Corte norteamericana sienta precedente por su fallo que víctima guatemalteca de violencia doméstica puede pedir asilo
Fuente: teleSUR
Esta jurisprudencia emblemática se decretó mientras los legisladores en Washington siguen discutiendo la supuesta “marea” de adultos y niños indocumentados procedentes de Centroamérica que tratan de entrar en Estados Unidos.
El tribunal de última instancia para asuntos de inmigración en EEUU decretó esta semana que las mujeres de otros países que huyen de la violencia doméstica y temen por sus vidas, pueden ahora pedir asilo legalmente en Estados Unidos.
La Comisión de apelación en materia de inmigración (Board of Immigration Appeals) emitió su decisión en el caso de Aminta Cifuentes, una Guatemalteca que fue sometida a violaciones y golpizas repetidas por parte du su esposo, quien la quemó con un disolvente para pinturas. Cifuentes también logró probar frente a la corte, por medio de documentación, que el gobierno de Guatemala dejó de protegerle a ella de su abusador.
La corte de inmigración señaló en su decisión que las mujeres víctimas de violencia doméstica en el país constituyen un “grupo social particular”, lo que es uno de los cinco motivos jurídicamente válidos para reunir las condiciones para el estatuto de refugiado. Un extranjero puede solicitar asilo si consigue demostrar un “temor bien fundado de ser perseguido” por su raza, su religión, su nacionalidad o su opinión política.
La corte señaló además en su fallo que en Guatemala existe “una cultura de machismo y violencia familiar”, que “la violación conyugal sigue siendo un problema muy grave”, y que en Guatemala “la Polícia Civil Nacional no suele responder en los casos de pedidos en auxilio relacionados a la violencia doméstica”.
“Con esta resolución se evidencia lo que hemos dicho las organizaciones del mujeres desde hace muchos años, respecto a la falta de capacidad del Estado para de proteger la vida de las mujeres, aunque hemos logrado avanzar en legislación e instituciones, la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones continua siendo un grave problema para las mujeres en el país”, le dice Ada Valenzuela, presidenta de la junta administrativa de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), al teleSUR English.
La UNAMG es una organización feminista guatemalteca que se fundió en 1980 durante uno de los períodos más violentos de la sangrienta guerra civil de 36 años. Además que el genocidio, se ha documentado que el Estado de Guatemala había usado la feminicidio, una forma de violencia específicamente destinada en contra de las mujeres, como instrumento de represión y terror durante su campaña de contrainsurgencia. Algunos de estos actos de violencia basada en el género incluyeron la violación, la mutilación sexual, y los abortos forzados.
“En ese marco, para las mujeres que no han encontrado respuesta en el Estado Guatemalteco, o en cualquiera de los centroamericanos, este puede ser un paso importante”, agrega la presidenta Valenzuela de la UNAMG.
“Políticamente es un reconocimiento de que la violencia hacia las mujeres no es un problema “privado”, como lo había entendido anteriormente la corte migratoria, sino un problema social, político, que afecta a muchas mujeres y que no encuentran respuesta en el Estado”.
Un paso adelante
“Se trata realmente de una jurisprudencia importante, pero existen todavía muchos factores en contra de las mujeres que traten de hacer el mismo alegato”, le dice Aviva Chomsky, profesora de história latinoaméricana a la Universidad Salem State, al teleSUR English.
“Éste constituye un reconocimiento del hecho que la violencia contra mujeres no es un problema ‘íntimo’ – sino un tema social y político”.
Dice que las mujeres como Cifuentes, quien entró en Estados Unidos sin documentación en 2005, enfrentan muchos obstáculos y que no sean talvez tan afortunadas como ella. Por ejemplo, puede ser que otras mujeres no tienen la fortuna de tener acceso a la asesoría legal.
Mientras tanto, muchas otras no podrían ser capaces de adquirir la documentación para demostrar la incapacidad de protegerlas por parte de sus gobiernos respectivos, mucho menos demostrar la complicidad de éstes. Karen Musalo, asesora legal en el caso de Cifuentes, explica al teleSUR English que esas pruebas son requisitos previos para ganar una petición de asilo.
“Le corresponde al solicitante de asilo ‘la carga de la prueba’ de demostrar todos los elementos requisitos de su petición. Si un individuo es perseguido por un ‘ actor no-estadual ‘ – como en este caso adonde el perseguidor es su esposo – a ella le correspondería la carga de demostrar que su gobierno ‘no es capaz o no tiene la voluntud’ de protegerla”, dice Musalo, una profesora y directora del Centro para Estudios sobre el Género y los Refugiados a la Facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California.
Según Grahame Russell, director de la ONG canadiense y estadounidense Rights Action (Acción para los Derechos), un defecto de este último avance es el hecho que no ofrece ninguna ayuda a las mujeres en Guatemala, adonde la impunidad, la corrupción y la violencia, particularmente la violencia basada en el género, son cotidianas. Guatemala tiene uno de los índices más altos de feminicidio en el mundo.
Sin embargo, aunque el impacto de la jurisprudencia se sentirá por la mayor parte adentro de los Estados Unidos, la decisión aún tendrá impactos en las vidas de las personas, agrega él.
“La decisión de la corte fortalecerá el poder de grupos de defensores, de grupos para los derechos humanos, de abogados, y de consultorios de ayuda legal, quienes están luchando por las mujeres que tratan de permanecerse en Estados Unidos porque temen por sus vidas”, dice Russell, quien está trabajando con las comunidades en Guatemala desde hace más de 25 años.