Luego de dos meses de padecer el azote de la naturaleza con granizadas, lluvias, heladas, sequías y fundamentalmente inundaciones; Bolivia espera superar los últimos coletazos del Fenómeno del Niño y comenzar un millonario y lento proceso de reconstrucción.
En este afán, el Gobierno boliviano lanzó oficialmente la declaratoria de Desastre Nacional -la tarde del miércoles 28-, producto de las calamidades provocadas por El Niño, que afectaron a 173 municipios de los 327 que existen, damnificaron a más de 72 mil personas en todo el territorio y provocaron la muerte de 35 personas (1).
El Decreto otorga derechos a los ministerios de Planificación del Desarrollo y de Hacienda para hacer gestiones y lograr financiamiento de recursos externos y créditos para enfrentar la etapa de reconstrucción (2). El Ejecutivo explicó que ya dispone de 240 millones de dólares comprometidos por la cooperación internacional para encarar esta etapa que a todas luces parece que será más traumática que la misma desgracia, por la extrema politización que ha sufrido el tema (3).
Urgente: salud, educación y caminos
A este panorama se suman las posibles epidemias de dengue y leptospirosis en las zonas del Oriente boliviano y en el Chaco, además de casos de fiebre amarilla, por lo que varios departamentos como Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba en el Chapare Tropical y Beni determinaron declararse en estado de emergencia sanitaria y activar las alarmas de salubridad (4).
Aproximadamente 46.000 escolares no asisten normalmente a sus unidades educativas, según estimaciones del Ministerio de Educación y Culturas, que indica que la cifra sería el 30 por ciento de la población estudiantil en la parte oriental (Santa Cruz, Pando y Beni), pero también existen problemas de ausentismo en el norte del departamento de La Paz, los valles bajos y la parte sur de Cochabamba. El caso más simbólico es Beni, donde el 99 por ciento de los alumnos no inició clases porque unos 100 establecimientos educativos sirven de albergues para las personas damnificadas.
Pero el daño también llegó a los campesinos dedicados a la agricultura, cuyos datos carentes de un serio análisis y evaluación indican que más de cuarenta mil hectáreas productivas estarían afectadas. Los ganaderos tienen que afrontar los rebrotes de fiebre aftosa, que frenaron la producción ganadera para los mercados de Perú, Venezuela, Chile y Ecuador, por lo que el 7 de febrero se decretó emergencia nacional para este sector (5).
Por si el panorama no fuera desalentador, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) calcula que aproximadamente mil kilómetros de carreteras están intransitables en todo el país (6). Las rutas con serios problemas son el sector de El Sillar en el trópico cochabambino, en la ruta entre Cochabamba y Santa Cruz, y Samaipata ubicada en Santa Cruz.
El tsunami político
Las críticas de los partidos políticos de oposición no se dejaron esperar y acusaron al poder ejecutivo de ser negligente en la ayuda y la atención a las áreas dañadas. Recordemos que Santa Cruz fue el primer departamento que enfrentó serios daños y que no recibió ayuda oportuna para prevención de riesgos.
En ese sentido, el Congreso levantó una polémica sobre la declaratoria de emergencia para todo Beni como “zona de desastre”; mientras el oficialismo consideraba dictar la declaratoria para las provincias Marban, Moxos y Cercado, la oposición pedía ampliar la franja a todo el departamento.
La discusión subió de tono cuando la ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, afirmara que solamente un tsunami provocaría que el Gobierno declare la emergencia departamental. A esto, el senador de Poder Democrático Social (Podemos), Tito Hoz de Vila, aseguró que el Senado nacional aprobaría la norma por su cuenta.
Ambas fuerzas políticas no cedían en sus posiciones, pues mientras los argumentos de la oposición se amparaban en las millonarias pérdidas y el elevado número de damnificados, como lo expresó el jefe de Bancada de Podemos, Óscar Ortiz; el vocero gubernamental, Álex Contreras, aseguró que este frente hacía bandera política de la situación de desastre.
Los prefectos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Beni y Pando tampoco se hicieron esperar y observaron el decreto de declaratoria de desastre nacional, respecto a los 70 millones de dólares que serán destinados a la reconstrucción, que podrían no alcanzar para todas las regiones afectadas y también criticaron la discriminación realizada por el Ejecutivo, respecto a la elaboración de un mapa que priorizará los municipios más afectados.
Roly Aguilera, prefecto interino del departamento de Santa Cruz, denunció que el Gobierno central no está dispuesto a trabajar con las prefecturas y prefiere hacerlo con los gobiernos municipales. “Este decreto tiene sus limitaciones, no estamos satisfechos y debemos mejorarlo. Salta a las prefecturas y va directamente al nivel municipal”, indicó.
"El Gobierno va a garantizar la alimentación, medicamentos, vamos a seguir movilizados en este tema ahora con la participación directa con los prefectos", dijo en su descargo, Evo Morales.
El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dijo que el decreto supremo refuta a la Ley 2140 sobre desastres naturales, que indica que la emergencia nacional es para todo el país y no para algunos municipios.
Lo que sí es cierto es que con la declaratoria de emergencia nacional, el Ejecutivo congeló la promulgación de la Ley de Emergencias Departamentales impulsada en gran medida por Podemos y que autoriza el uso ilimitado de los recursos que reciben los departamentos por el Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH), (7). Pero se mantiene el decreto que autoriza a los gobiernos municipales y prefecturales el uso del 1 por ciento de los recursos de los hidrocarburos, que en la lógica del Ejecutivo son suficientes.
Y mientras la discusión se mantiene en las esferas políticas, los campesinos del altiplano lloran ante la impotencia de ver morir sus cultivos cubiertos por un manto de granizo; y las mujeres, niños y hombres del oriente atraviesan sus calles a nado y no encuentran tierra seca para enterrar a sus muertos.
Notas:
(1) Cabe recordar que hasta el 27 de febrero el número de damnificados en todo el país llegaba a un total de 71.712 familias. El departamento de Santa Cruz es el más afectado con 17.291 familias, seguido por Beni con 16.365, según los datos proporcionados por la Dirección General de Emergencias y Auxilio del Ministerio de Defensa Nacional.
(2) También autoriza al Ministerio de Hacienda utilizar el 1 por ciento de los egresos del Presupuesto General de la Nación (PGN), para la atención de las necesidades de las familias damnificadas. Por la misma norma se instruye al Ministerio de Planificación del Desarrollo elaborar un Plan Nacional de Reconstrucción en 30 días, dando prioridad a los municipios de Beni.
(3) Encarando el problema de la reconstrucción, el presidente de la República, Evo Morales, se reunió con los prefectos de los departamentos y alcaldes de las zonas afectadas, para delinear el plan nacional de reconstrucción. Al momento los ministerios de Hacienda y Defensa reunieron 17 millones de dólares provenientes del apoyo de organismos y países extranjeros. Para ello también se destinarán los 36 millones de dólares de los créditos contraídos con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
(4) El dengue se produce por la picadura del mosquito anófeles, científicamente conocido como aedes aegypti, que anida en aguas sucias de las regiones cálidas y es similar a un resfrío. La leptospirosis es un mal bacteriano que se presenta con síntomas similares a los de un resfrío y que se combate con antibióticos.
(5) Según datos del Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria (Senasag), el país cuenta con cerca de 6,5 millones de cabezas de ganado bovino: 46 por ciento está en Beni y el 32 por ciento en Santa Cruz, además, se calcula que esta actividad emplea a más de 300 mil personas.
(6) Según el último reporte de la ABC, de los 15.600 kilómetros de carretera administrados por la ABC en todo el país, 938 están intransitables por derrumbes y destrozo de plataforma.
(7) La experiencia boliviana respecto al uso de recursos de ayuda es nefasta. El ex ministro de Defensa, Fernando Kiffer, se enfrenta a un juicio acusado de la compra irregular del avión Beechcraft y aprovisionamiento de vituallas y asistencia humanitaria en 1998, que debía apoyar a los trabajos de rescate de la población de Aiquile, Mizque y Totora, municipios de Cochabamba que padecieron los afectos de un terremoto. En el caso además se encuentran implicados los ex Ministros de Estado en las carteras de Defensa Nacional, Hacienda y de la Presidencia de esa gestión.
Marielle Cauthin es una periodista en La Paz, Bolivia.