Fuente: Programa de las Americas
Unos y otros coinciden en que este es el mejor momento para construir la paz, ya que la coyuntura nacional y regional la favorecen. No será fácil desmontar medio siglo de guerra que ha destruido el tejido social y creado intereses espurios pero lo suficientemente poderosos para bloquear cambios.
“Por lo menos diez años tardará el régimen en la aplicación y el cumplimiento social de los acuerdos”, señaló en febrero pasado el comandante de las FARC Iván Márquez[1]. “Una meta de diez años para hacer realidad todas esas cosas que se están acordando”, pidió Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, en un foro en Bogotá donde se debatieron, el 9 de mayo, los “Dilemas jurídicos del Proceso de Paz”[2]. Tanto el gobierno como la guerrilla comienzan a trazar una lectura compartida de los objetivos a cumplir, como lo muestra el reciente acuerdo sobre temas agrarios alcanzado en las negociaciones de La Habana.
Los problemas se acumulan en el corto plazo por los tiempos electorales. El 9 de marzo de 2014 se realizarán elecciones parlamentarias y luego, el 25, las presidenciales. El presidente Juan Manuel Santos, quien desea postularse para la reelección, sostiene que los acuerdos deben cerrarse a más tardar en noviembre de este año. Las FARC no están sujetas, en principio, a esos apuros electorales, pero si las elecciones no las ganara Santos las negociaciones podrían ser interrumpidas por el futuro presidente. En suma, a las dos partes les conviene cerrar acuerdos este año.
Uno de los principales escollos, además del temporal, proviene del ex presidente Álvaro Uribe. Su oposición a la paz empata con los intereses de un sector de la clase dominante, representado por los ganaderos y los narcos, que se han beneficiado con la guerra en la que obtuvieron seis millones de hectáreas despojando y desplazando a más de cinco millones de campesinos según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES[3]. Esa cifra representa más de uno de cada diez habitantes y convierte a Colombia en el país con más desplazados internos del mundo.
El nudo gordiano de la paz es la tierra. Santos promulgó en junio de 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que reconoce explícitamente la existencia de un conflicto armado en Colombia en clara ruptura con la política de Uribe. Entre las medidas de reparación contempladas por la ley se destacan indemnizaciones y la restitución de tierras que se propone la devolución de al menos 160.000 propiedades en los cuatro años de gobierno (2010-2014), pero el primer año de vigencia apenas se hicieron 699 restituciones y en 2012 se pretendió llegar a las 2.100, cifras muy alejadas de los objetivos trazados.
El domingo 26 de mayo llegó la primera buena noticia al difundirse por el gobierno y las FARC el primer acuerdo luego de seis meses de debates en La Habana, denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”.
Se propone formalizar la propiedad, delimitar la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva campesina, impulsar programas de desarrollo territorial, obras de infraestructura y formalización laboral, entre las medidas más destacadas. Según el texto del acuerdo, se trata de “transformaciones radicales de la realidad rural” que pasan por crear un Fondo de Tierras para la Paz y una jurisdicción agraria.
La transición del gobierno
Un primer análisis de la periodista Juanita León sostiene que el acuerdo anticipa el camino a recorrer, consistente en “buscar cambios sociales significativos sin afectar los poderes legales establecidos”[4]. Apunta que se trata de crear “los instrumentos para solucionar los problemas estructurales del atraso del campo que ha alimentado la guerra”. El primer paso es la formalización de las tierras, toda vez que el 48% de los pequeños campesinos no tienen título de propiedad, lo que facilitó el robo de tierras por ganaderos y narcos, aliados con los paramilitares.
El 55% de quienes fueron despojados de sus tierras durante el conflicto eran pequeños campesinos con un promedio de trece hectáreas. Sólo uno de cada tres desplazados tiene títulos de propiedad. León se afilia a la tesis de que la formalización creará un mercado de tierras y permitirá a sus propietarios pedir créditos para modernizar la producción familiar. Aunque las conclusiones parecen dudosas, lo cierto es que las FARC defienden tanto la titulación de las tierras como la formalización laboral para que los campesinos obtengan un salario mínimo, seguro de salud y pensiones.
Este primer acuerdo va en la dirección deseada por el gobierno. El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, es el estratega gubernamental, ese tipo de personas que se mueven detrás del escenario y raras veces hablan en público. Es filósofo por la Universidad de Toronto, filólogo por la Universidad de Oxford, tiene una maestría en filosofía en Cambridge y fue candidato a doctor en griego por la Universidad de Heidelberg. Ocupó varios cargos bajo los gobiernos de Uribe y se destacó en el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado.
El pasado 9 de mayo Jaramillo dio una conferencia en la Universidad Externado de Bogotá (un centro de formación de las elites) donde detalló las tres fases del proceso de paz, destacando que “los astros están alineados” para llegar a buen puerto[5]. La fase inicial consistió en crear las condiciones para empezar a negociar, que pasó por la pelea con Uribe para reconocer que existe un conflicto armado interno y no mero terrorismo, y luego la promulgación de la Ley de Víctimas.
La segunda fase es la que está en curso en La Habana y la tercera será la transición, la más difícil porque supone reconocer los derechos de las víctimas, que la guerrilla entregue las armas y sus mandos se integren a la vida civil sin pasar el resto de sus vidas en la cárcel.
Si el aspecto central para destrabar el conflicto es el “desarrollo agrario”, debe reconocer que se produjo una inflexión en el gobierno que ahora considera que “sin una transformación profunda del sector rural que rompa el círculo vicioso de la violencia en el campo y cree un círculo virtuoso de bienestar y estabilidad, no estaremos garantizando la no repetición del conflicto”[6].
El otro aspecto decisivo es la participación política para que los grupos armados se conviertan en movimientos legales, con garantías y “sin riesgos de seguridad”, cuestión que se comenzó ya a debatir en La Habana, para “que se rompa para siempre el lazo entre la política y las armas”. De alguna manera el gobierno también reconoce que la masacre de más de miles de militantes de la Unión Patriótica en la década de 1980 es un precedente que no debe repetirse[7].
El Alto Comisionado reconoce que el proceso de paz no va a resolver el problema del crimen organizado ni del narcotráfico, pero confía en que puede contribuir a “sacar de la trampa de los cultivos ilícitos a decenas de miles de colombianos”. Considera que la paz no consiste sólo en la desmovilización de los armados sino en llevar el proceso de paz a los territorios. En palabras de Jaramillo, “se trata de quitar las armas del camino para poder transformar unos territorios y reconstruir el pacto social en las regiones”.
El papel de las FARC
En la propuesta del gobierno se trata de abrir en las regiones “nuevos espacios de participación” en los que los “excombatientes reincorporados” jugarán un papel decisivo. Jaramillo puso un ejemplo: “Si se va a desarrollar un nuevo programa de vías, o de distritos de riego (…) pueden ser las comunidades las que se organicen para priorizar, construir, administrar y mantener esas obras”.
Si en el lugar donde dice “comunidad” colocamos “ex guerrilleros”, las cosas se vuelven claras. La directora de La Silla Vacía lo nombra sin vueltas: la verdadera participación que le interesa a las guerrillas consiste en que “esa transformación del campo de la mano de las comunidades será liderada por ellos en sus zonas”[8].
El gobierno hará una mega inversión en las áreas rurales, donde creará una nueva institucionalidad en la que podrán participar activamente, y como dirigentes locales del proceso, los guerrilleros reinsertados. La propuesta parece realista e interesante para ambas partes. El punto nodal, el viraje de fondo, es que el gobierno reconoció que la guerrilla no será derrotada militarmente porque representa a los campesinos de las zonas de colonización acosados por los ganaderos y los poderes.
“El conflicto sirvió, como es bien sabido, para que con la plata de la droga y de todo tipo de actividades ilegales se adquirieran las mejores tierras del país; y para que con violencia y corrupción se despojara al Estado de enormes cantidades de baldíos”, concluye Jaramillo[9].
Apunta al mentón de la nueva clase de ganaderos-narcos-paras, cobijados por el uribismo, o sea por el mismo Estado que ahora se propone restituirles lo robado. Eso indica por lo menos tres cosas: la primera es que debieron de pasar diez años de Plan Colombia bajo Uribe, o sea guerra de alta intensidad, sin rendir los frutos esperados. La guerra debilitó a la guerrilla, aniquiló parte de su dirección, le provocó bajas y deserciones importantes y, sobre todo, le mostró que ya no puede tomarse el poder porque el Ejército se ha reforzado inmensamente; pero no la pudieron aniquilar.
La segunda es que hay sectores importantes, tal vez ya hegemónicos, del poder colombiano (a los que llaman “los cacaos”) a quienes les interesa más los negocios financieros, la mega minería e incluso la industria, que ya no obtienen sus ganancias y su poder de acaparar la tierra y, por lo tanto, de la guerra. La tercera es que hay una guerrilla que sabe que no puede ganar, que está débil pero no va a desaparecer porque cuenta con apoyos sociales reales aunque minoritarios y que, por lo tanto, puede obtener algo de la paz.
Lo novedoso del gobierno de Santos es que ese “algo” cobra forma. No es sólo la posibilidad de obtener un lugar en el sistema político, sino eso y mucho más: pueden ser gestores de la transformación profunda del campo ante sus propias bases. Con ello tendrán territorios bajo influencia, los mismos donde ahora ejercen control militar, lo que no es poco para la real correlación de fuerzas existente. Que una vez reinsertados los cuadros de la guerrilla sean buenos o malos administradores, ya es otro problema.
Hijos de la guerra
Existen, empero, otros actores no menos importantes que los narco-ganaderos, el empresariado “moderno” y los campesinos forzados a tomar las armas por una historia de brutalidad oligárquica. Están los indios y los negros, además de sectores populares urbanos, que no se sienten representados en estas negociaciones. El conflicto más importante enfrenta a los indígenas nasa del Cauca con las FARC, que se ha cobrado decenas de muertos entre las comunidades.
Según las principales organizaciones indias, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), entre enero de 2002 y abril de 2013 fueron asesinados 70 comuneros del pueblo nasa que no alcanza los 200 mil habitantes. Un tercio fueron muertos por las FARC, otro tercio por el ejército y los paramilitares y el otro tercio no fue posible identificar responsables. Desde octubre las FARC han asesinado a nueve miembros indios, cuatro de ellos “médicos tradicionales” que son referentes de las comunidades[10].
El conflicto tuvo sus momentos críticos, como en julio de 2011 cuando un coche bomba estalló en Toribío, un pequeño pueblo enclavado en las montañas, matando a dos comuneros, hiriendo a 134 y dañando las 651 viviendas del pueblo. El 16 de abril una columna de las FARC asesinaron al médico tradicional Benancio Taquinás de catorce balazos por supuesta colaboración con el ejército. La guardia indígena, armada de bastones, apresó a seis guerrilleros condenando a dos de ellos a 40 años de cárcel. La sentencia fue decidida en una asamblea en la que participaron cuatro mil comuneros nasa.
En Colombia existen territorios indígenas ancestrales gobernados por los cabildos que tienen jurisdicción propia reconocida por la Constitución de 1991, administran el territorio, la justicia y la población. Este es un punto de fricción clave en la guerra. Para el Estado y las elites económicas en esos territorios deben instalarse proyectos mineros ya que en el subsuelo existen ricos yacimientos a explotar y la población que vive sobre esas riquezas es, naturalmente, un estorbo.
La guerrilla tampoco reconoce las autonomías indias. En contra de las decisiones de las comunidades, reclutan jóvenes y las infiltran creando organizaciones afines. Para las comunidades esto supone una violación de su territorialidad y de su decisión de no participar en la guerra ni darle ventajas a una de las partes. Desde hace décadas los indios de Colombia decidieron que esa no es su guerra.
Las organizaciones firmantes de la “Carta de los Pueblos Indígenas a las FARC”, del 16 de mayo, sostienen que nunca dieron información al Estado, prueba de ello es que 150 dirigentes, incluido el asesinado Benancio, son investigados por la justicia por supuesta colaboración con la guerrilla.
Para ellos el problema es que las FARC aplican desde hace mucho tiempo “una estrategia de reclutamiento equivocada, de muchachos sin formación política, recogiendo gente que puede que sirva para la guerra pero que definitivamente no sirve para la revolución”. Piensan que este tipo de actitud hacia un pueblo originario es “una herencia colonial”, pero se muestran dispuestos a entrarle al diálogo que el comandante Timoleón Jiménez les propuso, en nombre de las FARC, para intentar deshacer el entuerto del Bloque Occidental, responsable de los últimos crímenes[11].
Estas son algunas de las consecuencias menos visibles pero más tremendas de medio siglo de guerra, que ha literalmente desgarrado el tejido social. Estos temas, como apuntó el prestigioso sacerdote Javier Giraldo, no están siendo debatidos en profundidad en La Habana, pero son los que pueden hacer que la paz sea verdaderamente sostenible en el tiempo.
El mes de julio puede ser un momento de inflexión en el proceso de paz. Finalizado el tema agrario, se comienza a debatir la forma como se procesará la inserción de la guerrilla en la vida política. Las FARC proponen una Asamblea Constituyente que el gobierno rechaza. Quieren que se prorroguen un año las elecciones para debatir sin presiones la seguridad jurídica para los ex guerrilleros, garantías para la oposición, acceso a los medios de comunicación y participación política a todos los niveles[12].
Para las FARC “la Constituyente es la llave de la paz”, como señaló Andrés París, miembro del equipo negociador de la guerrilla[13]. Además, entre el 16 y el 20 de junio se realiza el XVI Congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca, la instancia más importante de ese sector cuya opinión siguen con atención otros actores sociales y políticos. La segunda fase del proceso de paz será tan compleja como decisiva.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Frnciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américas www.cipamericas.org/es.
Referencias
“Carta de los Pueblos Indígenas de Colombia a las FARC-CP”, ONIC-CRIC-ACIN, 16 de mayo de 2013 en www.nasaacin.org
Desdeabajo (periódico) Bogotá en www.desdeabajo.info
Juanita León, “El acuerdo Farc-Gobierno sobre el agro: un gana-gana”, La Silla Vacía, 27 de mayo de 2013.
Sergio Jaramillo, “La transición en Colombia”, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, mayo 2013.
Teófilo Vásquez, “Volver los ojos al campo: política regional, conflicto y tierra”, revista Cien Días No. 71, CINEP, noviembre 2010.
Teófilo Vásquez, “Entre las armas y la política”, revista Cien Días No. 78, CINEP, marzo 2013.
[1] Desdeabajo, 20 de mayo de 2012.
[2] Universidad Externado, Bogotá, 9 de mayo de 2013.
[3] El Espectador, 29 de abril de 2013.
[4] Juanita León, La Silla Vacía, 27 de mayo de 2013).
[5] Oficina del Alto Comisionado para la Paz, mayo 2013.
[6] Idem.
[7] La Unión Patriótica fue creada en 1985 en el marco de negociaciones de paz, vinculada al Partido Comunista y las FARC. Los paramilitares con apoyo de las fuerzas armadas asesinaron a dos de sus candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados (de 14 electos), 70 concejales (de 351 electos), 11 alcaldes (de 23 electos) y miles de militantes.
[8] Juanita León, ob. cit.
[9] Oficina del Alto Comisionado para la Paz, mayo 2013.
[10] “Carta de los Pueblos Indígenas de Colombia a las FARC-CP”.
[11] Idem.
[12] “La Constituyente es el gran pulso”, Semana, 15 de junio de 2013.
[13] “La Constituyente es la llave de la paz”, Semana, 15 de junio de 2013.
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