Fuente: IRC Americas
Si el primer año de un gobierno es tiempo suficiente como para establecer las tendencias y caminos que se apresta a recorrer, el aniversario del gobierno de Evo Morales (que llegó al gobierno el 22 de enero de 2006) lo encuentra a medio camino entre cambios y continuidades .
Una buena síntesis es la que realiza Oscar Olivera, dirigente de la Coordinadora del Agua de Cochabamba, quien señala que es un gobierno integrado por “una mezcla de todo tipo de corrientes: partidarias tradicionales, de movimientos sociales emergentes y de arribistas que se colaron a último momento” 1.
Aunque aún es demasiado pronto para saber cómo evolucionarán los cuatro principales actores bolivianos, la impronta de cada uno de ellos ya ha quedado establecida durante estos doce meses. Se trata, entonces, de seguir la evolución del Estado boliviano, dirigido ahora por el MAS (Movimiento al Socialismo), de los grandes grupos empresariales asentados en Santa Cruz, de los inversores externos y de los movimientos sociales.
Un Estado que se fortalece
Aunque el Estado boliviano sigue siendo tan colonial como lo era un año atrás, ha ganado legitimidad ante la población y tiende a fortalecerse a mediano plazo. La legitimidad proviene, en gran medida, del hecho de que se ha instalado una nueva forma de gobernar de la mano de personas diferentes a las que gobernaron hasta ahora: una buena proporción de los ministros, asesores y parlamentarios provienen del abajo, de los excluidos durante cinco siglos. Pero ese cambio no significa que los modos y maneras de hacer se hayan modificado. Todo indica que los estilos de la política desde arriba se mantienen y, en algunos casos, se han profundizado. La forma como el MAS está abordando las negociaciones en la Asamblea Constituyente es una muestra de ello.
Sin embargo, el Estado boliviano tiende a superar algunas debilidades históricas. Gracias a la exitosa negociación de nuevos contratos con las diez empresas petroleras multinacionales que operan en el país, la renta petrolera que percibe el Estado pasará de los 282 millones de dólares anuales en el período 1998-2002, a una recaudación total de 1.300 millones de dólares en 2006 2. Según Evo Morales, esa cifra llegará a los 4.000 millones de dólares anuales en 2010, que representan aproximadamente el 100% del PIB anual boliviano y le permitirán al gobierno del MAS contar con enormes recursos para volcar en obras sociales 3.
A largo plazo, el tema es más complejo porque en realidad no se nacionalizaron los hidrocarburos ni se expropió a las multinacionales, sino que se firmaron nuevos contratos que aumentan las regalías estatales, invirtiendo las proporciones anteriores en las empresas cuya producción sea superior a 100 millones de pies cúbicos diarios de gas: 82% para el Estado y 18% para las empresas 4. El problema consiste en que al no nacionalizarse los hidrocarburos, la refundación de la estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia) no es real. Los nuevos contratos establecen que YPFB no realizará inversiones ni asumirá riesgos o responsabilidades sino que actuará como fiscalizador de las empresas que explotan hidrocarburos. Al haberse realizado una “nacionalización sin expropiación”, la empresa estatal no cuenta con recursos para competir en el mercado y los críticos tienen razón cuando sostienen que “el discurso del gobierno de que ‘nacionalización’ es tener control en la fijación de precios, volumen y destino es una falacia, ya que el que fija el precio, volumen y destino es el mercado mundial dominado por las compañías petroleras transnacionales” 5.
Este es un punto clave porque toda la política sobre los recursos naturales del gobierno de Evo, que incluye no sólo el gas sino también la minería, “consolida el patrón primario exportador”, dejando de lado la industrialización y el mercado interno, como sostiene un análisis del Cedla. El acuerdo firmado con Argentina, por el que se eleva el precio del gas que se suministra a ese país, y el suministro de gas a Brasil, que abastece el 30% del poderoso cinturón industrial de San Pablo, suponen un considerable aumento de los ingresos del Estado, pero consolidan la exportación de gas sin industrializar. En suma, grandes beneficios en el corto plazo y problemas en el tiempo largo.
Pese a que el Estado boliviano gana legitimidad y se fortalece, debe resolver acertadamente los objetivos trazados al convocar la Asamblea Constituyente , o sea la efectiva refundación del país, paso imprescindible para enfilar al gobierno de Evo por una senda de transformaciones reales. En este terreno, la situación está empantanada. La extrema polarización con las elites de Santa Cruz ha colocado al país al borde de la ruptura y la confrontación abierta. Sin embargo, el problema de fondo es que el estilo que se impuso en la Asamblea Constituyente reproduce los modos tradicionales de la política boliviana: negociación y acuerdos entre los caudillos de los partidos, hurtando el debate a la población. La Constituyente es el principal fracaso del gobierno del MAS en este primer año. Los dos hechos mencionados (“nacionalización” de los hidrocarburos y el fracaso en la refundación del Estado) crearán problemas a mediano y largo plazo al gobierno de Evo Morales.
Los problemas con la oligarquía cruceña
La única fuerza social boliviana capaz de hacer frente al gobierno del MAS es la oligarquía cruceña. No sólo es la región más próspera del país sino que cuenta con la única clase dominante que tiene intereses propios diferenciados de los del resto de los bolivianos, incluyendo a las elites del resto del país.
Buena parte del poder de esa oligarquía se asienta en la tierra conseguida de forma fraudulenta durante las sucesivas dictaduras militares. El agronegocio es la principal fuente de acumulación de las elites locales, vinculadas al parecer a negocios ilícitos como el narcotráfico y el contrabando. Pero es también, junto a Tarija, la región más rica en recursos hidrocarburíferos. Políticamente, Santa Cruz es la región más conservadora, de la que partieron algunos golpes de Estado decisivos como el de Hugo Bánzer en 1971, en ese caso con indisimulado apoyo de la dictadura militar brasileña.
Las clases dominantes de Santa Cruz vienen enarbolando un proyecto autonomista como forma de impedir que las luchas sociales del país perturben el proceso de acumulación de capital y pongan límites a su poder. Algunos análisis sostienen que es posible que se desate una guerra interna de carácter separatista encabezada por la oligarquía cruceña. Diversas noticias de medios independientes dan cuenta de la existencia de campos de entrenamiento de grupos paramilitares en Santa Cruz, con la presencia de mercenarios colombianos. Parece evidente que una fracción de las clases dominantes de esa región le apuesta a la guerra.
La crisis en la ciudad y en el departamento de Cochabamba se inscriben en este escenario. El gobernador Manfred Reyes Villa, un ex militar aliado al neoliberal Gonzalo Sánchez de Losada, fue elegido con cerca del 55% de los votos. En el conflicto autonomista decidió alinearse con Santa Cruz, pero en su provincia (departamento) más del 63% de la población rechazó la autonomía cuando fue plebiscitada el año pasado. Los movimientos sociales, en particular los cocaleros y los regantes, históricos aliados de Evo Morales, bloquearon la ciudad desde principios de enero de 2007 para exigir la dimisión del gobernador autonomista. La violenta batalla callejera impulsada por jóvenes ultraderechistas alineados con Santa Cruz, revela la existencia de fuertes tendencias hacia la militarización del conflicto ya que esos grupos actuaron al estilo de bandas paramilitares. Los más pesimistas creen ver en estos sucesos el anticipo de una posible guerra civil. Sin embargo, Evo procura distender la situación al aceptar que la Constitución sea aprobada por los dos tercios de los votos, lo que supone una concesión a la oligarquía cruceña. En todo caso, las espadas están en alto, y una radicación del conflicto no debe excluirse.
Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Los mayores ingresos con los que cuenta desde ahora el Estado le permitirán acceder a algunas de las demandas autonomistas, que reclaman que una parte de los impuestos nacionales que pagan retornen a ese departamento. El hecho mismo de que el Estado se haga más fuerte y los movimientos sociales sean más dispersos, desactiva algunos de los temores de esos sectores. En paralelo, los movimientos sociales de Santa Cruz se vienen fortaleciendo y los grupos dominantes no tienen ya asegurada su hegemonía política, como lo demuestra el crecimiento del MAS en las elecciones para la Asamblea Constituyente, al convertirse en la fuerza más votada en el departamento.
Por último, los factores internacionales juegan en contra de la agudización de la tensión autonomista. En Bolivia no son los Estados Unidos quienes tienen el mayor peso político sino Brasil. El triunfo de Luiz Inacio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral, a fines de octubre, le permite al gobierno de Evo Morales contar con un aliado—pese a las diferencias en la cuestión del precio del gas—llamado a estabilizar la región. El escenario indica entonces que las negociaciones con las clases dominantes cruceñas para un reparto de cuotas de poder pueden llegar a buen puerto, lubricando así la gobernabilidad y la paz social.
Multinacionales y movimientos sociales
Aunque el gobierno de George W. Bush viene presionando a Evo Morales en temas como la política hacia la coca y otros asuntos internos de Bolivia, Estados Unidos no tiene la misma capacidad de influir en el país que tuvo décadas atrás. Sólo la empresa petrolera brasileña Petrobras es responsable del 20% del PIB boliviano y controla el 46% de las reservas de hidrocarburos del país, en tanto la española Repsol-YPF tiene el 23%. La principal riqueza boliviana, el gas, está siendo vendida en su mayor parte a Brasil y Argentina, países que no pueden prescindir del gas boliviano para sus industrias y para consumo doméstico. En suma, las relaciones económicas y políticas de Bolivia son prioritariamente con los países de la región. Esta relación privilegiada con sus vecinos ha sido una conquista del pueblo boliviano, que durante la llamada “guerra del gas” impidió que ese recurso estratégico fuera vendido a los Estados Unidos vía Chile.
La impresión dominante es que el contexto internacional es favorable al actual gobierno del MAS. Ha conseguido establecer acuerdos firmes con las grandes multinacionales que explotan hidrocarburos en Bolivia, que aceptaron recortes en sus ganancias a cambio de asegurarse la estabilidad del negocio a largo plazo. Una política desestabilizadora como la que parece desear la administración Bush, sólo podría apoyarse en el sector de las elites de Santa Cruz que estén decididas a romper la integridad territorial de la nación boliviana. Pero, si atendemos a la historia reciente, una aventura de ese tipo difícilmente podría resultar exitosa sin el respaldo activo de Brasil. Por el momento, esta perspectiva no parece posible, lo que no quiere decir que las elites cruceñas no sigan intentando desestabilizar para negociar con La Paz en mejores condiciones.
Finalmente, los movimientos sociales que jugaron un papel decisivo para la configuración del actual escenario boliviano, no podrán seguir actuando como antes. Parece evidente que el Estado será en adelante co-administrado por personal que proviene de los movimientos, entre ellos el propio presidente y su entorno inmediato, así como parte de su gabinete y de los cuadros dirigentes del MAS. En el abajo, esto supone que una parte considerable de los cuadros de los movimientos ocupan a partir de 2006 espacios institucionales. A juzgar por lo sucedido en Bolivia desde la Revolución Nacional de 1952, así como en otros países donde se produjeron procesos similares, la impresión es que durante los primeros años de gobierno del MAS habrá un debilitamiento importante de los movimientos, en particular de los rurales (cocaleros, regantes, comunarios del Altiplano).
Pero el MAS no está teniendo el mismo impacto en todos y cada uno de los movimientos sociales. Oscar Olivera distingue lo que sucede en las áreas rurales de las urbanas: en las primeras el apoyo al MAS y a Evo es macizo y orgánico. En las ciudades la situación es bien diferente y desde el primer año se escuchan críticas de los de abajo a la actuación del gobierno. Sin embargo, esto puede cambiar si Evo va encontrando su camino y su proyecto político—aceitado en parte por la renta hidrocarburífera—en una dirección que puede ser similar a la del gobierno de Hugo Chávez.
En todo caso, los movimientos ya no serán los de antes. Algunos están llamados a institucionalizarse, como sucedió luego de 1952 con los campesinos; otros pueden tener más independencia del oficialismo (como sucedió en el pasado con los mineros). Los candidatos a ocupar el primer lugar son sin duda los cocaleros—por razones históricas, políticas y hasta afectivas—seguidos de una gran cantidad de movimientos que ya están fuertemente institucionalizados, como los campesinos colonizadores. El segundo lugar podrían llegar a ocuparlo las barriadas de El Alto y la Coordinadora del Agua junto a los nuevos movimientos urbanos que se referencian en ella. Es posible, pero no es seguro. Parece claro que el lugar más conflictivo seguirá siendo El Alto, pero no hay que perder de vista lo que suceda en Santa Cruz (que posee un fuerte componente migrante del occidente), Cochabamba (donde se debate por vez primera el tema del indianismo y la identidad) y otras importantes ciudades.
Como puede verse, el primer año de Evo muestra luces y sombras. Las segundas son más intensas de lo que podíamos esperar a fines de 2005. Por tratarse de un gobierno incipiente, se impone la cautela. Aunque resulte ocioso repetirlo, todo dependerá de lo que hagan los movimientos, esas sociedades otras, diferentes a la dominante, que han producido los hechos decisivos en Bolivia desde el levantamiento de Tupaj Katari contra los colonizadores españoles, en 1781.
Notas
- Entrevista personal a Oscar Olivera.
- Federico Bernal, “La tercera es la vencedora”, ob. cit.
- Un buen ejemplo es la implementación del Bono “Juancito Pinto” (que entregará a 1.200.000 escolares 20 euros anuales, una cifra considerable en Bolivia) con los recursos que provienen de la “nacionalización” de los hidrocarburos. Los índices de deserción escolar son del 46%; en las áreas urbanas sólo el 67% termina el bachillerato y en las rurales apenas el 43%.
- Alfredo Serrano Mancilla, “La película de los hidrocarburos en Bolivia”, 1 de noviembre de 2006, www.rebelion.org .
- Econoticias, “Evo consolida la política neoliberal del gas”, ob. cit.
Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Es colaborador mensual con el IRC Programa de las Américas (www.ircamericas.org).
Recursos
Andrés Soliz, Rada, “Los hidrocarburos en el 2007”, 3 de enero de 2007, en www.bolpress.com .
Cedla (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario), “La estructura agraria se mantiene intacta”, www.bolpress.com .
Econoticias, “Evo consolida la política neoliberal del gas”, 3 de enero de 2007, en www.argenpress.info .
Federico Bernal, “La tercera es la vencedora”, Le Monde Diplomatique , Buenos Aires, diciembre de 2006.
Raúl Zibechi, entrevista a Oscar Olivera, Montevideo, 30 de octubre de 2006.