Luego de la terminación de la vigencia de la Convención Colectiva de trabajo entre el sindicato de la industria del Carbón que más empleados tiene asociados en el país, SINTRACARBÓN, desde el mes de noviembre del 2010, se iniciaron conversaciones entre sus dirigentes y la empresa el Cerrejón, de la que son propietarias las transnacionales BHP Billiton Plc., Anglo American Plc y Glencore. Entre las reivindicaciones de los trabajadores está el derecho a la pensión por alto riesgo, el derecho de asociación de todas las personas que en la mina trabajan (incluidos subcontratistas), el beneficio de la convención colectiva para quienes no están afiliados al sindicato, convención colectiva cada dos años y el aumento de los salarios. Reivindicaciones ante las cuales la empresa realizó ofertas muy por debajo de lo solicitado por los trabajadores, colocándolos ante la opinión pública como solicitantes de “pretensiones irrazonables” que ponen el alto riesgo la estabilidad económica del país y de la región, ante las amenazas de huelga por parte de los trabajadores.
El Cerrejón es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, gracias a lo cual Colombia es el cuarto país exportador[1] y décimo productor[2] del planeta de este mineral. La mina está ubicada en el valle del río Ranchería, cien kilómetros al sur de la ciudad de Rioacha y entre los municipios de Albania, Barrancas, Hatonuevo, Fonseca y Maicao. Ocupa una extensión de 69.000 hectáreas subdivididas en cinco zonas: Zona Norte, Zona Central, Zona Sur, Oreganal y Patilla. Las transnacionales BHP Billiton Plc, Anglo American Plc y Glencore International AG, de capitales británico-australiano, británico-sudafricano y suizo, respectivamente, son propietarias en partes iguales de la mina del Cerrejón.
Teniendo en cuenta la política minera nacional (Visión 2019: Colombia como un país minero) dentro de los llamados Distritos Mineros, el Cerrejón se ubica en el Distrito de Barrancas (Grupo I) por tener un volumen de producción mayor a cinco millones de toneladas[3]. Para el desarrollo de esta actividad, cuenta con una infraestructura de transporte por medio de un ferrocarril de 150 kilómetros que conecta la mina con Puerto Bolívar (punto de embarque), el cual recibe barcos de hasta 175.000 toneladas de peso muerto; su canal navegable tiene 19 metros de profundidad, 265 metros de ancho y cuatro kilómetros de largo[4]. Los trenes que allí llegan tienen hasta 120 vagones que transportan el mineral extraído que se exporta en su totalidad.
El proyecto minero inició en 1977 y desde entonces, desde los distintos gobiernos presidenciales del país y la propia empresa, se ha vendido como un ejemplo de buenas prácticas mineras en uno de los departamentos del país que reporta las cifras con más altas Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)[5] del país junto con Chocó y Vichada, y en medio de graves denuncias por violaciones a los derechos de las comunidades que habitan —o habitaron— los alrededores de la mina y del personal trabajador.
¿Son justos los reclamos de los trabajadores?
La capacidad de producción de carbón en el Cerrejón para el año 2010 se calculó en 32 millones de toneladas, es decir, unas 89 diarias. Las tres multinacionales dueñas del Cerrejón son a su vez propietarias de más del 70% del carbón que se extrae en el mundo[6].
Según la Escuela Nacional Sindical, del desempeño económico y los resultados operacionales del Cerrejón, se concluye que es la empresa que presenta mayores ventas y utilidades en el sector carbonífero colombiano. En el año 2009 presentó ingresos operacionales por $3,9 billones de pesos y utilidades netas por $904.000 millones, o sea un 41% de rentabilidad bruta, 32% de rentabilidad operacional y 23% de rentabilidad neta.[7]
Por su parte para el año 2010, teniendo en cuenta los precios FOB[8] de exportación de carbón antracita de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)[9] y los resultados oficiales del Cerrejón, que en su página web sólo incluye la producción en millones de toneladas de la Zona Norte y Central[10], estaríamos hablando de unas ganancias brutas por concepto de exportación del mineral —tan sólo en estas dos zonas del total del complejo carbonífero— de $11.167.205.000.000 de pesos, un poco más de la mitad del presupuesto nacional para educación en el 2011 (20,9 billones); a raíz del invierno casi tres veces más de lo destinado por el gobierno para construcción de vivienda; casi la mitad del dinero destinado para la reconstrucción del país (27 billones de pesos), la misma cantidad necesaria para reconstruir toda la Costa Atlántica y la tercera parte de la destinada para protección social en el 2011.
La política tributaria del periodo de gobierno de Álvaro Uribe, en aras de la llamada confianza inversionista, agudizó el favorecimiento a estas grandes empresas en torno a las exenciones tributarias, reglas que continúan favoreciendo a las grandes empresas y que entraron a regir desde el 01 de enero de este año, producto de la reciente reforma tributaria aprobada el 29 de diciembre del 2010 por medio de la ley 1430, de nuevo, en detrimento de los intereses públicos. «El Cerrejón en La Guajira le paga al Estado no sólo regalías, también le tributa por concepto de impuesto de renta, impuesto al patrimonio, impuesto a las transacciones (4 x 1.000), industria y comercio, retención en la fuente, paga además contraprestaciones portuarias y derechos de aduana, entre otros, cuyo recaudo va casi en su totalidad (96%) a las faltriqueras de la Nación. En suma, de los 34,7 billones de pesos corrientes que fue el valor de la producción de carbón [en el 2009], mientras el Gobierno central se quedó con $6 billones por concepto de impuestos y las regalías indirectas que él maneja, el Departamento de La Guajira y sus 13 municipios se tuvieron que conformar con $2.2 billones».[11] En suma, el Cerrejón se quedó legalmente con 26,5 billones de pesos durante el 2009.
Ganancias Brutas del Cerrejón con exportaciones de Zona Norte y Central
Año US$
Principio del formulario
1990Final del formulario $1.180.000.000
1991 $3.418.474.000
1992 $872.931.000
1993 $2.291.175.000
1994 $1.479.600.000
1995 $1.757.604.000
1996 $1.351.500.000
1997 $2.312.400.000
1998 $1.856.670.000
1999 $1.681.953.000
2000 $ 1.612.884.000
2001 $1.905.280.000
2002 $1.988.750.000
2003 $1.778.091.000
2004 $2.277.852.000
2005 $2.557.650.000
2006 $2.943.875.000
2007 $3.476.170.000 Final del formulario
2008 $31.300.000
2009 $3.286.338.000
2010 $4.466.882.000
Total acumulado $ 44.527.379.000
Fuente:Elaboración propia con base en información El Cerrejón y Precios tomados de la UPME
En este mismo sentido, el asesor de SINTRACARBÓN Francisco Ramírez Cuellar afirma que con las 12 clases de exenciones tributarias a las que aplica el Cerrejón y contenidas en las reformas tributarias —desde el periodo de Pastrana a Uribe— como exenciones por gasolina, el Plan Vallejo, retenciones, ley de estabilidad, Código de Minas, entre otras, al Cerrejón por cada 1.000 dólares invertidos, se le descuentan 1.200. En el negocio esto significa que por cada tonelada que exportan, el Estado colombiano (y por extensión toda la población) tiene que pagarle a esta empresa un promedio de seis dólares[12].
En este contexto, SINTRACARBÓN presentó un paquete completo de negociación, entre otras cosas, porque esa alza salarial que exige el sindicato está ligada a la exigencia de que la convención cobije a los trabajadores tercerizados, que suman alrededor de 4.100. Sin embargo esta demanda tampoco se ganó en esta ocasión.
En medio de los reclamos de los trabajadores, el Gobierno y la transnacional subieron las ofertas pero no en lo que fundamentalmente les interesaba a aquellos. Hace dos años y medio empresa y trabajadores pactaron una pensión por alto riesgo, la cual es aplicable de acuerdo al Decreto ley 2090 de 2003, referida a actividades que por el mismo tipo o naturaleza del trabajo disminuyen la expectativa de vida saludable del trabajador por lo cual pueden acceder a una pensión en edades inferiores a las establecidas; acuerdo que la empresa, según SINTRACARBÓN, ha incumplido. Hoy hay 700 trabajadores enfermos, principalmente por silicosis, y también de la piel o de la columna, de los cuales cuatro han muerto; sobre los cuales SINTRACARBON afirma, la empresa no ha respondido[13]. De las 9241 personas que trabajan en el Cerrejón, 4125 son subcontratadas por otras empresas, las cuales les brindan peores condiciones laborales que las ofrecidas por el Cerrejón a sus trabajadores directos, lo cual en materia de salud hace más preocupante su situación.
La masacre de Bahía Portete, donde habitaba una comunidad Wayuu en el año 2004 y por lo menos 200 muertos más, se suman a las agresiones que enfrentan sindicato y comunidades y que están contendidas en sus reclamos hacia la empresa. Las comunidades y el sindicato denuncian que estas masacres han sido realizadas por el Batallón Cartagena y mercenarios extranjeros pagados por ella.
En este marco de utilidades y violaciones, ¿cómo va a resultar descabellado que los trabajadores –ya que el Estado ha renunciado a ello-, luchen por beneficios directos resultado de su trabajo? ¿Por qué no afirmar que el conflicto que tienen los trabajadores con la transnacional es uno de aquellos que trasciende lo salarial?
Los imaginarios colectivos en torno al conflicto laboral
La mayoría de los medios de comunicación, entre otros El Tiempo y El Espectador, han reproducido la postura de la empresa en el sentido de lo «generosa» que ésta es con sus trabajadores. Comentarios al final de las páginas web de noticas de los mencionados diarios se le suman afirmando que «a muchos colombianos les gustaría trabajar allí» o que «los trabajadores son unos desagradecidos ante tanta bondad».[14] Esta campaña mediática viene creando, sin mayores informaciones que las proporcionadas por la empresa, un imaginario en torno al cual el sindicato pide beneficios irrazonables y desproporcionados, principalmente cuando el Gobierno ordenó un alza de los salarios muy por debajo de lo que la empresa generosamente ofrece en medio del diálogo con la dirigencia sindical.
Las páginas de los medios masivos afirman que la actitud del sindicato amenaza con que la región donde se realiza la explotación del carbón sea afectada en sus grandes beneficios. Ninguna noticia menciona las cifras arriba anotadas, las cuales sobresalen por su desequilibrio si tenemos en cuenta, además de las irrisorias ganancias para el departamento, los costos (mensurables e insumables) en el mediano y largo plazo en materia ambiental (cambio climático, afectación a acuíferos, contaminación auditiva y atmosférica, etc.) y humana (desaparición de comunidades, de su cultura y cambio de su vocación socioeconómica).
Hoy, el nivel de ingresos de los trabajadores que está alrededor de dos millones y medio de pesos, asociado al imaginario de progreso y tranquilidad que enmascara el trabajo precario y una política de recorte a las libertades de las personas, entre otras, la de libre asociación producto de la tercerización laboral, fortalece la pobreza y la miseria. Entre el sometimiento y conformidad en la que viven la mayoría de la población colombiana, un aumento digno (que no supera los 220 mil pesos en el salario promedio de los trabajadores de la empresa) es una “sinvergüenzada”; la exigibilidad de pensiones especiales por trabajar en medio de riesgos que afectan la salud (tales como jornadas dentro de la mina de más de 96 horas o afecciones respiratorias por la extracción del mineral), se tornan inviables por cálculos económicos que dejan de mostrar las reales ganancias de la transnacional.
Que la empresa ofrezca un aumento porcentual que dobla el IPC y que está por encima del incremento del salario mínimo no necesariamente es generoso, como lo afirma Álvaro López, vocero por parte del Cerrejón para los temas de la negociación y jefe de la división de Gestión Laboral de la empresa. La cultura de igualar hacia abajo rechaza principios de progresividad propios de las normas internacionales que en la materia ha suscrito el Estado Colombiano, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).[15] Además, todo lo que esté por encima del aumento salarial sugerido por el Gobierno de Juan Manuel Santos y Angelino Garzón, sin duda alguna, puede parecer generoso, pero sólo es un discurso que se beneficia de la situación de pobreza de millones de personas en Colombia; pobreza causada por las mismas políticas laborales y sociales del Estado en asocio con las transnacionales.
El modelo neoliberal nos ha llevado a que quienes exigen un trabajo digno, sean puestos en la palestra pública como personas desagradecidas. En este estado de cosas, son presentadas como grandes prebendas salarios que apenas superan los dos millones de pesos (netos), pues a pesar de lo bajos que pueden ser para una persona cualificada técnicamente y que a diario pone en riesgo su vida, superan la media de ingresos de la mayor parte de la población que en el país vive en la miseria o “al diario”. Nuevamente se ignoran las ganancias del negocio, los pequeños e irrisorios aportes al presupuesto público que vistos desde el punto de vista de la soberanía nacional, describen una situación de saqueo y despojo.
En el año 2010, por cada 100 dólares que vendió el Cerrejón, tan sólo se destinaron para cubrir los costos laborales de los trabajadores favorecidos con la convención colectiva, US$5,70 dólares. «[E]n un escenario de crecimiento de los ingresos operacionales del 6% en el 2011, y de incremento también del 6% de la totalidad de los costos laborales de la empresa, la participación de este factor en la estructura de costos de la empresa se mantendría igual que en el 2010, lo que significa que la empresa obtendría una mayor participación en la riqueza generada por el trabajo. Esta situación consolida y mejora todos los indicadores de la empresa y su estabilidad económica y financiera, afianzando la importancia que hoy tiene como fuente de riqueza para sus dueños»[16].
Según el balance económico de la empresa, para el año 2009 cada trabajador sindicalizado del Cerrejón produjo $1.014 millones de pesos de producción bruta al año y $531 millones de valor agregado. En el primer caso, cada trabajador generó un producto bruto que fue 16,9 veces el valor de su costo laboral total. En el segundo caso, cada trabajador generó un valor agregado que representó 8,8 veces su costo laboral total[17].
Desde nuestro punto de vista, una empresa socialmente responsable y comprometida con el bienestar de sus trabajadores debería recalcular las condiciones laborales a partir de sus ganancias, las cuales en este caso, son billonarias y siempre van en ascenso.
Si tenemos en cuenta las proyecciones de la demanda y los precios internacionales del carbón, es comprensible, entre otras cosas, que los trabajadores incluyan dentro de sus reivindicaciones, convenciones colectivas bianuales y no quinquenales como lo ofrece la empresa. Es como si ella en el mercado internacional no tuviera en cuenta los mismos factores internacionales para el efecto de la maximización de sus ganancias. Igual hacen los trabajadores para darse una vida digna. ¿Por qué para la empresa sí es legítimo hacer estos cálculos y para los trabajadores no?
«No se pueden comparar los salarios del Cerrejón con los de otras empresas del país de menor productividad. Nosotros somos la mano de obra calificada del sector minero, y como tal se nos tiene que comparar con nuestros iguales, o sea con los mineros que trabajan dentro de la órbita de las multinacionales en países como Chile, Sudáfrica, Canadá, que ganan siete veces más de lo que ganamos los obreros del carbón en Colombia, por hacer el mismo trabajo y operar los mismos equipos»[18]. Esa situación nos lleva a pensar que mientras los trabajadores del carbón en el país ganan en los mejores casos, 1.000 euros al mes, en otros países de Europa ganan entre 7.000 y 12.000 euros. En términos de regulación laboral esto es completamente comparable. La apuesta del sindicato es extender todos los beneficios de la industria mundial a los trabajadores del complejo carbonífero, cuestión que cobra sentido en tanto que Colombia es uno de los mayores exportadores de carbón del mundo.
Finalmente, momentos como estos, donde se juegan los derechos de los trabajadores y los intereses económicos privados, deberían permitirnos repensarnos el desarrollo nacional y regional, bajo otras lógicas, más redistributivas, que de acumulación. Pensar no sólo bajo la lógica de costo-beneficio para quienes directamente les afecta, sino también en otros costos, como el cambio climático y la protección y garantía de la vida en el planeta, del cual, los dueños del Cerrejón y el Estado Colombiano, son responsables.
[1] Después de Australia, Indonesia y la Federación Rusa. Fuente: International Agency Energy. Key World Energy Statistics 2010. Página 16.
[2] Después de la República de China, Estados Unidos, India, Australia, Indonesia, Sudáfrica, Federación Rusa, Kazakhstan y Polonia.
[3] Además del Distrito minero de Barrancas, en esta clasificación que hace el Gobierno, encontramos el Distrito Minero de La Jagua de Ibirico, ubicada en el departamento del Cesar en las jurisdicciones de los municipios de Becerril, El Paso, Codazzi, La Jagua y La Loma. Al igual que Barrancas, se dedican a la explotación de carbón. Su explotación está dividida en: La Loma, a cargo de la transnacional Drummond, Carbones del Caribe, Carboanes y Consorcio Minero Unido. El área de explotación de este Distrito ocupa una extensión de 594 kilómetros cuadrados. Ver: Ministerio de Minas y Energía. Unidad de Planeación Minero Energética. Distritos Mineros: exportaciones e infraestructura de transporte. 2005.
[4] En: http://barrancas-laguajira.gov.co/apc-aa-files/32653032376432393366363535323939/MINA.pdf
[5] Algunas cifras de la región Atlántica: presenta un promedio de 4,3 personas por hogar, en comparación con Bogotá y San Andrés que registran 3,4; después de la región pacífica (sin Valle) presenta el segundo índice de analfabetismo más alto de todo el país con un 11,5; el 52,4% no tiene servicio de recolección de basuras, el 56,7% no tiene servicio de alcantarillado; el 29% de los hogares no tiene servicio de acueducto. Según el censo general 2005 de Necesidades Básicas Insatisfechas los departamentos con más alto porcentaje de ellas son: Chocó 79,2%, Vichada 66,8%, La Guajira 65,1%, Córdoba 59,1%, Sucre 54,9. Fuente: DANE.
[6] Trabajadores del Cerrejón votarán la huelga. En: http://www.colectivodeabogados.org/Trabajadores-de-el-cerrejon
[7] La rentabilidad bruta, se refiere a aquella sobre la cual no se ha realizado ningún tipo de deducción como costos laborales e impuestos. La rentabilidad operacional, se mide sobre la inversión realizada y se refiere a los ingresos brutos menos los costos fijos y gastos de la operación. La rentabilidad neta se refiere a la ganancia total, una vez restados todos los gastos, inversiones e impuestos.
[8] Free on Board, que indica el precio de la mercancía una vez se encuentra embarcada.
[9] En: http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=121&grupo=369&Fechainicial=01/01/1990&Fechafinal=31/12/2010
[10] En: http://www.cerrejon.com/secciones/CERWEB/HOME/MENUPRINCIPAL/EXPORTACION/RESULTADOSEXPORTACION/seccion_HTML.html
[11] Amylkar Acosta. El zarpazo de las regalías. En: http://www.amylkaracosta.net/60/index.php?option=com_content&view=article&id=83:el-zarpazo-de-las-regalias&catid=40:electricidad&Itemid=127
[12] Conversación con Francisco Ramírez Cuellar.
[13] Ídem.
[14] Ver comentarios al final de las noticias web de los diarios El Espectador y El tiempo del mes de enero.
[15] El Artículo 2 del PIDESC establece: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Tomado de: Corte Constitucional. Sentencia T-752 de 2008. M.P., Humberto Antonio Sierra Porto.
[16] Trabajadores del Cerrejón votarán la huelga. En: http://www.colectivodeabogados.org/Trabajadores-de-el-cerrejon
[17] Ídem.
[18] Ídem.