SERPAJ AL a la comunidad internacional frente a los sucesos en Paraguay
El Servicio Paz y Justicia en América Latina ante la situación de zozobra institucional que amenaza al país con un juicio político a su Presidente democráticamente electo expresa:
· La estabilidad de las instituciones democráticas ha tenido en los países de nuestra región, y especialmente en Paraguay, un altísimo costo en vidas y en largos procesos de libertades fundamentales cercenadas.
· La gobernabilidad, entendida como la capacidad de un Estado para llevar adelante su proyecto de país independientemente del gobierno de turno, es una realidad que se construye cotidianamente desde el ejercicio de la ciudadanía y fundamentalmente de la práctica comprometida de sus representantes políticos.
· La reivindicación del derecho a la tierra y a la capacidad de desarrollar un proyecto de vida digno por parte de los sectores campesinos e indígenas debe ser un eje de discusión, reflexión y propuesta al que todos y cada uno de los sectores políticos del país debieran aportar proactiva y responsablemente. Ello implica un abordaje que privilegie el acceso de los sectores históricamente violentados, excluidos y empobrecidos y no el resguardo de los intereses de grandes terratenientes del agronegocio y la ganadería extensiva.
· Las medidas de seguridad pasiva, de corte represivo e impulsadas autoritariamente, lejos de brindar soluciones a un problema estructural, complejizan, agravan y suman nuevas situaciones a una violencia sistémica ya endémica.
· Una solución de fondo implica la revisión integral del modelo productivo neo desarrollista, de corte extractivista, depredador y expoliador que condena a los sectores rurales al abandono forzoso de sus tierras, negándoles la oportunidad de desarrollar su cultura, su identidad y su propio proyecto de vida.
· Paraguay tiene instituciones competentes para desarrollar las investigaciones pertinentes que conduzcan a la delimitación de responsabilidades en los hechos de Curuguaty. Un Estado de Derecho debe respetar la división de competencias de sus instituciones y confiar en la garantía de los procesos que las mismas llevan adelante.
Ante todo lo expresado, y entendiendo que la institucionalidad y los procesos democráticos que las instauran y sostienen, son un bien irrenunciable, llamamos al pueblo paraguayo y a la comunidad internacional a manifestarse por la defensa de las mismas ya que el intento de juicio político es visiblemente una estrategia política que busca anular las conquistas sociales de varios años de luchas y resistencias del pueblo paraguayo. Se precisa voluntad política de todos los poderes del Estado para dar respuestas definitivas al problema de fondo.
Ana Juanche Molina
Coordinadora Latinoamérica
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