Foto: Tierra comunal de Santa Maria.
San Francisco la Paz, municipio de Santa María Chimalapa, es una comunidad de 526 habitantes, situada en el sureste mexicano, al colinde entre los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Sumergido en una vegetación lujuriante y atravesado por ríos de aguas cristalinas, este poblado de 96 viviendas debería ser un lugar de paz y tranquilidad. Sin embargo, el día 23 de febrero de 2015 sus habitantes detuvieron tres personas supuestamente provenientes del colindante estado de Chiapas, quienes estaban invadiendo las tierras comunales en correspondencia del predio conocido como La Reforma, a unos 10 kilómetros de dicha localidad. Lo que siguió fue una movilización masiva de los comuneros de Santa María, cabecera municipal donde fueron trasladados los presos y cuyos habitantes bloquearon por tres días el Mezquite, punto neurálgico de intersección entre la carretera Panamericana y la Transístimca, pidiendo que el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, acudiera a la asamblea comunal y se comprometiera a atender su caso. A pesar del compromiso del gobierno estatal, el pasado 18 de mayo dos personas fueron heridas con armas de fuego y cuatro fueron retenidas durante un enfrentamiento con habitantes de poblados chiapanecos ocurrido en San Antonio, otra comunidad ubicada en el territorio Chimalapa y perteneciente al municipio de San Miguel. Frente a estos acontecimientos, es inevitable preguntarse qué está pasando en esta porción de territorio mexicano y porque los habitantes de una de las tierras más bellas y ricas de todo Centroamérica, en vez de vivir en paz y armonía, sean protagonistas de constantes episodios de violencia.
Historia de un territorio entre reconocimientos, despojo y luchas
El territorio Chimalapa, ubicado geográficamente en el corazón del istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca, y colindante al norte con el municipio de Uxpanapa, estado de Veracruz, y al este con el municipio de Cintalapa, Chiapas, consta ahora de 594 mil hectáreas, de los cuales 591 mil 88 son tierras comunales y dos mil 912 ejidales. Política y culturalmente se divide en dos municipios, Santa María y San Miguel, y desde finales del siglo XVII pertenece oficialmente a su dueño ancestral, el pueblo zoque-chimalapa, que en fecha 24 de marzo de 1687 entregó veinticinco mil pesos en oro a la Corona de España, para amparar, a través de los Títulos Virreinales, los más de 900 mil hectáreas que en este entonces constituían su territorio. Chimalapa, de hecho, significa en lengua zoque “jícara de oro”.
Relativamente aislados durante la Colonia, hasta las primeras décadas del siglo XX los zoques permanecieron en sus bosques y selvas como únicas poblaciones presentes, siendo relativamente poco amenazados por el comercio de madera y terrenos que, en este periodo, comenzaba a darse alrededor de su territorio. Este tráfico iba de la mano con los estudios para abrir distintas vías interoceánicas y con la creación de haciendas norteamericanas como la “Mexican Land and Coffee” y “El Corte and Chicago Titla and Trust” y de extensiones de propiedad extranjera como el “Hearst State”, del magnate periodístico norteamericano Randolph Hearst, quien también había acaparado enormes extensiones en la Selva Lacandona. El despojo había empezado y aunque en 1850 el General José Joaquín Herrera, presidente de México, reconoció los títulos primordiales zoques, con la revolución agraria de 1910-1915 y el consiguiente cambio en la legislación, los chimas se vieron obligados a buscar un nuevo reconocimiento. Después de años de peticiones, en el marzo de 1967, el entonces presidente Díaz Ordaz finalmente expidió dos decretos de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, uno a Santa María y otro a San Miguel, reconociendo pero sólo 594 mil hectáreas y recortando el territorio por primera vez también desde un punto de vista jurídico. En la realidad, de hecho, los bienes comunales sufrían desde los años cincuenta el saqueo de cinco empresas madereras, encabezadas por la michoacana Monroy, que obtuvo permisos federales para explotar por 25 años 100 mil hectáreas de supuestos terrenos federales pertenecientes al estado de Chiapas. La doble invasión -la agraria, causada por la ilegal dotación a núcleos chiapanecos y la municipal, por parte del municipio de Cintalapa, Chiapas- fue generada en este periodo, para encubrir este saqueo sobre los dos municipios adscritos a Oaxaca desde la Colonia.
Desde el principio y hasta la fecha, las comunidades de San Miguel y Santa María han respondido con una estrategia jurídica y política que incluye movilizaciones pacíficas y varios intentos de colaboración con los habitantes de los municipios creados ilegalmente por el gobierno de Chiapas, con el objetivo de hacer frente común a un sistema de despojo de la tierra y explotación de la mano de obra que sigue inalterado desde la mitad del siglo pasado. La historia de hecho ha demostrado que cuando se ha logrado establecer esta unión los resultados obtenidos han sido remarcables, como en 1970, cuando jornaleros de las madereras, mestizos, tsotsiles y zoques de Chiapas colaboraron con los zoques de Chimalapa, originando una reivindicación territorial que siete años después llevó a la expulsión de la maderera Monroy. O como en los Ochenta, cuando ex trabajadores de las empresas e indígenas zoques y tsotsiles formaron el Frente Chima, estableciendo las comunidades de Río Frío, Benito Juárez, Chocomantlan y San Antonio Encinal, en el Municipio de San Miguel Chimalapa, como una forma de delimitar el territorio.
En años más recientes, los comuneros han logrado que el gobierno oaxaqueño de Gabino Cué se comprometiera a apoyar su lucha, y a principios de 2012 presentaron dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligando al gobierno de Oaxaca a presentar una tercera. Actualmente todas se encuentran en proceso de revisión, y aunque las autoridades comunales chimas hayan ganado dos amparos por los cuales el gobierno de Chiapas tiene prohibido realizar cualquier acto jurídico o administrativo dentro del territorio comunal, el despojo sigue, como sigue el “conflicto chimalapa”, configurándose siempre más como una fuente necesaria de división y tensión entre los habitantes del lado oaxaqueño y chiapaneco del territorio, para minar la resistencia de quienes defienden uno de los territorios más ricos de México frente a los nuevos negocios y proyectos que interesan el Istmo de Tehuantepec, en el caso específico la minería y el sistema de vialidad.
El Proyecto Mesoamérica y las Zonas Económicas Especiales
Foto: La desolación de los parques “ecológicos” del Istmo de Tehuantepec
La región del Istmo de Tehuantepec, de qué los municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa son parte, tiene un papel central en la implementación y realización del Proyecto Mesoamérica, un plan surgido en junio de 2008 por iniciativa de México para “articular los esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración entre los países de Mesoamérica, fortaleciendo la capacidad de ejecución de proyectos en materia de infraestructura económica y social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región”.
Recopilar informaciones acerca de este plan no es tarea sencilla: esta iniciativa no tiene historia, porque es la continuación de otro “plan de desarrollo”, el Puebla Panamá, y parece no tener rostro, porque en los documentos oficiales los proyectos en ejecución, aunque estén divididos por macroáreas, no son detallados ni por ubicación geográfica ni por el nombre con qué luego aterrizan en el territorio. Si se pudo inscribir obras como la Hidroeléctrica Paso de la Reina de Usos Múltiples o los Parques eólicos del Istmo de Tehuantepec en el marco del Proyecto Mesoamérica, ha sido sólo gracias al trabajo de los pueblos organizados contra el despojo y la explotación que estos proyectos implican, y cuya denuncia las autoridades gubernamentales y la prensa oficial tienden a ocultar en cuanto no beneficia la imagen de la iniciativa.
Cabe destacar que, aunque el Proyecto Mesoamérica sea presentado como un plan reciente e innovador de desarrollo sustentable, en realidad a raíz de esta iniciativa está la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que México firmó con Estados Unidos y Canadá en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari. Este tratado originó el Plan Puebla Panamá, directo antecedente del Mesoamérica, impulsado por el presidente Vicente Fox y lanzado el 15 de junio de 2001, en San Salvador, durante la sesión Cumbre Extraordinaria del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. Los países involucrados en el Mesoamérica (Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana) se lucen ahora de qué el Proyecto está promovido por sus propios gobiernos, sin ingerencias externas, pero cuando todavía se llamaba Plan Puebla Panamá, el Mesoamérica contaba con un Grupo Técnico Interinstitucional formado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Español de Crédito Oficial (ICO) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros. Es decir, en absoluto no era independiente y sus financiamientos actuales demuestran que así sigue.
Además, en los documentos oficiales de fundación, se especificaba que el Plan Puebla Panamá era un primer paso hacía la conformación del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas que los Estados Unidos intentan imponer al resto del continente desde finales de1800, cuya realización ha sido hasta la fecha obstaculizada por diferentes actores, como Argentina, Venezuela y Mercosur. De hecho, el desequilibrio de un acuerdo donde uno de los contrayentes jugaría el único papel de exportador de materias primas es evidente, siendo imposible para los países latinoamericanos introducirse en el comercio internacional a gran escala como lo manejan Estados Unidos o Canadá. Así que el cambio de nombre -de Plan Puebla Panamá a Proyecto Mesoamérica- no quita a esta iniciativa ni su origen estadounidense ni mucho menos su finalidad explotadora.
El 18 de enero de 2015, consecuentemente a la declaración del presidente Peña Nieto que en noviembre de 2014 presentó un plan para impulsar las tres zonas del país con un “alto potencial de desarrollo” -el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, el Puerto Chiapas y el Corredor Industrial Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec-, el gobernador de Oaxaca Gabino Cué afirmó que este año se habrá de concluir un conjunto de obras de infraestructura de gran calado, entre las cuales las carreteras que unirán la Ciudad de Oaxaca con las regiones de la Costa y del Istmo; la modernización de la supercarretera transístmica Acayucan – La Ventosa; y el inicio de las obras del aeropuerto de Ciudad Ixtepec, para habilitarlo como terminal mixta comercial y militar. Sin necesitad de nombrar el Proyecto Mesoamérica es evidente que estas iniciativas se mueven en este marco, al igual que el Corredor Mesoamericano de Integración, un proyecto de 3 mil 210 kilómetros de carretera que inician en Puebla y terminan en Ciudad de Panamá, pasando, en su recorrido mexicano, muy cerca de la parte oriente del territorio Chimalapa, precisamente el área invadido por los supuestos campesinos chiapanecos.
Será una casualidad, pero a un mes del compromiso del gobernador Gabino Cué a cumplir con las expectativas del Ejecutivo Federal, el “conflicto territorial” se reactivó en Chimalapa, con los acontecimientos ocurridos en San Francisco la Paz de qué se da cuenta a principio de este artículo. Desde los años cincuenta muchas cosas han cambiado en el territorio zoque, pero no los intereses en juego, que siguen siendo la madera, el agua, los minerales y las biodiversidad. En pocas palabras, los recursos naturales que México desde años promete a las compañías transnacionales con la firma de tratados para la realización de proyectos que la resistencia de los comuneros puntualmente obstaculiza.
Presas hidroeléctricas, autopistas y plantaciones forestales fueron megaproyectos lanzados ya con los presidentes José López Portillo, Miguel de La Madrid y Carlos Salinas de Gortari, pero todos acabaron sin éxito. En los años ochenta los comuneros lograron detener la construcción de una serie de presas hidroeléctricas en el marco del proyecto Chicapa Chimalapa. Luego, a principio de los noventa, la alianza con sectores de la sociedad civil hizo que se pudiera detener también el proyecto de un tramo carretero de autopista de cuatro carriles que pretendía cruzar el corredor biológico natural de selvas altas, compuesto por el Uxpanapa (Veracruz), Chimalapas (Oaxaca) y la reserva El Ocote (Chiapas). A finales de la misma década, la resistencia se concentró de un lado contra la propuesta de convertir los bienes chimas en un reserva de la biósfera y, del otro, contra al Plan de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, que consistía, entre otros, en 164 proyectos de vías de comunicación, que implicaban la reubicación de las poblaciones periféricas a las carreteras en los bienes comunales Chimalapas. Estas amenazas siguen con proyectos como el Mesoamérica y el Corredor Industrial Interoceánico; lo que ahora falta es la unidad entre los habitantes, cómplice una mala información que presenta el “conflicto chima” como un enfrentamiento entre indígenas zoques en defensa de su territorio y pequeños empresarios y ganaderos chiapanecos favorables al “desarrollo” mientras, en realidad, se trata de una oposición entre víctimas de un mismo sistema, funcional a la penetración del interés transnacional.
La procedencia de los invasores de los bienes comunales chimalapa es de hecho un punto central en esta historia. Históricamente se trata de campesinos desplazados de otras comunidades, cuyo origen remite a una historia de múltiples despojos, muchas veces compartida con los chimalapas de la zona oriente. Los mismos habitantes de San Francisco la Paz que en febrero detuvieron los invsores, hasta la segunda mitad de los años setenta no tenían nada que ver con los bienes comunales zoques: son indígenas chinantecos originarios de Tuxtepec, Oaxaca, localidad de donde fueron desplazados consecuentemente a la implantación de la presa “Cerro de Oro”. Esta obra, la primera realizada según el modelo Tennesee Valley Authority, una corporación propiedad del gobierno federal en los Estados Unidos creada en 1933 para el desarrollo económico del Valle de Tennessee, causó la inundación de 43 ejidos y la reubicación forzada de más de mil 661 campesinos indígenas, que fueron trasladados en este “desierto verde” que es la franja de selva virgen entre Oaxaca y Chiapas.
En Santa María Chimalapa recuerdan los tiempos cuando esta gente llegó, y “era pura gente humilde que se puso a trabajar. Vinieron sin nada y ahora son gente ganadera, bien agradecidos con la comunidad que los recibió, y muy atentos a la naturaleza y su conservación”. Tal vez fue por bondad de los chimas, o porque los chinantecos demostraron respeto y buena voluntad, pero el caso de San Francisco la Paz demuestra que los zoques de Chimalapa realmente están dispuestos a dejar vivir en su territorio quien realmente lo necesite, siempre y cuando reconozcan los bienes comunales y los defienda de las agresiones exteriores. Que al aceptar las autoridades de Chimalapa los que vienen de afuera pierdan su origen o identidad es una mentira, los chinantecos no se volvieron zoques, mantienen su lengua y sus costumbres, como no se volvieron zoques, y mucho menos oaxaqueños, los tzotziles chiapanecos que desde años ocupan pacíficamente algunos territorios de San Miguel Chiamlapa. Esta supuesta perdida de “identidad estatal” es un mito forjado por los que siguen distribuyendo ilegalmente la tierra para que los campesinos, cuya sobrevivencia depende de las ayudas del gobierno estatal, no se sumen a la resistencia chima.
Esto resulta ser el conflicto Chimalapa, un conflicto donde desplazados chinantecos de los años setenta, ahora comuneros de Santa María Chimalapa, rechazan invasores cuya procedencia se desconoce, en el marco de un sistema caciquil respaldado por algunas autoridades que se quedan en la sombra. De los acuerdos todavía pendientes con Gabino Cué, así como de las resoluciones de las controversias constitucionales, depende también la postura de los Chimalapa hacía el gobierno del Estado y su abertura hacía los proyectos que el gobierno federal tiene guardados para esta “zona económica especial”.
Los nuevos planes de “Desarrollo Sustentable”
El 18 de octubre de 2014, los jóvenes de San Miguel Chimalapa organizados en el colectivo Matza, “estrella” en idioma zoque, convocaron el primer “Foro Informativo: Chimalapa, situación de proyectos extractivos en territorio zoque”. Como si las invasiones territoriales y las amenazas procedentes del Proyecto Mesoamérica no fueran suficientes, de hecho, el plan de desarrollo para esta Zona Económica Especial lleva consigo también el peligro de una explotación minera sin precedentes en la región. En el foro del pasado octubre, frente no sólo a la comunidad zoque, sino también en presencia de las comunidades binizá e ikoots, otros pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec que desde años luchan en contra de los proyectos eólicos y que tienen muy claras las consecuencias nefastas de la implantación de minas a cielo abierto en los Chimalapas, denunciaron la expedición de tres concesiones mineras ubicadas en el sureste del territorio comunal, en la zona limítrofe con el estado de Chiapas donde el pasado 18 de mayo se registró el enfrentamiento armado con supuestos invasores chiapanecos. Cabe destacar que después de estos acontecimientos violentos, el gobierno empezó a plantear la instalación de unas bases del ejército en la región, con la supuesta intención de cuidar el territorio y que sin embargo alguno comuneros ven como primer paso hacía una militarización del territorio.
Con respecto a las concesiones mineras, se trata de un total de 30 mil hectáreas, repartidos en cinco títulos mineros, a favor de las empresas Zalamera S.A. de C.V., Maya Minas y Minerales S.A. de C.V. y Radius Gold-Geonorte.
La primera concesión abarca dos proyectos, el “Mar de Cobre”, con una extensión de cinco mil 610 hectáreas en la Congregación denominada La Cristalina, en los límites con Chiapas, área de selva baja y mediana; y la “Jackita”, con una extensión de mil 500 hectáreas, ubicados entre los bienes comunales de San Miguel Chimalapa y los bienes ejidales de Santo Domingo Zanatepec, zona de conflictos agrarios. En los registros federales, los dos resultan propiedad de la sociedad anónima Minera Zalamera, pero en la realidad son manejados por la canadiense Minaurum Gold Inc., que los compró y fusionó en un solo proyecto denominado “Santa Marta”, según un comunicado de prensa de la misma empresa. Cabe destacar que la Minaurum, cuyo director David M. Jones es también presidente y propietario de la Zalamera, es también concesionaria de los proyectos Vuelcos del Destino, ocho mil 831 hectáreas a 25 kilómetros de Chilpancingo, en el llamado Cinturón de Oro de Guerrero; Adelita, ocho mil 449 hectáreas al colinde entre Sonora y Sinaloa; y Aurena, mil 035 hectáreas en el sur de Oaxaca, a unos 40 kilómetros de Salina Cruz.
La segunda concesión fue otorgada a la empresa Maya Minas y Minerales, sociedad “aún más anónima” de la Zalamera, que obtuvo los lotes conocidos como Maya Frac I, de dos mil 311 hectáreas, y Maya Frac II, de dos mil 445 hectáreas. Según el CNDCC, toda esta zona está considerada por expertos ecólogos como de Diversidad Biológica Alfa, o sea con alta presencia de especies endémicas y en peligro de extinción.
En fin, en el medio de estos dos lotes, se encuentra la tercera concesión, el Tapanatepec2, de 17 mil 350 hectáreas, propiedad de la Radius Gold–Geonorte. La compañía, una fusión empresarial canadiense-mexicana, a diferencia de la inencontrable Maya Minas y Minerales, es conocida en el estado de Oaxaca por el proyecto minero en Tlacolula, que desde 2009 maneja en conjunto con la Fortuna Silver Mine, otra empresa que a su vez es concesionaria del proyecto en San José del Progeso, cuyo rechazo por parte de la población ha llevado a varias movilizaciones y, en 2012, ha costado la vida al activista Bernardo Vásquez Sánchez, integrante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO).
La depredación minera es una de las mayores amenazas al territorio de los pueblos originarios del estado de Oaxaca (y del entero país), y los bienes comunales Chimalapa no son excepción. El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCC), una institución creada por los chimas durante las luchas de los noventa, denuncia que la Secretaría de Economía Federal estuvo otorgando concesiones desde 2008 y el foro que se organizó el año pasado en San Miguel más allá de ser una mera denuncia de las concesiones, se volvió un llamado a organizaciones y colectivos, nacionales e internacionales, para que apoyen la resistencia zoque contra este sistema de “capitalismo por despojo”. Además, la bioregión de los Chimalapas es una de las más importantes y mejor conservadas de México y todo Centroamérica, un tesoro de flora y fauna que alberga por lo menos 146 especies de mamíferos, 140 de reptiles y anfibios, 316 de aves y 900 de mariposas, y que hasta organizaciones internacionales se han movilizado para proteger, como la alemana Salva la Selva, que ha recaudado casi 100 mil firmas para interpelar al presidente Peña Nieto y al gobernador Gabino Cué que actúen de forma inmediata y efectiva para detener y revertir la depredación ecológica del territorio.
La historia de Chimalapa no es, como el gobierno de México y la prensa oficial quisieran presentar, una historia de campesinos peleándose unas parcelas para la siembra de maíz criollo, es una historia de despojo, de desplazamiento, de reubicación forzada de enteras comunidades para cumplir con unos compromisos internacionales de entrega de materias primas preciadas y mano de obra barata, disfrazados de proyectos de supuesto desarrollo, además sustentable. Ahora como nunca, es necesario ubicar las problemáticas que afectan este territorio en un contexto internacional de capitalismo por despojo que amenaza no sólo el Istmo de Tehuantepec, sino todo Centroamérica.
Fuentes:
– Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
– Portal Oficial del Proyecto Mesoamérica
– Mesoamérica o el Proyecto Mesoamérica: La historia como pretexto