(IPS) – El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, comenzó a escuchar los argumentos finales en una demanda por 300 millones de dólares que una empresa minera internacional interpuso contra el gobierno de El Salvador.
La compañía minera australiana OceanaGold demandó al gobierno salvadoreño en 2009 porque este no le concedió un permiso de extracción de oro pendiente desde 2002. El Salvador basa su argumento en leyes y políticas nacionales destinadas a proteger la salud y el ambiente, y asegura que el proyecto minero pondría en peligro el abastecimiento de agua del país centroamericano.
El gobierno afirma que OceanaGold no cumplió con los requisitos básicos para obtener el permiso de extracción de oro. Además, desde 2012 El Salvador mantiene la suspensión a todos los proyectos mineros en el país, que podría desembocar en la prohibición definitiva de la actividad en los próximos meses.
Pero OceanaGold utilizó una controvertida disposición del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, en inglés) para demandar a El Salvador por más de 300 millones de dólares, el lucro que la empresa asegura habría ganado con la mina de oro.
El caso que dirime el CIADI se desarrolla en Washington, donde el tribunal de arbitraje tiene su sede dentro del Banco Mundial.
“El caso pone en peligro la soberanía y la autodeterminación” del pueblo salvadoreño, afirmó Héctor Berríos, coordinador de MUFRAS-32, una organización integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. “La mayoría de la población se manifestó en contra de este proyecto y le dio prioridad al agua”, declaró el lunes 15 en un comunicado.
OceanaGold emplearía un proceso de lixiviación con cianuro para recuperar pequeñas cantidades de oro que consume enormes cantidades de agua, según sus detractores. El proyecto despertó la ansiedad de la población local ya que, según la Organización de las Naciones Unidas, 90 por ciento del agua superficial de El Salvador está contaminada.
El lunes, un centenar de manifestantes se manifestaron frente al edificio del Banco Mundial en Washington para expresar su solidaridad con El Salvador en su disputa con OceanaGold y su desconfianza ante el proceso del CIADI. Los hechos coincidieron con el día de la independencia salvadoreña.
“Estamos celebrando la independencia, pero lo que realmente celebramos es la dignidad y la capacidad de toda persona, y no solo de unos pocos, a disfrutar de una buena vida”, declaró Eric López, un fraile franciscano de una iglesia de Washington con una considerable grey salvadoreña.
“Este proceso minero utilizaría algunas sustancias muy venenosas, como cianuro y arsénico, que destruirían el ambiente. En última instancia, el pueblo sufre las consecuencias: siguen siendo pobres, están enfermos, las embarazadas sufren”, dijo a IPS en la manifestación.
¿Provocación de disturbios?
La jurisdicción del caso es complicada y, para algunos, subraya lo tenue del proceso de arbitraje del CIADI en torno al proyecto de Salvador.
Otra empresa minera, la canadiense Pacific Rim, fue la que descubrió en 2002 un yacimiento de minerales posiblemente lucrativo en el río Lempa, el más importante de El Salvador. El gobierno salvadoreño de entonces animó a la compañía a solicitar un permiso de extracción, pero la inquietud pública paralizó ese proceso.
Frustrada, Pacific Rim demandó a El Salvador en virtud de una disposición del DR-CAFTA que permite a las empresas demandar a los gobiernos que perjudiquen sus ganancias.
Aunque Canadá no es parte del tratado de libre comercio, Pacific Rim abrió una sucursal en 2009 en Estados Unidos, que sí lo integra.
En 2012, el CIADI dictaminó que la demanda era válida, según la ley de inversiones de El Salvador. Desde entonces, el país modificó la ley para evitar que las empresas eludieran la justicia nacional a favor de tribunales foráneos.
En 2013, OceanaGold compró Pacific Rim, aunque el principal activo de esta era el proyecto minero en El Salvador, que nunca se concretó. Ese año, la empresa señaló que continuaría con el caso de arbitraje mientras buscaba “una solución negociada al… estancamiento del permiso”.
El Salvador afirma que frenó el permiso debido a inquietudes ambientales y sanitarias, pero también por cuestiones de procedimiento. Pacific Rim no habría cumplido con obligaciones de información ni obtenido importantes aprobaciones locales.
Las empresas mineras que operan en El Salvador necesitan un título, o permiso local, para las tierras que pretendan explotar. Pero Pacific Rim solo obtuvo la autorización para acceder a 13 por ciento del territorio en su proyecto, según la organización humanitaria Oxfam America.
Ante esta falta de apoyo popular, en un país con una reciente guerra civil (1980-1992), algunos advierten que un fallo del CIADI favorable a OceanaGold podría desatar la violencia.
“Este proyecto minero reabrió muchas de las heridas de la guerra civil… el sistema de los tribunales existe para permitir que dos intereses se expresen, el gobierno nacional y el inversionista. Pero ninguno toma en cuenta a las comunidades, y ese es un problema fundamental”, sostuvo Lucas Danielson, académico que estudia el conflicto social en torno a la explotación de los recursos naturales.
La desconfianza ante los litigios judiciales
Los tratados de inversión bilaterales y regionales, como el DR-CAFTA, se multiplicaron en los últimos años, y muchos tienen las llamadas cláusulas de arbitraje entre inversionistas y el Estado del tipo que se aplicó en el caso salvadoreño.
El CIADI existe desde los años 60, pero su relevancia creció junto con el número de este tipo de cláusulas, que en la actualidad están incluidas en unos 2.700 tratados internacionales, según el tribunal.
El CIADI no decide cómo resolver las disputas, sino que ofrece un marco para que los casos se presenten ante tres árbitros externos: uno designado por el inversionista, otro por el Estado y el tercero por ambas partes.
Frente a la sede del Banco Mundial el lunes, varios manifestantes expresaron su desconfianza ante el CIADI y señalaron que la experiencia pasada sugiere que el tribunal se inclina por los inversores.
“Este es un proceso a puertas cerradas y eso implica que el tribunal básicamente puede hacer lo que quiera”, advirtió Carla García Zendejas, del Centro de Derecho Ambiental Internacional, una organización independiente de Washington.
“No hay ejemplos de casos en los que este cuerpo haya respondido a favor de las comunidades o reaccionado frente a la violación de derechos humanos básicos o el impacto ambiental y social”, añadió.
En los últimos años muchos gobiernos, especialmente del Sur en desarrollo, optaron por ceder frente a las presiones de las empresas, según Zendejas, ya que los pleitos son engorrosos y sumamente caros.
“Los gobiernos muestran recelo frente a las demandas y por lo tanto están más dispuestos a ceder y a cambiar sus propias políticas, o ignorarlas, aunque exista oposición de la población”, destacó.
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga