Una respuesta abierta por OCMAL al siguiente artículo, ‘Correa plantea a Perú, Colombia y Ecuador abordar problema de radicales antimineros’
En una reciente publicación de la agencia peruana de noticias “Andina” del 23 de noviembre de 2012 el presidente del Ecuador afirma que tanto su país como Perú y Colombia deben unirse para combatir la oposición a la minería. Repite su consigna de los últimos: “no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro.”
Tal vez pensando que la minería ayudará a su país a salir de la pobreza, arremete contra quienes se atreven a criticar esa actividad extractiva, ahora unidos con los gobiernos de Perú y Colombia.
Recordemos que desde hace varios años, la persecución, judicialización e incluso la muerte de opositoras y opositores a la minería se ha instalado en muchos países de la región bajo lo que se conoce como la criminalización de la protesta social.
Cabe preguntarse como se han instalado muchos gobiernos “alternativos” en América Latina. La respuesta es: luego de largos procesos de protesta social. Es entonces al menos contradictorio el que esos gobiernos criminalicen los mecanismos de participación social y democrática conocida como protesta social que justamente les llevaron a gobernar. Creemos que lo que motiva la criminalización en esos gobiernos es el miedo a perder futuras elecciones. Consideramos que eso no justifica el alejarse de principios y métodos democráticos y atropellar abiertamente los derechos humanos.
Sin embargo algo más grave aparece tras los deseos y anuncios de Correa. Pues quienes se oponen a la minería no son los “pelucones” y sus aliados (así llama él a la burguesía), sino los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que ven amenazadas sus formas de vida, su cultura y sus fuentes de subsistencia, dependientes inseparablemente de la cantidad y calidad del agua y el territorio. Agua que la minería consume en grandes cantidades y que contamina irreparablemente. La oposición a la minería no viene como cree Correa, desde el extranjero. Es actualmente la genuina demanda de las comunidades frente a una actividad considerada entre las más nocivas y destructivas del planeta. Y de paso, la minería transnacional, de las que menos aporta al desarrollo de los países extractivistas.
Hay otro agravante en este anuncio de Correa de coordinarse con sus países vecinos para perseguir la oposición a la minería. Nos recuerda el siniestro “Plan Cóndor”, pacto entre países de América Latina para perseguir el comunismo y todo lo que a este se pareciera.
En los últimos años, los gobiernos de América Latina han ido ajustando sus legislaciones para categorizar como terrorismo las marchas, las movilizaciones, las ocupaciones de vías y edificios públicos y en general, las expresiones de la protesta social. Correa da un paso audaz: la persecución internacional y coordinada de la protesta social por oposición a la minería.
Significará eso el fichaje de opositores y opositoras a esa actividad? El intercambio internacional de sus antecedentes al estilo de prontuario? La conformación de una “alianza anti opositores a la minería con un control fronterizo para impedir su ingreso? Será en la misma categoría de narcotraficantes o miembros de organizaciones que reivindican la violencia?
Importantes preguntas pues las acciones de oposición a la minería son la difusión de información, el apoyo técnico y jurídico a las comunidades para que puedan exigir sus derechos frente a poderosas empresas mineras. Acciones sin fines de lucro, pacíficas y sin otro objetivo de devolver a las comunidades los derechos atropellados o amenazados por las industrias extractivas y los gobiernos dispuestos a definir zonas de sacrificio en bien de unos pocos habitantes nacionales y de los intereses de las mineras transnacionales.
Representar los intereses de la industria minera transnacional tan abiertamente como lo hace Correa no se ve todos los días. Más aun si vemos que las estrategias de los mineros para legitimar lo que las comunidades llaman saqueo y destrucción, han ido fracasando una a una.
Entre ellas, la “responsabilidad social empresarial” o RSE, la política del buen vecino y puertas abiertas, el Código del Cianuro, la iniciativa “Minería, Metales y Desarrollo Sostenible”, MMSD y recientemente la Iniciativa regional andina que usa el prestigio de ONG internacionales como Visión Mundial (World Vision) para imponer la minería. Ninguna ha disminuido la oposición social a esta actividad extractiva ni menos aun, logrado su legitimidad.
En este escenario, la propuesta de Correa hace realidad un sueño de la industria minera: que otros le resuelvan uno sus mayores problemas: de falta de legitimidad social y ambiental y el creciente rechazo al extractivismo.