Traducción al español: Patricio Bustamante
El 12 de junio activistas de London Mining Network, War on Want y la red Chile 40 Años participaron como “accionistas disidentes” en la asamblea General de Antofagasta Minerals Plc, un gigante minero chileno-británica que cotiza en la Bolsa de Londres. Los activistas mostraron su solidaridad con el pueblo de Caimanes en el norte de Chile.
Durante más de 10 años, los residentes de Caimanes han sostenido una lucha contra la instalación de un tranque de relaves tóxicos propiedad de Minera Los Pelambres, filial de Antofagasta Plc. El tranque de relaves “El Mauro” sirve como depósito de desechos para una mina de cobre y oro en la frontera con Argentina, y en proceso de expansión. La resistencia del pueblo de Caimanes los ha puesto en conflicto con el mayor imperio económico de Chile, la familia Luksic. El caso es parte de una serie de conflictos por la explotación de recursos naturales que han cobrado relevancia a nivel nacional.
El tranque de relaves “El Mauro” es el mayor de América Latina, y el tercero más grande en el mundo. Construido para contener 2060 millones de toneladas de agua y residuos mineros tóxicos, y tiene una altura cercana a los 300 mts, más del doble de la altura del London Eye (la rueda de Londres). El grave riesgo de colapso del tranque durante un terremoto, la contaminación del agua, el uso defuentes locales de agua, y el impacto de la minería en la agricultura local son las principales preocupaciones relacionadas con su construcción.
“El Mauro” está localizado en la misma placa tectónica de Nazca, donde en1960 se produjo un terremoto de 9,5º Richter, el más grande registrado a nivel mundial. Si el tranque se derrumba, la comunidad tendrá 5 – 10minutos para escapar.
Debido a su tamaño, es probable que el tranque genere sus propios terremotos, debido a un fenómeno llamado sismicidad inducida. Esto ocurre cuando un tranque, represa o embalse alcanza una altura superior a 100 m, comenzando a generar sus propios temblores, los que a su vez incrementan la sismicidad de la zona. A pesar del riesgo latente y una reciente sentencia de la Corte Suprema, no existen planes de evacuaciónpara la población, ni sistema de alerta temprana, pues minera Los Pelambres no está dispuesta a invertir en ello.
Para Construir el tranque, las napas de agua subterránea fueron desviadas, lo que implicó una pérdida de 80% del agua del valle del Pupío, donde se ubica Caimanes. Esto se ha convertido en un desastre para la agricultura local, donde cientos de kilómetros cuadrados de tierra antes fértil se han secado. El suministro escaso suministro de agua que queda está contaminada, cuestión que ha sido negada por Minera Los Pelambres, citando informes de calidad del agua realizados por expertos y técnicos de la empresa. Sin embargo, un informe independiente realizado por el Dr. Tchernitchin miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio Médico y docente de Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, muestra altos niveles de metales tóxicos como el molibdeno, mercurio y níquel. Su informe describe además los efectos potenciales de estos contaminantes para la salud, tales como úlceras de estómago, cáncer de pulmón, pérdida de memoria e infertilidad, entre otros.
En 2006 el fallo de la Corte Suprema significó un vuelco en el caso pues señaló que el tranque de relaves era un peligro. Para anular los efectos del dictamen, la compañía pagó US$ 23 millones a Víctor Ugarte, un terrateniente local que dejó el valle poco después. Ugarte luego “donó” 5 millones de dólares para un grupo de dirigentes y sus familias, partidarios de la mina. Este fue amargo un punto de inflexión para la comunidad; María Vilches, dirigente del Comité de Agua Potable en la ciudad explica que “todavía estamos pagando por lo que hizo, él pensó en el dinero y nada más”.
Caimanes ha mantenido una estricta organización para decidir los pasos a seguir. Dos comités elegidos por los residentes se reúnen cada dos meses y votan por los cursos de acción. Sin embargo a pesar de las tácticas de resistencia, incluyendo bloqueos de la carretera que conduce al tranque de relaves, protestas interminables frente a las oficinas de los ministros e incluso una huelga de hambre de 81días por 11 miembros de la comunidad en 2010, la empresa nunca ha retrocedido una pulgada en las negociaciones.
Minera Los Pelambres ha utilizado constantemente la división y la intimidación contra la comunidad. Las actividades de protesta han sido atacadas violentamente por fuerzas especiales de la policía anti motines y con visitas de la policía a las casas de los dirigentes en medio de la noche.
El año pasado, Minera Los Pelambres inició un juicio en contra del principal dirigente de la comunidad y los nuevos abogados de esta a través de los tribunales locales, acusándolos de “asociación ilícita”. Tras los juicios, todos los acusados fueron declarados inocentes, pero el motivo del caso es claro: la minera pretendía, sobre todo, demostrar su poder y arrogancia. Entre otras cosas, miembros de la comunidad y sus abogados, fueron objeto de escuchas telefónicas -práctica ilegal en Chile- las cuales sin embargo fueron presentadas ante el tribunal.
De hecho las acciones de la compañía tratan de afirmar su poder no solo sobre el terreno, sino también sobre el paisaje y la memoria en el valle Pupío, donde se encuentra Caimanes. El tranque tiene el nombre del valle fértil y de la gran comunidad agrícola que en él vivía y que fue desplazada para la construcción. Antes de iniciarse las obras del tranque, miles de petroglifos pertenecientes a las culturas precolombinas Diaguita y Molle fueron excavados en un acto que la Sociedad Arqueológica de Chile describió como “la mayor pérdida de patrimonio en la historia reciente (de Chile)”.
En la Resolución de Calificación Ambiental (038 de 2004) quedó establecido que la empresa estaba legalmente obligada a construir un museo y publicar los resultados de la excavación. Sin embargo, hasta el día de hoy, no existe un museo, ni publicaciones y las piezas arqueológicas se almacenan de manera ilegal en galpones de plástico (actualmente derruidos) al lado del sitio. El dirigente del Comité de Defensa de Caimanes, Cristian Flores, señala respecto a El Mauro, “esta es mi tierra”. “Esta tierra contiene la historia nuestra y de nuestros antepasados. Ese valle es tan viejo que cuando empezaron a hacer investigaciones desenterraron cementerios precolombinos. Todo fue removido -han perdido su significado”. El proyecto los ha borrado, Minera Los Pelambres es indiferente a cualquier identidad de la tierra previa a la relación directa con su propio capital.
Sin embargo, personas como Cristian sienten el dolor ocasionado por las destrucción generada por Minera Los Pelambres. Patricio Bustamante, arqueoastrónomo que vive en Santiago, ha trabajado arduamente por preservar este legado arqueológico para la comunidad desde antes de las primeras excavaciones.
María Vilches me describió el valor que la comunidad había encontrado en la lucha; “Antes este tipo de protestas fueron silenciadas en Chile, ahora todos estamos listos para asumir la responsabilidad de nuestra situación a pesar de lo que hemos perdido aquí en Caimanes. Lo que hemos hecho es importante. Hemos demostrado cómo estas grandes empresas engañan a la gente”.
Minera Los Pelambres preferiría ver secarse lentamente a Caimanes, a sus habitantes viviendo en la periferia de una ciudad o sin tierras, o simplemente silenciados por acciones legales en su contra. El Estado de Chile y las familias como los Luksic están tratando de que los costos del “desarrollo” los paguen las personas de las zonas rurales, despojándolos de los medios de una existencia autónoma y siendo absorbidos por un mercado laboral precario y sin futuro.
Una parte de la población de Caimanes ya se ha visto obligada a emigrar. Algunos estaban agotados por las causas judiciales sin fin o desmoralizados por los contratiempos. La minera interviene al interior de las familias dándole empleo a uno de sus miembros, lo que hace más difícil la resistencia. Minera Los Pelambres también externaliza la mayor parte de su trabajo; grupos de trabajadores traídos de otras partes de Chile son alternados cada 10 días. Esta es una práctica común en la industria minera de Chile, donde el empleo es a menudo precario, de mala calidad y con salarios bajos. Los trabajadores externos están obligados contractualmente a no involucrarse en los asuntos de la comunidad, y por lo tanto no están dispuesto a poner en riesgo su situación ya inestable. Estos trabajadores son una fuente de malestar local. Algunos los ven como una carga para los pocos recursos que quedan, para otros son una fuente de ingresos. Así la minera ha generado más división impidiendo que estos dos grupos pueden trabajar juntos de forma constructiva.
Esta es una práctica habitual en las empresas de la familia Luksic. Hacia el final de la era Pinochet el clan había adquirido una de las mayores fortunas del mundo, en particular, haciendo uso de la nueva legislación laboral introducida por el dictador. Esto les permitió hacer despidos masivos de personal, secuestrando o sobornando a dirigentes sindicales e introduciendo divisiones entre los obreros y los trabajadores de cuello y corbata. Todo esto se produjo en un contexto de intensa represión militar. Su imperio minero se expandió durante los años de la dictadura de Pinochet, y en la actualidad tiene presencia en muchos sectores, como hoteles, finanzas y medios de comunicación (http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Luksic).
Su poder en los medios de comunicación queda demostrado en la censura de un reportaje sobre el tranque “El Mauro” en Canal 13, propiedad de la familia. Su actuación es demostradamente corrupta, por ejemplo, en la década de los 90, se comprobó que le pagaron US $ 2 millones a Vladimiro Montesinos, jefe de seguridad de la dictadura de Fujimori en el Perú. Este soborno fue pagado para conseguir los permisos para una fábrica que se construyó en una reserva ecológica en Lima. Por otra parte se descubrió que el Banco de Chile (de su propiedad) también se prestó para lavar millones de dólares del dictador Pinochet.
“Ahora, bajo la sombra de Pinochet, tenemos 5 o 6 dictadores”, dijo un activista, refiriéndose a los Luksic. “Son una mafia de negocios. Todo tipo de poder en Chile está en sus manos. Y con esa clase de poder no se puede ver el horizonte.”
El poder económico y político de los Luksic ha sido capaz de utilizar al Estado de Chile, su falta de restricciones y la corrupción, para facilitar el desarrollo del proyecto. Sin embargo Caimanes es solo una de muchas comunidades rurales de todo Chile que ya forman un movimiento social que denuncia y se opone a la estructura neoliberal promovida por el estado, que hace posible estos abusos. En abril marcharon por Santiago, entre ellos algunos representantes de Caimanes. Han denunciado la ley del Código de Aguas de Pinochet que desde 1981 permite al estado entregar gratis el agua a empresas mineras multinacionales, sin obligaciones hacia las comunidades locales. Algunos también han exigido el fin de algunos tratados mineros bilaterales, pilares de una economía neoliberal extractiva. Otros, incluidos algunos involucrados en Caimanes, cuestionan el valor del capitalismo extractivo que sigue una visión de desarrollo industrial. Es necesario un movimiento social fuerte para derrotar a los poderosos intereses económicos representados por los Luksic. La resistencia y determinación de la gente de Caimanes lidera un proceso que podría transformar a Chile.