(IPS) – Cumplir con la meta que Costa Rica se autoimpuso de convertirse en 2021 en el primer país del mundo con carbono neutral va a depender de la prioridad que le otorgue el ganador de la segunda vuelta de la elección presidencial, en abril.
Ser neutral en carbono implica retirar de la atmósfera tanto dióxido de carbono como el que se arroja.
Pero los especialistas dudan sobre el futuro del llamado plan de carbono neutralidad, ausente de la campaña electoral que concluyó el domingo 2 sin que ninguno de los aspirantes a la Presidencia obtuviese 40 por ciento de los sufragios necesario para evitar volver a las urnas.
Más de tres millones de electores escogerán el 6 de abril entre el centroizquierdista Luis Guillermo Solís, del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC) y quien obtuvo 31 por ciento de los sufragios, y el centroderechistaJohnny Araya, del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) y con 29 por ciento, según cifras oficiales provisionales.
“Los estudios dicen que la meta de 2021 no es alcanzable; sí debemos dar los pasos hacia esa meta, pero realísticamente es probable que estemos hablando de 2025″, apuntó a IPS la asesora ambiental del PAC, Patricia Madrigal.
A su juicio, la neutralidad en carbono no debe verse de manera aislada, sino como un eje orientador de toda la política pública de los siguientes gobiernos cuatrienales.
En 2007, Costa Rica decidió convertirse en pionera mundial en carbono neutralidad y se impuso la meta de fijar tanto dióxido de carbono (CO2) como emita para 2021, en conmemoración del bicentenario de su independencia, que se cumple ese año.
Expertos y funcionarios consultados por IPS reconocen que el gobierno que sea investido el 8 de mayo deberá asumir retos complejos en transporte, energía, ordenamiento institucional y agricultura si desea cumplir con ese plazo.
Además, apuntan, es necesaria una vinculación de la economía nacional con la lucha para mitigar y adaptarse al cambio climático.
“La meta de carbono neutralidad, al no estar vinculada con el sector transporte –que es el mayor generador de emisiones–, se ha quedado en un eslogan para recaudar fondos internacionales”, criticó Mónica Araya, directora de la organización Costa Rica Limpia y una de las negociadoras gubernamentales de cambio climático hasta mediados de 2013.
René Castro, ministro de Ambiente y Energía (Minae) aseguró a IPS que la meta de carbono neutralidad tiene un avance de entre “75 y 80 por ciento”. Pero también reconoció que la deuda en el sector de transporte “es notoria”, pues representa 42 por ciento de las emisiones nacionales de CO2.
Una prioridad para avanzar al carbono neutral es reducir la dependencia de los hidrocarburos y modernizar el obsoleto sistema de transporte público costarricense, compuesto por centenares de líneas de buses y un tren recién restaurado, que une las cuatro mayores ciudades.
Los partidos de los dos candidatos que quedaron en liza proponen instalar un tren eléctrico en la capital y renovar la flotilla de buses y taxis.
Este país centroamericano de 51.100 kilómetros cuadrados y 4,4 millones de habitantes también tiene puntos fuertes, como el notable avance en la cobertura boscosa, que pasó de 21 por ciento del territorio en 1983 a 52 por ciento en 2012.
El logro se debe principalmente al estatal Programa de Pago por Servicios Ambientales, precursor local de la iniciativa para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) en el Sur en desarrollo.
Pero, según el estudio Estado de la Nación 2013, Desafíos para 2014-2018, encargado por el Consejo Nacional de Rectores de universidades públicas, la huella de carbono del país creció 43 por ciento entre 2002 y 2012, cuando las emisiones de CO2 fueron de 16 millones de toneladas.
Esta huella representa el territorio ecológicamente productivo que se requiere para absorber las emisiones de carbono.
En lo que concuerdan los dos partidos con posibilidades de gobernar desde mayo es en reformar el ordenamiento institucional. Actualmente, la autoridad del sector es la Dirección de Cambio Climático, adscrita al Minae.
El PAC quiere un “supraministerio”, que rija la actuación ante el cambio climático, mientras que el PLN propone adoptar una estrategia nacional específica.
Dentro del aparato de Estado, también hay actores que urgen que se renueve la estructura institucional, erosionada por una disociación entre la tarea encargada a las instituciones y el poder real que tienen.
“La agenda de cambio climático debe convertirse en una agenda de desarrollo y que no sea una responsabilidad exclusiva del Minae, que es débil y con recursos limitados”, señaló a IPS el director de Cambio Climático del ministerio, William Alpízar.
Convertirse en neutral en carbono implica que Costa Rica deba reducir al máximo sus emisiones de CO2 y compensar aquellas remanentes mediante la absorción de los nuevos bosques.
El sector privado participa en el esfuerzo mediante certificaciones de carbono neutralidad. La Dirección de Cambio Climático certificó ya a ocho empresas y otras cuatro están en proceso.
Durante la 19 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, celebrada en noviembre en Varsovia, Costa Rica presentó el proyecto del primer banco de CO2, destinado a transar bonos de carbono entre empresas emisoras y dueños de terrenos con bosques que lo capturen.
Los números oficiales detallan que el país emitirá cerca de 21 millones de toneladas de carbono para 2021, de las cuales espera compensar 75 por ciento con la captura de sus bosques, una cantidad prácticamente igual a la de sus emisiones actuales.
“De acuerdo a un ejercicio que hicimos hace unos nueve meses, tenemos un hueco por llenar de 5,2 millones de toneladas. Eso es lo que tenemos que reducir y se divide en transporte, agricultura y residuos”, apuntó Alpízar.
La crítica a este modelo es que asigna la carga de reducir las emisiones a la cobertura boscosa local, sin proponer un cambio real de políticas para un desarrollo plenamente adaptado al cambio climático.
“A nombre de la carbono neutralidad hemos dejado todo lo que tenemos que hacer con el cambio climático”, apuntó a IPS el auditor ambiental Jorge Polimeni, de la Fundación Bandera Ecológica, promotora de una adaptación más integrada a los embates del fenómeno.
El estudio “Impacto económico de los fenómenos hidrometeorológicos en Costa Rica”, coordinado por el investigador Roberto Flores, determinó el año pasado que entre 2005 y 2011 los efectos del cambio climático costaron al país 710 millones de dólares.