(IPS) – Los estudiantes y campesinos mexicanos Gabriel Echeverría de Jesús, de 20 años, y Jorge Alexis Herrera Pino, de 21, participaron el lunes 12 en un bloqueo carretero para reclamar un aumento en la matrícula escolar y el presupuesto de su escuela. Al intentar desalojarlos, la policía los asesinó.
Sus cuerpos quedaron tendidos sobre la autopista que va de Chilpancingo a Acapulco, en el estado sureño de Guerrero, uno de los tres más pobres del país y gobernado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática.
Los jóvenes se preparaban para ser maestros rurales en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, famosa porque en ella estudiaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, dirigentes guerrilleros de la década de 1970. Echeverría se licenciaría en educación física y Herrera en educación primaria.
“Todo se salió del control”, admitió a la prensa el jefe policial Ramón Miguel Arreola, frente a las evidencias de que policías locales y federales dispararon armas largas hacia los manifestantes. Sin embargo, nadie se hace responsable.
Las 16 escuelas normales rurales que hay en el país son un reducto del proyecto de educación socialista que impulsó en la primera mitad del siglo pasado el entonces presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), aunque existían con anterioridad.
El primer requisito para ingresar es ser pobre. En las últimas décadas han sobrevivido a constantes recortes presupuestales y al hostigamiento de las autoridades, que ven en ellas semilleros de “revoltosos”.
Loa asesinatos de los estudiantes encendieron alertas en las organizaciones campesinas y estudiantiles, pues se cometieron en medio de una oleada de homicidios de defensores de derechos humanos.
Apenas el domingo 11, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia organizó una protesta en la Ciudad de México contra los asesinatos, atentados y desapariciones de siete de sus integrantes, seis de ellos en un lapso de apenas dos semanas.
“Los defensores nos quedamos sin escudo”, dijo a IPS el sociólogo Carlos Cruz Santiago, director de Cauce Ciudadano, una organización que trabaja con jóvenes en la capital del país y otras ciudades con altos índices de violencia.
En total, 11 activistas han sido asesinados desde diciembre de 2010, una cifra que no tiene precedentes en México. El ojo parece estar puesto en el movimiento pacifista convocado por Sicilia tras el asesinato de su hijo, Juan Francisco, y que busca detener la política de seguridad militar impuesta por el gobierno de Felipe Calderón.
El 28 de noviembre, Nepomuceno Moreno, un hombre que buscaba a su hijo desaparecido y que se había convertido en uno de los pilares del movimiento de víctimas, fue muerto en la capital del estado de Sonora, noroeste del país, a plena luz del día y a seis cuadras del despacho del gobernador.
Un mes atrás, Moreno había denunciado amenazas y hostigamiento de autoridades locales y pedido protección al presidente Calderón. Su muerte recordó a la sociedad mexicana la de Marisela Escobedo, quien el 16 de diciembre de 2010 cayó abatida frente a las puertas de la sede del gobierno del norteño estado de Chihuahua, cuando reclamaba justicia para su hija asesinada.
Cuatro días después de la muerte de Moreno, el viernes 2 de diciembre, Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una organización que busca a jóvenes desaparecidas en la fronteriza y norteña Ciudad Juárez, sufrió un atentado al llegar a su casa.
Ese mismo viernes, en Ciudad de México, se halló el cuerpo de la actriz y promotora cultural Julia Marichal, quien estaba desaparecida desde el 12 de noviembre; su caso aparentemente no estaría relacionado con su activismo por la paz, si bien tampoco ha sido aclarado.
Pero en México cada tragedia supera a la anterior.
El 6 de diciembre, Eva Alarcón y Marcial Bautista, ecologistas de Guerrero viajaban a la capital en un autobús comercial que, según testigos, fue detenido dos veces: la primera en un retén militar en el que soldados preguntaron por Bautista, pero él no contestó, y la segunda, por hombres encapuchados que obligaron a los activistas a apearse.
Desde entonces están desaparecidos. Ambos habían solicitado medidas de protección por amenazas.
Ese mismo día, cuatro hombres armados emboscaron una caravana del Movimiento por la Paz que iba a presenciar una consulta popular de la comunidad nahua de Santa María Ostula, en las costas del sudoccidental estado de Michoacán, sobre el océano Pacífico.
En la caravana viajaba el comunero Trinidad de la Cruz, de 73 años, quien fue torturado ante los ojos de 12 personas –entre ellas seis periodistas– a quienes les quitaron sus teléfonos y obligaron a tomar una ruta en la que no hay paradas en las siguientes tres horas. “Nos dijeron que una camioneta negra nos iba a esperar a la mitad del camino, para vigilar que no nos desviáramos, y que si nos atrevíamos a regresar, íbamos a volar en pedazos”, narró un testigo.
En junio de 2009, la comunidad indígena de Santa María Ostula recuperó más de 1.000 hectáreas de propiedad comunal que habían sido ocupadas 40 años atrás por terratenientes. Ahí edificaron un nuevo poblado, Xayakalan, que es la puerta de entrada a la región nahua y a una zona litoral codiciada por muchos para desarrollar megaproyectos carreteros, inmobiliarios, mineros y turísticos.
Además, es la zona que rodea el puerto de Lázaro Cárdenas, un punto clave para las rutas del narcotráfico. Para los indígenas, el costo ha sido alto: 28 muertos y cuatro desaparecidos en dos años.
Las 40 familias que habitan ese poblado están cercadas por grupos armados que no permiten el acceso a ninguna autoridad civil, policiaca o militar, un caso muy similar al de San Juan Copala, en el sureño estado de Oaxaca, donde otra caravana humanitaria fue emboscada en abril de 2010.
La situación es tan grave que en diciembre 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano medidas cautelares para los ejidatarios de Ostula.
En la consulta, los comuneros analizarían el “plan de pacificación” propuesto por las autoridades.
El 28 de noviembre –el mismo día que en Sonora era asesinado Moreno– autoridades de la marina de guerra, la Policía Federal y el gobierno del estado se comprometieron a proteger la caravana pacifista.
De la Cruz, líder respetado en la comunidad, había buscado refugio en un estado vecino luego de ser golpeado y amenazado de muerte el 14 de noviembre. El comunero pretendía regresar a Ostula a denunciar a sus agresores con la protección de la caravana.
Fue asesinado seis kilómetros antes, al salir de Xayakalan. Las autoridades no han aclarado por qué los policías federales que tenían la orden de proteger la caravana abandonaron la vigilancia al llegar al poblado.
El escenario para los activistas es muy oscuro. “Se rompió la burbuja de seguridad que daba la prensa. Ahora tenemos que replantear nuestras actividades”, dijo a IPS uno de los testigos del crimen.