala. La justicia designó a un fiscal exclusivo para la investigación.
El gobierno del derechista Sebastián Piñera anunció la invocación de la Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), lo cual fue rechazado por el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos, que consideró que esa normativa “vulnera principios del debido proceso”.
Piñera suspendió su agenda oficial y se trasladó de urgencia a la Araucanía, donde anunció la creación de una unidad especializada antiterrorista y una zona de control de tráfico vehicular e identidad de personas en la región.
Además, confirmó que se aumentará la dotación policial en la zona, exacerbando las críticas que ya se daban por entender que hay una excesiva “militarización”.
“Quiero reafirmar categóricamente que este gobierno va a seguir trabajando para combatir esta violencia extrema y este terrorismo, y vamos a utilizar todos los instrumentos legales que tengamos a mano”, dijo Piñera.
“Vamos a aplicar sin ninguna contemplación todo el rigor de la ley hasta derrotar a estos terroristas y devolverle a esta región el derecho a vivir en paz”, añadió.
Junto a la casona destruida, Carabineros (policía militarizada) encontró panfletos en alusión al asesinato en enero de 2008 del dirigente universitario mapuche Matías Catrileo Quezada, uno de los 11 indígenas muertos desde que a comienzos de la década del 90 se reactivaron las reivindicaciones de tierras ancestrales.
El asesinato de Catrileo Quezada se registró en el fundo Santa Margarita, de propiedad de Jorge Luchsinger, primo hermano del empresario que murió este viernes y uno de los principales opositores a la demanda mapuche.
Jorge Luchsinger declaró a Radio Agricultura tras el atentado que la violencia en la zona es insostenible, que en Chile “no hay estado de derecho” y que “la guerrilla está ganando”.
“(Este es) un comando paramilitar, con entrenamiento paramilitar, y no importa dónde estén entrenados, lo que importa es que están actuando”, agregó.
La presunta existencia de un grupo entrenado para actuar violentamente en el marco de la lucha mapuche es compartida por sectores conservadores de Chile. Incluso, el 25 de diciembre, el ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, aseguró que las autoridades se enfrentan a “un enemigo poderoso que goza de apoyo político e internacional”, aunque no lo identificó.
Sin embargo, días después y tras duras críticas por sus dichos, Chadwick aclaró que los “violentistas” son “un grupo muy chico, reducido, de personas muy violentas que nada tienen que ver con el pueblo mapuche”, algo que Piñera reafirmó este viernes.
Domingo Namuncura, exdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, advirtió, ante la consulta de IPS, que el espiral de conflictos en la Araucanía podría no tener límites, debido a casi dos décadas de insuficientes respuestas por parte del Estado y de los gobiernos de turno a las demandas mapuches y a la “dramática agenda de orden público y el clima de represión en diversas zonas” de esa región.
A su juicio, el problema radica en que “nunca el tema indígena ha sido considerado en la cultura de los movimientos políticos, menos en los sectores conservadores, como un tema de derechos políticos”.
Por su parte, el indígena Pedro Cayuqueo, director del periódico Mapuche Times, sostuvo que este ataque incendiario es el reflejo del “abandono de la responsabilidad política de las autoridades para gestionar el conflicto y la insistencia de medidas represivas, que simplemente avivan los antagonismos y que producen este tipo de escaladas”.
“Este es un conflicto histórico y político que demanda salidas que tienen que ver con cambios en el modelo de Estado, de desarrollo, en la visión de cómo Chile se construye como país hacia el futuro”, señaló el periodista a IPS.
Criticó, además, la “ignorancia supina que tienen las autoridades respecto de la historia de este país y especialmente de la historia de esta región”.
Cayuqueo advirtió que “el conflicto más violento está acotado a sectores rurales muy específicos” y que la Araucanía no es “una región en llamas o una región en guerra”. Subrayó que la ignorancia “de la historia terrible que vivió esta zona, hace que las autoridades aparezcan sorprendidas de lo que aquí ocurre”.
“Hay un desconocimiento absoluto de cómo llegó (el estado de) Chile a esta región, de cuándo se produjo la invasión militar, de la muerte, de tierra arrasada que implicó esa llegada a esta zona y cómo también se instalaron los colonos, que fueron traídos desde Europa por las autoridades nacionales y a los que se les regaló tierras mapuches”, aseveró.
El periodista mapuche precisó que en el caso específico de la familia Luchsinger, el conflicto con las comunidades locales vecinas a sus tierras data desde hace 90 años, cuando ese clan llegó a Chile proveniente de Suiza.
Por su parte, el abogado Alberto Coddou, investigador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, llamó a “repensar de manera estructural, con un enfoque sistemático, lo que está haciendo el Estado de Chile en la zona”.
Esto implica “hacerse cargo de toda la historia, quizás repensar el Estado como hicieron Canadá, Noruega o Nueva Zelanda, que actuaron desde una perspectiva mucho más sistemática la política estatal hacia los pueblos indígenas u originarios”, concluyó.