Colombia: Desmontar un conflicto de medio siglo

Fuente: Programa de las Américas

La negociaciones entre el gobierno y la guerrilla son percibidas por la mayor parte de los colombianos como una buena oportunidad para sellar la paz. Muchos creen que ha llegado la hora y que los actores del conflicto no van a dejar escapar la oportunidad. El escenario es, sin embargo, bastante más complejo.

El 26 de agosto el gobierno de Juan Manuel Santos difundió el “Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en base a las conversaciones que ambas partes mantenían desde febrero en La Habana. La noticia fue recibida con signos de esperanza en Colombia.

El 18 de octubre representantes del gobierno y las FARC firmaron un comunicado conjunto en Oslo en el que acordaron “la instalación pública de la mesa de conversaciones encargada de desarrollar el acuerdo general para la terminación del conflicto” y que el primer tema a tratar sería el “desarrollo agrario integral”, a partir del 15 de noviembre en La Habana[1].

A diferencia de lo sucedido en ocasiones anteriores, esta vez la mayor parte de la población confía en que las negociaciones puedan llegar a buen puerto. Una encuesta encargada por RCN Televisión mostró que el 77% de los colombianos apoya las negociaciones y que el 54% se siente optimista en que se puedan llegar a acuerdos definitivos[2].

Sin embargo, el ex presidente Álvaro Uribe, portavoz de los terratenientes y según muchos analistas de los grupos paramilitares, mostró desde el primero momento su disconformidad con las negociaciones apostando una vez más a la aniquilación de la guerrilla. “La paz con impunidad es flor de un día y un mal ejemplo para la cultura del respeto a la ley”, dijo Uribe[3].

Todavía está fresco en la memoria del país el fracaso de las negociaciones de paz entre 1998 y 2002, que incluyeron una zona desmilitarizada (Zona de distensión) de 45 mil kilómetros cuadrados en los departamentos de Meta y Caquetá. Luego de 40 meses de debates, incluyendo audiencias públicas en las que participaron directamente 22 mil personas, el proceso de paz colapsó y se relanzó la guerra.

En realidad, ninguno de los bandos enfrentados confiaban en llegar a la paz. Las FARC utilizaron el período de distensión para fortalecerse y establecer mayores relaciones con la sociedad civil. Las fuerzas armadas lo aprovecharon para “revertir la falla operacional del ejército”, ya que se llegó a las negaciones luego de varias derrotas tácticas de los uniformados a manos de la guerrilla, y adquirir tecnología aérea para neutralizarla[4]. En ese período, bajo los gobiernos de Andrés Pastrana y Bill Clinton, se sientan las bases del Plan Colombia.

Las razones de cada quien

“Hay sectores de la élite que ven en el conflicto armado una barrera objetiva, un gran obstáculo para sus intereses económicos”, asegura el diputado Iván Cepeda, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)[5]. Esta sería la razón de fondo que llevó a Santos, miembro de una histórica familia de las elites colombianas, a dar el arriesgado paso de sentar a la guerrilla en una mesa de negociaciones.

El sociólogo Gregory Wilpert sostiene que Santos se identifica con la elite urbana, cosmopolita y con pretensiones transnacionales “cuyas preocupaciones no convergen siempre con las de los grandes propietarios terratenientes”, como sucedía con su antecesor, el ex presidente Uribe[6]. Santos escucha menos a los caciques y los paramilitares y estaría más inclinado hacia la unidad latinoamericana en la que se proyecta el sector exportador.

Según este análisis, que viene ganando adeptos en Colombia, la nación es percibida como no competitiva en los foros internacionales frente a otros países de la región con amplios procesos democráticos y de participación social.  Diversos analistas, como José Manuel Martin Medem y Alfredo Molano, aseguran que Santos negoció con “los cacaos”, el poder económico colombiano, para poner fin al “anacronismo de la guerrilla para asegurar el escenario de sus negocios”[7].

Entre sus proyectos figura entregar algunas tierras y financiar proyectos productivos para los desmovilizados de las FARC, pero estarían situados “lejos de las zonas estratégicas del país donde se desarrollan y se ampliarán los grandes negocios de la oligarquía en alianza con la inversión internacional”. Se trata de petróleo, minerales, biocombustibles, electricidad, infraestructura y telecomunicaciones.

Tanto el gobierno como el empresariado, y muy probablemente el mando militar, consideran que la guerrilla perdió su capacidad de iniciativa y ya no cuenta con posibilidades ofensivas como para desestabilizar el país. En el plano económico Colombia está comenzando a ocupar un lugar cada vez más destacado en la región, como lo prueban los flujos de inversión extranjera directa en los últimos años.

Luego de ocupar un lugar marginal en la década de 1990, en los últimos años se constata un verdadero salto adelante. Colombia ocupaba uno de los últimos lugares en cuanto al ingreso de capitales al país: seis veces menos que México y casi cuatro veces menos que Argentina. En 2011 captó 13.000 millones de dólares, muy cerca de México y el doble que Argentina, aunque el grueso fueron a minería e hidrocarburos[8].

Las grandes empresas colombianas, sobre todo las del sector financiero, se han convertido en exportadoras de capitales. El Grupo Sura realizó la mayor adquisición hecha por una empresa latinoamericana en 2011, al comprar por 3.600 millones de dólares los activos de la multinacional ING para administrar pensiones, seguros y fondos de inversión en Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay[9].

Otras financieras como el Grupo Aval y Sociedades Bolívar se han instalado con fuerza en Centroamérica. Las estatales ECOPETROL y Empresas Públicas de Medellín, ésta del sector eléctrico, tienen importantes inversiones en la región sudamericana. Cementos Argos se instaló en Estados Unidos, el Caribe y Panamá. “El motor principal es la búsqueda de mercados”, explica la CEPAL.

Los dos grandes conglomerados financieros, Aval de Luis Carlos Sarmiento (50.000 empleados) con inversiones extensas en la banca, y Sura (96.000 empleados) con fuertes inversiones en Cementos Argos (cuarta cementera latinoamericana) y Nutresa (gigante de la alimentación), tienen en común que están orientados hacia México, Perú, Chile y Centroamérica. Los negocios reales coinciden con la Alianza del Pacífico.

Esta alianza está integrada por los países de la región que tienen TLCs con Estados Unidos (México, Perú, Chile y Colombia). Fue formalizada el 6 de junio de 2012 por los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, de Colombia, Juan Manuel Santos, de Perú, Ollanta Humala y de México, Felipe Calderón, y busca ser un sistema de integración latinoamericana como contrapeso al bloque del Mercosur.

Para este sector empresarial la guerra, en la que se gasta un 5% del PIB, es un lastre que debe ser superado. Para la guerrilla, luego de los duros golpes recibidos, la negociación aparece como una opción necesaria. Los militares, según analistas locales, siguen apostando a la aniquilación de la guerrilla, pero saben que puede sobrevivir casi indefinidamente en selvas intrincadas y montañas recónditas. El alto mando esperaba que la muerte de los máximos dirigentes de las FARC tuviera un efecto desmoralizador y desorganizador de la tropa, que  no se produjo.

Obstáculos y diferencias

Así las cosas, el camino de la negociación está abierto. Aparecen en el horizonte inmediato algunas dificultades: la duración de la negociaciones, la cuestión de la tierra como nudo estratégico a desatar y la confianza mutua, siempre compleja y la mayor parte de las veces inexistente.

El presidente Santos anticipó que la negociación no puede durar demasiado tiempo. En su horizonte están las elecciones presidenciales de mayo de 2014, en las que aspira a la reelección. Para ello es imprescindible que el proceso se haya encaminado y en lo posible que estén concluidos los acuerdos más importantes. Como señala el analista León Valencia, “una negociación de paz en medio de un proceso electoral no es viable”[10].

Por eso Santos insistió en varias ocasiones en que las conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado, “se medirán en meses, no en años”[11]. Por el contrario, las FARC apuestan a un proceso largo, como adelantó Timoleón Jiménez, máximo comandante de la organización[12]. En la misma dirección, la Marcha Patriótica (impulsada por el Partido Comunista) distribuyó un documento a comienzos de noviembre en el que propone una amplia movilización social para desencadenar procesos constituyentes en el marco del proceso de paz, que demandarían tiempos necesariamente largos[13].

Otra cuestión a debate es el concepto de “dejación de las armas”, que se menciona en el acuerdo general. Mientras la guerrilla entiende que se refiere a la no utilización de las armas, o sea una tregua indefinida, otros interpretan que se trata de la entrega de las armas. Este punto puede llegar a bloquear las negociaciones.

En cuanto a la tierra, la afirmación del director de Le Monde Diplomatique, Carlos Gutiérrez, parece del más elemental sentido común: “El país político y el país académico jamás entendieron que la modernidad de Colombia pasaba por la modernización de las relaciones agrarias”[14]. Si la tierra está en la raíz del conflicto, la situación no ha dejado de empeorar en las últimas décadas.

No por  casualidad es el primer tema a abordar en las negociaciones iniciadas este 15 de noviembre en Cuba. Un informe de mediados del siglo XX divide las tierras en tres categorías: las de primera calidad están ocupadas en un 85% por la ganadería; las de segunda son pocos aptas para la mecanización y también son mayoritariamente usadas para el ganado; las de tercera calidad, suelos poco fértiles y erosionables, están dedicadas a la agricultura.

Concluye: “Esta economía de la tierra se caracteriza por el dominio hegemónico que sobre las nueve décimas partes de la superficie vital del país mantiene una aristocracia latifundista, por medio de praderas naturales”[15]. Con los años las tierras agrícolas están cada vez más subutilizadas y las ganaderas sobrecargadas, pese a que cada hectárea tiene apenas 0,6 cabezas de ganado en promedio. “Todavía no salimos de las lógicas de la acumulación originaria”, concluye Gutiérrez.

La guerra impulsada por los terratenientes, enredados ahora con el narcotráfico, ha sido el método para profundizar la concentración de tierras. En 1984 los propietarios de más de 500 hectáreas controlaban el 32,6% de la superficie. En 2010 controlan el 60,8%. El índice Gini que mide la desigualdad marca en el campo 0,891, entre los más elevados del mundo[16].

Una reforma agraria sería imprescindible para democratizar el acceso a la tierra. Pero a la presencia del narcotráfico que ha invertido en tierras, se suma ahora el desembarco masivo de multinacionales de la minería y los hidrocarburos, además de la presencia del agronegocio de los monocultivos, que potencian la concentración de tierras. No va a ser sencillo ir a contramano del proceso económico para satisfacer viejas demandas campesinas e indígenas.

Sociedad esperanzada, movimientos paralizados

Por lo menos en las ciudades se respira un clima diferente. Palabras que antes se mascullaban en la sombra ahora estallan en el aire por la confianza que despiertan negociaciones que para la mayoría desembocarán en la paz. Un clima social que desafía los fracasos del pasado. Sin embargo, los movimientos sociales que deberían ser la clave en negociaciones que los incumben, aún no han despertado de su letargo.

La “Jornada por la Dignidad” convocada el 12 de octubre por la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc), estuvo lejos de la convocatoria que se esperaba. La jornada de protesta denunciaba los bajos salarios, la concentración de riqueza, el desastroso sistema de salud y el desempleo. Respondieron sobre todo los jóvenes universitarios.

Es cierto que en Colombia “persiste una clara división entre centros urbanos y rurales, y que los imaginarios que motivan a unos no son los mismos que motivan a los otros”[17]. Ambos grupos tienen problemas y demandas diferentes. Pero por debajo de esta división, subyace la continuidad de una cultura política vertical y patriarcal, incluso en las izquierdas, que es simétrica al autoritarismo terrateniente.

Cinco décadas de guerra consolidaron esos modos de hacer política en los que la movilización se decide arriba y se acata abajo, donde los partidos-caudillos ocupan un lugar central. Quienes han intentado promover algo diferente, por pertenecer a otras cosmovisiones, son los nasa del Cauca. Esa región conjuga recursos (agua, oxigeno, petróleo, biodiversidad y minería) y es además “un corredor estratégico entre la costa pacifica y los llanos orientales”[18].

Por esas razones en el Cauca confluyen todos los actores armados: ejército, paramilitares y guerrilla, “transformando el territorio ancestral y autónomo en un teatro de operaciones militares”. Manuel Rozental explica que en el seno del pueblo nasa surgió la mayor resistencia a la guerra en base a una agenda propia consensuada y a la restitución de la guardia indígena en 2001.

“Con esas dos cosas combinadas tomamos la decisión – la primera en el 2001, pero la grande en el 2004- de salir con esa agenda y convocar el primer Congreso Indígena y Popular. La Minga salió desde Popayán y llega a Cali desde las montañas a la carretera Panamericana. Eso fue en el año del pico de la popularidad de Uribe, se lo sorprendió diciéndole, aquí no es popular, y su modelo del libre comercio es lo que no queremos”[19].

En octubre de 2010 la acumulación de fuerzas de las sucesivas movilizaciones cuajó en el Congreso de los Pueblos, la mayor confluencia de organizaciones, pueblos y movimientos, rurales y urbanos, de indígenas y afrodescendientes, de trabajadores y estudiantes, en una inmensa demostración de confluencia y convivencia de las diferencias. Esta novedosa forma de construcción, en base a mandatos nacidos del consenso, aún está lejos de haberse convertido en sentido común y en cultura política aceptada entre quienes combaten el poder hegemónico.

En paralelo, como señala un detallado trabajo de dos investigadores del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), la movilización social ha ido cambiando a lo largo de las últimas décadas. Mientras el Mandato Ciudadano por la Paz atrajo 10 millones de votantes en 1997, en la década de 2000 aparecen movilizaciones masivas contra los secuestros que practican las FARC. En febrero de 2008 la movilización anti guerrilla alcanzó 163 ciudades[20].

La “década uribista”, Álvaro Uribe gobernó entre 2002 y 2010, produjo cambios profundos en la guerra, pero sobre todo en la sociedad colombiana y en la percepción que acuñó sobre el conflicto armado. Una parte de la población considera a la guerrilla como el principal, y a veces único, responsable del conflicto. Remover esta percepción va a demandar mucho tiempo, generosidad y autocrítica.

Recursos

“A Colombia de Santos, país que atrai atenção”, Valor, 10 de setiembre de 2012.

Alfredo Molano Bravo, “El meollo”, El Espectador, 29 de setiembre de 2012.

Antonio García Fernández, “Las víctimas de las víctimas”, Arcoiris, 9 de noviembre de 2012.

Carlos Gutiérrez, “Tierra: ¿se romperá la constante histórica?”, Le Monde Diplomatique, noviembre de 2012.

CEPAL, “Inversión extranjera directa aumenta 8% en la región en el primer semestre de 2012”, 23 de octubre de 2012.

Desdeabajo, “Indignación, articulación dl sujeto sigla y paz” (Editorial), 20 de octubre de 2012

Fernando Sarmiento y Magda López Cárdenas, “Política y movilización por la paz en Colombia” (CINEP), Le Monde Diplomatique, setiembre de 2012.

Gregory Wilpert, “¿Porqué la paz en Colombia se ha vuelto posible?”, Le Monde Diplomatique, octubre de 2012.

Iván Cepeda, “En un conflicto largo , no hay negociación con perdedor”, Le Monde Diplomatique, octubre de 2012.

León Valencia, “Se necesita agilidad, pues no es viable un proceso de paz en época electoral”, Radio Caracol, 6 de noviembre de 2012.

Marcha Patriótica, “Constituyentes por la Solución Política y la Paz con Justicia Social”, Bogotá, 1 de noviembre de 2012.